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Atención Residentes de Puerto Rico

No botes el dinero… Protégelo!

 

No compres casa ni pagues hipoteca en Puerto Rico

 

Por este medio, deseamos notificarles de manera oficial y pública, que como consecuencia directa de varios descubrimientos recientes, y luego de más de 150 años de ocultamientos por parte de múltiples autoridades gubernamentales corruptas, la Sucesión Basilio López Martín, dueña del 90% de los terrenos en la isla grande, ya ha comenzado a dar pasos concretos conducentes a recuperar y ejercer pronto el control político y económico de todos nuestros activos acumulados desde el año 1750 acorde a la Ley Hipotecaria de 1878, según enmendada, que permitió y facilitó inscribir de manera pública y temporera nuestras propiedades inmuebles “sin perjuicio de tercero de mejor derecho” detentadas en precario y sin títulos escritos de dominio por los residentes y entidades, tal y como siempre les ha constado clara y explícitamente del propio Registro de la Propiedad.

 

Dichos cambios en el control de mando traerán consigo la eliminación de todas las hipotecas ilícitas generadas en nuestros terrenos y otros beneficios sociales en pro del bienestar común, estructura que ahora no existe y que los grandes intereses combaten.

 

Mientras esos cambios se llevan a efecto, para su beneficio, les aconsejamos descontinuar todo tipo de negociaciones con los miembros de la banca, la clase togada, la judicatura y los corredores; quienes lamentablemente, durante décadas, se han dedicado a enriquecerse injustamente mediante el engaño y ocultamiento de dichos derechos domínicos de propiedad y practicar múltiples esquemas financieros criminales.

 

Aunque previo al advenimiento del la Internet a la persona común no le interesó, o, dependió de dichos profesionales y de distintos medios poco accesibles para conocer el derecho aplicable, como sabemos, nadie puede ampararse en el desconocimiento de la Ley puesto que este no excusa su incumplimiento.

 

Entre los esquemas de fraude practicados por dichas partes, que constituye delito grave y conlleva multas y cárcel, está uno basado en la violación crasa e intencional de varios estatutos y disposiciones federales e insulares de rango constitucional y estatutario que les prohíbe a todo tipo de entidades, estén o no dedicadas a la agricultura, como los desarrolladores en Puerto Rico, en su capacidad como personas jurídicas (actuando como corporaciones y sociedades), poseer y controlar terrenos en exceso de los 500 acres, y el dedicarse al negocio de compra y venta de bienes raíces.

 

Al presente, cualquier persona puede verificar dichas prohibiciones,

todavía vigentes, accesando las páginas cibernéticas del

Departamento de Estado y Tribunal Supremo de Puerto Rico.

 

Cliquée aquí para ver un listado actualizado de algunos de los proyectos locales urbanos ilícitos

 

En lo pertinente el Secretario de Justicia de Puerto Rico se ha pronunciado como sigue y citamos:

 

"Ninguna corporación, no importa su carácter o naturaleza,

podrá dedicarse a la compra y venta de bienes raíces en Puerto Rico.

Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1968."

 

"Una corporación no puede dedicarse a la compra y venta de bienes raíces, o,

en forma alguna, acaparar tierras para especular en el mercado de bienes raíces.

Op. Sec. Just. Núm. 15 de 1966."

 

"Las corporaciones no agrícolas solamente están limitadas por la primera parte de la disposición

de esta sección, que prohíbe a toda corporación efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces o

poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente

necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación.

Op. Sec. Just. Núm. 70 de 1956."

 

Para más detalles lea este caso y entérese:

De los principales actos de fraude perpetrados por el Gobierno de Puerto Rico; Porqué los bancos locales han sido multados por el gobierno federal y sus activos han disminuido considerablemente en los mercados bursátiles; De la verdadera historia de Puerto Rico desde el año 1750; Porqué somos los dueños del 90% de las tierras en la isla; Porqué no hay que pagar las hipotecas; y Porqué la Prensa, el Gobierno, la clase togada, los corredores de bienes raíces, la judicatura, la banca local y los desarrolladores lo han ocultado todo.

 

Cliquée aquí para ver el resumen

 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SALA SUPERIOR DE BAYAMÓN

 

 

 

BANCO POPULAR DE PUERTO RICO,             CIVIL NUM: DCD97-1074 (506)

 

 

                 Parte Demandante

 

                              Vs.                                               SOBRE: Ejecución de hipoteca por la vía ordinaria

 

WILFREDO MEDINA ROSADO,

su esposa MARÍA MILAGROS SANTANA RAMOS

y la Sociedad Legal de Gananciales constituida por éstos,

 

                  Partes Demandadas

 

_________________________________/

 

 

DEMANDA URGENTE DE INTERVENCIÓN

Y SOLICITUD DE VISTA EVIDENCIARIA

 

 

AL HONORABLE TRIBUNAL:

 

             Comparecemos como interventores ANDRÉS LÓPEZ LAUREANO y ALBERTO MEDINA LÓPEZ de por sí, y como miembros componentes de la Sucesión Basilio López Martín, asistidos por nuestro propio derecho y muy respetuosamente, EXPONEMOS, ALEGAMOS y SOLICITAMOS lo siguiente:

 

Advertencia al Honorable Tribunal

          La ligera consideración o el ignorar el presente recurso de intervención envuelve responsabilidades civiles y criminales para este Tribunal y sus funcionarios, tanto en la esfera insular como en la federal.

          Las partes demandante y demandadas de este caso han sido denunciadas ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Washington D.C., por conspirar para defraudar al Tesoro de los Estados Unidos. Las mismas, podrían estar siendo objeto de investigaciones por el FBI, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos en Washington D.C. y otras Agencias Federales.

         

          Por éste medio, se les advierte respetuosamente al Alguacil y al Honorable Juez que preside estos procedimientos a que no procedan a vender en pública subasta la propiedad inmueble descrita, objeto del presente caso. De hacer lo contrario, se podrían ver involucrados en violaciones a estatutos federales e insulares constitutivos de delitos, que podrían producir su arresto, procesamiento, convicción, destitución y desaforo. Interpretándose las violaciones como actos criminales INTENCIONALES para defraudar al Tesoro de los Estados Unidos. Esta Demanda ha sido informada a las Agencias Federales antedichas.

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

            1. Que para la fecha del día viernes 30 de octubre del 1998, en la página número 175 del periódico El Nuevo Día, el Alguacil de éste Honorable Tribunal, publicó un aviso de celebración de pública subasta, pautada para la fecha del día 12 de enero de 1999 a las 10:00 de la mañana, en cumplimiento de una Orden de Ejecución de Sentencia librada el 4 de febrero de 1998, para con su producto satisfacer a la parte demandante el importe de la Sentencia dictada a su favor en el caso de epígrafe, relacionada con la ejecución por la vía ordinaria de la hipoteca supuestamente vencida, líquida y exigible objeto de éste caso, que alegadamente grava la propiedad que se describe a continuación:

 

"URBANA: Solar radicado en la Urbanización El Cortijo situada en el Barrio Cerro Gordo de Bayamón, Puerto Rico, marcado con el número 7 del bloque "FF", con un área de 340.66 metros cuadrados; En lindes: por el Norte, en 24.00 metros con el solar número 6; por Sur, en 20.42 metros, con la calle número 9; por el Este, en 11.09 metros y un arco, con una longitud de 5.50 metros con la calle número 8; y por el Oeste, en 14.00 metros, con el solar número 8. Enclava una casa. Inscrita al folio 100 vuelto del tomo 951 de Bayamón, Registro de la Propiedad de Bayamón, Sección Primera, finca número 42,724, Inscripción Primera."

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

            2. Respetuosamente y en virtud de nuestro deber ciudadano, civil y moral de denunciar las prácticas ilícitas que afectan a nuestra sociedad y a nuestro patrimonio propietario, nos motiva a intervenir en los presentes procedimientos de índole civil, para con el auxilio y jurisdicción del poder judicial, hacer parte a éste Honorable Tribunal de unos procedimientos ya comenzados en la esfera civil y criminal ante el Gobierno Federal de los Estados Unidos conducentes a la erradicación de nuestra sociedad de unas prácticas ilícitas y criminales financieras (bancarias e hipotecarias) que se han venido ejerciendo en la Isla a espaldas de los Estados Unidos de América y del Pueblo de Puerto Rico por más de 95 años, desde el año de 1900, bajo todas las administraciones de gobierno y comercio, bajo la soberanía americana. En virtud de ésta intervención, pretendemos que éste Honorable Tribunal como institución del Estado para impartir justicia, haga cumplir fielmente nuestro Estado de Derecho sustantivo, procesal, insular y federal vigente, así como por nuestra solicitud ya lo comenzó a hacer el Gobierno Federal de los Estados Unidos. Hablando en sentido progresivo, el cometimiento continuo de las antedichas prácticas ilícitas y criminales financieras ha ocasionado que varias instituciones financieras de Puerto Rico (bancarias e hipotecarias), reguladas por el Gobierno Federal, como la parte demandante, se hayan enriquecido injustamente, a expensas de que miles de residentes de Puerto Rico estén pagando miles de hipotecas falsas, fraudulentas e inexistentes ab initio, en vano. Perdiendo el dinero todos los meses, año tras año. Participando éstos residentes como conspiradores y co autores en la antedicha conducta delictiva, como es el caso de las partes demandadas. Teniendo todos los autores y co autores delictivos la responsabilidad solidaria por los delitos cometidos. Más específicamente hablando, éste asunto se trata de que los residentes de Puerto Rico están pagando mensualmente unas hipotecas que NO EXISTEN en el plano jurídico. Siendo esas hipotecas las que precisamente distintas instituciones financieras pretenden ejecutar, a pesar de su INEXISTENCIA, como sucede en el presente caso. Teniendo la consecuencia de que los bancos nunca podrán enmendar el acto criminal de FALSIFICACIÓN y FRAUDE inscrito en el Registro de la Propiedad, que provoca la inexistencia del título de propiedad de la casa que por acto de simulación absoluta compraron éstos residentes (los demandados). Y el título de la casa que compraron no existe porque como contrato [la escritura de compraventa e hipoteca] nunca existió ni existe en el plano jurídico, debido a haberse cometido los delitos de FRAUDE y FALSIFICACIÓN de documentos (notariales) públicos (Fraudes contra la Fe Pública de carácter imprescriptibles) cuando se intentó constituir. Porque en nuestro ordenamiento jurídico el FRAUDE no genera derechos de clase alguna. Y esto es así porque la corporación que desarrolló la casa cometió varios delitos federales e insulares al venderla y financiarla. Porque existen unos estatutos federales e insulares de rango constitucional que les prohiben a TODAS las corporaciones en Puerto Rico dedicarse a los negocios de la compra y venta de bienes raíces. Y a la tenencia de más de 500 acres de terrenos. También, esos estatutos restrictivos, les aplica a TODAS LAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS o PUBLICAS que hacen negocios en Puerto Rico, no importa su clase o propósito. Incluyendo, a las llamadas Sociedades Especiales modernas, identificadas con las siglas S.E.. Como expondremos en detalles más adelante, éstos estatutos básicos son: el Artículo Número 3 de la Resolución Conjunta Número 23 del CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS, aprobada el 1ro de mayo del año 1900 (United States Congress Joint Resolution No. 23 of May 1, 1900, Sec. 3 / 31 Statutes at Large 716, codificado como 48 U.S.C.A. § 752); Sección 14 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 28 L.P.R.A. secs. 401 a la 406, 421 y 431 a la 435. Siendo tipificado todo ACTO o suscripción de CONTRATO que menoscabe los antedichos estatutos restrictivos como DELITOS con penas de reclusión. Dicho más claramente, conforme a los supracitados estatutos insulares y federales, en Puerto Rico está prohibido que cualquier persona jurídica, ya sea pública o privada, tenga (posea o controle) terrenos en exceso de 500 acres; o que se dedique a los negocios de la compra y venta de bienes raíces. Por ello, ninguna persona jurídica en Puerto Rico puede poseer por actos de compra, alquiler o donación terrenos en exceso de 500 acres. Como tampoco está autorizada a dedicarse a comprar terrenos para luego segregarlos y vender solares o parcelas. De igual modo, tampoco puede dedicarse a desarrollar proyectos urbanos (urbanizaciones o condominios) para luego vender casas residenciales o apartamentos. Como mencionamos, el violar dichos estatutos no solo está considerado una ilegalidad, sino que es un CRIMEN castigado con cárcel. Y más aun, también es un CRIMEN con mayor pena el preparar, poseer, presentar, ratificar y registrar documentos públicos FALSOS, FRAUDULENTOS, NULOS e INEXISTENTES ab initio, producto de la violación de dichos estatutos, ante cualquier organismo gubernamental de Puerto Rico o los Estados Unidos de América. Ahora bien, por otro lado, las antedichas instituciones financieras de Puerto Rico (bancarias e hipotecarias), reguladas por el Gobierno Federal, también se han enriquecido injustamente a expensas de promover que miles de inversionistas locales y extranjeros, inviertan sus capitales en unos instrumentos de inversión hipotecarios generados en Puerto Rico falsos, fraudulentos, nulos e inexistentes de inicio (ab initio). El instrumento de inversión hipotecario (bono hipotecario) no existe porque la escritura de hipoteca con la cual se respalda al bono tampoco existe. Y la escritura de hipoteca no existe porque el título de propiedad en el cual se intentó constituir e inscribir en el Registro de la Propiedad tampoco existe. Y el titulo de propiedad de la casa que financiaron tampoco existe en el plano jurídico por las razones antedichas. Como apreciamos, sus operaciones comerciales se basan en un esquema de producción de documentos públicos FALSOS, FRAUDULENTOS, ILEGALES, CRIMINALES e INCONSTITUCIONALES ab initio, conducente a crear un tráfico y financiamiento ilegal de bienes muebles e inmuebles, por virtud del cual se generan ganancias mediante un esquema de LAVADO DE DINERO. Por otro lado, más específicamente hablando, el presente caso, se constituye como un ejemplo de las antedichas prácticas ilícitas y criminales. Como discutiremos en detalles más adelante, en virtud de ésta demanda urgente de intervención y solicitud de vista evidenciaria, deseamos informarle y probarle a éste Honorable Tribunal que la parte demandante de epígrafe es una EMPRESA LAVADORA DE DINERO, RAQUETERA, CONSPIRADORA, USURPADORA, ENCUBRIDORA, FALSIFICADORA, CORRUPTA, TIMADORA, FRAUDULENTA y CRIMINAL. Y se ha prestado para incoar el presente caso a sabiendas de que la hipoteca objeto NO EXISTE en la esfera jurídica. Siendo su único fin el de continuar perpetuando el tráfico y financiamiento inmobiliario ilegal y fraudulento del cual se ha lucrado por décadas, a fin de continuar engañando a éste Honorable Tribunal, a los Estados Unidos de América, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Pueblo de Puerto Rico, como lo ha hecho por décadas. LA PARTE DEMANDANTE PRETENDE DEFRAUDAR A ESTE HONORABLE TRIBUNAL AL EJECUTAR UN CRÉDITO HIPOTECARIO QUE NO EXISTE NI NUNCA HA EXISTIDO EN EL PLANO JURÍDICO. La antedicha hipoteca objeto del presente caso se intentó constituir como consecuencia directa de un plan previo orquestado de actos de fraude, promovido por el propio demandante y múltiples profesionales del Derecho, en virtud de los cuales se produjeron múltiples documentos (notariales) públicos falsos, nulos, fraudulentos, ilegales, criminales e inconstitucionales ab initio, que mancillaron y continúan mancillado la Fe Pública. Siendo también cómplices del antedicho esquema fraudulento, las partes demandadas que en su momento se prestaron para suscribir junto a los demandantes y el Abogado Notario una escritura de hipoteca falsa, nula e inexistente ab initio, a sabiendas de que el título de propiedad en el cual se intentó constituir la hipoteca tampoco existía, constándole todo clara y explícitamente del propio Registro de la Propiedad, en donde se ampararon y buscaron la protección registral publicitaria sin derecho alguno a ello. Siendo todo producto de una reacción en cadena de actos fraudes que nunca generaron derechos de clase alguna. Ni mucho menos permitieron la constitución de contratos conforme al Derecho federal e insular sustantivo y procesal vigentes. Por el hecho de que los mismos carecieron ab initio de los tres elementos componentes para su constitución, a saber el objeto cierto, el consentimiento y la causa. La inexistencia de la Sentencia fraudulenta obtenida en este caso por la parte demandante, por virtud de la cual el Alguacil de éste Honorable Tribunal venderá en pública subasta la antedicha descrita propiedad inmueble, para con su producto satisfacer a la parte demandante el importe de la susodicha Sentencia, se fundamenta en la inexistencia del título de propiedad en el cual se intentó constituir la antedicha hipoteca inexistente ab initio objeto. Y la inexistencia del título de propiedad es producto de un esquema de ilegalidades y actos delictivos federales e insulares como expondremos más adelante. Debido a que de la inexistencia no se generan derechos y tampoco el Derecho se da en el vacío, si no existe el título de propiedad, tampoco existe la hipoteca. Quién no puede enajenar un inmueble tampoco lo puede hipotecar. Y la hipoteca que no existe no se puede ejecutar, porque lo que no existe no es ejecutable. El Registro de la Propiedad de Puerto Rico, la Oficina de Inspección de Notarías del Tribunal Supremo de Puerto Rico y otras agencias gubernamentales federales e insulares, se han constituido en los archivos documentales idóneos donde se custodian miles y miles de documentos públicos falsos, nulos, fraudulentos, ilegales, criminales e inconstitucionales ab initio, probatorios a "prima facie" de las antedichas prácticas ilícitas, como es el caso de las partes demandante, demandadas y otras personas naturales y jurídicas que expondremos más adelante. Por otro lado y contrario a Derecho, los medios de prensa (radial, escrita y televisada) de Puerto Rico también se han prestado y continúan prestándose para promover el cometimiento de los antedichos actos ilícitos, haciéndose cómplices en el esquema fraudulento, como expondremos más adelante. Derivando así, todos, ingresos del CRIMEN. Haciéndose acaudalados día tras día, año tras año. Sin que absolutamente nadie los detenga en sus OPERACIONES CRIMINALES DE CUELLO BLANCO. Como si fueran intocables y estuvieran por encima de la Ley. Estamos interviniendo en el presente caso para denunciar los FRAUDES RETROSPECTIVOS de naturaleza imprescriptibles para evitar que en virtud de éstos se produzcan los FRAUDES PROSPECTIVOS, de naturaleza también imprescriptibles.

 

PROPÓSITOS

 

            3. Respetuosamente, retrospectivamente hablando, el propósito básico para intervenir en los presentes procedimientos de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria y/o pública subasta, es para EVITAR que el Alguacil de éste Honorable Tribunal venda en pública subasta el antedicho inmueble descrito. Por la razón básica de que la Sentencia dictada que ordena la venta de dicho inmueble a favor de la parte demandante es falsa, fraudulenta, ilegal, criminal, inconstitucional, nula e inexistente ab initio. Siendo la obtención de dicha Sentencia producto de la presentación judicial de un contrato falso, fraudulento e inexistente ab initio, en forma de una escritura de hipoteca falsa, fraudulenta e inexistente ab initio en garantía de un pagaré también falso, fraudulento e inexistente ab initio, que nunca generaron ni al presente generan derechos de clase alguna. Siendo todo parte de un esquema para engañar al Honorable Tribunal con evidencia documental falsa y fraudulenta. Pretendiendo por esos actos delictivos, de naturaleza imprescriptibles, la ejecución fraudulenta de un crédito hipotecario que a sabiendas tanto las partes demandante, demandadas y sus respectivos representantes legales saben y sabían que NO EXISTE NI NUNCA HA EXISTIDO ab initio en la esfera jurídica. Siendo todo parte de un plan de SIMULACIÓN ABSOLUTA diseñado por criminales de CUELLO BLANCO, que tienen carisma e influencia económica en nuestra sociedad. Orquestado por practicantes de FRAUDES CONTRA LA FE PUBLICA. Diseñado para producir ganancias multimillonarias mediante un esquema de LAVADO DE DINERO, CORRUPCIÓN, RAQUETERISMO, ENCUBRIMIENTO, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, APROPIACIÓN ILEGAL AGRAVADA, CONSPIRACIÓN, FRAUDE y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. Entendemos que en la esfera civil este Honorable Tribunal deberá aplicarle sin vacilación todo el peso de Ley a las partes demandantes y demandadas del presente caso por todas las antedichas ilicitudes y crímenes cometidos, con el fin de llevarle un mensaje claro a nuestra sociedad de que: PRIMERO, el crimen no paga; SEGUNDO, nadie esta por encima de la Ley; TERCERO, nadie es inalcanzable e intocable ante la justicia; y CUARTO, nadie queda impune al violar la Ley. En cuanto a la esfera criminal, esperamos que este Honorable Tribunal proceda en la misma forma, refiriendo a las partes demandantes y demandadas del presente caso a los Secretarios de Justicia de Puerto Rico y los Estados Unidos para su procesamiento criminal. Como expondremos en detalles más adelante, por los remedios solicitados, pretendemos el logro de lo antedicho. Ahora bien, en adición a lo susodicho, prospectivamente hablando, por otro lado, también tenemos el claro propósito de EVITAR que a su vez se genere una venta en pública subasta inexistente, nula, fraudulenta, ilegal, criminal e inconstitucional ab initio, por virtud de la cual se defraudaría a los futuros licitadores; Para así también EVITAR que a su vez se generen en el futuro unos documentos públicos (notariales) falsos ab initio, que mancillan la fe pública (escrituras de compraventa falsas ab initio), por virtud de los cuales se generaría un futuro tráfico ilegal y fraudulento de bienes inmuebles ab initio al presentarse e inscribirse éstos en el Registro de la Propiedad, como fraudulentamente se ha venido haciendo hasta el presente, que a su vez afecta a nuestro patrimonio propietario como expondremos más adelante; Para así también EVITAR que a su vez se generen nuevamente unos documentos públicos (notariales) falsos ab initio, como los que la parte demandante ha presentado para sustentar la presente causa de acción, que mancillan la fe pública (pagareses y escrituras de hipotecas falsas ab initio), por virtud de los cuales se generaría un financiamiento hipotecario permanente inexistente, nulo, fraudulento, ilegal, criminal e inconstitucional ab initio, como se ha venido haciendo fraudulentamente hasta el presente; Para así también EVITAR que a su vez se genere un tráfico de instrumentos (securities) de inversión (bonos hipotecarios) falsos, fraudulentos, nulos e inexistentes ab initio en los mercados secundarios americanos regulados por el Sistema de la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos, interpretándose ese tráfico ilegal interestatal como evidencia probatoria a "prima facie" de las INTENCIONES de las partes involucradas como el demandante, los demandados, éste Honorable Tribunal, sus funcionarios públicos y el juez que preside éstos procedimientos para cometer múltiples delitos graves federales e insulares (felonies) como el de falsificación por la preparación (suscripción), posesión, presentación, ratificación, traspaso e inscripción de documentos públicos falsos; y otros como el de raqueterismo, encubrimiento, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, apropiación ilegal agravada, usurpación, fraude y conspiración; Para así también EVITAR que a su vez se relacione a éste Honorable Tribunal, sus funcionarios públicos y al juez que preside éstos procedimientos como co autores delictivos. Para así también EVITAR que a su vez se de comienzo a un proceso investigativo civil, criminal y/o congresional en la esfera federal por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) contra el juez que preside éstos procedimientos y demás funcionarios públicos que autorizaron ésta ejecución de hipoteca fraudulenta, a sabiendas de que era el producto de un esquema de fraude inmobiliario e hipotecario federal e insular; Para así también EVITAR que a su vez finalmente se concluya con el arresto, procesamiento, convicción, desaforo y destitución del juez autorizante que preside éstos procedimientos y demás funcionarios públicos responsables de la conspiración para defraudar al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Pueblo de Puerto Rico; como ya INEVITABLEMENTE les espera a las partes demandante y demandadas por haber sido los promotores y suscriptores de los documentos públicos falsos objetos del presente caso, convirtiéndose en autores y co autores de los antedichos actos delictivos. Por otro lado, en adición a lo antedicho, tenemos el propósito de informarle a éste Honorable Tribunal que el simple acto de la parte demandante incoar el presente caso para ejecutar a sabiendas un crédito hipotecario fraudulento e inexistente ab initio, constituye prueba inequívoca a "prima facie" de sus INTENCIONES CRIMINALES para defraudar a éste Honorable Tribunal, sus funcionarios públicos, al juez que preside éstos procedimientos, al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Pueblo de Puerto Rico. La urgente intervención de éste Honorable Tribunal se hace necesaria con el propósito de evitar la continuación de las antedichas prácticas ilícitas, que se han venido haciendo por más de 50 años. Este Honorable Tribunal tendrá que decidir si hace cumplir lo que dicta nuestro ordenamiento jurídico positivo, sustantivo y procesal, o, por su silencio y aceptación de la ejecución y subasta pública, se hace cómplice de los antedichos actos criminales de las partes demandante y demandadas, comunicando así un mensaje claro al Gobierno Federal de los Estados Unidos de que cometer crímenes de cuello blanco en Puerto Rico paga y es buen negocio, lo que provocaría su procesamiento criminal inmediato en la esfera federal. Al respecto, conforme al Derecho sustantivo insular vigente, estatuido en el artículo 7 del Código Civil de Puerto Rico dice y citamos: "El Tribunal que rehuse fallar a pretexto de silencio, obscuridad, o insuficiencia de la ley, o por cualquier otro motivo, incurrirá en responsabilidad." (31 L.P.R.A. sec. 7), énfasis suplido.

 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS

 

            4. El fundamento básico para sostener nuestra antedicha alegación de que la pública subasta pautada no se puede celebrar, por ser la misma ilegal y fraudulenta; Por el hecho a su vez de que la Sentencia obtenida por la parte demandante es falsa, nula, inexistente y fraudulenta ab initio; Por el hecho a su vez de que la escritura de hipoteca que la parte demandante presentó como evidencia de su crédito hipotecario que pretendió ejecutar contra las partes demandadas no se puede ejecutar, por la sencilla razón de que la misma (el crédito hipotecario) NO EXISTE en la esfera jurídica por ser ésta nula, inexistente, falsa, fraudulenta, ilegal e inconstitucional ab initio; Por el hecho a su vez de ser ésta hipoteca producto de unos actos de simulación absoluta criminales (delitos graves) de cuello blanco, de naturaleza imprescriptibles, que no generan ni nunca generaron derechos de clase alguna; Se basa en: que el título de propiedad [la escritura de compraventa] del antedicho descrito inmueble objeto de la subasta pautada, donde se intentó constituir la hipoteca inexistente, tampoco existe en la esfera jurídica. Siendo el acto de fraude lo que está inscrito en el Registro de la Propiedad y no el contrato, puesto que nunca se constituyó como tal, por carecer el mismo de los elementos esenciales para su constitución como el objeto cierto, el consentimiento y la causa. Siendo por ende todas las escrituras de compraventa e hipotecas que intentaron componer el tracto registral inexistente ab initio, FALSAS, FRAUDULENTAS, NULAS e INEXISTENTES ab initio. Porque la corporación que planificó, desarrolló y construyó el inmueble urbano antedicho cometió una violación federal y unos delitos graves insulares al vender por acto de simulación absoluta el antedicho descrito inmueble a los compradores conspiradores que les antecedieron a las partes demandadas conspiradoras en la detentación precaria. Porque existen unos estatutos federales e insulares de rango constitucional que les prohiben a TODAS las corporaciones en Puerto Rico dedicarse a los negocios de la compra y venta de bienes raíces. Y a la tenencia de más de 500 acres de terrenos. Como expondremos en detalles más adelante, éstos estatutos son: el Artículo Número 3 de la Resolución Conjunta Número 23 del CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS, aprobada el 1ro de mayo del año 1900 (United States Congress Joint Resolution No. 23 of May 1, 1900, Sec. 3 / 31 Statutes at Large 716, codificado como 48 U.S.C.A. § 752); Sección 14 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 28 L.P.R.A. secs. 401 a la 406, 421 y 431 a la 435. Siendo tipificado todo ACTO o suscripción de CONTRATO que menoscabe los antedichos estatutos como DELITOS con penas de reclusión. Convirtiéndose así TODAS LAS PARTES envueltas en la transacción inmobiliaria fraudulenta antedicha en falsificadores y/o usurpadores precaristas a los que no les ampara periodo prescriptivo sanatorio alguno por el hecho de que los delitos de fraude contra la Fe Pública (33 L.P.R.A. sec. 3412) nunca prescriben en nuestro ordenamiento jurídico, así como la responsabilidad civil derivada del cometimiento de esos delitos (31 L.P.R.A. sec. 5277). Ahora bien, por otro lado, como el que se ampara en la protección que brinda el Registro de la Propiedad, le consta lo que éste dice (In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796 (1988); Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984)), tanto la parte demandante, las partes demandadas, el Abogado Notario y el Registrador sabían de propio y personal conocimiento que todo el tracto registral en los libros del Registro del inmueble urbano antedicho era INEXISTENTE y FRAUDULENTO, por el hecho de que el desarrollo del inmueble urbano fue producto de una operación CRIMINAL de cuello blanco en violación al Derecho sustantivo y constitucional vigentes. No obstante esto, todos juntos conspiraron INTENCIONALMENTE para promover, suscribir, ratificar e inscribir unos instrumentos públicos [la escritura de compraventa y/o de hipoteca] FALSOS y FRAUDULENTOS a sabiendas, los cuales la parte demandante utilizaría más tarde para generar otro instrumento (bono hipotecario) de inversión hipotecario FALSO y FRAUDULENTO, para ofrecerlo en el mercado hipotecario secundario americano, con el fin de crear otro tráfico fraudulento de valores interestatales. Recuperando así la parte demandante la cantidad monetaria prestada, en virtud de una transacción de LAVADO DE DINERO, timando así a los inversionistas americanos e insulares y a las agencias federales reguladoras del Gobierno Federal de los Estados Unidos, como lo expondremos más adelante.

 

 

LEGITIMACIÓN ACTIVA

(STANDING)

 

            5. Que conforme al estado de Derecho sustantivo vigente, estatuido en el Capítulo 115 del Código Civil de Puerto Rico (31 L.P.R.A.), el primer fundamento que nos legitima, capacita y ampara para intervenir en el presente caso es el hecho de que ambos somos MAYORES DE EDAD, propietarios y residentes de Puerto Rico.

            6. Que conforme al estado de Derecho sustantivo vigente, estatuido en los Capítulos 1, 129, 137, 139, 167, 169, 171, 197, 215 a 263, 279 a 293, 391, 393, 405, 407 y 409 del Código Civil de Puerto Rico (31 L.P.R.A.), el segundo fundamento que nos legitima, capacita y ampara para intervenir en el presente caso es el hecho de que la real y única propietaria del antedicho descrito inmueble objeto del presente caso lo es la Sucesión Basilio López Martín, de la cual somos partes componentes. Por virtud de un título legítimo de propiedad y el Derecho de Accesión, como expondremos más adelante.

            7. Que conforme al estado de Derecho sustantivo vigente, estatuido Atanacia Corporation v. Jorge M. Saldaña, 133 D.P.R. (21) (1993) [RE-90-680], el tercer fundamento que nos legitima, capacita y ampara para intervenir en el presente caso es el hecho de que tenemos derecho a incoar varias causas de acción civiles y criminales (acciones de nulidad), acumulativas y/o relacionadas en el presente caso, contra las partes demandante, demandadas y otros por: falsificación por la preparación (suscripción), posesión, presentación, ratificación, traspaso e inscripción de documentos públicos falsos; raqueterismo, encubrimiento, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, apropiación ilegal agravada, usurpación, fraude, conspiración, inexistencia de contrato, accesión y reivindicación. Con el fin de solicitarle a éste Honorable Tribunal que ratifique la nulidad, inexistencia y fraudulencia ab initio de la antedicha Sentencia dictada, que ordena al Alguacil la venta en pública subasta del antedicho inmueble descrito, para con su producto satisfacer a la parte demandante el importe de la susodicha Sentencia en relación a la ejecución por la vía ordinaria de la hipoteca FRAUDULENTA e INEXISTENTE supuestamente vencida objeto de éste caso, que alegadamente grava la propiedad inmueble antedicha. Por haberse pretendido constituir por actos de fraude y simulación absoluta, como expondremos en detalles más adelante. Por el hecho de que el título de propiedad por virtud del cual se intentó constituir tampoco existe. Por el hecho de éste ser también el producto de un acto criminal, el cual no lo subsana termino prescriptivo alguno. Tanto en la esfera civil como en la criminal. Al respecto, el caso supra dice y citamos:

 

"¿Cuál es el término para instar las acciones de nulidad del trámite de ejecución de hipoteca y venta judicial efectuadas por la vía ordinaria? ¿A partir de qué fecha comienza a correr dicho término? ¿Cuál es la naturaleza y carácter del mismo? Esas son las controversias que suscita el recurso ante nos....

 

Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico le brinda al acreedor hipotecario tres (3) vías procesales distintas para hacer efectivo su crédito y ejecutar la garantía real del mismo. Uno es el procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, 30 L.P.R.A. sec. 2701; Regla 51.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Rafael F. Morales Cabranes, La Ejecución de Hipoteca en Puerto Rico, 43 Rev. Col. Abog. 205 (1982); otro es el procedimiento ejecutivo sumario, 30 L.P.R.A. sec. 2701 et seq.; Herminio Brau del Toro, Apuntes para un Curso sobre el Estado del Derecho Inmobiliario Registral Puertorriqueño bajo la Ley Hipotecaria de 1893, 48 Rev. Jur. U.P.R. 113, 473-486 (1979); y, además, puede instar la acción ordinaria de cobro de dinero, con embargo de la finca, si lo desea, en aseguramiento de sentencia. Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; P.R. Production Credit v. Registrador, op. de 24 de enero de 1989, 89 JTS 13; C.R.U.V. v. Torres Pérez, 111 D.P.R. 698 (1981).

 

La vía judicial ordinaria para el cobro de créditos hipotecarios es de naturaleza mixta, es decir, contiene elementos de la acción real y la personal, P.R. Production Credit v. Registrador, supra. La acción se rige por las Reglas de Procedimiento Civil, Regla 51.3 et seq., y por ciertas disposiciones de la Ley Hipotecaria que también regulan el procedimiento sumario. Cf. Reglas 51.3 y 51.8 de Procedimiento Civil y el Art. 201 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2701.4 Brau del Toro, Apuntes para un Curso sobre el Estado del Derecho Inmobiliario Registral Puertorriqueño bajo la Ley Hipotecaria de 1893, supra, pág. 473.

 

De suerte que en este proceso aplicarán los términos de las distintas etapas del proceso ordinario, muchas veces extensos, dispuestos en las Reglas de Procedimiento Civil.

 

En el proceso de ejecución por la vía ordinaria hay una fase previa contenciosa a la cual le sigue otra eminentemente ejecutiva (proceso de ejecución). La primera va dirigida a la segunda. Véase Ramón Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, 7ma Ed., Tomo IV-2, pág. 1048....

 

La Ley Hipotecaria de 1893, vigente en Puerto Rico hasta su derogación por la actual Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, no disponía término alguno para instar la acción ordinaria de nulidad del ejecutivo sumario. Cf. Arts. 128 a 133 de la Ley de 1893 según enmendada, 30 L.P.R.A. secs. 224 a 229 y los Arts. 168 a 176 de su Reglamento, 30 L.P.R.A. secs. 1089 a 1097. El Código de Enjuiciamiento Civil, entonces vigente, tampoco disponía término especifico para instar dicha acción de nulidad de la sentencia de ejecución dictada en el procedimiento ordinario de ejecución de hipoteca. Cf. Arts. 239 a 268 del Código de Enjuiciamiento Civil derogado, 32 L.P.R.A. secs. 1121 a 1149.

 

Con la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, la Regla 49.2 vino a regular las acciones ordinarias e independientes para cuestionar la validez de las sentencias dictadas en todo tipo de pleito. Esta regla establecía un término de seis (6) meses para instar la acción de nulidad. No obstante, este foro resolvió que ese término no es uno de prescripción ni de caducidad que impida el ejercicio de la acción de nulidad del ejecutivo hipotecario ordinario cuando se alega una causal de nulidad absoluta de la sentencia. Véase Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 D.P.R. 704 (1963); Cf. Benjamín Ortiz, Nulidad de Procedimiento Ejecutivo, 3 Rev. Der. Leg. y Jur. Col. Abog. 360 (1938)....

 

Por otro lado, este Foro había interpretado que, frente al acreedor ejecutante, la acción de nulidad de la sentencia en ejecución de hipoteca y venta judicial tramitada por la vía ordinaria no tenía término prescriptivo. Como fundamento de dicha norma esbozamos que, tratándose de un supuesto de sentencia nula por defectos substanciales en el procedimiento, le aplicaba igual norma general que al ejecutivo sumario. Esto es, la acción contra el acreedor ejecutante encaminada al establecer la nulidad absoluta de un procedimiento ordinario de ejecución de hipoteca no prescribía nunca, pues la prescripción no corre contra lo que es nulo e inexistente...

 

La Comisión de lo Jurídico Civil que redactó el proyecto de ley fue clara al establecer que la Nueva Ley Hipotecaria no intervino con el procedimiento ejecutivo ordinario como estaba regulado bajo el estado de derecho anterior. Específicamente señaló:

 

       "La Comisión que hizo el estudio lo juzga seguro y claro, y lo endosa aconsejando que se quede intocado el procedimiento ejecutivo ordinario por esta ley (sic) y que todas las rectificaciones que deban hacer se hagan como reformas al Código de Enjuiciamiento Civil y no en la Ley Hipotecaria."

 

Por otro lado, las Reglas de Procedimento [sic] Civil de 1979 y aquellas disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil que quedaron vigentes y que son aplicables en el proceso ordinario, no sufrieron cambios significativos ni dispusieron expresamente un término para instar la nulidad del trámite de ejecución de hipoteca seguido por la vía ordinaria. Tan es así que la Regla 49.2 vigente quedó casi inalterada....

 

Finalmente, las enmiendas introducidas a la Ley Hipotecaria de 1979, en virtud de la Ley Núm. 143 de 14 de, junio de 1980, claramente exceptúan la aplicación del término de caducidad de tres (3) años al procedimiento ejecutivo ordinario. El Art. 201 de dicha ley, 30 L.P.R.A. sec. 2701, dispuso en su segundo párrafo que:

 

       "También podrá utilizar el acreedor hipotecario, a su elección, la vía judicial ordinaria para el cobro de su crédito, en cuyo caso serán aplicables únicamente las siguientes secciones de este título: 2702, 2707 párrafos V y VI, 2711, 2720 a 2724, 2726 excluyendo la frase relativa al requisito de confirmación, 2727 a 2729, 2731, 2732, 2734." (Énfasis suplido.)

 

Este párrafo de dicho artículo no estaba contenido en la Ley Núm. 198 de 1979 tal cual fue originalmente aprobada. Como sabemos, la legislatura había propuesto la vigencia de la Ley Núm. 198 por el término de un año. Véase, Art. 256 de dicha ley. Dentro de ese término se aprobó la referida Ley Núm. 143 para, entre otras cosas, aclarar ciertos conceptos de la Ley Núm. 198.

 

Se notará que en la enumeración de las secciones que regulan el procedimiento ejecutivo sumario, que por disposición expresa de ley son las únicas aplicables al procedimiento ordinario, específicamente se excluyó la sección 2733 (Art. 233). que es precisamente la que establece el término de caducidad de tres (3) años para instar la acción de nulidad de aquel proceso.

 

La mención especifica de esas disposiciones implica la exclusión de lo no expresado. Véase, Salgado v. Comisión Hípica Insular, 49 D.P.R. 464, 466-467 (1936); Martínez Surís v. Colón Muñoz, op. de 30 de junio de 1992, 92 JTS 99. Bernier & Cuevas Segarra, op. cit., pág. 312. Por ello, no podemos extender la disposición sobre caducidad del proceso sumario al proceso ordinario cuando- el legislador específicamente la excluyó, Cf. Asociación de Padres Capuchinos v. Corte, 44 D.P.R. 973, 975-976 (1933) (op. disidente Hon. Juez Wolf), menos aún ante la clara exclusión de la letra de la ley. Art. 14 del Código Civil. Cruz Fontánez v. Registrador, op. de 25 de abril de 1990, 90 JTS 53, y casos allí citados....

 

Conclusión

 

Por todo lo anterior, concluimos que en cuanto a la acción ordinaria para pedir la nulidad de la sentencia dictada y demás trámites de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria quedó vigente el estado de derecho anterior al 1979. Cuando el deudor o tercer poseedor solicita la nulidad del procedimiento de ejecución de hipoteca tramitado por la vía ordinaria, bajo los fundamentos que producen la nulidad absoluta de la misma (falta de jurisdicción sobre la persona o la materia, violación al debido proceso de ley) tal acción puede ser presentada "en cualquier época, sin sujeción a término prescriptivo" alguno; puesto que lo que es inexistente no puede tener efecto jurídico de clase alguna.  Cf. Calderón Molina v. Federal Land Bank, supra."

 

Énfasis suplido

 

            8. Continuando con la misma línea de análisis del párrafo anterior, para propósitos de Derecho comparado, aunque en el presente caso no aplican todas las disposiciones contenidas en la Ley Hipotecaria del 1979 relativas al procedimiento ejecutivo sumario hipotecario, queremos señalar que conforme a 30 L.P.R.A. sec. 2733 la existencia de una causa criminal demostrativa de la falsedad del título hipotecario objeto de la ejecución es causa suficiente para suspender la ejecución solicitada y/o autorizada por sentencia. Subsistiendo la suspensión hasta que termine la causa criminal. De lo susodicho concluimos que en el procedimiento ordinario de ejecución de hipotecas, conforme a la jurisprudencia supra, si el ejecutante ha violado las leyes y el debido proceso de ley, se justifica el incoar ésta intervención, en aras de proteger nuestro patrimonio personal hereditario y el interés público contra las practicas de fraude que afectan la seguridad y estabilidad de la banca y el comercio. Entendemos que éste Honorable Tribunal no se debe prestar para perpetuar las antedichas prácticas fraudulentas que tanto han afectado y continúan afectando a nuestra sociedad, a semejanza de un tumor canceroso maligno. Como expondremos en detalles más adelante, Puerto Rico no puede continuar forjando su sistema financiero (bancario e hipotecario) mediante el cometimiento de varias prácticas ilícitas conducentes a TIMAR al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Pueblo de Puerto Rico. Este Honorable Tribunal tiene la obligación jurídica y moral de ponerle coto al esquema inmobiliario fraudulento antedicho que se ha venido practicando en la Isla por las principales instituciones financieras locales por más de 50 años, como es el caso de la parte demandante.

            9. Que conforme al estado de Derecho procesal vigente, estatuido en las Reglas números 21.1, 21.2, 21.4, 21.5 y 21.6 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A., Apéndice III, Reglas núms. 21.1, 21.2, 21.4, 21.5 y 21.6), el cuarto fundamento que nos legitima, capacita y ampara para intervenir en el presente caso es el hecho de que nuestros derechos e intereses en la antedicha propiedad inmueble a ser subastada, que es de nuestra propiedad, van a quedar seriamente afectados si no intervenimos. Esta propiedad inmueble constituye un elemento común entre nuestros intereses y los intereses de la parte demandante. Además de que si no intervenimos, por otro lado, el interés público quedará irreparablemente afectado, teniendo la consecuencia directa de perpetuarse el esquema inmobiliario fraudulento antedicho. Esquema que el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Secretario en funciones están jurídicamente obligados a erradicar por el bien de nuestra sociedad.

            10. Que conforme al estado de Derecho procesal vigente, estatuido en la Regla número 49.2 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A., Apéndice III, Regla núm. 49.2), el quinto fundamento que nos legitima, capacita y ampara para intervenir en el presente caso es el hecho de que como la Sentencia dictada por éste Honorable Tribunal lesiona nuestros derechos e intereses propietarios constitucionales más elementales en la antedicha propiedad objeto, se justifica la concesión de remedios contra los efectos de una antedicha Sentencia nula, inexistente y falsa ab initio, donde para su concesión medió el fraude intrínseco y extrínseco. Por el hecho a su vez de que la misma fue producto de la presentación de un instrumento público hipotecario también nulo, falso, fraudulento e inexistente ab initio. Entendemos, que por la parte demandante haber defraudado al Honorable Tribunal para la obtención del remedio solicitado, la Sentencia obtenida, que el Alguacil pretende ejecutar, nunca existió no existe ni nunca existirá, y por ende, sería un error afirmar que la misma es firme. Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto y citamos:

 

"No puede decirse que sea firme una sentencia no apelada mientras no se resuelvan definitivamente otras cuestiones en que se discute su nulidad y que impiden su ejecución." Arbona Hermanos v. H.C. Christianson & Co., 26 D.P.R. 284 (1918)

 

"El término fraude usado en la Regla 49.2(3) de las de Procedimiento Civil contempla dos clases de fraude: (a) fraude entre partes, donde la parte afectada debe interponer la correspondiente moción de relevo de la sentencia dictada dentro del término de seis meses de haberse registrado dicha sentencia o haberse llevado a cabo el procedimiento, y (b) fraude al tribunal; en este caso el juez sentenciador puede dejar sin efecto la sentencia sin limitación de tiempo alguno." Municipio v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932 (1971)

 

"Bajo las disposiciones de la Regla 49.2(3) de las de Procedimiento Civil, se entiende por fraude al tribunal aquellos tipos de fraude cuyo efecto o cuya intención es mancillar al tribunal como tal, o es que es fraude perpetrado por oficiales del tribunal, de tal forma que la maquinaria judicial no puede ejercer como de costumbre su imparcial labor de juzgar los casos que se le presentan para adjudicación." Municipio v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932 (1971)

 

Énfasis suplido.

Si partiéramos del supuesto que la parte demandante objetara infundadamente nuestra capacidad interventora, basado en la impertinencia (que no existe) de nosotros acumular en el presente recurso de intervención la causa de acción reivindicatoria fundamentada en nuestras alegaciones de titularidad sobre el inmueble objeto de la fraudulenta ejecución hipotecaria del presente caso, ésta objeción carente de fundamento jurídico, de ningún modo sustentaría su otra infundada alegación de que como partes interventoras no tenemos la capacidad para solicitarle a éste Honorable Tribunal una declaración donde se ratifique la inexistencia de la Sentencia obtenida a su favor por fraude, que ordena fraudulentamente al Alguacil vender en pública subasta el antedicho inmueble objeto propiedad de la Sucesión Basilio López Martín.

            11. Que conforme al estado de Derecho sustantivo vigente, estatuido en la sección número 740 del Título 4 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (4 L.P.R.A. sec. 740), el sexto fundamento que nos legitima, capacita y ampara para intervenir en el presente caso es el hecho de que como la ejecución de la antedicha Sentencia violenta nuestros derechos e intereses propietarios constitucionales más elementales en la antedicha propiedad objeto, nuestra intervención se hace necesaria y se interpreta como un acto en aras de defender un bien que forma parte de un patrimonio hereditario o herencia subyacente, o sea un ASUNTO PROPIO, para lo cual no necesitamos ni deseamos la asistencia ni estar representados por un abogado para comparecer ante éste Honorable Tribunal. Siendo ese deseo e intención nuestros claros, tácitos y no presuntos. Sin que por ello se interprete erróneamente la intención de querer dar la apariencia de querer ejercer ilegalmente la profesión de Abogado y/o aparentar como tales. Según la Ley Número 17 del 10 de junio de 1939 (4 L.P.R.A. § 740), dice que toda persona que no sea abogado puede gestionar ante los Tribunales ... sus asuntos propios... (énfasis suplido). A esos efectos, se interpreta y es lógico concluir, que toda causa de acción que un heredero y/o cesionario lleva ante los Tribunales para el reclamo de sus derechos hereditarios o cesionarios, por virtud de los cuales también reclama por la vía judicial reivindicatoria bienes inmuebles que les corresponden, son asuntos propios ... (énfasis suplido) de quien los predica y reclama. Por otro lado, un hecho que evidencia inequívocamente nuestro deseo y capacidad de comparecer en los presentes procedimientos por DERECHO PROPIO es que como autores del presente escrito, no necesitamos para su preparación ni la más mínima ayuda de un abogado. Por otro lado, no podemos negar la realidad de que NINGÚN ABOGADO postulante en el sistema judicial insular o federal en Puerto Rico decidiría representarnos por varias de las siguientes razones: 1) ha sido o al presente es co partícipe de las ilicitudes y crímenes objeto de nuestra intervención; 2) el hecho de que resida en nuestros terrenos le representaría un serio conflicto de intereses que le impediría defender nuestros derechos; 3) tiene alguna relación profesional o de amistad con las partes demandadas o la demandante; 4) sus clientes residen o hacen negocios en nuestros terrenos, o también, son partícipes de las ilicitudes y crímenes objeto de nuestra intervención; 5) sus clientes están en sociedad con personas que residen o hacen negocios en nuestros terrenos, o que también, son partícipes de las ilicitudes y crímenes objeto de nuestra intervención; y 6) todos los mencionados están relacionados con familiares o parientes que residen o hacen negocios en nuestros terrenos, o que también, son partícipes de las ilicitudes y crímenes objeto de nuestra intervención. Representando dichos hechos claros conflictos de intereses. También, en adición a lo susodicho, por ser un caso complejo, la preparación del mismo (cosa que nosotros hicimos) le hubiera provocado a dicho abogado el abandono de cumplir y atender responsablemente los casos de otros clientes previos. Por otro lado, nuestra indigencia económica, es uno de los mayores obstáculos para conseguir dicha representación legal no necesitada ni deseada, ya que, la clase togada puertorriqueña: a) no presta servicios legales contingentes a indigentes en casos civiles como el presente (posición que en realidad viola el Cánon número 1 del Código de Ética Profesional de los Abogados); b) no presta servicios de peritaje a contingencia; y c) casi siempre requiere un depósito monetario inicial para dar comienzo a sus servicios. Depósito, que nosotros como partes interventoras indigentes no podemos pagar. Por otro lado, si halláramos un abogado interesado en asumir la representación o asesoría legal (no deseada al presente), en virtud de éste adquirir un interés o participación pecuniaria en el caso y basado en ofrecernos ayuda financiera para nuestra subsistencia básica cotidiana, estaríamos en la obligación de rechazar dicho ofrecimiento por ser contrario al Cánon número 23 de dicho Código de Ética. Conforme a nuestra jurisprudencia en el caso Pueblo  vs. Santaella, 91 D.P.R. 350 (1964), contrario a prohibir la autorrepresentación, interpretando que la intención de un ciudadano querer comparecer por derecho propio en el reclamo de sus derechos en asuntos propios, sea interpretativo de querer ejercer ilegalmente la profesión de abogado en Puerto Rico; lo aprueba tácitamente. En el presente caso, como partes interventoras, no estamos compareciendo como oficiales o directores de una corporación o persona jurídica, sino que por el contrario comparecemos en nuestro carácter de personas naturales, en el reclamo de uno bienes hereditarios que nos corresponden por derecho. En lo pertinente, la supracitada decisión de nuestro Honorable Tribunal Supremo dispuso lo siguiente y citamos:

"Página 355 - "En el presente recurso de certiorari, el recurrente señala que ambos tribunales incurrieron en error. Apunta que al firmar la demanda como presidente de la Metro Finance Co., Inc. no estaba actuando como abogado, y, que, en todo caso, esta actuación se encuentra comprendida en la excepción de gestión de asuntos propios a que se refiere la sección supuestamente infringida."

Sección 2. - "La prueba, según es apreciada y conforme se reseña en la opinión, no es suficiente para concluir que, bajo todas las circunstancias concurrentes, la actuación del acusado constituyó un ejercicio no autorizado de la profesión de abogado. Siendo ello así, el veredicto resulta contrario a la prueba y a derecho."

Página 357 - "Se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y se decretará la absolución del apelante en todos los casos."

Énfasis suplido

También, al amparo de nuestra jurisprudencia, en el caso B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña, 109 D.P.R. 825 (1980), en lo pertinente, nuestro Honorable Tribunal Supremo dispuso lo siguiente y citamos:

"Sección 3. - "La norma excepcional establecida por la Sec. 7 de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, según enmendada  - representación por derecho propio en un asunto judicial o cuasijudicial ante cualquier tribunal de justicia  - es de aplicación únicamente a personas naturales, quedando así excluidas las criaturas jurídicas corporativas."

Énfasis suplido

La comparecencia de la parte co interventora, Don Andrés López Laureano, en este caso, nace del reclamo de unos bienes hereditarios a los que tiene derecho a recibir y disfrutar, que nunca recibió por haber mediado fraude y ocultamiento. Y ese reclamo es un asunto propio de él como interventor, por el hecho de haber sido declarado heredero del causante Don Basilio López Martín; por virtud de un testamento, que lo certifica auténtico la propia Oficina de Inspección de Notarias del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en unión de 4 resoluciones judiciales adicionales, que en su día suministrará ante éste Honorable Tribunal como evidencia, productos de procedimientos judiciales de declaratoria de herederos, que lo hacen parte del tracto sucesivo de descendientes del antedicho causante. De igual modo, la comparecencia de la parte co interventora, Alberto Medina López nace del reclamo de unos bienes del antedicho causante Basilio López Martín, a los que tiene derecho a recibir y disfrutar como cesionario, que nunca recibió por haber mediado fraude y ocultamiento. Y ese reclamo es un asunto propio. Todo en virtud de un contrato de cesión de derechos y acciones hereditarias, y otras declaratorias de herederos próximas a tramitarse, que en su día suministrará ante éste Honorable Tribunal como evidencia. Tan claro es el asunto que nuestro Honorable Tribunal Supremo en lo relacionado dispuso lo siguiente y citamos:

"Los herederos de cualquier clase [1], aun sin necesidad de tramitar su declaratoria previamente [2], pueden ejercitar la acción reivindicatoria para la Sucesión [3], y los comuneros para la comunidad [4], contra el poseedor civil de una cosa. [5]" (énfasis suplido). [1. Gómez v. Marques, 1960, 81 D.P.R. 721; Monzoreau v. Amador, 1929, 40 D.P.R. 132; Sucesión Quiñonez v. Central Eureka, Inc., 1927, 37 D.P.R. 270; Sucesión Rivera v. Hernández, 1923, 31 D.P.R. 813; Sucesión Collado v. Pérez, 1913, 19 D.P.R. 928] [2. Sucesión Meléndez v. Almodóvar, 1949, 70 D.P.R. 527] [3. Portela v. Portela, 1934, 47 D.P.R. 415] [4. Sucesión Rivera v. Hernández, supra; Vázquez v. Santalís, 1918, 26 D.P.R. 677] [5. Batlle v. Torruella, 1929, 39 D.P.R. 205; Sucesión Quiñonez v. Central Eureka, Inc., 1927, 37 D.P.R. 270; Sucesión Rivera v. Hernández, 1923, 31 D.P.R. 813]

"Cuando el demandante funda su causa de acción sobre reivindicación en su carácter de heredero, para acreditar tal carácter en el juicio no es requisito necesario la presentación de una previa declaratoria de heredero." Sucesión Torres Negrón v. Torres, 29 D.P.R. 909 (1921).

 

Énfasis suplido.

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo  2 del Código Civil de Puerto Rico (31 L.P.R.A. § 2), donde se dispuso que y citamos: "La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento." (énfasis suplido); sería absurdo que nuestro ordenamiento jurídico exigiera a sus ciudadanos el cumplimiento de las Leyes aunque las ignorase. Y por otro lado, sancionara al mismo ciudadano que ha sido diligente en conocer a precisión ese derecho que lo rige por virtud del cual se capacita para comparecer a un Tribunal asistido por su propio derecho, para reclamar el mismo derecho que lo ampara. Y que por ese mismo acto de comparecencia, el mismo Tribunal  regido por el ordenamiento jurídico que rige y ampara al ciudadano, le impute contrario a derecho, que la comparecencia por su propio derecho, se interprete como un acto intencional de querer practicar ilegalmente la profesión de abogado en Puerto Rico. En el caso Lizarríbar vs. Martínez Gelpí, 121 D.P.R. 770 (1985), contrario a prohibir que las partes interventoras comparezcan por derecho propio, lo aprueba tácitamente. En lo pertinente la supracitada decisión de nuestro Honorable Tribunal Supremo dispuso lo siguiente y citamos:

"Sección 1. - "El Tribunal Supremo federal ha reconocido que el derecho de todo acusado a representarse por derecho propio, en un procedimiento criminal, encuentra apoyo en la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Emda. VI, Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1. Este derecho no sólo surge de la prerrogativa constitucional del acusado de renunciar a ser representado por un abogado, sino que es un derecho independiente que emana de la estructura e historia del texto de la Constitución norteamericana. Se reconoce, además, que este derecho se extiende a los estados a través de la Décimocuarta Enmienda, Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1, por ser parte del debido proceso de ley."

Sección 3. - "La Sec. 7 de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939 (4 L.P.R.A. sec. 740), dispone que: "Ninguna persona que no sea abogado autorizado por la Corte Suprema de Puerto Rico podrá dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado, ni anunciarse como tal, ni como agente judicial, ni gestionar, con excepción de sus asuntos propios, ningún asunto judicial o cuasijudicial ante cualquier tribunal judicial..." En esta disposición subyace un reconocimiento estatutario indirecto del derecho que tiene una persona de representarse en un pleito. De ella podemos concluir, de manera afirmativa y directa, que toda persona que no sea abogado autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico podrá gestionar sus propios asuntos en cualquier tribunal de justicia del país."

Sección 4. - "El Tribunal Supremo ha sostenido firmemente la doctrina de que los derechos, incluso los constitucionales, son renunciables. Esta renuncia tiene que hacerse de forma voluntaria, inteligente y expresamente (no de manera presunta) y con pleno conocimiento de causa."

Sección 5. - "El derecho que tiene una persona a estar asistido por abogado en un pleito o litigio es renunciable."

Sección 7. - "La aprobación que nuestro ordenamiento jurídico confiere al derecho a renunciar a la asistencia de abogado implica el reconocimiento del derecho a la autorrepresentación; de otra manera, sería absurdo que se permitiera renunciar a abogado y se le negara, al mismo tiempo, la oportunidad de defenderse por derecho propio."

Sección 8. - "En vista de que el Tribunal Supremo federal, a la luz de la Sexta Enmienda, Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1, ha conferido rango constitucional al derecho que tiene un acusado de representarse, ello lo hace necesariamente aplicable a Puerto Rico toda vez que, en cuanto a derechos fundamentales, nuestra jurisdicción no puede conceder menos derechos a los ciudadanos que los reconocidos bajo la Constitución de Estados Unidos."

Sección 9. - "En el ámbito civil no se le reconoce a los litigantes el derecho a asistencia de abogado; por ello, resulta más apremiante aún el derecho a la representación por sí mismo en tales casos. Si en los procesos criminales se le ha reconocido este derecho al acusado donde el interés afectado es de incuestionable valor y preeminencia, con mayor razón en la esfera civil, que por lo general los intereses afectados no gozan de la misma jerarquía o no revisten de ordinario la misma importancia."

Sección 11. - "Los tribunales, al conceder o denegar una solicitud de autorrepresentación, deben balancear de manera justa todas las consideraciones y atender las circunstancias particulares del caso, los intereses de las partes y la eficiencia en la administración de la justicia."

Sección 15. - "La persona a la que se le conceda el derecho de representarse, así como el abogado que asuma la representación de una parte en un litigio, debe ceñirse estrictamente a los principios expuestos en los Cánones 8, 29 y 30 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, de suerte que mantenga el debido decoro en el trámite del caso en protección de la dignidad del tribunal y los mejores intereses de las partes afectadas."

Página 788 - "A tenor con lo aquí expuesto, se expide el auto de certiorari y se revoca la resolución del Tribunal Superior; Sala de San Juan. En consecuencia, se autoriza la renuncia del Lcdo. Tomás Céspedes, la comparecencia del demandado peticionario por derecho propio, y se le advierte y se le apercibe al peticionario y al representante legal de la recurrida sobre el más estricto cumplimiento con las disposiciones de los Cánones 8, 29 y 30 de Ética Profesional."

10. y Páginas 785 a 786 - "Ahora bien, este derecho, bien en lo civil o en lo criminal, según pudimos observar en otras jurisdicciones, no es absoluto e ilimitado. Distintas consideraciones podrían inducir correctamente a un magistrado a negar a las partes o a un acusado en determinados casos la oportunidad de representarse por derecho propio en los procedimientos judiciales. A esos fines acogemos los criterios establecidos en la jurisprudencia estatal y federal antes examinada, con miras a orientar nuestra discreción en la consideración de este asunto. A la luz de esto exponemos que: (a) la representación, como regla general, no puede ser híbrida, esto es, no debe estar representado por abogado y a la misma vez representarse por derecho propio; (b) la decisión tiene que haber sido tomada voluntariamente, de manera inteligente y con pleno conocimiento de causa; (c) tiene que hacerse mediante solicitud expresa (inequívoca) al tribunal; (d) debe ser formulada oportunamente, pues mientras más adelantado el proceso, mayor la discreción del juez para denegarla; (e) se tomará, además, en consideración la demora o interrupción de los procedimientos y su efecto sobre la adecuada administración de justicia; (f) deberá atender asimismo el tribunal al factor de la calidad de la representación que la parte habrá de ser capaz de procurarse, así como la complejidad de la controversia a adjudicarse; (g) la parte o el acusado tendrá el deber de cumplir esencialmente con las reglas procesales y el derecho sustantivo aplicable, aunque no se requerirá un conocimiento técnico de los mismos; (h) no está obligado el magistrado a ilustrar a quien opte por tal derecho acerca de esas leyes o reglas; (i) el magistrado tampoco viene obligado a nombrarle abogados asesores durante el proceso; (j) el magistrado no tiene el deber de inquirir respecto a las razones por las cuales ha elegido la representación por derecho propio, aunque en los casos que estime conveniente podría así hacerlo, y (k) finalmente, el magistrado tampoco tiene la obligación de informar al acusado o a las partes de su derecho a la autorrepresentación. Por último, y en armonía con la norma establecida en los casos de Pueblo v. Santaella, 91 D.P.R. 350 (1964), y B. Muñoz, Inc. v. Prod. Puertorriqueña, 109 D.P.R. 825 (1980), solamente las personas naturales pueden acudir a los tribunales en defensa de sus derechos bajo las circunstancias expuestas en esta opinión. Cada una de estas consideraciones deberán ser justamente balanceadas por el tribunal, atendiendo las circunstancias particulares del caso, los intereses de las partes y la eficiencia en la administración de la justicia."

Énfasis suplido

El derecho de las partes interventoras para comparecer en el presente caso asistidos por su propio derecho, se reviste de máxima importancia cuando el reclamo de los derechos de las partes interventoras, nace de unos derechos básicos que les han sido violados por haber mediado actos de fraude y ocultamiento de documentos sucesorios de naturaleza imprescriptibles. A esos efectos, en lo pertinente, nuestro Honorable Tribunal Supremo dispuso lo siguiente y citamos:

"... En armonía con la corriente que preconiza la fulminación del fraude, sin que se llegue a determinarlo por simples conjeturas, dijo este Tribunal...  ... Las cortes existen primordialmente con el fin de hallar un remedio para un daño legal. Esto es especialmente cierto en casos de fraude, cuando las simpatías del juzgador deben estar con la persona defraudada, de suerte que no debe privársele de su derecho por un motivo realmente técnico... ... Se ratificó la norma de escrutar cada situación sin ataduras técnicas procesales para exponer el fraude, si la evidencia inclina la honrada conciencia y buen sentido del juzgador de hechos... ... La misión principal de las cortes de justicia es proporcionar un remedio legal adecuado para la reparación de cualquier daño que haya sido ilegalmente causado al que ante ellas acude en demanda de auxilio. Ubi jus, ibi remedium. Mayor aun debe ser el celo y el cuidado de los tribunales, en el cumplimiento de tal alta misión, cuando se trata de perseguir o evitar el fraude y la simulación..." De Jesús Díaz v. Carrero, 112 D.P.R. 631, (1982) páginas 639 y 638

Énfasis suplido

Por otro lado, también es un ASUNTO PROPIO, el deber (legal, ciudadano, moral, civil y jurídico) que toda persona tiene de cumplir, defender y proteger los intereses, las leyes y la Constitución de la nación que lo cobija. Ese deber, se manifiesta inequívocamente cuando los ciudadanos tomamos la iniciativa de denunciar ante las autoridades competentes las prácticas ilícitas que minan el patrimonio financiero nacional, del cual depende la existencia del Estado mismo. Patrimonio común, cuya salud y existencia, repercute inexorablemente en nuestro patrimonio financiero personal. Es un deber ciudadano el contribuir a eliminar la ola criminal que continúa azotando a nuestra Isla en todos los niveles. Para ese fin existe nuestro sistema de justicia. En ese sentido, consciente de ello, en el caso Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 282 (1988), nuestro Honorable Tribunal Supremo dispuso lo siguiente y citamos:

 

"...Como es de todos conocido, la ola de criminalidad que ha venido azotando a nuestro país durante la última década ha causado que el número de casos criminales que se radican ante nuestros tribunales de instancia aumente de una manera vertiginosa. Ello, naturalmente, ha causado una gran congestión de casos en las salas de asuntos de lo criminal, con el consiguiente perjuicio para las personas que, en cumplimiento de su deber ciudadano, acuden a dichos tribunales en diferentes capacidades...."

 

Énfasis suplido.

 

Definitivamente, los problemas que le afectan a una nación le afectan igualmente a los ciudadanos que la componen. Y por otro lado, las prácticas de los ciudadanos constituyentes de la nación, favorecen o perjudican la imagen internacional de esa nación. A esos efectos, cumpliendo con nuestro deber ciudadano de vindicar el ordenamiento jurídico que nos rige y protege, cimentado en la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para la fecha del día 30 de diciembre del año 1997, tomamos la iniciativa de denunciar ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ciertas prácticas ilícitas que el Estado, la banca, el comercio y muchos ciudadanos de Puerto Rico están cometiendo en ésta Isla al igual que los Estados Unidos continentales, destinadas a destruir la estabilidad financiera (bancaria e hipotecaria) nacional e insular. Siendo el objetivo principal, el Tesoro de los Estados Unidos, que es patrimonio de todos los ciudadanos americanos como nosotros. A continuación, presentamos una transcripción fiel y exacta de la antedicha denuncia tal y como fue redactada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

LA DENUNCIA FEDERAL

 

 

 

Andrés López

Alberto Medina

Sucesión Basilio López Martín

Cond. Lago Vista 2 / 200 Blvd. Monroig 215 / Toa Baja, Puerto Rico 00949-4425

Tel. / Fax (787) 784-8875/ 1293

 

 

30 de diciembre de 1997

 

 

Mrs. Janet Reno

Attorney General of the United States of America

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

City Center Building, Suite 3000

1401 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20530

 

Estimada Sra. Reno:

 

Sirva la presente para informarle que en el territorio de la Isla de Puerto Rico, varias instituciones bancarias comerciales e hipotecarias (Bancos), que están operando como miembros del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, depositarios de la moneda norteamericana, en complicidad con varias agencias estatales, funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, personas naturales, jurídicas privadas, públicas y cuasi públicas, han DEFRAUDADO y continúan DEFRAUDANDO al Tesoro Federal de los Estados Unidos por más de $90 Billones de dólares ($90,000,000,000.00). Mediante el cometimiento de las siguientes prácticas ilícitas (DELITOS GRAVES), a saber:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones bancarias (Bancos comerciales e hipotecarios) autoras de los antedichos DELITOS GRAVES son:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las agencias públicas del Gobierno de Puerto Rico y sus funcionarios, co autores de los antedichos DELITOS GRAVES, son:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas naturales (empresarios), co autores de los antedichos DELITOS GRAVES, son:

 

 

 

 

 

 

Las personas jurídicas privadas, co autoras de los antedichos DELITOS GRAVES, son:

 

 

 

 

 

EL ORIGEN DE LOS DELITOS GRAVES

 

 

·                          Fraude Congresional y Constitucional

 

El cometimiento de los antedichos DELITOS GRAVES tiene su origen como consecuencia directa del cometimiento de un DELITO de carácter CONGRESIONAL y CONSTITUCIONAL. Relacionado a una violación de un estatuto vigente, emitido por el Congreso de los Estados Unidos el 1ro de mayo del año 1900, que prohibe a las personas jurídicas privadas en Puerto Rico (corporaciones y sociedades) dedicarse a los negocios de compra y venta de bienes raíces (proyectos de vivienda privados).

 

Estas personas jurídicas no pueden adquirir terrenos para luego dividirlos (segregarlos) en terrenos más pequeños (lotificaciones), construir estructuras permanentes (casas) en ellos y luego vender esos terrenos desarrollados al detal.

 

Las antedichas instituciones bancarias, en complicidad con las antedichas agencias del Gobierno de Puerto Rico, sus funcionarios, empresarios, personas jurídicas privadas, públicas y cuasi públicas, han violado y CONTINÚAN VIOLANDO el Artículo 3 de la Resolución Conjunta Número 23 del CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS, aprobada el 1ro de mayo del año 1900 (United States Congress Joint Resolution No. 23 of May 1, 1900, Sec. 3 / 31 Statutes at Large 716), incluido y vigente en las secciones 14 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual fue aprobada y ratificada por virtud de la Ley Pública 447 de los Estados Unidos. La cual a su vez fue aprobada por virtud de la Resolución Conjunta del Octogésimo Segundo (82th United States Congress) CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS, del 3 de julio de 1952, registrada en el Capítulo 567, 66 Statutes at Large 327; y la sección 752 del Título 48 del Código Anotado de los Estados Unidos (Territories and Insular Possessions / 48 U.S.C.A. sec. 752) ]; al promover, autorizar, mercadear, financiar interina y permanentemente operaciones criminales de cuello blanco relacionadas con la construcción de proyectos de vivienda privados (desarrollos urbanos - urbanizaciones), por personas jurídicas privadas (corporaciones y sociedades) dedicadas al NEGOCIO CONSTITUCIONAL y CONGRESIONALMENTE PROHIBIDO DE LA COMPRA Y VENTA DE BIENES RAÍCES.

 

El Derecho Aplicable

 

Antecedentes jurídicos

 

En lo pertinente, como antecedente jurídico del antedicho Artículo 3 de la Resolución Conjunta Número 23 del CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS, aprobada el 1ro de mayo del año 1900; La sección número 32 de la Primera Ley Orgánica (Ley Foraker ) aprobada el 12 de abril de 1900, por el Congreso de los Estados Unidos, para proveer, temporalmente, de rentas y un gobierno civil a la Isla de Puerto Rico, y para otros fines dice y citamos:

"Sec. 32. That the legislative authority herein provided shall extend to all matters of a legislative character not locally inapplicable, including power to create, consolidate, and reorganize the municipalities, so far as may be necessary, and to provide and repeal laws and ordinances therefor; and also the power to alter, amend, modify, and repeal any and laws and ordinances of every character now in force in Porto Rico, or any municipality or district thereof, not inconsistent with the provisions hereof: Provided, however, That all grants of franchises, rights, and privileges or concessions of a public or quasi-public nature shall be made by the executive council, with the approval of the governor, and all franchises granted in Porto Rico shall be reported to Congress, which hereby reserves the power to annul or modify the same."

(April 12, 1900, c. 191, sec. 32, 31 Stat. 83.)

 

Traducción al español según Leyes de Puerto Rico Anotadas (L.P.R.A.)

 

 

            "§ 32. [Poder Legislativo; municipios; franquicias]

Que la autoridad legislativa estatuida por la presente, se aplicará a todos los asuntos de carácter legislativo que no sean localmente inaplicables, incluyendo la facultad de crear, consolidar y reorganizar, según fuere necesario, los municipios, y acordar y derogar leyes y ordenanzas para los mismos; y también la facultad de alterar, reformar, modificar y derogar cualquiera o todas las leyes y ordenanzas, de cualquiera clase, actualmente vigentes en Puerto Rico o en cualquier municipio o distrito y que no se opusieren a lo prescrito aquí. Disponiéndose, sin embargo, que toda concesión de franquicias, derechos y privilegios, o concesión de carácter público o cuasipúblico, será otorgada por el Consejo Ejecutivo, con la aprobación del Gobernador, y todo privilegio concedido en Puerto Rico será comunicado al Congreso, el que por la presente se reserva la facultad de anularlo o modificarlo.

(Abril 12, 1900, cap. 191, sec. 32, 31 Stat. 83.)"

[ L.P.R.A. Documentos Históricos / Carta Orgánica (Acta Foraker) del 12 de abril de 1900, cap. 191, 31 Stat. 77 ]

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Ahora bien, en lo pertinente al antedicho Artículo 3 de la Resolución Conjunta Número 23 del CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS, aprobada el 1ro de mayo del año 1900, que enmendó la antedicha sección número 32 de la Primera Ley Orgánica (Ley Foraker ) aprobada el 12 de abril de 1900, por el Congreso de los Estados Unidos, para proveer, temporalmente, de rentas y un gobierno civil a la Isla de Puerto Rico, y para otros fines dice y citamos:

" Sec. 3. That all franchises, privileges or concessions granted under section thirty-two of said Act shall provide that the same shall be subject to amendment, alteration, or repeal; shall forbid the issue of stock or bonds, except in exchange for actual cash, or property at a fair valuation, equal in amount to the par value of the stock or bonds issued; shall forbid the declaring of stock or bonds dividends; and, in the case of public-service corporations, shall provide for the effective regulation of the charges thereof and for the purchase or taking by the public authorities of their property at a fair and reasonable valuation. No corporation shall be authorized to conduct the business of buying and selling real estate or be permitted to hold or own real estate except such as may be reasonably necessary to enable it to carry out the purposes for which it was created, and every corporation hereafter authorized to engage in agriculture shall by its charter be restricted to the ownership and control of not to exceed five hundred acres of land; and this provision shall be held to prevent any member of a corporation engaged in agriculture from being in any wise interested in any other corporation engaged in agriculture. Corporations, however, may loan funds upon real estate security, and purchase real estate when necessary for the collection of loans, but they shall dispose of real estate so obtained within five years after receiving the title. Corporations not organized in Porto Rico, and doing business therein, shall be bound by the provisions of this section so far as they are applicable. Aproved, May 1, 1900."

(United States Congress Joint Resolution No. 23 of May 1, 1900, Sec. 3 / 31 Stat. 716)

 

Traducción al español (según L.P.R.A.)

 

            "§ 3. [Términos de las franquicias; tenencia de tierras por corporaciones]

Que todas las franquicias, privilegios o concesiones, otorgados de acuerdo con la sec. 32 de dicha Ley, estarán sujetos a enmiendas, alteraciones o revocaciones. En ellos se prohibirá la emisión de acciones u obligaciones, excepto cuando tal emisión se realice a cambio de dinero al contado, o de propiedades cuyo justiprecio sea igual al valor, a la par, de las acciones u obligaciones expedidas; se prohibirá la declaración de dividendos de acciones u obligaciones; y cuando se trate de sociedades para llenar un servicio público, se acordarán reglamentos eficientes que fijen los precios de dicho servicio; y en caso de compra o adquisición por las autoridades públicas de las propiedades pertenecientes a dichas sociedades, los reglamentos fijarán el precio en un valor justo y razonable. Ninguna sociedad estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación; y, en lo sucesivo, el dominio y manejo de terrenos de toda sociedad autorizada para dedicarse a la agricultura, estarán limitados, por sus estatutos, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta previsión será adoptada para impedir a cualquier miembro de una sociedad agrícola que tenga interés de ningún género en otra sociedad de igual índole. Podrán, sin embargo, las sociedades efectuar préstamos, con garantías sobre bienes raíces; y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán enajenarlos dentro de los cinco años desde que reciban el título de propiedad de los mismos. Las sociedades que no hayan sido organizadas en Puerto Rico, y que hagan negocios allí, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en esta sección hasta donde sea aplicable. (Mayo 1, 1900, R.C. Núm. 23, sec. 3, 31 Stat. 716.)"

[ L.P.R.A. Documentos Históricos / Resolución Conjunta del Congreso del 1ro. de Mayo de 1900, Núm. 23, 31 Stat. 716 ]

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Ahora bien, en lo pertinente al antedicho Artículo 3 de la Resolución Conjunta Número 23 del CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS, aprobada el 1ro de mayo del año 1900; la Segunda Ley Orgánica (Ley Jones ) aprobada el 2 de marzo de 1917, por el Congreso de los Estados Unidos, para proveer un gobierno civil para Puerto Rico, que derogó la antedicha Primera Ley Orgánica (Ley Foraker ) aprobada el 12 de abril de 1900, excepto las secciones 2, 3, 4 y 11, dice y citamos:

 

(según L.P.R.A.)

 

            "§ 39. [Términos de las franquicias; tenencia de tierras por corporaciones]

Todas las concesiones de franquicias y privilegios que se otorguen de acuerdo con el artículo precedente, dispondrán que las mismas estarán sujetas a enmiendas, alteraciones o revocaciones, y prohibirán la emisión de acciones o bonos, excepto cuando tal emisión se realice a cambio de dinero al contado o de bienes, cuyo justiprecio se fijará por la Comisión de Servicio Público, por un montante igual al valor a la par de las acciones o bonos emitidos, y prohibirán la declaración de dividendos de acciones o bonos; y cuando se trate de corporaciones de servicio público proveerán para la eficiente reglamentación de los precios de dicho servicio, y para la compra o expropiación de sus bienes por las autoridades a un precio justo y razonable.

Nada de lo contenido en esta Ley será interpretado en el sentido de revocar o en alguna forma menoscabar o afectar la disposición contenida en la sec. 3 de la Resolución Conjunta aprobada en 1 de mayo de 1900, con respecto a la compra, venta o posesión de bienes inmuebles. El Gobernador de Puerto Rico dispondrá que se tenga preparado y se someta al Congreso en la legislatura que principiará el primer lunes de diciembre de 1917, un informe de todos los bienes inmuebles usados para fines agrícolas y poseídos, bien directa o indirectamente, por corporaciones, sociedades o individuos, en cantidades que excedan de quinientos acres.

(Marzo 2, 1917, cap. 145, art. 39, 39 Stat. 964; derogado en Julio 3, 1950, cap. 446, art. 5, 64 Stat. 320, ef. Julio 25, 1952.)"

[ L.P.R.A. Documentos Históricos / Carta Orgánica del 2 de marzo de 1917, Acta Jones ]

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Estatutos vigentes

 

Ahora bien, en lo pertinente a la antedicha sección 14 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, promulgada por el Gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, el 25 de julio de 1952, dice y citamos:

 

(según L.P.R.A.)

 

            "§ 14. [Tenencia de tierras por corporaciones].

Ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces; ni se le permitirá poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación; y el dominio y manejo de terrenos de toda corporación autorizada para dedicarse a la agricultura estarán limitados, por su carta constitutiva, a una cantidad que no exceda de quinientos acres; y esta disposición se entenderá en el sentido de impedir a cualquier miembro de una corporación agrícola que tenga interés de ningún género en otra corporación de igual índole.

Podrán, sin embargo, las corporaciones efectuar préstamos, con garantías sobre bienes raíces y adquirir éstos cuando sea necesario para el cobro de los préstamos; pero deberán disponer de dichos bienes raíces así obtenidos dentro de los cinco años de haber recibido el título de propiedad de los mismos.

Las corporaciones que no se hayan organizado en Puerto Rico, pero que hagan negocios en Puerto Rico, estarán obligadas a cumplir lo dispuesto en esta sección, hasta donde sea aplicable.

Estas disposiciones no impedirán el dominio, la posesión o el manejo de terrenos en exceso de quinientos acres por el Estado Libre Asociado y sus agencias o instrumentalidades."

[ L.P.R.A. Documentos Históricos / Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del 25 de julio de 1952, Sec. 14, Art. VI / Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos de Julio 3, 1952, cap. 567, 66 Stat. 327 ]

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Ahora bien, en lo pertinente a la antedicha sección 752 del Título 48 del Código Anotado de los Estados Unidos (Territories and Insular Possessions / 48 U.S.C.A. sec. 752) dice y citamos:

 

            "§ 752. Corporate real estate holdings

No corporation shall be authorized to conduct the business of buying and selling real estate or be permitted to hold or own real estate except such as may be reasonably necessary to enable it to carry out the purposes for which it was created, and every corporation authorized after May 1, 1900, to engage in agriculture shall by its charter be restricted to the ownership and control of not to exceed five hundred acres of land; and this provision shall be held to prevent any member of a corporation engaged in agriculture from being in any wise interested in any other corporation engaged in agriculture. Corporations, however, may loan funds upon real estate security, and purchase real estate when necessary for the collection of loans, but they shall dispose of real estate so obtained within five years after receiving the title. Corporations not organized in Puerto Rico, and doing business therein, shall be bound by the provisions of this section so far as they are applicable.

(May 1, 1900, No. 23, § 3, 31 Stat. 716; Mar. 2, 1917, c. 145, § 39, 39 Stat. 964; May 17, 1932, c. 190, 47 Stat. 158; July 3, 1950, c. 446, § 5(2), 64 Stat. 320.)"

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Ahora bien, en lo pertinente al antedicho Artículo 3 de la Resolución Conjunta Número 23 del CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS, aprobada el 1ro de mayo del año 1900, como mencionamos incluido y vigente en las antedichas secciones 14 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 752 del Título 48 del Código Anotado de los Estados Unidos; las secciones 401 a la 406 y la 431 a la 435 del Título 28 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Terrenos Públicos / 28 L.P.R.A. secs. 401 ~ 406 y 431 ~ 435) dicen y citamos:

  401. Persona jurídica, corporación y asociación, definición de.

Para los fines de esta ley el término "persona jurídica" se referirá a corporaciones privadas, compañías limitadas, sociedades, partnerships, joint-stock companies,  asociaciones voluntarias (incluyendo comunidades de bienes), business trusts, Massachusetts Trusts, common law trusts,  y cualquiera otra forma de organización corporativa o cualquier otra organización, sociedad o entidad creada con el propósito de llevar a cabo transacciones o lograr determinados objetivos, las cuales continúen existiendo a pesar de los cambios en sus miembros o en las personas que participan en ellas y cuyos asuntos sean dirigidos por un solo individuo, un comité, una junta o cualquier otro grupo que actúe con capacidad representativa, y cualquier otra asociación que sea una persona jurídica. El término "corporación" o "asociación" incluirá cualquier asociación u organización, o asociación u organización corporativa, ya se haya incorporado, organizado o constituido en algún estado de Estados Unidos, en una nación extranjera o en Puerto Rico. El término "persona jurídica" incluirá a todas las sociedades, no importa su forma, clase, denominación, carácter o naturaleza, e incluirá a todas las cooperativas, excepto las fincas de beneficio proporcional, según se describen, establecen y autorizan en esta ley.

(Abril 12, 1941, Núm. 26, p. 389, art. 57; Mayo 11, 1942, Núm. 197, p. 997, art. 14, ef. 90 días después de Mayo 11, 1942.)"

  402. Tenencia por persona jurídica de tierras en exceso de 500 acres, prohibida; penalidades; confiscación y venta; preferencia de la Autoridad de Tierras.

Se declara ilegal la adquisición, el dominio o cualquier otra forma de control directo o indirecto de tierras en exceso de quinientos (500) acres por cualquier persona jurídica, tal como dicho término se define en esta ley. Esta disposición será aplicable a cualquier extensión de terrenos que conjuntamente con las que el adquirente domine, posea, controle o explote al tiempo de la adquisición, hagan un total que exceda de quinientos (500) acres. Las personas jurídicas podrán, no obstante, efectuar préstamos con garantía sobre tierras y adquirir éstas cuando sea necesario para el cobro de préstamos, pero deberán enajenar el exceso sobre quinientos (500) acres dentro de los cinco (5) años desde que reciban el título de propiedad de las mismas.

Las acciones que se entablen por la violación de esta sección se regirán por las disposiciones generales del Código de Enjuiciamiento Civil y por las especiales de la Ley de Quo Warranto,  secs. 3391 a 3397 del Título 32, relativas a corporaciones dedicadas a la agricultura que posean tierras en exceso de quinientos (500)acres; Disponiéndose, por lo tanto, que cuando quedare probado que la persona jurídica, tal como dicho término se define en esta ley, ha realizado actos en contravención a las disposiciones de esta sección, la sentencia decretará la disolución de la entidad demandada si fuere domés tica, la prohibición de continuar haciendo negocios en el país si fuere extranjera; la nulidad de todos los actos y contratos realizados por la persona jurídica; la cancelación de los asientos o inscripciones que los mismos hayan producido en los registros públicos de Puerto Rico; y se podrá imponer una multa.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá, a su opción, dentro del propio procedimiento instar la confiscación de los bienes inmuebles de la entidad demandada, a su favor, o la enajenación de dichos bienes en pública subasta dentro de un término no mayor de seis (6) meses a contar desde la fecha en que se dicte sentencia final.

En todo caso la enajenación o confiscación se hará previa la indemnización correspondiente en la forma establecida en la Ley de Expropiación Forzosa, secs. 2901 a 2913 del Título 32, El Tribunal Supremo queda facultado para nombrar síndicos que a nombre y con la aprobación de dicho Tribunal Supremo tengan a su cargo exclusivo la liquidación y venta de los bienes de la persona o personas jurídicas afectadas. Los síndicos darán preferencia en la compra de tierra a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la cual tendrá una opción preferente por el justo valor de los bienes fijados en la sentencia final. Los síndicos tendrán el deber de iniciar la venta de las tierras dentro de un período no mayor de seis (6) meses de haber sido establecida la sindicatura. La Autoridad de Tierras tendrá derecho preferente a comprar dichas tierras, por justo valor, dentro de un período que no excederá de cinco (5) años, durante el cual no se podrá verificar la venta a ninguna otra persona o entidad. Este período de cinco (5) años podrá extenderse a un (1) año más mediante autorización de la corte a petición de la Autoridad. Después de este período o períodos, los terrenos se venderán en pública subasta. La Autoridad de Tierras tendrá prioridad o preferencia para comprar las tierras en la subasta pública en aquellos casos en que ofrezca un precio igual al ofrecido por el licitador más alto. Y los edictos que se publiquen así lo harán constar.

La infracción de la orden prohibiendo hacer negocios después de dictada sentencia firme será penada con multa máxima de quinientos (500) dólares por cada día que la entidad continuare ejerciendo sus funciones, ejecutable en los bienes de la entidad, y las personas que las representan incurrirán en desacato a la corte castigable con pena mínima de uno (1) a seis (6) meses de cárcel.

A los fines de fijar el valor de los bienes, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico queda autorizado para penetrar en las fincas o bienes objeto de controversia.

(Abril 12, 1941, Núm. 26, p. 389, art. 58; Mayo 14, 1943, Núm. 160, p. 521; Mayo 5, 1945, Núm. 57, p. 209; Const., art. IX, sec. 4, ef. Julio 25, 1952.)"

  403. Institución de acciones; evidencia.

Será deber del Secretario de Justicia de Puerto Rico instar las acciones o los procedimientos adecuados contra toda persona jurídica que, dedicada a la agricultura en Puerto Rico, domine, controle o posea tierras en exceso de quinientos (500) acres, ya sea directamente o por instrumentalidad de personas naturales, o jurídicas, o cuando hubiere motivos razonables para creer que se trata de instrumentalidades creadas y utilizadas en forma simulada o encubierta para violar y evadir la mencionada limitación de tierras, teniendo las cortes en la substanciación de tales acciones el poder de ejercer amplia discreción en la admisión de pruebas, penetrando a través de las formas, en los méritos y esencia del caso y teniendo en cuenta el propósito fundamental de esta ley y la urgencia pública de evitar que sea infringida o violada, directa o indirectamente, la referida limitación sobre tenencia de tierras.

(Abril 12, 1941, Núm. 26, p. 389, art. 59; Julio 24, 1952, Núm. 6, p. 11, ef. Julio 25, 1952.)"

  404. Cuándo una persona jurídica se considera que está dedicada a la agricultura.

Se considerará que está dedicada a la agricultura en Puerto Rico toda persona jurídica que, directa o indirectamente, siembre, cultive o coseche o permita que se siembre, cultive o coseche, productos agrícolas en tierras de su pertenencia o que estén bajo su dominio, posesión o control, así como aquellos que dominen, posean o controlen o sean dueños de tierras dedicadas o que puedan ser dedicadas a la siembra, cultivo o cosecha de productos agrícolas o a cualquier operación, actividad o proceso relacionado con la agricultura.

(Abril 12, 1941, Núm. 26, p. 389, art. 60, ef. 90 días después de Abril 12, 1941.)"

  405. Penalidades por ocultar tenencia, etc.

Toda persona natural que se hiciere aparecer como socio, accionista o como dueña o poseedora de tierras para encubrir o servir de instrumento a una persona jurídica en la violación de los preceptos limitativos de la tenencia de tierras a quinientos (500) acres o en la violación de la ley, será culpable de delito grave y convicta que fuere será condenada a presidio por un término de dos (2) a diez (10) años, a discreción del tribunal y las tierras de tal persona jurídica, cuyo título verdadero se tratase de ocultar o encubrir, revertirán al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y así se dispondrá en la sentencia que se dicte. Todo individuo que forme parte de una persona jurídica, o que actúe como agente en representación de tal persona jurídica, cuando esa persona jurídica fuere creada con el propósito expreso o tácito de ocultar la adquisición, enajenación, dominio, posesión o explotación de tierras en exceso de quinientos (500) acres o cualquier persona jurídica impedida de poseerlas directa o indirectamente, y todo individuo que forme parte de una persona jurídica que en efecto oculte la adquisición, enajenación, dominio, posesión o explotación de tierras en exceso de quinientos (500) acres, y todo individuo que en cualquier forma sirviere deliberadamente de instrumento para violar la política agraria anunciada en esta ley, será culpable de delito grave, y convicto que fuere, será condenado a presidio por un término de dos (2) a diez (10) años, a discreción del tribunal; y las tierras de las personas jurídicas que de tal manera hubieren tratado de encubrir, revertirán al Estado Libre Asociado, y así se dispondrá en la sentencia que se dicte.

(Abril 12, 1941, Núm. 26, p. 389, art. 61; Const., art. IX, sec. 4; Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31, ef. Julio 25, 1952.)"

  406. Contratos nulos; sociedades agrícolas.

Todo traspaso de tierras otorgado por personas jurídicas, según se define este término por esta ley, que sea efectuado después de la vigencia de esta ley, con el propósito de evadir las disposiciones y fines de la misma; y todos los contratos de prórroga de sociedades agrícolas que posean más de quinientos (500) acres de tierra otorgadas después de la vigencia de esta ley, serán nulos y sin ningún valor, sin que sea necesaria declaración judicial a ese efecto; Disponiéndose, sin embargo, que en el caso de sociedades agrícolas poseedoras de más de quinientos (500) acres de tierra contra las cuales se hubiese dictado sentencia por consentimiento por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en los procedimientos que para su disolución hubiese instado el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y que con motivo de tal sentencia por consentimiento hubiesen entrado en negociaciones con la Autoridad de Tierras de Puerto Rico para la venta de sus propiedades a dicha agencia gubernamental, tales sociedades podrán prorrogar su contrato social previo consentimiento de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico por un término que en ningún caso podrá exceder de dos (2) años. La constitución de nuevas sociedades agrícolas, cuya tenencia de tierras exceda de quinientos (500) acres, verificada con posterioridad a la fecha de vigencia de esta ley, será nula, sin que medie declaración judicial en tal sentido.

(Abril 12, 1941, Núm. 26, p. 389, art. 62; Mayo 11, 1942, Núm. 197, p. 997, art. 15; Mayo 15, 1947, Núm. 482, p. 1091; Const., art. IX, sec. 4, ef. Julio 25, 1952.)"

  431. Actos o contratos ilegales.

Será ilegal todo acto o contrato que de alguna forma menoscabe, afecte o viole la disposición contenida en el art. 3 de la Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos, aprobada en 1ro. de mayo de 1900, con respecto a la compra, venta o posesión de bienes inmuebles.

(Agosto 7, 1935, Núm. 48, p. 537, art. 1, ef. Agosto 7, 1935.)"

  432. Penalidad para las corporaciones.

Toda corporación que, abierta, fraudulenta o simuladamente o de alguna manera adquiriere en cualquier concepto tierras en violación de la disposición contenida en el art. 3 de la Resolución Conjunta del Congreso de Estados Unidos, aprobada en 1ro. de mayo de 1900, con respecto a la compra, venta o posesión de bienes inmuebles, será culpable de delito menos grave y convicta que fuere será penada con multa mínima de quinientos (500) dólares y máxima de mil (1,000) dólares.

(Agosto 7, 1935, Núm. 48, p. 537, art. 2, ef. Agosto 7, 1935.)"

  433. Penalidad para los individuos.

Toda persona que en cualquier carácter, funcionario, notario, agente, intermediario o de otro modo, que a sabiendas y con el propósito deliberado de violar la disposición contenida en el art. 3 de la Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos, aprobada en 1ro. de mayo de 1900, con respecto a la compra, venta o posesión de tierras, interviniere, directa o indirectamente, en cualquier acto o contrato que en forma alguna menoscabara o afectare o violare tal disposición de la citada Resolución Conjunta, será reo de delito menos grave y convicta que fuere se le castigará con una multa máxima de mil (1,000) dólares o con pena de cárcel por un término máximo de un (1) año o ambas penas, a discreción del tribunal.

(Agosto 7, 1935, Núm. 48, p. 537, art. 3, ef. Agosto 7, 1935.)"

  434. Penalidad por adquirir terrenos para beneficio de corporaciones; confiscación.

Toda persona que adquiriere simuladamente, a título propio para el uso o beneficio de una corporación, tierras en violación a lo dispuesto en el art. 3 de la Resolución Conjunta del Congreso de los Estados Unidos, de 1ro. de mayo de 1900, incurrirá en un delito menos grave, castigable con una multa máxima de quinientos (500) dólares y mínima de cien (100) dólares o cárcel por un término mínimo de tres (3) meses y máximo de un (1) año. La convicción de dicha persona aparejará la confiscación de los bienes así adquiridos o poseídos, para beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico mediante la compensación por éste de un precio razonable.

(Agosto 7, 1935, Núm. 48, p. 537, art. 4; Const., art. IX, sec. 4, ef. Julio 25, 1952.)"

  435. Tribunal que conocerá de infracciones.

El Tribunal Superior de Puerto Rico queda por la presente investido con jurisdicción original exclusiva para ver, juzgar y fallar todas las infracciones a las secs. 431 a 435 de este título, sin derecho a juicio por jurado.

(Agosto 7, 1935, Núm. 48, p. 537, art. 5; Julio 24, 1952, Núm. 11, p. 31, ef. Julio 25, 1952.)"

____________

 

Ahora bien, en lo pertinente, el Secretario de Justicia de Puerto Rico se ha pronunciado sobre el particular y citamos:

 

"Ninguna corporación, no importa su carácter o naturaleza, podrá dedicarse a la compra y venta de bienes raíces en Puerto Rico.

Op. Sec. Just. Núm. 6 de 1968."

"Una corporación no puede dedicarse a la compra y venta de bienes raíces, o, en forma alguna, acaparar tierras para especular en el mercado de bienes raíces.

Op. Sec. Just. Núm. 15 de 1966."

"Las corporaciones no agrícolas solamente están limitadas por la primera parte de la disposición de esta sección, que prohíbe a toda corporación efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces o poseer o tener dicha clase de bienes a excepción de aquellos que fuesen racionalmente necesarios para poder llevar adelante los propósitos a que obedeció su creación.

Op. Sec. Just. Núm. 70 de 1956."

 

También, en lo pertinente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado como sigue y citamos:

"Suponiendo que la prohibición de la Resolución Conjunta aprobada por el Congreso en Mayo 1, 1900, Núm. 23, sec. 3, 31 Stat. 716, que precede al Título 1 (ahora la Constitución, art. VI, sec. 14, que precede al Título 1), al efecto de que ninguna corporación estará autorizada para efectuar negocios de compra y venta de bienes raíces, sea aplicable a una corporación demandante dedicada exclusivamente a explotar un cementerio y que como incidente de ese negocio enajena parcelas para tumbas, si de su demanda no aparece que la misma se propone enajenar parcelas para tumbas en un cementerio para construir el cual ha solicitado permiso y le ha sido negado, no cabe sostener que de tal demanda surja que la corporación ha violado la Resolución Conjunta mencionada, y menos que carezca de capacidad para demandar." Picó v. Corte, 66 D.P.R. 159 (1946).

 

 

Modus Operandi

 

Descripción paso a paso de la operación delictiva

 

 

Adquisiciones fraudulentas de terrenos por personas jurídicas privadas

 

1. El "Modus Operandi" delictivo comienza cuando las antedichas personas jurídicas privadas (corporaciones y sociedades) dedicadas a los negocios de compra y venta de bienes raíces, por actos de simulación absoluta, en complicidad con los Notarios Públicos de Puerto Rico, simulan ante la Fe Pública Notarial la adquisición artificial de terrenos (bienes inmuebles), en fraude de acreedores.

 

Mediante el otorgamiento de instrumentos públicos (Escrituras) falsos, nulos e inexistentes ab initio (de inicio) ante Notarios Públicos. Siendo la causa de su falsedad, nulidad e inexistencia la carencia de objeto cierto en los contratos, debido a la parte vendedora no poder traspasar a la parte compradora los derechos domínicos de propiedad que no tiene ni nunca ha tenido.

 

Debido a su vez, al hecho de que esa parte vendedora nunca haber tenido la propiedad a título de dominio (dueño). Siendo por ende la ocupación de la propiedad objeto de las compraventas, producto de unos actos de usurpación en precario por la parte vendedora y de los que le antecedieron en la ocupación precaria.

 

Producto a su vez de la inmatriculación de otras Escrituras falsas, nulas e inexistentes ab initio, carentes de objeto cierto. Que se otorgaron a su vez como producto de la inmatriculación de unos informativos posesorios o de dominio falsos, sin perjuicio de terceros de mejor derecho a la propiedad en el Registro de la Propiedad, fundamentados en alegaciones falsas en virtud de otros instrumentos públicos o privados falsos, nulos e inexistentes ab initio, también carentes de objeto cierto. Siendo cómplices de esos actos múltiples notarios, los otorgantes y el Estado.

 

Constituyéndose por lo antedicho en ocupantes precaristas de mala fe, descansando en una publicidad registral inexistente, que no da ni quita derechos, no pudiéndose amparar nunca en ser terceros regístrales.

 

Produciéndose por la preparación, posesión e inscripción de los antedichos documentos falsos una gran cadena de tráfico ilegal de bienes inmuebles. Cuyos documentos el propio Gobierno de Puerto Rico ratifica y registra como legítimos, con pleno conocimiento de su falsedad. Debido a haberse violado las leyes que él mismo promulga. Siendo todos cómplices de cometer FRAUDES CONTRA LA FE PÚBLICA.

 

Todo ello, en violación a los derechos constitucionales de los dueños de esos terrenos (2,179,674 cuerdas), desde la fecha del 4 de febrero de año 1750, es decir, la Sucesión Basilio López Martín, de la cual los que suscriben son parte componente, como expondremos en detalles más adelante.

 

Las antedichas personas jurídicas ni sus antecesores en la ocupación precaria, ni tan siquiera tienen la posesión civil o natural, ni de hecho ni de derecho, como tampoco les cobija la prescripción adquisitiva extraordinaria, por el hecho de que no corre contra lo inexistente y nunca ha descursado ni descursa en favor de los precaristas.

 

Cuando el poseedor precarista inscribe el informativo posesorio en el Registro de la Propiedad se  convierte en deudor y la Sucesión en acreedor de éste , por el hecho de que por el acto de haber inscrito la posesión sin perjuicio de tercero de mejor derecho, incurre en la obligación de entregar la propiedad que ocupa al real dueño cuando el dueño lo exija, en cualquier momento sin importar el tiempo. Ser precarista significa que el ocupante que está a la voluntad del dueño.

 

Cualquier escritura pública que los compradores ostenten como prueba de su titularidad, como contrato nunca se constituyó, por faltar uno de los elementos esenciales del contrato, que es el objeto cierto, siendo por ende esas escrituras nulas e inexistentes ab initio.

 

Conforme a derecho el que no puede enajenar tampoco puede hipotecar ni pignorar ni afianzar. El precarista que inscribe la posesión en precario, por reconocer la existencia del dueño de la propiedad aunque lo desconozca por nombre, ante la fe pública registral y condicionado a no perjudicar los legítimos derechos de propiedad de ese tercero desconocido con mejor derecho a la propiedad como el real dueño, no puede traspasar los derechos de propiedad que nunca ha tenido, no tiene ni nunca conseguirá, ni por su título ya que no existe, ni por la prescripción adquisitiva extintiva (usucapión) ya que no descursa, ni por el acto del fraude mismo cometido.

 

Puesto que al reconocer la existencia de un dueño, en el inmueble que ocupa, ese solo hecho no permite descursar la prescripción a su favor, puesto que la interrumpe en su inicio. Además, el uso no puede ser transferido por ninguna clase de título. Declarar lo contrario ante la fe pública notarial y registral constituye la declaración de un hecho falso constituyendo ese acto como uno de fraude contra la Fe Pública que nunca prescribe, por  el cual el actor y autor no puede adjudicarse ni ganar derecho de propiedad de clase alguna.

 

Esta toma u ocupación de los inmuebles por virtud de unos actos de FRAUDE y SIMULACIÓN es cónsona con el delito de USURPACIÓN. Por virtud del cual nunca el actor puede adjudicarse título de dominio por prescripción adquisitiva extintiva extraordinaria (usucapión).

 

Es importante recordar que la usucapión descursa en favor del actor que se ampara en ella, en virtud de los actos de la posesión pacífica de éste y nunca por actos constitutivos de la USURPACIÓN realizada por éste.

 

Las antedichas personas jurídicas privadas realizan intencionalmente estas adquisiciones de terrenos simuladas con el único propósito de construir urbanizaciones y condominios (desarrollos urbanos privados), a sabiendas y con pleno conocimiento de causa de que esas actividades son ILEGALES y están PROHIBIDAS por las antedichas secciones 14 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 752 del Título 48 del Código Anotado de los Estados Unidos.

 

Por otro lado, a veces las antedichas personas jurídicas privadas suscriben con las partes vendedoras (precaristas) contratos falsos nulos e inexistentes ab initio de opción de compraventa, donde la consumación de la compraventa dependerá de que las Agencias del Gobierno de Puerto Rico aprueben los permisos de construcción FRAUDULENTOS de los desarrollos urbanos planificados por éstas, que discutiremos a continuación.

 

Diseño y planificación fraudulenta de desarrollos urbanos privados

 

2. Ahora bien, una vez las antedichas personas jurídicas privadas, simularon la adquisición de los terrenos, por los antedichos actos de simulación absoluta, con la clara e inequívoca intención de desarrollarlos ILEGALMENTE, comienzan contratando los servicios profesionales de varios Ingenieros Civiles, Agrimensores y Arquitectos con el propósito de que estos les diseñen los planos y planifiquen la conceptualización de los proyectos de desarrollo urbano que tienen en mente, a construirse en los terrenos SIMULADAMENTE adquiridos. Y además, para que tramiten ante las Agencias públicas del Gobierno de Puerto Rico, las solicitudes de los permisos FRAUDULENTOS necesarios para poder construir los mismos.

 

Como se puede apreciar aquí, los Ingenieros Civiles, Agrimensores y Aquitectos en complicidad con su clientes (las personas jurídicas privadas) se prestan para planificar unos desarrollos urbanos ILEGALES, INCONSTITUCIONALES y CRIMINALES. A sabiendas, con pleno conocimiento de causa.

 

Expedición de permisos fraudulentos de construcción y desarrollo urbano a personas jurídicas privadas

 

3. Ahora bien, una vez los antedichos Ingenieros Civiles, Agrimensores y Arquitectos contratados diseñaron los planos y la conceptualización del proyecto de desarrollo urbano privado ilegal, proceden por encargo de sus clientes a solicitar los permisos FRAUDULENTOS de segregación (lotificación) ante las Agencias gubernamentales conocidas como la Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico (ARPE) y el de construcción o de consulta de ubicación ante la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR), sometiendo con la solicitud los antedichos documentos FALSOS, compareciendo como peticionarios o proponentes.

 

Una vez las antedichas Agencias públicas reciben las solicitudes, proceden a celebrar vistas públicas invitando a otras Agencias públicas relacionadas y al público en general a expresarse sobre el proyecto propuesto.

 

En la práctica, las susodichas vistas públicas resultan ser inefectivas a su propósito. Siendo su función una meramente cosmética o de apariencia. Por el hecho de que a pesar de que las antedichas Agencias conocen la ilegalidad de los proyectos propuestos, al final siempre los aprueban.

 

Por otro lado, aunque parezca increíble, a pesar de que los proyectos de desarrollo urbano propuestos son ILEGALES, otras Agencias públicas que rinden servicios de utilidades (de energía eléctrica, agua, teléfono y carreteras) conocidas como la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, la Puerto Rico Telephone Company y el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, a sabiendas, con pleno conocimiento de la causa ILEGAL siempre endosan los mismos, mediante comunicaciones escritas.

 

Como se puede apreciar, las antedichas Agencias públicas y sus funcionarios contrario ha obedecer las leyes y reglamentos que los rigen tanto a ellos como a todos los ciudadanos, participan como cómplices de los desarrollos urbanos ilegales a manera de una CONSPIRACIÓN, sin importarle en lo más mínimo la violación del antedicho estatuto CONGRESIONAL y CONSTITUCIONAL.

 

Notamos como se han prestado para el cometimiento y ENCUBRIMIENTO de los antedichos DELITOS GRAVES. Otorgando permisos de construcción y segregación (lotificación) COMPLETAMENTE FALSOS, NULOS E INEXISTENTES AB INITIO, carentes de objeto cierto.

 

¿ Como es posible que las Agencias públicas y sus funcionarios ignoren un estatuto CONSTITUCIONAL que los rige ?

 

Financiamiento interino hipotecario fraudulento

 

4. Ahora bien, una vez las antedichas Agencias públicas (de utilidades) endosan el proyecto; y la Administración de Reglamentos y Permisos de Puerto Rico (ARPE) y la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR), emiten sus PERMISOS ILEGALES (Resoluciones) autorizando las segregaciones y la consulta de ubicación del proyecto propuesto; las personas jurídicas proceden a solicitar el financiamiento interino de construcción ante las antedichas instituciones bancarias (Bancos comerciales e hipotecarios).

 

A pesar de que la institución bancaria reconoce que el desarrollo urbano y los permisos presentados son ILEGALES, ésta le FINANCIA LA OPERACIÓN ILEGAL Y DELICTIVA a la persona jurídica privada, otorgándole un préstamo interino de construcción garantizado con Hipoteca, mediante la preparación de DOCUMENTOS NOTARIALES HIPOTECARIOS FALSOS, carentes de objeto cierto (Escrituras de Hipotecas), presentándolos para su inscripción ante el Registrador de la Propiedad como legítimos. Siendo también el antedicho funcionario público cómplice del fraude al ratificar como legítimos esos documentos, a pesar de que a sabiendas reconoce de que no lo son. USÁNDOSE LA MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN ESTAS OPERACIONES CRIMINALES.

 

¿ Como es posible que una institución bancaria miembro del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, asesorada por abogados, se atreva a DEFRAUDAR al Tesoro Federal de los Estados Unidos, otorgando DOCUMENTOS FINANCIEROS FALSOS ?

 

Obras de construcción fraudulentas

 

5. Ahora bien, una vez las antedichas personas jurídicas privadas se les aprueba el antedicho financiamiento interino, proceden a contratar ILEGALMENTE a distintas empresas dedicadas a la construcción para la realización de sus proyectos de desarrollo urbano ILEGALES.

 

En esta etapa, aunque la administración de esas empresas constructoras reconoce que sus clientes no pueden dedicarse al negocio de compra y venta de bienes raíces, los encubren en los actos delictivos, aceptando darle servicios, haciéndose cómplices de los DELITOS GRAVES de sus clientes, a manera de una CONSPIRACIÓN. Derivando así ingresos ilícitos.

 

Nuestro estado de Derecho no le da licencia a las empresas dedicadas a la construcción, para que lleven a la realización los proyectos de sus clientes, a sabiendas de que esos proyectos de desarrollo urbano son ILEGALES.

 

Mercadeo fraudulento de bienes raíces

 

6. Ahora bien, una vez las antedichas obras de construcción del desarrollo urbano ILEGAL han comenzado, las antedichas personas jurídicas privadas proceden a publicar en los distintos medios de la prensa escrita, radial y televisada múltiples anuncios con el fin de promover ante la comunidad en general la venta de las unidades de vivienda ILEGALES ya construidas o por construirse.

 

Debido a que las labores de venta y el de atender al público interesado en los bienes inmuebles son tediosas, las antedichas personas jurídicas optan por contratar ILEGALMENTE los servicios de una empresa corredora de bienes raíces, para que ésta se encargue de todas esas labores conducentes al cierre de las compraventas. Participando éstas empresas como intermediarios entre la persona jurídica y el consumidor o cliente.

 

En esta etapa, aunque la administración de esas empresas corredoras de bienes raíces reconoce que sus clientes no pueden dedicarse al negocio de compra y venta de bienes raíces, los encubren en los actos delictivos, aceptando darle servicios, haciéndose cómplices de los DELITOS GRAVES de sus clientes, a manera de una CONSPIRACIÓN. Derivando así ingresos ilícitos.

 

Nuestro estado de Derecho no le da licencia a las empresas corredoras de bienes raíces, para que dediquen a vender unos bienes inmuebles de un desarrollo urbano, a sabiendas de que esos proyectos son ILEGALES.

 

Financiamiento permanente hipotecario fraudulento

 

7. Ahora bien, una vez el consumidor se interesa en comprar la unidad de vivienda de su preferencia, el corredor de bienes raíces procede a requerirle un depósito ILEGAL para reservarle la misma, mientras se tramita la solicitud del financiamiento hipotecario permanente (de 30 años) en un periodo de 30 a 60 días.

 

Una vez cualquiera de las antedichas instituciones bancarias aprueban el financiamiento hipotecario permanente solicitado, las antedichas personas jurídicas y el consumidor comparecen ante un Notario Público, para el otorgamiento ILEGAL de la Escritura de Compraventa FRAUDULENTA, NULA e INEXISTENTE AB INITIO, carente de objeto cierto. DEFRAUDANDO A LA FE PÚBLICA. Siendo todas las partes cómplices del FRAUDE.

 

Luego del otorgamiento ILEGAL de la antedicha Escritura de Compraventa, cualquiera de las antedichas instituciones bancarias aplicables y el consumidor comparecen ante un Notario Público (escogido por el Banco), para el otorgamiento ILEGAL de la Escritura de Hipoteca FRAUDULENTA, NULA e INEXISTENTE AB INITIO, carente de objeto cierto. Instrumento público por el cual se financiará FRAUDULENTAMENTE el inmueble "supuestamente" adquirido. DEFRAUDANDO nuevamente A LA FE PÚBLICA. Siendo todas las partes cómplices del FRAUDE.

 

En esta etapa, las antedichas personas jurídicas que desarrollaron el proyecto, liberan el solar segregado vendido de la HIPOTECA INEXISTENTE (Préstamo Interino de Construcción) con el dinero recibido producto del FINANCIAMIENTO PERMANENTE INEXISTENTE y FRAUDULENTO.

 

Como se puede apreciar, tanto la COMPRAVENTA como el FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO PERMANENTE (de 30 años) no existen ni nunca han existido, por carecer de objeto cierto. Todo es producto de una operación DELICTIVA y CRIMINAL.

 

¿ Como es posible que una institución bancaria en Puerto Rico, miembro del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, asesorada por abogados, se atreva a DEFRAUDAR al Tesoro Federal de los Estados Unidos, otorgando DOCUMENTOS HIPOTECARIOS FALSOS y nadie se percate de ello ?

 

¿ Como es posible que los Notarios Públicos de Puerto Rico se presten para el otorgamiento de instrumentos públicos falsos, siendo autores en complicidad con sus clientes de DELITOS GRAVES contra la Fe Pública y nadie se percate de ello ?

 

Si partimos de la premisa que desde el año de 1940 se han construido aproximadamente unas 400,000 unidades de vivienda en Puerto Rico, con un valor de tasación promedio de $75,000 dólares, cabe concluir, que mediante el financiamiento fraudulento antes descrito se ha producido un capital mínimo de 30 Billones de dólares. Y si tomamos en consideración los intereses hipotecarios producidos en un plazo de 30 años, multiplicando la última cifra por el factor de 3, tendríamos que realmente el financiamiento fraudulento ha producido por lo menos 90 Billones de dólares ($90,000,000,000.00) de LAVADO DE DINERO.

 

Instrumentos hipotecarios de inversión y suscripción de pólizas de seguro fraudulentos

 

8. Ahora bien, una vez las antedichas instituciones bancarias otorgan el financiamiento hipotecario permanente, proceden a crear un "pool" de esas hipotecas, con el propósito de vender esos créditos INEXISTENTES, en forma de cupones o bonos de descuento (Mortgage Bonds), en los mercados primarios y secundarios de los Estados Unidos, con el único fin de poder recuperar el capital hipotecario invertido (prestado), para poder seguir financiando otros proyectos e hipotecas ILEGALES.

 

DEFRAUDANDO al Tesoro Federal de los Estados Unidos y a los inversionistas Americanos, usando como instrumentos de sus delitos a las entidades federales conocidas como la Government National Mortgage Association (GNMA - Ginnie Mae), la Federal National Mortgage Association (FNMA - Fannie Mae), la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) y el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC); que participan como agentes de ventas de los instrumentos de inversión FALSOS.

 

De esta manera las antedichas instituciones bancarias en Puerto Rico en complicidad con las personas jurídicas privadas dedicadas al negocio constitucionalmente prohibido de la compra y venta de bienes raíces LAVAN EL DINERO.

 

Es importante señalar que las antedichas instituciones bancarias en Puerto Rico no solo están otorgando financiamiento permanente en proyectos de desarrollo urbanos nuevos, sino que también lo están haciendo en los desarrollos urbanos ILEGALES viejos, que fueron financiados por otras instituciones bancarias desaparecidas o consolidadas (fusionadas) a ellos.

 

Las antedichas instituciones bancarias e hipotecarias se están APROPIANDO ILEGALMENTE de los capitales que los inversionistas americanos invierten en esos cupones de descuento hipotecarios FALSOS. Por que les están vendiendo unos instrumentos de inversión cuyo colateral NO EXISTE.

 

Por otro lado, cuando las antedichas instituciones bancarias e hipotecarias venden los antedichos instrumentos de inversión hipotecarios, DEFRAUDAN a las empresas aseguradoras de títulos en los Estados Unidos. Al suscribir pólizas de seguros sobre unas Hipotecas que a conciencia saben que NO EXISTEN.

 

Con la clara intención de TIMAR a las antedichas empresas aseguradoras, dándole la apariencia al inversionista de que su inversión está asegurada cuando la realidad es que no lo está. Por la sencilla razón de que si la empresa aseguradora supiera el plan premeditado para defraudarla, no le otorgaría la póliza solicitada. Aparentando todo ser un negocio seguro cuando la realidad es que no lo es.

 

En todas las antedichas operaciones CRIMINALES las instituciones bancarias e hipotecarias utilizan el Servicio Postal de los Estados Unidos, como instrumento para recibir, enviar dineros y documentos FRAUDULENTOS.

 

Como puede apreciar, las antedichas instituciones bancarias e hipotecarias están utilizando y viajando a las facilidades físicas federales de los Estados Unidos como instrumentos de sus OPERACIONES CRIMINALES CONTINUAS DE CUELLO BLANCO.

 

Servicios hipotecarios fraudulentos de cobro de dinero (servicing)

 

9. Ahora bien, una vez las antedichas instituciones bancarias venden el crédito hipotecario INEXISTENTE en los mercados primarios y secundarios, proceden a darle servicio al inversionista tenedor del crédito.

 

Haciéndole creer que TODO ESTA BIEN y que el crédito hipotecario adquirido por éste existe y es legal, cuando la realidad es que no lo es. Ocupándose de todas las labores de cobrarle mensualmente a los consumidores los intereses y el principal del préstamo hipotecario INEXISTENTE.

 

Aquí la institución bancaria participa como un intermediario entre el inversionista y el consumidor. Provocando que se genere un ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Donde se cobran unos intereses y principal que no se deben de cobrar por el hecho de que la obligación hipotecaria no existe ni nunca ha existido.

 

Permitiéndose que tanto el inversionista como la institución bancaria generadora del FRAUDE se lucren mutuamente por virtud de un instrumento de inversión que NO EXISTE. Siendo toda la operación financiera producto de un artífice (TIMO) o simulación absoluta.

 

Ejecuciones de hipotecas fraudulentas

 

10. Ahora bien, por otro lado, como parte de los antedichos servicios de cobro de hipotecas INEXISTENTES, que las antedichas instituciones bancarias ofrecen a los compradores (inversionistas), también, a cambio de una compensación, le dan el servicio de ejecutar el crédito hipotecario INEXISTENTE adquirido, cuando el mismo está vencido (por morosidad) debido al consumidor no haber efectuado los pagos mensuales convenidos en el contrato hipotecario INEXISTENTE (Escritura de Hipoteca).

 

En esta etapa, la institución bancaria comparece ante el Tribunal de Primera Instancia como parte demandante (como tenedora del crédito hipotecario que NO EXISTE), en una causa de acción civil de Ejecución de Hipoteca por la Vía Ordinaria, con el propósito de obtener una Sentencia que le permita vender en Pública Subasta el inmueble simuladamente hipotecado.

 

Aquí, a sabiendas de que el crédito hipotecario que se ejecuta es FALSO, NULO e INEXISTENTE AB INITIO, tanto el Tribunal, como la parte demandante y los licitadores participan en un proceso judicial FRAUDULENTO, con pleno conocimiento de causa. Permitiendo que se efectúe una COMPRAVENTA FRAUDULENTA. Que más tarde el Registrador de la Propiedad inscribe en sus libros como  una compraventa legítima cuando realmente no lo es.

 

Como explicaremos más adelante, a pesar de que los Tribunales se han pronunciado en contra de las prácticas FRAUDULENTAS, como se refleja en la jurisprudencia, se han prestado para ser autores y cómplices de FRAUDES.

 

ESTAS SUBASTAS PÚBLICAS FRAUDULENTAS SON UN INSTRUMENTO PARA LAVAR DINERO. Aquí el FRAUDE genera más FRAUDE. Y siendo la causa nula también nulo es el efecto.

 

Financiamiento bursátil fraudulento

 

11. Por otro lado, las antedichas instituciones bancarias en Puerto Rico, que son públicas, están utilizando la Bolsa de Valores norteamericana como instrumento para financiar sus operaciones ilícitas. DEFRAUDANDO al Tesoro Federal y a los inversionistas en los Estados Unidos.

 

DEFRAUDANDO también a la Comisión de Intercambio de Valores (Security Exchange Commission - SEC), al reportar ante esta agencia federal activos hipotecarios INEXISTENTES producto del FRAUDE (cartera de hipotecas). Toda esa información falsa la publican y difunden en sus estados financieros a través del Servicio Postal de los Estados Unidos, por teléfono y a través de la red del INTERNET.

 

La venta de sus acciones en el mercado bursátil Americano, les provee de unos altos capitales para poder continuar sus EMPRESAS CRIMINALES CONTINUAS DE CUELLO BLANCO.

 

LA BOLSA DE VALORES DE WALL STREET SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LAVAR DINERO MAS GRANDE QUE UTILIZAN, que financia gran parte de sus operaciones delictivas.

 

Hasta el presente, los inversionistas Americanos, dueños de gran parte de esas acciones no se han dado cuenta del peligro que corren sus capitales invertidos.

 

¡ Y  SOLO  USTED  PUEDE  PROTEGERLOS !

 

 

El Derecho Aplicable

 

 

Ahora, examinemos el Derecho estatal y federal aplicable a los antedichos DELITOS GRAVES mencionados.

 

Fraude

 

Derecho Estatal

 

Con respecto a los efectos que los actos constitutivos de FRAUDE tienen sobre los funcionarios públicos, la seccción 1491 del Título 3 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Poder Ejecutivo / 3 L.P.R.A. sec. 1491) dice y citamos:

 

  1491. Prohibición.

Se prohíbe a toda persona aspirar u ocupar cargo electivo alguno y en los casos que más adelante se dispone, por el término de veinte (20) años, ocupar cargos o puestos en el servicio público, si ha sido convicta en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la jurisdicción federal o en cualquiera de los estados de los Estados Unidos de América, por cualesquiera de los delitos siguientes siempre y cuando constituyan delito grave y se hayan cometido en el ejercicio de una función pública. En caso de que una persona resulte convicta en cualquiera de las jurisdicciones mencionadas, por cualquiera de los delitos menos graves de los que se enumeran a continuación, dicha persona no podrá aspirar u ocupar ningún cargo electivo o puesto en el servicio público por el término de ocho (8) años, a partir de la convicción. Se entenderá por función pública cualquier cargo, empleo, puesto, posición o función en el servicio público, ya sea en forma retribuida o gratuita, permanente o temporal, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o designación para la Rama Legislativa, Ejecutiva o Judicial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como cualquiera de sus agencias, departamentos, subdivisiones, instrumentalidades, corporaciones públicas o municipios. Disponiéndose, que aplicará de igual forma la prohibición o inhabilitación de aspirar a un cargo electivo u ocupar una posición en el empleo o servicio público a aquellas personas que aunque no sean funcionarios públicos al momento de cometer tales delitos, resulten convictas como coautores de funcionarios públicos en la comisión de los mismos.

(1) Apropiación ilegal agravada;

(2) extorsión;

(3) daño agravado;

(4) sabotaje de servicios públicos esenciales;

(5) fraude en las construcciones;

(6) fraude en la entrega de cosas;

(7) enriquecimiento ilícito de funcionario público;

(8) aprovechamiento por funcionario de trabajos o servicios públicos;

(9) negociación incompatible con el ejercicio del cargo público;

(10) intervención indebida en los procesos de contratación de subasta o en las operaciones del gobierno;

(11) retención de documentos que deben entregarse al sucesor;

(12) destrucción o mutilación de documentos por funcionarios públicos;

(13) certificaciones falsas expedidas por funcionarios públicos;

(14) archivo de documentos falsificados;

(15) soborno;

(16) soborno (delito agravado);

(17) soborno de testigo;

(18) oferta de soborno;

(19) influencia indebida;

(20) delitos contra fondos públicos;

(21) posesión ilegal de recibos de contribuciones;

(22) compra por colector, de bienes vendidos para pagar contribuciones;

(23) venta ilegal de bienes;

(24) preparación de escritos falsos;

(25) presentación de escritos falsos;

(26) falsificación de documentos;

(27) posesión y traspaso de documentos falsificados;

(28) falsificación de asientos en registros;

(29) falsificación de sellos;

(30) falsificación de licencia, certificado y otra documentación;

(31) posesión de instrumentos para falsificación.

Los delitos antes mencionados están estatuidos en las secciones 4272, 4281, 4286, 4288, 4306, 4307, 4351 a 4353a, 4355, 4356, 4358 a 4364, 4391, 4396 a 4398, 4437, 4438, 4591 a 4596, respectivamente, del Título 33.

(Agosto 5, 1993, Núm. 50, art. 1, ef. Agosto 5, 1993.)"

 

También, con respecto a las penas por los actos constitutivos de FRAUDES bancarios, la seccción 155 del Título 7 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Banca / 7 L.P.R.A. sec. 155) dice y citamos:

 

  155. --Penalidades por dejar de rendirlos o rendir informes falsos.

Si un banco o banco extranjero dejase de rendir sus informes dentro del plazo que establezca el Secretario de Hacienda, tal banco será penalizado con una multa administrativa de veinticinco (25) dólares por cada día de demora en la remisión del tal informe.

Si un banco o banco extranjero dejase de remitir dicho informe en dos (2) ocasiones consecutivas, el Secretario de Hacienda podrá solicitar la disolución y liquidación de dicho banco o banco extranjero.

Si cualquier director, oficial o empleado de un banco o banco extranjero a sabiendas hiciera un asiento falso o suministrare datos, informes o hiciere manifestaciones en cualquier informe que solicite el Secretario de Hacienda bajo las disposiciones de la sec. 154 de este título, con la intención de perjudicar o defraudar al banco o a cualquier otra compañía, persona o corporación jurídica, o a cualquier individuo o de engañar a cualquier oficial del banco o a cualquier examinador o al Secretario de Hacienda, dicho director, oficial o empleado será considerado culpable de un delito grave (felony ) y será castigado con prisión por un término no mayor de cinco (5) años.

Cualquier persona que a sabiendas, en su propio nombre o en representación de una persona natural o jurídica, suministre a un banco o banco extranjero información o estados financieros falsos, con el propósito de inducir al banco o banco extranjero a conceder crédito, a dar facilidades bancarias o a efectuar cualquier negocio con la persona, natural o jurídica, con relación a la cual se rindieron los estados financieros falsos o se dio la información falsa, será culpable de un delito menos grave (misdemeanor ) y convicta que fuere será castigada con una multa no menor de mil dólares (1,000) o prisión por un término no menor de un año, o ambas penas, a discreción del tribunal.

(Mayo 12, 1933, Núm. 55, p. 323, sec. 33; Mayo 15, 1950, Núm. 430, p. 1057, art. 11; Septiembre 7, 1961, Núm. 12, p. 371, art. 1, ef. 60 días después de Septiembre 7, 1961.)"

 

Con respecto a los actos ilegales relacionados o constitutivos de FRAUDE, las secciones 2, 4, 5, 14, 20, 22, 1064, 1596, 1602, 3391, 3432, 3516 y 5277 del Título 31 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Código Civil  / 31 L.P.R.A. secs. 2, 4, 5, 14, 20, 22, 1064, 1596, 1602, 3391, 3432, 3516 y 5277) dicen y citamos:

 

  2. Ignorancia de las leyes.

La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.

(Código Civil, 1930, art. 2.)"

  4. Actos contrarios a la ley; renuncia de derechos.

Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez.

Los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero.

(Código Civil, 1930, art. 4.)"

  5. Derogación de las leyes.

Las leyes sólo se derogan por otras leyes posteriores; y no prevalecerá contra su observancia el desuso, la costumbre, o la práctica en contrario.

Las leyes pueden ser derogadas, o entera o parcialmente, por otras leyes.

(Código Civil, 1930, art. 5.)"

  14. Cuando la ley es clara se observará su letra.

Cuando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.

(Código Civil, 1930, art. 14.)"

  20. Leyes que declaren nulos ciertos actos.

Cuando las leyes, para prevenir fraudes o por motivos de utilidad pública, declaren ciertos actos nulos, sus disposiciones no deben ser dispensadas o incumplidas por la razón de que haya sido probado que en la cuestión particular de que se trate no haya fraude o no resulte ser contraria a la utilidad pública.

(Código Civil, 1930, art. 20.)"

  22. Ley civil será igual para todos.

La ley civil es igual para todos, sin distinción de personas ni de sexo, exceptuando los casos en que especialmente se declare lo contrario.

(Código Civil, 1930, art. 22.)"

  1064. Muebles por disposición de ley.

Las cosas muebles por disposición de la ley son las obligaciones y las acciones cuyo objeto sea cobrar dinero debido o muebles que lo sean por su naturaleza, aunque dichas obligaciones vayan acompañadas de una hipoteca; las obligaciones que tienen por objeto un hecho determinado y aquéllas otras que por su naturaleza lleven consigo una indemnización de perjuicios; las acciones o intereses en bancos o compañías de comercio, industrias, o cualquiera otra especulación, aun cuando fueren poseedores de bienes inmuebles que dependan de dichas empresas. Tales acciones o intereses son considerados como muebles respecto de cada miembro de una sociedad durante el tiempo de su existencia; pero si la sociedad fuese disuelta, el derecho que cualquiera de sus miembros tuviese para reclamar la división de los bienes inmuebles o una participación en ellos, producirá una acción real.

(Código Civil, 1930, art. 268.)"

  1596. Arriendo o traspaso, prohibidos.

Los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por ninguna clase de título.

(Código Civil, 1930, art. 456.)"

  1602. Cuidado y atención requeridos.

La persona a quien se hubiere concedido el uso o el derecho de habitación está obligada a disfrutar de la cosa en la cual recayere, con el cuidado y diligencia de un buen padre de familia, y a devolverla a su dueño al concluir el término del uso o de la habitación en el mismo estado en que la hubiere recibido, y será responsable de los perjuicios que aquélla recibiere por su negligencia o fraude.

(Código Civil, 1930, art. 462.)"

  3391. Requisitos del contrato.

No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:

(1) Consentimiento de los contratantes.

(2) Objeto cierto que sea materia del contrato.

(3) Causa de la obligación que se establezca.

(Código Civil, 1930, art. 1213.)"

  3432. Contratos sin causa; causa ilícita.

Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.

(Código Civil, 1930, art. 1227.)"

  3516. --Ilegalidad que constituye delito o falta.

Cuando la nulidad provenga de ser ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye un delito o falta común a ambos contratantes, carecerán de toda acción entre sí, y se procederá contra ellos, dándose además a las cosas o precio que hubiesen sido materia del contrato, la aplicación prevenida en el Código Penal, respecto a los efectos o instrumentos del delito o falta.

Esta disposición es aplicable al caso en que sólo hubiere delito o falta de parte de uno de los contratantes; pero el no culpado podrá reclamar lo que hubiese dado, y no estará obligado a cumplir lo que hubiera prometido.

(Código Civil, 1930, art. 1257.)"

  5277. Bienes muebles hurtados o robados.

Las cosas muebles hurtadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómplices o encubridores a no haber prescrito el delito o falta, o su pena y la acción para exigir la responsabilidad civil, nacida del delito o falta."

(Código Civil, 1930, art. 1856.)"

 

Con respecto a las penas por los delitos constitutivos de FRAUDE, las secciones 1966, 3412, 4304, 4307 y 4398 del Título 33 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Código Penal / 33 L.P.R.A. secs. 1966, 3412, 4304, 4307 y 4398) dicen y citamos:

 

  1966. Omisión de dar entrada en libros; destrucción o alteración de libros, papeles, etc.

Todo director, oficial, miembro o agente de alguna corporación, o sociedad por acciones, que a sabiendas recibiere o adquiriere alguna propiedad de dicha corporación o sociedad, salvo en pago de justa reclamación o que, con intención de defraudar, omitiere hacer o mandar hacer un asiento minucioso y exacto de ello en los libros o cuentas de dicha corporación o sociedad, o que con intención de defraudar, destruyere, alterare, mutilare o falsificare cualquiera de los libros, papeles, escrituras o resguardos pertenecientes a dicha corporación o sociedad, o que hiciere o consintiere en cualquier asiento falso, u omitiere o consintiere en la omisión de cualquier asiento importante en algún libro de cuentas, registro o documento llevado por dicha corporación o sociedad, incurrirá en pena de presidio por un término de tres a diez años, o cárcel por un término máximo de un año, o multa máxima de quinientos dólares, o multa y prisión, a arbitrio del tribunal.

(Código Penal, 1937, art. 490.)"

  3412. Prescripción.

La acción penal prescribirá:

(a) A los cinco (5) años en los delitos graves, salvo los delitos de asesinato, malversación de fondos públicos, secuestro, robo de niños y falsificación de documentos públicos que no prescriben.  Tampoco prescribirán los siguientes delitos identificados como delitos contra la propiedad pública, la función pública, el erario público, la función judicial o la fe pública: apropiación ilegal agravada; escalamiento agravado; extorsión, daño agravado; sabotaje de servicios públicos esenciales; fraude en las construcciones en su modalidad grave; fraude en la ejecución de obras de construcción en su modalidad de grave; fraude en la entrega de cosas; aprovechamiento por funcionario de trabajos o servicios públicos; negociación incompatible con el ejercicio del cargo público; intervención indebida en los procesos de contratación de subastas o en las operaciones del Gobierno; retención de documentos que deben entregarse al sucesor; destrucción o mutilación de documentos por funcionarios públicos; destrucción o mutilación de documentos por personas que no sean funcionarios públicos; archivos de documentos falsificados; soborno; (delito agravado) soborno de testigo; oferta de soborno; influencia indebida; delitos contra fondos públicos; posesión ilegal de recibos de contribuciones; preparación de escritos falsos; presentación de escritos falsos; falsificación de documentos; posesión y traspaso de documentos falsificados; falsificación de asientos en registro; falsificación de sellos; falsificación de licencia, certificado y otra documentación; y posesión de instrumentos para falsificación siempre que se refieran a delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones.  Estos delitos están estatuidos en las secs. 4272, 4277, 4281, 4286, 4288, 4306 (en su modalidad de grave), 4306a (en su modalidad de grave), 4307, 4352, 4353, 4353a, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4391, 4396, 4437, 4438, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, y 4596, respectivamente, de este título.  Los delitos de encubrimiento y conspiración prescribirán a los diez (10) años cuando se comenta en relación al delito de asesinato en todas sus modalidades.  Estos delitos están estatuidos en las secs.  3173 y 4523, respectivamente, de este título.

(b) Al año en los delitos menos graves, salvo los provenientes de infracciones a las leyes fiscales y a las secs. 4283, 4306, en su modalidad de menos grave, 4306a en su modalidad de menos grave, 4309, 4351, 4354, 4358, 4365, 4366, 4392, 4393, 4394, 4395, 4397, 4398 y 4399 de este título que se refieren a usurpación; fraude en las construcciones (en su modalidad de menos grave); fraude en la ejecución de obras de construcción (en su modalidad de menos grave); impostura; enriquecimiento ilícito de funcionario público; usurpación de cargo público; certificaciones falsas expedidas por funcionarios públicos; omisión en el cumplimiento del deber; negligencia en el cumplimiento del deber; listas fraudulentas y otros actos ilegales; negativa a presentar lista de bienes o nombre; entorpecer a funcionario público en el cobro de deudas; incumplimiento en cuanto a dar recibo; compra de colector de bienes vendidos para pagar contribuciones; venta ilegal de bienes; y no permitir inspección de libros y documentos, respectivamente, siempre que se refieran a delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones, que prescribirán a los cinco (5) años.

(c) No obstante lo dispuesto en los incisos (a) y (b) de esta sección, en los delitos o la tentativa de incesto, violación, sodomía, actos lascivos o impúdicos, exposiciones deshonestas, perversión de menores, envío, venta, distribución, publicación, exhibición de material obsceno para o en presencia de menores, espectáculos obscenos para o en presencia de menores, usar menores para la prostitución o maltrato la acción prescribirá a los cinco (5) años si la víctima es mayor de dieciocho (18) años de edad al momento de cometerse el delito y, cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años o incapacitada mental, el período prescriptivo será de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que la víctima haya cumplido los dieciocho (18) años de edad o en que haya cesado la incapacidad. El delito de seducción prescribirá a los cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que la víctima haya cumplido los dieciocho (18) años de edad.

(Código Penal, 1974, art. 78; Junio 3, 1982, Núm. 42, p. 93; Junio 1, 1983, Núm. 46, p. 86; Mayo 24, 1988, Núm. 32, p. 131; Agosto 5, 1993, Núm. 51, art. 1; Agosto 11, 1996, Núm. 118, sec. 1, ef. Agosto 11, 1996.)"

   4304. Traslado fraudulento de bienes por el deudor.

Todo deudor que alejare sus bienes fuera de la jurisdicción de los tribunales, o que hiciere desaparecer los mismos, o enajenare los mismos, con el propósito de defraudar a sus acreedores, será sancionado con pena de reclusión por un término máximo de seis meses o multa máxima de quinientos dólares o ambas penas a discreción del tribunal.

(Código Penal, 1974, art. 186.)"

   4307. Fraude en la entrega de cosas.

Toda persona que para obtener para sí o para un tercero un beneficio indebido defraudare en la substancia, calidad o cantidad de los cosas que entregare, en virtud de una obligación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión establecida o a discreción del tribunal, se podrá imponer pena de multa que no será menor de quinientos (500) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares.

(Código Penal, 1974, art. 189; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

   4398. Venta ilegal de bienes.

Será sancionado con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, no obstante la nulidad de la operación, todo colector o agente que realizare cualesquiera de los siguientes actos:

(a) Vendiere, o ayudare a vender cualesquiera bienes inmuebles o muebles, a sabiendas de que dichas propiedades están exentas de embargo, o exentas del pago de contribuciones, o satisfechas las contribuciones para las cuales se vende.

(b) Vendiere, o ayudare a vender, cualesquiera bienes inmuebles o muebles, para el pago de contribuciones, con el objeto de defraudar al dueño de los mismos.

(c) Expidiere un certificado de venta de bienes inmuebles enajenados de conformidad con los incisos (a) y (b).

(d) De cualquier modo cohibiere a postores en cualquier subasta pública.

(Código Penal, 1974, art. 223.)"

 

También, en lo pertinente, con respecto a los efectos que los delitos de FRAUDE tienen en los documentos otorgados por sus autores, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado como sigue y citamos:

 

"La simulación, además de ser falsa, debe ser fraudulenta, es decir, usando fraude o engaño, que consiste en la ingeniosa sagacidad empleada por el agente para seducir al que intenta perjudicar, obcecando su inteligencia o perturbando su voluntad por las sugestiones astutas de que es objeto." Pueblo v. Battistini, 5 D.P.R. 124 (1904).

"La inscripción no convalida los actos ó contratos que sean nulos con arreglo á derecho".Trilla v. Smith 7 D.P.R. 15, (1904)

"La expresión de una causa falsa en los contratos da a lugar á la nulidad de los mismos, si no se probare que estaban fundados en otra verdadera y lícita". El Banco Español de Puerto Rico v. Bolívar 7 D.P.R. 66, (1904)

"Siendo nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, son nulas así mismo las inscripciones que por virtud de esos actos se hubieren verificado en el Registro de la Propiedad." Enmanuel v. Pueblo, 1904, 7 D.P.R. 221

"La circunstancia de que una finca vendida simuladamente se hubiera inscrito en el registro a favor del comprador no es obstáculo para declarar la nulidad del contrato que originó tal inscripción, pues ésta no convalida los actos y contratos que sean nulos, con arreglo a derecho, y en su virtud, lo procedente en ese caso es decretar la cancelación de la referida inscripción." Del Río v. Sastre, 9 D.P.R. 193 (1905).

"Se considerarán simulados, desde luego, los contratos sobre enajenación de bienes, otorgados por personas que, en la época de la enajenación, tuvieren contraídas obligaciones no hipotecarias, si verificados aquellos contratos el notario autorizante de los mismos no da fe en la escritura de haberse entregado el precio a su presencia, o no depositaren los vendedores, en efectivo, el valor de sus obligaciones, o no retuvieren bienes bastantes para atender al cumplimiento de las mismas." Del Río v. Sastre, 9 D.P.R. 193 (1905).

"Decretada la nulidad de unos contratos, procede decretar, como consecuencia natural y lógica, la nulidad de todas las inscripciones verificadas en el Registro por virtud de tales contratos, pues siendo nula la causa, nulo también es el efecto." Vicenty v. Vázquez, 1906, 11 D.P.R. 287

"Tomada la enajenación en su significación más extensa, incluye prenda e hipoteca; por tanto, el que no puede enajenar una cosa no la puede tampoco obligar ni sujetar con hipoteca." García v. Garzot, 18 D.P.R. 866 (1912).

"Enajenación es el acto por el cual se transfiere a otro la propiedad de alguna cosa a título lucrativo como la donación, o a título oneroso, como la venta o permuta; esta palabra tomada en una significación más extensa, comprende también la enfiteusis, la prenda, la hipoteca, y aun la constitución de servidumbre sobre un fundo; y síguese de aquí que el que no puede enajenar una cosa, no la puede tampoco obligar, ni sujetar con hipoteca, ni imponerla servidumbre." García v. Garzot, 18 D.P.R. 866 (1912).

"Abuso de confianza es la fraudulenta apropiación de bienes por una persona a quien habían sido confiados o en cuyas manos estaban legalmente." Pueblo v. Reyes, 19 D.P.R. 1148 (1913).

"Los herederos de una persona que constituyen su sucesión tienen, prima facie, derecho a reivindicar para tal sucesión los bienes que pertenecieron a su causante y de los cuales no se desprendió válidamente." Sucesión Collado v. Pérez, 19 D.P.R. 928 (1913).

"Cuando una persona es privada de la posesión de su propiedad contra su voluntad, esto constituye un acto violento, y el cual puede llevarse a cabo por medio de fuerza, intimidación, amenaza o cualquier otro medio que afecte a la libertad del poseedor; y cuando se priva a una persona de su posesión sin su consentimiento, entonces existe un acto fraudulento que puede llevarse a cabo por medio de fraude o engaño propiamente dicho, o por cualquier otro medio equivalente al engaño verbi gracia, procediendo por sorpresa u obrando ocultamente o a espaldas del poseedor." Mattei v. Badillo, 21 D.P.R. 171 (1914).

"La ignorancia o errónea inteligencia de la ley no excusa de su cumplimiento." Cabassa v. Bravo, 21 D.P.R. 185 (1914).

"Si una parte no tiene título sobre un inmueble nada puede traspasar, y no erró el Tribunal Supremo de Puerto Rico al no aplicar esta sección." Noguera v. Fuertes, 8 F.2d 115 (1925).

"Para que exista un traspaso fraudulento debe haber alguna connivencia entre el deudor y la persona a quien se hace el traspaso, debiendo además demostrarse la intención por parte del vendedor de recibir algún beneficio propio." Pueblo v. Martínez, 22 D.P.R. 5 (1915).

"Para que exista fraude debe probarse que la persona a quien se acusa de haberlo cometido se haya valido de algún artificio, ardid o trama, por el cual al parecer realiza cierta cosa cuando en realidad está ejecutando alguna otra clandestinamente, por la cual recibe cierto beneficio propio a costa de otra persona, esto es, que el acusado se ha enriquecido a expensas de otra persona." Pueblo v. Martínez, 22 D.P.R. 5 (1915).

"Los tribunales no deben favorecer un contrato simulado." Latorre v. Torres, 24 D.P.R. 858 (1917).

"El administrador judicial de los bienes de un finado no está en mejor situación para reclamar por virtud de un contrato fraudulento que en la que hubiera estado el propio difunto." Latorre v. Torres, 24 D.P.R. 858 (1917)

"Las instrucciones o comunicaciones a un notario no son privilegiadas como en el caso de un abogado, y en un caso en que se hace un cargo de fraude un notario puede ser compelido a declarar, si bien ciertos asuntos como los testamentos cerrados están excluidos." Tomás Cano & Co. v. Robles, 32 D.P.R. 643 (1923)

"El fraude puede inferirse de hechos y circunstancias." Domínguez v. Fabían, 36 D.P.R. 32; Alvarez v Dimas, 20 D.P.R. 548 (1914)

"Cuando interviene la simulación, no puede decirse que hay consentimiento verdadero; el resultado jurídico de la simulación es, no el de nulidad de contrato, sino el de inexistencia de contrato." González Rodríguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556 (1928).

"La diferencia entre los casos de inexistencia de contrato y la de nulidad de contrato se encuentra en que en los primeros, por faltar uno o más de los requisitos esenciales no ha surgido contrato alguno, y en los segundos, concurriendo los requisitos esenciales, ha surgido el contrato, aunque afectado de un vicio que puede traer su nulidad." González Rodríguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556 (1928).

"Contiene hechos suficientes una demanda sobre nulidad y reivindicación en la que se alega: personalidad de los demandantes como herederos de la que fue dueña de la finca reclamada, existencia de bienes hereditarios que se señalan, apoderamiento fraudulento de esos bienes por el demandado, empleo de medios y procedimientos judiciales falsos y fraudulentos para obtener el título y la posesión de esos bienes, posesión de los mismos y venta de parte de ellos, desconocimiento voluntario, y violación de los derechos de los demandantes, y daños infligidos a éstos por los actos del demandado." Febre v. Febre, 40 D.P.R. 219 (1929).

"Es condición esencial y característica del contrato de subhipoteca que el dueño del crédito hipotecario siga siendo dueño del mismo; faltando esa condición, no hay tal contrato." National City Bank v. Registrador, 40 D.P.R. 453 (1930).

"La edificación de una casa en terrenos pertenecientes a otro no puede impedir que el dueño recobre la posesión del sitio valiéndose del desahucio, a menos que el demandado tenga algún título existente; la presunción, controvertible, es que tal edificación pertenece al dueño del terreno y no queda destruida por manifestaciones de que el demandado en desahucio en precario construyó la casa y es dueño de la misma." Schuck v. Verdejo, 43 D.P.R. 955 (1932).

"Transacciones distintas pero coetáneas a las del caso, que revelen el propósito común de defraudar, pueden presentarse como evidencia circunstancial para probar el fraude." Capó v. Santiago A. Panzardi & Co., S. en C., 44 D.P.R. 232 (1932)

"Sea cual fuere su tiempo de posesión de un inmueble, un precarista no puede adquirir derecho alguno de propiedad al mismo." Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381 (1940).

"El que no posea un terreno a título de dueño sólo puede poseerlo a virtud de contrato o en precario, en ninguno de los cuales casos puede adquirir su dominio por prescripción." Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381 (1940).

"Un contrato simulado es más que nulo o rescindible, no existe; por tanto, la parte perjudicada por dicho contrato no necesita pedir previamente su rescisión como celebrado en fraude de acreedores bajo las secs. 3491 et seq. de este título, o su nulidad de acuerdo con las secs. 3511 et seq. de este título." Rodríguez v. Pizá, 60 D.P.R. 669 (1942); Rivera v. Sucesión Caraballo, 56 D.P.R. 736 (1940).

"El que al adquirir un inmueble conozca las cargas que lo afectan, no es un tercero, haya o no intervenido en el contrato escrito." Hernández v. Iglesias, 58 D.P.R. 406 (1941).

"Los funcionarios públicos responden de los daños que ocasionen a particulares por sus actuaciones u omisiones culpables o negligentes en el ejercicio de sus funciones." Soto v. Lucchetti, 58 D.P.R. 713 (1941)

"La persona que justifique su dominio a una finca mediante engaño a la corte y adquiera así un título simulado a la misma no puede luego invocar el auxilio de los tribunales de justicia en un pleito cuya resolución pueda conllevar el reconocimiento de su título ilegal." Navarro v. Calderón, 61 D.P.R. 339 (1943)

"Cuando en un contrato falta alguno o todos los requisitos necesarios a su existencia, aquél es inexistente y la acción procedente es la de su inexistencia y no la de su nulidad." Logia Caballeros del Plata v. García, 63 D.P.R. 291 (1944).

"Una costumbre o práctica no puede prevalecer en contra de la ley." Reyes v. Torres, 65 D.P.R. 821 (1946).

"Una acusación por el delito de obtener dinero mediante falsas simulaciones que demuestra la intención de defraudar, el fraude en sí, las falsas simulaciones usadas para perpetrar dicho fraude y que tal perpetración se hizo por medio de falsas representaciones como causa que indujo a la persona defraudada, dueña del dinero, a desprenderse de dicho dinero, es suficiente." Pueblo v. Olmeda, 66 D.P.R. 177 (1946).

"Un contrato simulado, siendo inexistente, no se convalida por el transcurso del tiempo." Boscio v. Vilá, 67 D.P.R. 604 (1947).

"El desuso, la costumbre y la práctica en contrario, no pueden prevalecer contra la observancia de la ley, por prohibirlo expresamente el artículo 5 del Código Civil." Tugwell v. Barreto 68 D.P.R. 145 (1948).

"Contra la observancia de una ley no puede invocarse una costumbre que, además de prohibirla la ley, no está sostenida por la prueba al demostrar ésta que quien la invoca observó con anterioridad la ley contra cuya inobservancia opone la costumbre en cuestión." Tugwell v. Barreto 68 D.P.R. 145 (1948).

"Un contrato simulado es enteramente inexistente y no crea derechos de clase alguna." Hernández v. Ayala, 68 D.P.R. 956 (1948).

"Instada acción para que se declare la inexistencia de transacciones que se alega en la demanda fueron simuladas, y admitida la simulación a los efectos de una moción para desestimar por falta de hechos constitutivos de causa de acción, las transacciones resultan inexistentes y, no creando éstas derecho de clase alguna, la demanda aduce hechos." Hernández v. Ayala, 68 D.P.R. 956 (1948).

"La inscripción no convalida actos o contratos nulos con arreglo a las leyes. No siendo la misma modo de adquirir derechos, sino de garantizar los ya existentes, no arranca el vicio de nulidad al acto o contrato que la causó, ni da fuerza a lo que no la tiene, ni vida a lo que sin ella nació". Jiménez v. Alvarez, 1948, 69 D.P.R. 323

"El obtener la posesión de una propiedad valiéndose de fraude y engaño para ello constituye una sustracción con intención criminal suficiente para sostener una convicción por el delito de hurto previsto y castigado por esta sección." Pueblo v. Ríos, 69 D.P.R. 830 (1949).

"Es regla general que un contrato otorgado en violación de la ley es una nulidad." Sánchez v. Coll, 69 D.P.R. 925 (1949).

"La regla general es que los contratantes en un contrato otorgado en violación de la ley no pueden exigir el cumplimiento del mismo." Sánchez v. Coll, 69 D.P.R. 925 (1949).

"Puesto que el expediente posesorio tan sólo acredita el hecho oficial de la posesión mas nunca el derecho a tal posesión, presentado semejante expediente como prueba por un demandado en acción reivindicatoria, el mismo justifica sólo el hecho de la posesión por parte de dicho demandado, sin que esa posesión excluya la propiedad de la finca en litigio en el demandante." Sucesión Meléndez v. Almodóvar, 70 D.P.R. 527 (1949).

"Es nula la venta en subasta para pago de contribuciones de una finca perteneciente a los herederos del anterior dueño fallecido, cuando el procedimiento de apremio se notifica tan solo a una persona ajena a ellos en su carácter de encargada de la finca, y no a todos y cada uno de los herederos como miembros de la sucesión del finado". Sucn. Arce v. Sierra 70 D.P.R 841, (1950)

"Una sentencia dictada por una corte con jurisdicción sobre las partes y la materia, no está sujeta a impugnación en cuanto a su validez, veracidad o efecto obligatorio por las partes o personas con nexo jurídico o interés, en ninguna acción o procedimiento colateral, excepto cuando bajo ciertas circunstancias la sentencia en cuestión se obtuviera mediante fraude." Rodríguez v. Albizu, 76 D.P.R. 631 (1954)

"Instado un procedimiento de apremio cuando ya el contribuyente moroso ha fallecido, la notificación de la venta por edictos al dueño de la propiedad o a sus desconocidos herederos o cesionarios no subsana el defecto de no haberse notificado el embargo a todos y cada uno de los que resultaran ser entonces dueños de la propiedad en cuestión". Pérez v. Cancel 76 D.P.R. 667, (1954)

"Un procedimiento de apremio seguido contra un contribuyente moroso que para entonces ya había fallecido y en el cual tan solo se notifique del embargo a uno de los dueños de la propiedad objeto del procedimiento es valido en cuanto a este y nulo respecto a los demás dueños no notificados". Pérez v. Cancel 76 D.P.R. 667, (1954)

"Es requisito indispensable para la validez de un procedimiento de apremio que se notifique el embargo a todas y cada una de las personas que sean dueñas de la propiedad objeto del mismo". Pérez v. Cancel 76 D.P.R. 667, (1954)

"Ni el colono, ni el comodatario, ni el precarista, ni el apoderado, ni el usufructuario, ni el fiduciario, ni ninguna persona que posee en nombre o en representación de otro puede adquirir el dominio de lo poseído por él, ni ningún otro derecho, por virtud de prescripción adquisitiva, ni siquiera por la extraordinaria." (Dávila v. Córdova, 77 D.P.R. 136 (1954), seguido.) Sánchez González v. Registrador, 106 D.P.R. 361 (1977).

"Los actos nulos a que se refiere esta sección alcanzan a aquellos que son nulos per se, o inexistentes." Corporación Azucarera v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 397 (1954).

"Los tribunales tienen poder inherente bajo el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil para dejar sin efecto una sentencia cuando ha mediado un fraude extrínseco." Roca v. Thomson, 77 D.P.R. 419 (1954)

"Salvo un derecho hipotecario, la inscripción es sólo declarativa y no es fuente de derechos." Baldrich v. Registrador, 1954, 77 D.P.R. 739

"La prescripción de la acción de nulidad se refiere a contratos anulables, pero no nulos, y siendo ello así, un contrato inexistente o nulo con nulidad absoluta por simulado no puede ser objeto de prescripción sanatoria alguna." Guzmán v. Guzmán, 78 D.P.R. 673 (1955); Santiago v. Rodríguez, 72 D.P.R. 266 (1951); Rivera v. Sucesión Díaz Luzunaris, 70 D.P.R. 181 (1949); González v. Sucesión Díaz, 69 D.P.R. 643 (1949); Boscio v. Vilá, 67 D.P.R. 604 (1947); Ramírez v. Ramírez, 65 D.P.R. 544 (1946); Logia Caballeros del Plata v. García, 63 D.P.R. 291 (1944); Roig Commercial Bank v. Portela, 52 D.P.R. 647 (1938); Emanuelli v. Cadierno, 50 D.P.R. 134 (1936); McCormick v. González Martínez, 49 D.P.R. 473 (1936); Osorio v. Sucn. Alvarez, 47 D.P.R. 398 (1934); González Rodríguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556 (1928); Manrique Gil v. Aguayo, 37 D.P.R. 336 (1927); Irizarry v. Bartolomey, 32 D.P.R. 924 (1924); Solá v. Castro, 32 D.P.R. 804 (1924); Cruz v. Sucesión Kuinlan, 29 D.P.R. 877 (1921); Sucesión Criado v. Martínez, 25 D.P.R. 334 (1917) Oliver v. Oliver, 23 D.P.R. 181 (1915), recurso de error desestimado por falta de jurisdicción por Caballero v. Succession of Criado, 250 F. 345 (1918).

"La inscripción en el registro no da ni quita derechos." Ramos v. Ríos, 1956, 79 D.P.R. 738

"La presunción legal que existe en favor de la veracidad de los hechos consignados en una escritura pública no es concluyente. Puede la misma ser rebatida por prueba de hechos contrarios a los consignados en la escritura." Monserrate v. Lopés, 80 D.P.R. 491 (1958)

"Siendo radicalmente nulo un contrato de compraventa en el cual no medió causa--por falta de precio--y no produciendo el mismo efecto jurídico alguno como tal, contra él cabe la acción civil ordinaria por nulidad con la cancelación de las inscripciones registrales correspondientes." Monserrate v. Lopés, 80 D.P.R. 491 (1958)

"Una hipoteca constituida por el comprador de un solar del cual su vendedor no podía disponer por haberlo segregado de una finca de mayor cabida sin haber obtenido la previa autorización de la Junta de Planificación, es radicalmente nula." Soto v. Feliciano, 80 D.P.R. 615 (1958).

"El delito de abuso de confianza se comete luego de estar los bienes legalmente en la posesión del acusado, o sea, en el momento de la malversación fraudulenta." Pueblo v. Rosario, 80 D.P.R. 624 (1958).

"Un reglamento o actuación administrativa en contra de ley es nulo." Infante v. Tribunal Examinador de Médicos, 84 D.P.R. 308 (1961).

"El término prescriptivo en acciones de remedio por fraude comienza a correr solamente desde el descubrimiento del fraude o desde cuando, con razonable diligencia, debieron haber sido descubiertos los hechos constitutivos del fraude." García v. Bernabé, 289 F.2d 690 (1961).

"Los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley son nulos." Rubio Sacarello v. Roig, 84 D.P.R. 344 (1962).

"La simple aprobación de un plano de urbanización no implica que automáticamente pasan a ser propiedad del municipio en que la urbanización radica los terrenos que se ofrecen para la construcción de calles, máxime cuando al momento de la aprobación de los planos de urbanización los urbanizadores carecen de título de propiedad escrito sobre los terrenos en que se ha de construir la urbanización." Goenaga v. O'Neill de Milán, 85 D.P.R. 170 (1962)

"Ni el notario que autoriza una escritura pública--de reagrupación, segregación y compraventa--ni los otorgantes en dicha escritura pueden ignorar un estatuto vigente al momento del otorgamiento ni el estado registral a determinada fecha del inmueble objeto de dicha escritura." Goenaga v. O'Neill de Milán, 85 D.P.R. 170 (1962)

"La inscripción de una escritura de venta no convalida un error cometido por un notario en dicho documento." Goenaga v. O'Neill de Milán, 85 D.P.R. 170 (1962)

"Salvo un derecho hipotecario, la inscripción es sólo declarativa y no es fuente de derechos, ni modo de adquirirlos. Esta sólo garantiza derechos ya existentes legalmente, pero no arranca el vicio o error a un acto o a un contrato que causó dicha inscripción, ni suple al título ni da fuerza a lo que no la tiene, ni vida a lo que nació sin ella." Goenaga v. O'Neill de Milán, 85 D.P.R. 170 (1962)

"En el campo de la contratación el supuesto de la simulación absoluta contractual ocurre cuando los contratantes pretenden la configuración aparente de un acto ficticio o inexistente y casi siempre se manifiesta en el propósito de lograr una disminución de patrimonio para sustraer bienes de la acción de los acreedores o para aumentar el pasivo." Hernández Usera v. Secretario de Hacienda, 86 D.P.R. 13 (1962).

"Cuando la causa de un contrato simulado es ilícita, éste es inexistente y no produce efectos jurídicos." Hernández Usera v. Secretario de Hacienda, 86 D.P.R. 13 (1962).

"Tanto la acción encaminada a la prescripción adquisitiva del dominio como la extintiva de la acción encaminada a dicha declaración es imprescriptible cuando ha sido declarada la nulidad del ejecutivo sumario hipotecario, así como tampoco prescribe nunca la acción sobre contratos de nulidad absoluta o inexistente." Rodríguez v. Sucn. Pirazzi, 89 D.P.R. 506 (1963).

"Decretado inexistente mediante sentencia un contrato de compraventa de un solar a ser segregado de una parcela de mayor cabida, las cosas revierten en derecho a la situación existente al momento de formalizarse el acto o contrato inexistente." Santiago Marrero v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 835 (1964).

"... Esta juzgado que ese acto entre las partes, contrato o pre contrato, fue de nulidad plena en derecho, a distinción del acto anulable, y por lo tanto nunca generó consecuencias de ley, siquiera hasta el momento de decretarse su nulidad..." Santiago Marquez v. Tribunal Superior 89 D.P.R. 835, (1964)

"Aunque del Registro de la Propiedad no surja un supuesto fraude, si una parte tiene conocimiento personal del mismo, a ésta no le ampara la protección registral." Banco Crédito v. Chico Sagastibelza, 90 D.P.R. 125 (1964)

"En el ordenamiento civil, el fraude no genera derecho de clase alguna." Vélez Román v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 665 (1965).

"Un tribunal no puede imponer una sentencia a una parte por hechos motivados por el engaño cometido por la otra parte, y mucho menos cuando los beneficiarios de dicha sentencia resultarían ser los autores del engaño." Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965).

"Cuatro elementos deben probarse en la imputación de fraude: (1) la intención de defraudar; (2) confianza en los actos fraudulentos; (3) falsa representación empleada para consumar el acto, y (4) consumación en virtud de esa representación." In re Las Colinas, Inc., 294 F. Supp. 582 (1968)

"Hecho falso es un hecho no cierto, fingido, simulado o fabricado. Es la semejanza fraudulenta de un hecho." Pueblo v. Olivencia Román, 98 D.P.R. 1 (1969).

"La acción para anular un ejecutivo hipotecario no prescribe nunca." Piovanetti Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663 (1971); Rodríguez v. Sucn. Pirazzi, 89 D.P.R. 506 (1963); Ríos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378 (1959); Sucn. Ramírez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 357 (1959); Sucrs. de Huertas González v. Díaz, 72 D.P.R. 537 (1951); Gaztambide v. Sucesión Ortiz, 70 D.P.R. 412 (1949); Costas v. G. Llinás & Co., 66 D.P.R. 730 (1946) Crespo v. Schlüter, 58 D.P.R. 834 (1941), apelación desestimada por G. Llinás y Cía., S. en C. v. Costas, 164 F.2d 494 (1947).

"La sustracción ilegal de bienes muebles o semovientes pertenecientes a otra persona - elemento del delito de hurto - puede efectuarse por medio de fraude o de una treta." Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972).

"Son elementos esenciales del delito de abuso de confianza - cuya existencia es necesario comprobar en un caso específico para que pueda dictarse una sentencia válida por la comisión del mismo - (a) una propiedad determinada; (b) que exista una relación fiduciaria entre el acusado y otra persona o entidad; y, (c) la conversión o apropiación fraudulenta de bienes ajenos para uso propio del acusado." Pueblo v. Colón Tapia, 101 D.P.R. 423 (1973); Pueblo v. Bonilla Lugo, 91 D.P.R. 449 (1964); Pueblo v. Guido Maya, 90 D.P.R. 821 (1964); Pueblo v. Calderón, 18 D.P.R. 584 (1912).

"Levantada la inferencia de fraude por la prueba de un demandante - fundada en los hechos probados y las circunstancias sospechosas de ciertas transacciones que se relacionan en la opinión - se transfiere al demandado el peso de rebatir tal inferencia. De no rebatirla el demandado - como en el caso de autos - queda establecido el fraude." García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383 (1974).

"No hay términos prescriptivos para impugnar judicialmente actuaciones simuladas inexistentes que no tienen efecto jurídico alguno." García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383 (1974).

"No tiene eficacia alguna una cláusula condicionando la facultad del arrendador para resolver un contrato de arrendamiento cuando dicho contrato es ficticio, inexistente y espurio." Franceschi v. Texaco P.R., Inc., 103 D.P.R. 759 (1975).

"La función del notario en esta jurisdicción--la cual no es privada sino pública--no es la de un simple observador del negocio jurídico que ante él se realiza limitando su actuación a cerciorarse de la identidad de partes y autenticidad de las firmas, sino que la misma trasciende la de un autómata legalizador de firmas y penetra al campo de legalidad de la transacción que ante él se concreta." In Re Meléndez Pérez 104 D.P.R. 770 (1976)

"En su deber de ilustrar y dar consejo legal a las partes contratantes, no hay guardarraya que separe al notario del abogado." In Re Meléndez Pérez 104 D.P.R. 770 (1976)

"Derrota los fines y propósitos que le hicieron depositario de inapreciable confianza pública, aquel notario que con su desidia impasiblemente ve consumarse en su presencia un pacto cuyas consecuencias legales ignora alguna de las partes o que pudiendo hacerlo, por ser abogado, rehúsa explicar a los menos informados del significado y proyecciones de cláusulas para ellos poco menos que ininteligibles, o aquel notario que limita su intervención rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otorgantes y asegurarse de la identidad de sus personas y firmas." In Re Meléndez Pérez 104 D.P.R. 770 (1976)

"Traiciona la fe pública de la que es principal guardador, aquel notario que falla a la sociedad y a los que ante él comparecen, al no ilustrar y aclarar a los contratantes sobre los particulares y consecuencias de la aceptación de los documentos sometidos para sus firmas." In Re Meléndez Pérez 104 D.P.R. 770 (1976)

"La responsabilidad de un notario es personal e indivisible." In Re Meléndez Pérez 104 D.P.R. 770 (1976)

"El mero hecho de que un Oficial de Permisos otorgue un permiso para usar una estructura ilegal o clandestina no la convierte en una estructura legal." E.L.A. v. Mercado Carrasquillo, 104 D.P.R. 784 (1976)

"En ausencia expresa de ley, ningún funcionario ni empleado puede hacer legal lo que es ilegal o contravenir las disposiciones de las leyes y de los reglamentos." E.L.A. v. Mercado Carrasquillo, 104 D.P.R. 784 (1976)

"No tienen valor jurídico los actos ejecutados por un funcionario público en contra de la ley." De Jesús v. Guerra Guerra, 105 D.P.R. 207 (1976)

"No se transforma el estado de precariedad del detentador de una propiedad por la simple voluntad de éste." Sánchez González v. Registrador, 106 D.P.R. 361 (1977).

"Mediando causa ilícita en un contrato, éste se frustra en su generación, y en vez de producirse su anulabilidad, el caso es de inexistencia y nulidad de pleno derecho." Cooperativa La Sagrada Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405 (1978).

"Todos los funcionarios y los empleados públicos desde los más encumbrados hasta los menos poderosos tienen plena e incuestionable facultad para ejercer los poderes y deberes que les confieren la Constitución y las leyes, pero asimismo no pueden arrogarse motu proprio, sin autoridad clara de ley, poderes y facultades que no les han sido así conferidas. Esta premisa mayor es un sine qua non del sistema de gobierno en el cual prevalece el imperio de la ley, en contraste con los sistemas en los cuales impera el arbitrio arbitrario de los regímenes dictatoriales." Pou v. F.S.E., 108 D.P.R. 336 (1979)

"El notario debe cuidarse de que la falsedad no tenga cabida en los instrumentos que ante él se otorgan. Debe recordar que aun en el estricto desempeño de una función notarial, es, ante todo, abogado, y que la abogacía es por excelencia profesión de legalidad." (Opinión del Juez Asociado señor Irizarry Yunqué a la cual se une el Juez Asociado señor Torres Rigual.) In re Lavastida, 109 D.P.R. 45 (1979)

"Como regla general, y sujeto a ciertos criterios, un juez que incurra en actuaciones inmorales, impropias, reprensibles, dolosas, fraudulentas, maliciosas o delictivas es responsable civilmente a tenor con las disposiciones de esta sección en el descargo de la función judicial." Feliciano Rosado v. Matos, Jr., 110 D.P.R. 550 (1981).

"Los Estados Unidos de América, demandante, tienen derecho a un gravamen implícito sobre la propiedad del demandado por una cantidad igual al 99.55% del valor de la misma por el hecho de haberla adquirido con una suma igual de dinero producto de fraude a dicho demandante." United States v. García, 532 F. Supp. 325 (1981).

"El dolo contractual incluye el engaño, el fraude, la falsa representación, la indebida influencia y otras maquinaciones insidiosas." Márquez v. Torres Campos, 111 D.P.R. 854 (1982).

"El término de prescripción de las acciones no decursa cuando existen obstáculos legales contra su ejercicio, o cuando nacen de derechos contingentes o expectantes." Republic Security Corporation v. Puerto Rico Acqueduct and Sewer Authority, 674 F.2d 952 (1982).

"Los estados y Puerto Rico carecen de facultad para inmunizar a funcionarios estatales o federales del impacto de la Ley de Derechos Civiles federal (42 U.S.C. sec. 1983)." Acevedo Díaz v. Secretario de Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256 (1982)

"A tenor con la Ley de Derechos Civiles federal (42 U.S.C. sec. 1983) un funcionario o empleado que no actúa de buena fe es responsable pero aun cuando medie la buena fe responde si actuó irrazonablemente o si debió haber sabido que su conducta era ilegal." Acevedo Díaz v. Secretario de Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256 (1982)

"Esta figura comprende una gama de conducta delictiva que tiene como elemento común la transferencia temporal o permanente de la propiedad mueble, sin mediar consentimiento, obtenida con ardid, fraude, simulación, trama, treta o mediante cualquier forma de engaño a la víctima." Pueblo v. Uriel Alvarez, 112 D.P.R. 312 (1982).

"Un notario que, actuando como tal en una escritura de compraventa, hace figurar como otorgante vendedor a una persona que había fallecido para la fecha del otorgamiento de dicha escritura y, por tanto, falsifica la firma e iniciales de dicho otorgante fallecido, comete una grave falta que conlleva la separación del ejercicio de la abogacía, independientemente de que no se tuviera conocimiento de esos hechos hasta después de transcurridos más de veinticinco años. El transcurso de esos años, no importa que la práctica del abogado durante los mismos fuera conforme a la ética, no borra la grave falta cometida." In re Fournier, 114 D.P.R. 255 (1983)

"El notario es funcionario público usualmente llamado a proteger el derecho de dos o más partes, y aun el de tercero que no comparece ante él, en ejercicio de una neutralidad incompatible con la misión del abogado, que es la de inclinar la balanza en activa promoción del interés de su representado." Bermúdez & Longo Inc. v. Puerto Rico Casting Steel Corp., 114 D.P.R. 808 (1983)

"El notario puede incurrir en responsabilidad civil cuando causa daño a sus clientes por: ( 1 ) los defectos formales del instrumento que determinen la frustración del fin perseguido con la intervención; ( 2 ) los vicios de fondo que determinen la nulidad absoluta o la relativa, a menos que ésta se produzca por vicio previsto por el notario y advertido a los otorgantes; ( 3 ) la desacertada elección del medio jurídico para la consecución del fin propuesto; ( 4 ) el deficiente asesoramiento en cuanto a las consecuencias del acto notariado, impuestos, retractos, etc.; y ( 5 ) la incorrecta conducta del notario como depositario o mandatario de sus clientes (pago de impuestos, presentación de documentos, etc.)." Chévere v. Cátala Rodríguez, 115 D.P.R. 432 (1984)

"Al autorizar una escritura pública, el notario tiene cuatro deberes principales, que son: ( 1 ) indagar la voluntad de los otorgantes; ( 2 ) formular la voluntad indagada; ( 3 ) investigar ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio; ( 4 ) dar a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, así como los efectos y consecuencias del negocio, y se den cuenta de los riesgos que corren en celebrarlo." Chévere v. Cátala Rodríguez, 115 D.P.R. 432 (1984)

"Una vez determinada la ilicitud de la causa, el contrato es nulo e inexistente." Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985).

"La prescripción no corre contra lo inexistente." Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985).

"El derecho de contratos en nuestro ordenamiento jurídico está asentado en la premisa inexorable de que no existe contrato sin causa o cuando la causa es ilícita". Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, (1985)

"La causa de un contrato es ilícita cuando se opone a las leyes o a la moral. Se trata de una lesión a un interés general de orden jurídico o moral". Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, (1985)

"En casos en que dos partes contratantes son halladas incursas en ilicitud o torpeza, tras la declaración judicial de causa ilícita del contrato, el impedimento de dichas partes para repetir una contra otra no debe confundirse con la capacidad de reclamarse recíprocamente frente a un tercero inocente afectado, que no fue parte en la transacción ilegal ni es culpable de la causa ilícita." Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985).

"La simulación absoluta contractual pretende la configuración aparente de un acto o negocio ficticio e inexistente; en la modalidad el negocio aparente encubre un acto o negocio real que los contratantes desean sustraer a la curiosidad e indiscreción de terceros." Reyes v. Jusino, 116 D.P.R. 275 (1985).

"Es deber del notario, como profesional del Derecho conocer las leyes, la doctrina, las costumbres y la jurisprudencia." In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986)

"El notario ejerce una función clave de inestimable importancia en los negocios jurídicos: es custodio de la fe pública." In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986)

"El notario, al autorizar un documento, presuntivamente da fe pública y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima." In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986)

"La investidura que conlleva la fe pública notarial va acompañada de una presunción controvertible a los actos que ve y oye-- vidit et audit --de que lo allí consignado es legal y verdadero." In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986)

"La dación de fe notarial está avalada por la confianza de que los hechos jurídicos y circunstancias que acredite el notario fueron percibidos con sus sentidos." In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986)

"La fe pública notarial constituye la espina dorsal del cuerpo notarial." In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986)

"En el descargo de su encomienda, el notario tiene el deber de calificar la capacidad de las partes. Se trata de un imperativo de la naturaleza y finalidad del instrumento público de un requisito que conceptual y lógicamente viene impuesto ab initio para conseguir la eficacia del documento y del acto documentado." In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986)

"Una vez investido por el Tribunal Supremo de la posesión de la función pública, luego de haber cumplido con los requisitos de prestar fianza y juramento, y de registrar su firma, signo, sello y rúbrica en el Departamento de Estado, el notario es el único funcionario en Puerto Rico autorizado para actuar a base del ministerio de la fe pública." In re Algarín Otero, 117 D.P.R. 365 (1986)

"El tiempo que dure la incapacidad o minoridad no se considera parte del término prescriptivo para empezar una acción civil. Esta norma se extiende no sólo a las acciones personales sino a las heredadas." Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986).

"La norma de que la prescripción de las acciones no corre contra los menores e incapacitados protege a éstos contra posible negligencia del padre o tutor." Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986).

"Como norma general la prescripción de las acciones no corre contra menores o incapacitados." Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986).

"Un estatuto de prescripción que elimina una causa de acción antes de que ésta pueda interponerse legítimamente viola el debido proceso de ley." Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986).

"Cuando se impugna un estatuto de prescripción de acciones por violar el debido proceso de ley hay que analizar la determinación de si el titular de la acción ha sido o no desprovisto de toda oportunidad para instar su acción ante los tribunales." Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986).

"El notario debe ilustrarse adecuadamente sobre el negocio jurídico en que interviene. Es su deber orientarse y orientar a sus clientes sobre los problemas que pueden surgir con relación al asunto que se le ha encomendado, como por ejemplo, una compraventa sobre terrenos aún no segregados legalmente de la finca mayor por faltar el correspondiente permiso de ARPE." In re Raya, 117 D.P.R. 797 (1986)

"El abogado representa los intereses de un cliente, sin embargo, el notario no representa a cliente alguno sino que representa la fe pública." In re Raya, 117 D.P.R. 797 (1986)

"Infringe la ética profesional el abogado que participa conscientemente, ya sea como funcionario o como parte, en el asesoramiento, redacción u otorgamiento de un documento simulado. La conducta impropia no se limita al abogado que en su función notarial autoriza el negocio simulado o a aquel que interviene como parte, sino que también incluye al que conociendo la ilegalidad del acto promueve su realización." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"El notario, por su condición de depositario y guardador de la fe pública, tiene la responsabilidad de mantenerse, en todas sus actuaciones, en un plano de objetividad y legalidad en que sirva a los que solicitan consejo y servicio con estricta honradez, y rechace soluciones o propósitos dirigidos a burlar la ley en perjuicio de terceros." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"El abogado que en nombre de una falsa lealtad al cliente lo apoya y ayuda en empresa deshonesta, traiciona la encomienda de sinceridad y honradez del Canon 35 de Ética Profesional. Los abogados no deben convertirse en meros instrumentos de sus clientes." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"Incurre en conducta antiética el notario que aunque no autoriza personalmente una escritura de transacción simulada, consciente de la simulación acude a un compañero de profesión para que la haga. Se viola el Canon 26 de Ética Profesional al aconsejar y ayudar a realizar la transacción ilegal y el Canon 35 al ayudar a redactar un documento cuyo contenido no se ajusta a los hechos. De ordinario esto constituye base suficiente para el desaforo." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"Viola la fe pública notarial el abogado que autoriza el otorgamiento de una escritura, sin hacer las averiguaciones mínimas que requieren las normas más elementales de la profesión." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"El notario, como depositario de la fe pública, de la confianza de los particulares y del poder público, ha de tener un grado de responsabilidad muy considerable. Su función es faena de tiempo y paciente integración de todos los elementos documentales, la que sufre en su calidad con la festinación y la atracción de los atrechos fáciles." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"Constituyendo la responsabilidad del notario una en beneficio de los otorgantes y de terceros, se le exige el cumplimiento de ciertos deberes: (1) indagar la voluntad de los otorgantes; (2) redactar los documentos que reflejen fielmente la intención de ellos; (3) investigar los hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio; (4) darle a los otorgantes las instrucciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, así como los efectos y consecuencias del negocio y se percaten de los riesgos que corren al efectuarlos." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"Incurre en falta de ética el notario que se limita a redactar una escritura de compraventa a base de lo que le han expresado otro abogado y el vendedor, sin preguntar a los otorgantes sobre la veracidad de lo contenido en el documento que resulta ser simulado. Tal participación pasiva desvirtúa el propósito de la función notarial." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"El notario no puede limitar su intervención rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otorgantes y asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico, pero vacío de la inteligencia y comprensión de los firmantes." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"La conducta de un abogado al intervenir como abogado--notario en la simulación de una compraventa de un bien inmueble con el propósito de defraudar a un acreedor, constituye conducta altamente lesiva a las normas más elementales de la profesión de la abogacía y a la justicia." In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987)

"Por tradición, y en nuestra patria además por expresión legislativa, el notario no es simple observador del negocio jurídico que ante él se realiza limitando su actuación a cerciorarse de la identidad de partes y autenticidad de las firmas. Su función, que no es privada, sino pública, trasciende la de un autómata legalizador de firmas y penetra al campo de la legalidad de la transacción que ante él se concreta." In re Delgado, 120 D.P.R. 518 (1988)

"El notario que impasible ve consumarse en su presencia un pacto cuyas consecuencias legales ignora alguna de las partes o que pudiendo hacerlo, por ser abogado, rehúsa explicar a los menos informados del significado y proyecciones de cláusulas para ellos poco menos que ininteligibles; el notario que limita su intervención rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otorgantes y asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y comprensión de los firmantes, está con su desidia derrotando los fines y propósitos que le hicieron depositario de inapreciable confianza pública." In re Delgado, 120 D.P.R. 518 (1988)

"La fidelidad que le pueda deber un abogado notario en un momento determinado a un cliente que le produce grandes beneficios económicos, nunca puede ser mayor que la lealtad que todo notario en nuestra jurisdicción tiene que tener para con la fe pública notarial y la sociedad en general." In re Delgado, 120 D.P.R. 518 (1988)

"El principal juzgador de la conducta de un abogado no es el Tribunal Supremo de Puerto Rico; lo es su propio honor y conciencia. El honor ni es susceptible de división ni debe estar nunca a la venta." In re Delgado, 120 D.P.R. 518 (1988)

"El deber de un notario, ante todo, es ilustrar y explicar la situación a todas las partes involucradas en una transacción de compraventa, en específico, a los compradores de la propiedad. Ello le brinda la oportunidad a éstos de tomar la decisión que entiendan procedente estando debidamente informados." In re Delgado, 120 D.P.R. 518 (1988)

"Comete falta un abogado al no realizar un estudio registral con el cuidado y detenimiento que tan importante gestión requiere." In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796 (1988)

"Un contrato que claramente lesiona un derecho ajeno tiene causa ilícita; por tanto, el perjudicado está legitimado para pedir su nulidad absoluta." Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Savs, 121 D.P.R. 197 (1988).

"El proceder fraudulentamente significa actuar mediante ardid, simulación, trama, treta o mediante cualquier forma de engaño." Art. 7 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3022. Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989)

"Defraudar significa privar a una persona de un bien, derecho o interés con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989)

"Aunque la intención de defraudar implica el propósito de obtener una ventaja material sobre otra persona o de inducirla a desprenderse de algún valor, derecho, privilegio u obligación, el perjuicio no tiene necesariamente que ser patrimonial. Es suficiente que la intención sea frustrar la administración de una ley o lesionar una función gubernamental." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989)

"La intención de defraudar se da en toda modalidad de falsedad que pueda ocasionar daño relevante a algún interés ajeno." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989)

"La simulación ha sido definida como el acto o negocio jurídico que, por acuerdo de las partes, se celebra al exteriorizar una declaración recepticia no verdadera para engañar a terceros, sea que ésta carezca de todo contenido o bien que esconda uno verdadero diferente al declarado." Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989)

"La simulación absoluta se produce cuando el acto jurídico nada tiene de real y meramente crea la apariencia de un negocio. En ésta, el contrato --por carecer de causa-- es nulo, inexistente y no produce efectos jurídicos." Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989)

"En pocas materias adquiere tan primordial importancia el estudio de la prueba como en la simulación, ya que como resultado de la imagen de veracidad creada con el negocio aparente y de la diligencia con que actúan las partes simulantes es preciso, para restablecer la justicia, proporcionar a los terceros ajenos a la simulación un amplio abanico de medios probatorios. En estos casos se admite con valor inusual la prueba de presunciones y por ellas se puede llegar a evidenciar la ficción de un negocio, incluso aunque conste en documento público." Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989)

"Se consideran testigos idóneos, en casos de simulación, a aquellas personas a quienes el simulador solicitó su complicidad en la simulación y que por razones de moralidad, de miedo y económicas, entre otras, se negaron a participar." Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989)

"Cuando la prueba de un demandante es suficiente para destruir la presunción de existencia de causa en un negocio jurídico y establecer un caso prima facie de simulación, le corresponde al demandado demostrar la existencia de causa en el mencionado negocio." Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989)

"La simulación relativa tiene lugar cuando bajo la falsa apariencia se encubre un negocio real que los contratantes desean sustraer de la curiosidad e indiscreción de terceros; la simulación absoluta se produce cuando el acto jurídico nada tiene de real, y meramente crea la apariencia de un negocio. En la última, el contrato, por carecer de causa, es nulo, inexistente y no produce efectos jurídicos." Martínez v. Colón Franco, Concepción, 125 D.P.R. 16 (1989); Díaz García v. Aponte Aponte, 125 D.P.R. 1 (1989).

"Faltar a la veracidad de los hechos es, por tanto, una de las faltas más graves que como custodio de dicha fe puede cometer un notario." In re Rivera Arvelo, 132 D.P.R. 54 (1993)

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"El hecho de que al acusado ignorara la trascendencia de la declaración falsa que hubiere hecho y el de que tal declaración no afectara al resultado de la causa en que la misma se prestara, no constituye defensa en una causa por perjurio, pues es suficiente, para constituir tal delito, que la declaración sea importante y que se utilizara a los efectos de la causa en que se prestara." Pueblo v. Pabón, 7 D.P.R. 389 (1904).

"Los preceptos de esta sección con respecto a los perjurios cometidos en deposiciones, son también aplicables a los afidávit." Pueblo v. Cajiao, 18 D.P.R. 56 (1912).

"No constituye defensa para un acusado de perjurio el alegar haber perjurado por seguir el consejo de un abogado, si el consejo fue dado sobre una cuestión de hechos solamente. Tampoco releva de responsabilidad al acusado el haber perjurado por haber sido amenazado." Pueblo v. Rodríguez Sierra, 95 D.P.R. 196 (1967).

""Después de todo, la inscripción de los inmuebles es voluntaria y no obligatoria y no siempre coincide la realidad registral con la realidad extraregistral. De otra parte, la fe pública registral no se extiende ni a la existencia, ni a las cualidades de la finca, como tampoco asegura su cabida. Así mismo "... no hay un medio automático de que de incorporen las modificaciones que sufre la finca en el Registro, pues en nuestro sistema las variaciones se hacen constar a instancias de partes interesadas". Véase García Martínez, Alfonso, Algunos Aspectos de la Lotificación y Zonificación en Puerto Rico, 23 Rev. Jur. U.P.R. 349 (1954)."" Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. (30) (1991).

 

Derecho Federal

 

 

Ahora bien, con respecto a las penas por los delitos constitutivos de FRAUDE, las secciones 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1011, 1012, 1033, 1034, 2314 y 2315 del Título 18 del Código Anotado de los Estados Unidos (Crimes and Criminal Procedures / 18 U.S.C.A. secs. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1011, 1012, 1033, 1034, 2314 y 2315) dicen y citamos:

 

"§ 1001. Statements or entries generally

Whoever, in any matter within the jurisdiction of any department or agency of the United States knowingly and willfully falsifies, conceals or covers up by any trick, scheme, or device a material fact, or makes any false, fictitious or fraudulent statements or representations, or makes or uses any false writing or document knowing the same to contain any false, fictitious or fraudulent statement or entry, shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 749; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330016(1)(L), 108 Stat. 2147.)"

"§ 1002. Possession of false papers to defraud United States

Whoever, knowingly and with intent to defraud the United States, or any agency thereof, possesses any false, altered, forged, or counterfeited writing or document for the purpose of enabling another to obtain from the United States, or from any agency, officer or agent thereof, any sum of money, shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 749; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330016(1)(L), 108 Stat. 2147.)"

"§ 1003. Demands against the United States

Whoever, knowingly and fraudulently demands or endeavors to obtain any share or sum in the public stocks of the United States, or to have any part thereof transferred, assigned, sold, or conveyed, or to have any annuity, dividend, pension, wages, gratuity, or other debt due from the United States, or any part thereof, received, or paid by virtue of any false, forged, or counterfeited power of attorney, authority, or instrument, shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both; but if the sum or value so obtained or attempted to be obtained does not exceed $100, he shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 749; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330016(1)(H), (L), 108 Stat. 2147.)"

"§ 1004. Certification of checks

Whoever, being an officer, director, agent, or employee of any Federal Reserve Bank, member bank of the Federal Reserve System, insured bank (as defined in section 3(h) of the Federal Deposit Insurance Act), branch or agency of a foreign bank (as such terms are defined in paragraphs (1) and (3) of section 1(b) of the International Banking Act of 1978), or organization operating under section 25 or section 25(a) of the Federal Reserve Act, certifies a check before the amount thereof has been regularly deposited in the bank, branch, agency, or organization, by the drawer thereof, or resorts to any device, or receives any fictitious obligation, directly or collaterally, in order to evade any of the provisions of law relating to certification of checks, shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 749; Nov. 29, 1990, Pub. L. 101-647, title XXV, § 2597(g), 104 Stat. 4910; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330016(1)(K), 108 Stat. 2147.)"

"§ 1005. Bank entries, reports and transactions

Whoever, being an officer, director, agent or employee of any Federal Reserve bank, member bank, depository institution holding company, national bank, insured bank, branch or agency of a foreign bank, or organization operating under section 25 or section 25(a) of the Federal Reserve Act, without authority from the directors of such bank, branch, agency, or organization or company, issues or puts in circulation any notes of such bank, branch, agency, or organization or company; or

Whoever, without such authority, makes, draws, issues, puts forth, or assigns any certificate of deposit, draft, order, bill of exchange, acceptance, note, debenture, bond, or other obligation, or mortgage, judgment or decree; or

Whoever makes any false entry in any book, report, or statement of such bank, company, branch, agency, or organization with intent to injure or defraud such bank, company, branch, agency, or organization, or any other company, body politic or coporate, or any individual person, or to deceive any officer of such bank, company, branch, agency, or organization, or the Comptroller of the Currency, or the Federal Deposit Insurance Corporation, or any agent or examiner appointed to examine the affairs of such bank, company, branch, agency, or organization, or the Board of Governors of the Federal Reserve System;

Whoever with intent to defraud the United States or any agency thereof, or any financial institution referred to in this section, participates or shares in or receives (directly or indirectly) any money, profit, property, or benefits through any transaction, loan, commision, contract, or any other act of any such financial institution -

Shall be fined not more than $1,000,000 or imprisoned not more than 30 years, or both.

As used in this section, the term "national bank" is synonymous with "national banking association"; "member bank" means and includes any national bank, state bank, or bank or trust company, which has become a member of one of the Federal Reserve banks; "insured bank" includes any state bank, banking association, trust company, savings bank, or other banking institution, the deposits of which are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation; and the term "branch or agency of a foreign bank" means a branch or agency described in section 20(9) of this title. For purposes of this section, the term "depository institution holding company" has the meaning given such term in section 3(w)(1) of the Federal Deposit Insurance Act.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 750; Aug. 9, 1989, Pub. L. 101-73, title IX, § 961(d), 103 Stat. 499; Nov. 29, 1990, Pub. L. 101-647, title XXV, §§ 2504(d), 2595(a)(3), 2597(h), 104 Stat. 4861, 4907, 4910.)"

"§ 1006. Federal credit institution entries, reports and transactions

Whoever, being an officer, agent or employee of or connected in any capacity with the Federal Deposit Insurance Corporation, National Credit Union Administration, Office of Thrift Supervision, any Federal home loan bank, the Federal Housing Finance Board, the Resolution Trust Corporation, Farm Credit Administration, Department of Housing and Urban Development, Federal Crop Insurance Corporation, the Secretary of Agriculture acting through the Farmers Home Administration, the Rural Development Administration, or the Farm Credit System Insurance Corporation, a Farm Credit Bank, a bank for cooperatives or any lending, mortgage, insurance, credit or savings and loan corporation or association authorized or acting under  the laws of the United States or any institution, other than an insured bank (as defined in section 656), the accounts of which are insured by the Federal Deposit Insurance Corporation, or by the National Credit Union Administration Board or any small business investment company, with intent to defraud any such institution or any other company, body politic or corporate, or any individual, or to deceive any officer, auditor, examiner or agent of any such institution or of department or agency of the United States, makes any false entry in any book, report or statement of or to any such institution, or without being duly authorized, draws any order or bill of exchange, makes any acceptance, or issues, puts forth or assigns any note, debenture, bond or other obligation, or draft, bill of exchange, mortgage, judgment, or decree, or, with intent to defraud the Unitd States or any agency thereof, or any corporation, institution, or association referred to in this section, participates or shares in or receives directly or indirectly any money, profit, property, or benefits through any transaction, loan, commision, contract, or any other act of any such corporation, institution, or association, shall be fined not more than $1,000,000 or imprisoned not more than 30 years, or both.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 750; May 24, 1949, ch. 139, § 20, 63 Stat. 92; July 28, 1956, ch. 773, § 2, 70 Stat. 714; Aug. 21, 1958, Pub. L. 85-699, title VII, § 704, 72 Stat. 698; Oct. 4, 1961, Pub. L. 87-353, § 3(s), 75 Stat. 774; May 25, 1967, Pub. L. 90-19, § 24(a), 81 Stat. 27; Oct. 19, 1970, Pub. L. 91-468, § 6, 84 Stat. 1016; Aug 9, 1989, Pub. L. 101-73, title IX, §§ 961(e), 962(a)(7), (8)(A), 103 Stat. 500, 502; Nov. 28, 1990, Pub L. 101-624, title XXIII, § 2303(e), 104 Stat. 3981; Nov. 29, 1990, Pub. L. 101-647, title XVI, § 1603, title XXV, §§ 2504(e), 2595(a)(4), 104 Stat. 4843, 4861, 4907; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330004(6), 108 Stat. 2141.)

"§ 1007. Federal Deposit Insurance Corporation transactions

Whoever, for the purpose of influencing in any way the action of the Federal Deposit Insurance Corporation, knowingly makes or invites reliance on a false, forged, or conterfeit statement, document, or thing shall be fined not more than $1,000,000 or imprisoned not more than 30 years, or both.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 750; Aug. 9, 1989, Pub. L. 101-73, title IX, § 961(f), 103 Stat. 500; Nov. 29, 1990, Pub. L. 101-647, title XXV, § 2504(f), 104 Stat. 4861; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330002(c), 108 Stat. 2140.)"

"§ 1010. Department of Housing and Urban Development and Federal Housing Administration transactions

Whoever, for the purpose of obtaining any loan or advance of credit from any person, partnership, association, or corporation with the intent that such loan or advance of credit shall be offered to or accepted by the Department of Housing and Urban Development for insurance, or for the purpose of obtaining any extension or renewal of any loan, advance of credit, or mortgage insured by such Department, or the acceptance, release, or substitution of any security on such a loan, advance of credit, or for the purpose of influencing in any way the action of such Department, makes, passes, utters, or publishes any statement, knowing the same to be false, or alters, forges, or counterfeits any instrument, paper, or document, or utters, publishes, or passes as true any instrument, paper, or document, knowing it to have been altered, forged, or counterfeited, or willfully overvalues any security, asset, or income, shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, or both.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 751; May 25, 1967, Pub. L. 90-19, § 24(c), 81 Stat. 28; Sept. 13, 1994. Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330016(1)(K), 108 Stat. 2147.)"

"§ 1011. Federal land bank mortgage transactions

Whoever, being a mortgagee, knowingly makes any false statement in any paper, proposal, or letter, relating to the sale of any mortgage, to any Federal land bank; or

Whoever, being an appraiser, willfully over values any land securing such mortgage -

Shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 751; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330016(1)(K), 108 Stat. 2147.)"

"§ 1012. Department of Housing and Urban Development transactions

Whoever, with intent to defraud, makes any false entry in any book of the Department of Housing and Urban Development or makes any false report or statement to or for such Department; or

Whoever receives any compensation, rebate, or reward, with intent to defraud such Department or with intent unlawfully to defeat its purposes; or

Whoever induces or influences such Department to purchase or acquire any property or to enter into any contract and willfully fails to disclose any interest which he has in such property or in the property to which such contract relates, or any special benefit which he expects to receive as a result of such contract -

Shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 752; Oct. 31, 1951, ch. 655, § 26, 65 Stat. 720; May 25, 1967, Pub. L. 90-19, § 24(d), 81 Stat. 28; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330016(1)(H), 108 Stat. 2147.)"

§ 1033. Crimes by or affecting persons engaged in the business of insurance whose activities affect interstate commerce

(a)(1) Whoever is engaged in the business of insurance whose activities affect interstate commerce and knowingly, with the intent to deceive, makes any false material statement or report, or willfully and overvalues any land, property or security -

(A) in connection with any financial reports or documents presented to any insurance regulatory official or agency or an agent or examiner appointed by such official or agency to examine the affairs of such person, and

(B) for the purpose of influencing the actions of such official or agency or such an appointed agent or examiner,

shall be punished as provided in paragraph (2).

(2) The punishment for an offense under paragraph (1) is a fine as established under this title or imprisonment for not more than 10 years, or both, except that the term of imprisonment shall be not more than 15 years if the statement or report or overvaluing of land, property, or security jeopardized the safety and soundness of an insurer and was a significant cause of such insurer being placed in conservation, rehabilitation, or liquidation by an appropiate court.

(b)(1) Whoever -

(A) acting as, or being an officer, director, agent, or employee of, any person engaged in the business of insurance whose activities affect interstate commerce, or

(B) is engaged in the business of insurance whose activities affect interstate commerce or is involved (other than as an insured or beneficiary under a policy of insurance) in a transaction relating to the conduct of affairs of such a business,

willfully embezzles, abstracts, purloins, or misappropriates any of the moneys, funds, premiums, credits, or other property of such person so engaged shall be punished as provided in paragraph (2).

(2) The punishment for an offense under paragraph (1) is a fine as provided under this title or imprisonment for not more than 10 years, or both, except that if such embezzlement, abstraction, purloining, or misappropriation described in paragraph (1) jeopardized the safety and soundness of an insurer and was a significant cause of such insurer being placed in conservation, rehabilitation, or liquidation by an appropiate court, such imprisonment shall be not more than 15 years. If the amount or value so embezzed, abstracted, purloined, or misappropriated does not exceed $5,000, whoever violates paragraph (1) shall be fined as provided in this title or imprisoned not more than one year, or both.

(c)(1) Whoever is engaged in the business of insurance and whose activities affect interstate commerce or is involved (other than as an insured or beneficiary under a policy of insurance) in a transaction relating to the conduct of affairs of such a business, knowingly makes any false entry of material fact in any book, report, or statement of such person engaged in the business of insurance with intent to deceive any person, including any officer, employee, or agent of such person engaged in the business of insurance, any insurance regulatory official or agency, or any agent or examiner appointed by such official or agency to examine the affairs of such person, about the financial condition or solvency of such business shall be punished as provided in paragraph (2).

(2) The punishment for an offense under paragraph (1) is a fine as provided under this title or imprisonment for not more than 10 years, or both, except that if the false entry in any book, report, or statement of such person jeopardized the safety and soundness of an insurer and was a significant cause of such insurer being placed in conservation, rehabilitation, or liquidation by an appropiate court, such imprisonment shall be not more than 15 years.

(d) Whoever, by threats or force or by any threatening letter or communication, corruptly influences, obstructs, or impedes or endeavors corruptly to influence, obstruct, or impede the due and proper administration of the law under which any proceeding involving the business of insurance whose activities affect interstate commerce is pending before any insurance regulatory official or agency or any agent or examiner appointed by such official or agency to examine the affairs of a person engaged in the business of insurance whose activities affect intersate commerce, shall be fined as provided in this title or imprisoned not more than 10 years, or both.

(e)(1)(A) Any individual who has been convicted of any criminal felony involving dishonesty or a breach of trust, or who has been convicted of an offense under this section, and who willfully engages in the business of insurance whose activities affect interstate commerce or participates in such business, shall be fined as provided in this title or imprisoned not more than 5 years, or both.

(B) Any individual who is engaged in the business of insurance whose activities affect interstate commerce and who willfully permits the participation described in subparagraph (A) shall be fined as provided in this title or imprisoned not nome than 5 years, or both.

(2) A person described in paragraph (1)(A) may engage in the business of insurance or participate in such business if such person has the written consent of any insurance regulatory official authorized to regulate the insurer, which consent specifically refers to this subsection.

(f) As used in this section -

(1) the term "business of insurance" means -

(A) the writing of insurance, or

(B) the reinsuring of risks,

by an insurer, including all acts necessary or incidental to such writing or reinsuring and the activities of persons who act as, or are, officers, directors, agents, or employees of insurers or who are other persons authorized to act on behalf of such persons;

(2) the term "insurer" means any entity the business activity of which is the writing of insurance or the reinsuring of risks, and includes any person who acts as, or is, an officer, director, agent, or employee of that business;

(3) the term "interstate commerce" means -

(A) A commerce within the District of Columbia, or any territory or possession of the United States;

(B) all commerce between any point in the State, territory, possession, or the District of Columbia and any point outside thereof;

(C) all commerce between points within the same State through any place outside such State; or

(D) all other commerce over which the United States has jurisdiction; and

(4) the term "State" includes any State, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the Northern Mariana Islands, the Virgin Islands, American Samoa, and the Trust Territory of the Pacific Islands.

(Added Pub. L. 103-322, title XXXII, § 320603(a), Sept. 13, 1994, 108 Stat. 2115.)"

"§ 1034. Civil penalties and injunctions for violations of section 1033

(a) The Attorney General may bring a civil action in the appropiate United States district court against any person who engages in conduct constituting an offense under section 1033 and, upon proof of such conduct by a preponderance of the evidence, such person shall be subject to a civil penalty of not more than $50,000 for each violation or the amount of compensation which the person received or offered for the prohibited conduct, whichever amount is greater. If the offense has contributed to the decision of a court of appropiate jurisdiction to issue an order directing the conservation, rehabilitation, or liquidation of an insurer, such penalty shall be remitted to the appropriate regulatory official for the benefit of the policyholders, claimants, and creditors of such insurer. The imposition of a civil penalty under this subsection does not preclude any other criminal or civil statutory, common law, or administrative remedy, which is available by law to the United States or any other person.

(b) If the Attorney General has reason to believe that a person is engaged in conduct constituting an offense under section 1033, the Attorney General may petition an appropiate United States district court for an order prohibiting that person from engaging in such conduct. The court may issue an order prohibiting that person from engaging in such conduct if the court finds that the conduct constitutes such an offense. The filing of a petition under this section does not preclude any other remedy which is available by law to the United States or any other person.

(Added Pub. L. 103-322, title XXXII, § 320603(a), Sept. 13, 1994, 108 Stat. 2118.)"

"§ 2311. Definitions

As used in this chapter:

"Aircraft" means any contrivance now known or hereafter invented, used, or designed for navigation of or for flight in the air;

"Cattle" means one or more bulls, steers, oxen, cows, heifers, or calves, or the carcass or carcasses thereof;

"livestock" means any domestic animals raised for home use, consumption, or profit, such as horses, pigs, llamas, goats, fowl, sheep, buffalo, and cattle, or the carcasses thereof.

"Money" means the legal tender of the United States or of any foreign country, or any counterfeit thereof;

"Motor vehicle" includes an automobile, automobile truck, automobile wagon, motorcycle, or any other self-propelled vehicle designated for running on land but not on rails;

"Securities" includes any note, stock certificate, bond, debenture, check, draft, warrant, traveler's check, letter of credit, warehouse receipt, negotiable bill of lading, evidence of indebtedness, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement, collateral-trust certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust certificate; valid or blank motor vehicle title; certificate of interest in property, tangible or intangible; instrument or document or writing evidencing ownership of goods, wares, and merchandise, or transferring or assigning any right, title, or interest in or to goods, wares, and merchandise; or, in general, any instrument commonly known as a "security", or any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, warrant, or right to suscribe to or purchase any of the foregoing, or any forged, counterfeited, or spurious representation of any of the foregoing;

"Tax stamp" includes any tax stamp, tax token, tax meter imprint, or any other form of evidence of an obligation running to a State, or evidence of the discharge thereof;

"Value" means the face, par, or market value, whichever is the greatest, and the aggregate value of all goods, wares, and merchandise, securities, and money referred to in a single indictment shall constitute the value thereof.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 805; Oct. 4, 1961, Pub. L. 87-371, § 1, 75 Stat. 802; Oct. 25, 1984, Pub. L. 98-547, title II, § 202, 98 Stat. 2770; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXII, § 320912, 108 Stat. 2128.)"

"§ 2314. Transportation of stolen goods, securities, money, fraudulent State tax stamps, or articles used in counterfeiting

Whoever transports, transmits, or transfers in interstate or foreign commerce any goods, wares, merchandise, securities or money, of the value of $5,000 or more, knowing the same to have been stolen, converted or taken by fraud; or

Whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud, or for obtaining money or property by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises, transports or causes to be transported, or induces any person or persons to travel in, or to be transported in interstate or foreign commerce in the execution or concealment of a scheme or artifice to defraud that person or those persons of money or property having a value of $5,000 or more; or

Whoever, with unlawful or fraudulent intent, transports in interstate or foreign commerce any falsely made, forged, altered, or counterfeited securities or tax stamps, knowing the same to have been falsely made, forged, altered, or counterfeited; or

Whoever, with unlawful or fraudulent intent, transports in interstate or foreign commerce any traveler's check bearing a forged countersignature; or

Whoever, with unlawful or fraudulent intent, transports in interstate or foreign commerce, any tool, implement, or thing used or fitted to be used in falsely making, forging, altering, or counterfeiting any security or tax stamps, or any part thereof -

Shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both.

This section shall not apply to any falsely made, forged, altered, counterfeited or spurious representation of an obligation or other security of the United States, or of an obligation, bond, certificate, security, treasury note, bill, promise to pay or bank note issued by any foreign government. This section also shall not apply to any falsely made, forged, altered, counterfeited, or spurious representation of any bank note or bill issued by a bank or corporation of any foreign country which is intended by the laws or usage of such country to circulate as money.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 806; May 24, 1949, ch. 139, § 45, 63 Stat. 96; July 9, 1956, ch. 519, 70 Stat. 507; Oct. 4, 1961, Pub. L. 87-371, § 2, 75 Stat. 802; Sept. 28, 1968, Pub. L. 90-535, 82 Stat. 885; Nov. 18, 1988, Pub. L. 100-690, title VII, §§ 7057, 7080, 102 Stat. 4402, 4406; Nov. 29, 1990, Pub. L. 101-647, title XII, § 1208, 104 Stat. 4832; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330016(1)(K), (L), 108 Stat. 2147.)"

"§ 2315. Sale or receipt of stolen goods, securities, moneys, or fraudulent State tax stamps

Whoever receives, possesses, conceals, stores, barters, sells, or disposes of any goods, wares, or merchandise, securities, or money of the value of $5,000 or more, or pledges or accepts as security for a loan any goods, wares, or merchandise, or securities, of the value of $500 or more, which have crossed a State or United States boundary after being stolen, unlawfully converted, or taken, knowing the same to have been stolen, unlawfully converted, or taken; or

Whoever receives, possesses, conceals, stores, barters, sells, or disposes of any falsely made, forged, altered, or counterfeited securities or tax stamps, or pledges or accepts as security for a loan any falsely made, forged, altered, or counterfeited securities or tax stamps, moving as, or which are a part of, or which constitute interstate or foreign commerce, knowing the same to have been so falsely made, forged, altered, or counterfeited; or

Whoever receives in interstate or foreign commerce, or conceals, stores, barters, sells, or disposes of, any tool, implement, or thing used or intended to be used in falsely making, forgering, altering, or counterfeiting any security or tax stamp, or any part thereof, moving as, or which is a part of, or which constitutes interstate or foreign commerce, knowing that the same is fitted to be used, or has been used, in falsely making, forging, altering, or counterfeiting any security or tax stamp, or any part thereof -

Shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both.

This section shall not apply to any falsely made, forged, altered, counterfeited or spurious representation of an obligation or other security of the United States, or of an obligation, bond, certificate, security, treasury note, bill, promise to pay or bank note issued by any foreign government. This section also shall not apply to any falsely made, forged, altered, counterfeited, or spurious representation of any bank note or bill issued by a bank or corporation of any foreign country which is intended by the laws or usage of such country to circulate as money.

For purposes of this section, the term "State" includes a State of the United States, the District of Columbia, and any commonwealth, territory, or possession of the United States.

(June 25, 1948, ch. 645, 62 Stat. 806; Oct. 4, 1961, Pub. L. 87-371, § 3, 75 Stat. 802; Nov. 10, 1986, Pub. L. 99-646, § 76, 100 Stat. 3618; Nov. 18, 1988, Pub. L. 100-690, title VII, §§ 7048, 7057(b), 102 Stat. 4401, 4402; Nov. 29, 1990, Pub. L. 101-647, title XII, § 1205(m), 104 Stat. 4831; Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, title XXXIII, § 330016(1)(K), (L), 108 Stat. 2147.)"

 

Usurpación

 

Derecho Estatal

 

Con respecto a la pena por el delito constitutivo de USURPACIÓN, la sección 4283 del Título 33 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Código Penal / 33 L.P.R.A. sec. 4283) dice y citamos:

 

  4283. Usurpación.

Será sancionada con pena de reclusión por un término máximo de seis meses, o multa máxima de quinientos dólares o ambas penas, a discreción del tribunal, toda persona que realice cualquiera de los siguientes actos:

(a) Invadiere u ocupare ilegalmente terrenos u otras propiedades ajenas, con el fin de realizar actos de dominio o posesión sobre ellos.

(b) Penetrare en domicilio ajeno, sin el consentimiento expreso del dueño, poseedor o encargado, alterándolo, realizando actos de dominio, modificándolo o intentando hacer en el mismo cualquier reparación no importa la índole que fuere.

(c) Desviare, represare o detuviere ilegalmente las aguas públicas o privadas.

(d) Despojare ilegalmente a otro de la posesión de un inmueble o de un derecho real de uso, usufructo o habitación constituido sobre un inmueble.

(e) Removiere o alterare ilegalmente las colindancias de un inmueble o cualquier clase de señales destinadas a fijar los límites de propiedades o marcas en terrenos contiguos.

En cualquiera de las modalidades tipificadas en esta sección el tribunal podrá imponer en adición a las penas establecidas en esta sección la pena de restitución.

(Código Penal, 1974, art. 177; Diciembre 8, 1995, Núm. 231, art. 1, ef. Diciembre 8, 1995.)"

 

También, en lo pertinente, con respecto a los efectos que el delito de USURPACIÓN tiene sobre sus autores, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado como sigue y citamos:

 

"Una invasión ilegal, a sabiendas, de inmuebles ajenos, no crea derecho de privacidad alguna a favor de los invasores ni protege su posesión ilegal." Catalán Gónzalez & Co. v. García, 104 D.P.R. 380 (1975).

"Invadido ilegalmente un inmueble ajeno y sin derecho alguno - construyendo los invasores estructuras sobre el mismo - resulta ridículo que los invasores planteen como error - como se ha hecho en este caso - que se les privó del disfrute "de su propiedad" y de la "protección de sus casas y efectos contra allanamientos irrazonables". Id." Catalán Gónzalez & Co. v. García, 104 D.P.R. 380 (1975).

"Una invasión de un inmueble ajeno no establece ningún derecho de privacidad del hogar sobre la estructura construida por el invasor en el predio ilegalmente invadido." Id. Catalán Gónzalez & Co. v. García, 104 D.P.R. 380 (1975).

 

Conspiración

 

Derecho Estatal

 

Con respecto a las penas por el delito constitutivo de CONSPIRACIÓN, las secciones 4523 y 4524 del Título 33 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Código Penal / 33 L.P.R.A. secs. 4523 y 4524) dicen y citamos:

 

  4523. Conspiración.

Si dos o más personas conspiraren (1) para cometer algún delito; (2) para acusar falsa y maliciosamente a otra persona de algún delito, o conseguir que se denuncie o arreste a otra por algún delito; (3) para promover o sostener algún pleito, causa o proceso infundadamente; (4) para estafar y defraudar a alguna persona en sus bienes o por medios en sí criminales u obtener dinero o bienes valiéndose del engaño; y (5) para cometer algún acto perjudicial a la salud pública, a la moral pública o a la seguridad pública o encaminado a pervertir u obstruir la justicia o la debida administración de las leyes, tales personas serán sancionadas con pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Se le confiere jurisdicción exclusiva al Tribunal Superior para conocer de las violaciones a esta sección debiendo celebrarse los juicios por tribunal de derecho.

Cuando el propósito de la conspiración sea la comisión de asesinato, incendio, infracción a las secs. 586 y 587 del Título 25, o a las secs. 411 a 454 de dicho título, la pena será de reclusión por un término de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

(Código Penal, 1974, art. 262; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

  4524. Convenio, cuándo constituye conspiración.

Ningún convenio, excepto para cometer delito grave contra alguna persona, o para cometer el delito de incendiar o escalar una morada, constituye conspiración a no concurrir algún acto para llevarlo a cabo, por uno o más de los conspiradores.

(Código Penal, 1974, art. 263.)"

 

También, en lo pertinente, con respecto al delito de CONSPIRACIÓN, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado como sigue y citamos:

 

"En una acusación que imputa el delito de obtener propiedad o bienes bajo falsas o fraudulentas simulaciones no es necesario alegar que el acusado obró a sabiendas e intencionalmente, pues la intención se manifiesta por las circunstancias del delito y el sano juicio y discreción del acusado, y la intención maliciosa y criminal se presume por la manera y deliberación con que se intente o cometa un acto ilegal con el fin de perjudicar a otro." Pueblo v. Battistini, 5 D.P.R. 124 (1904)

"El estatuto trata de castigar el acuerdo de dos o más personas para ejecutar un acto que por sí mismo constituya un delito, o que esté expresamente prohibido por las disposiciones en materia de conspiración." Pueblo v. Torrellas, 10 D.P.R. 542 (1906).

"En una causa seguida contra dos personas por conspiración, la responsabilidad criminal de la una debe ser igual a la de la otra, siendo incompatible la inocencia de un acusado con la culpabilidad del otro, ya que es absolutamente necesaria la concurrencia de dos o más personas para que el delito pueda existir." Pueblo v. Torrellas, 10 D.P.R. 542 (1906).

"Si bien es cierto que, por regla general, antes de que se permita a un coconspirador que declare sobre actos y conversaciones de sus coconspiradores, se exige prueba independiente de la comisión del delito de conspiración, esta regla no es tan absoluta que no pueda alterarse, y la corte puede, por tanto, en el uso de su facultad discrecional en el orden de las pruebas, con mayor razón cuando el juicio se celebra sin jurado, admitir la declaración de un coconspirador bajo la condición de que se pruebe independientemente de ella el hecho de la conspiración." Pueblo v. Díaz, 22 D.P.R. 191 (1915), apelación desestimada por falta de jurisdicción, Díaz v. People of Porto Rico, 243 U.S. 627 (1917).

"Constituye evidencia directa del corpus delicti  en un proceso de conspiración, la declaración de un testigo refiriéndose a conversaciones o manifestaciones entre los coconspiradores, siempre que sea pertinente a la cuestión que se ventila." Pueblo v. Díaz, 22 D.P.R. 191 (1915), apelación desestimada por falta de jurisdicción, Díaz v. People of Porto Rico, 243 U.S. 627 (1917).

"La simulación debe ser una falsa representación de un hecho presente o suceso pasado." Pueblo v. Ramírez, 22 D.P.R. 471 (1915)

"Es doctrina constante de la ley y de la jurisprudencia que toda persona intenta las consecuencias naturales de sus actos, por lo que, por dedicarse intencionalmente a una conspiración que necesaria y directamente produce el resultado que el estatuto quiso impedir está, en el sentido legal, acusado de haber intentado el resultado." Pueblo v. Juliá, 25 D.P.R. 284 (1917).

"Una persona que no haya intervenido en los primeros actos, pero que intervenga luego, con pleno conocimiento de todo, asociándose a la conspiración criminal comenzada y haciendo posible su realización en la práctica, es debidamente acusada y condenada como autor de tal delito." Pueblo v. Gotay, 38 D.P.R. 30 (1928).

"Para la comisión de un delito no es indispensable que el acusado ejecute personalmente el acto delictivo y basta con su presencia pasiva, siempre que su responsabilidad como co-autor pueda establecerse por actos anteriores, o como el resultado de una conspiración en que participó." Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511 (1961).

"Testimonio sobre actos de un conspirador llevados a cabo después de consumada la conspiración es admisible en evidencia contra los otros conspiradores en el juicio que se le celebre a estos últimos, si tiende a confirmar los hechos de la conspiración o demuestra - como en este caso - la intención de los conspiradores." Pueblo v. Orona Merced, 89 D.P.R. 336 (1963); Pueblo v. Castro, 75 D.P.R. 672 (1953).

"Es regla conocida que una vez probada la existencia de una conspiración, las actuaciones y manifestaciones de uno de los coconspiradores en el transcurso de la misma son admisibles contra todos." Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 91 D.P.R. 303 (1964).

"Para que un convenio o pacto entre dos o más personas constituya el delito de conspiración, es indispensable probar la ejecución de algún acto (overt act ) de por lo menos uno de los conspiradores como el primer paso hacia la realización del objeto de la conspiración, excepto cuando el convenio es para cometer un delito grave contra alguna persona, o para cometer el delito de incendiar o asaltar moradas (escalamiento)." Pueblo v. Vélez Rivera, 93 D.P.R. 649 (1966).

"En términos generales una "conspiración" es un acuerdo, convenio o pacto entre dos o más personas para realizar un acto ilegal empleando medios legales o ilegales, esto es, es una sociedad con fines criminales." Pueblo v. Vélez Rivera, 93 D.P.R. 649 (1966).

"Aunque la regla general es que no se admitirá ninguna declaración de los conspiradores hasta que no se haya establecido primeramente la conspiración, queda a la sana discreción de un tribunal de justicia el alterar el orden lógico de la prueba para permitir presentar en primer término evidencia de supuestas manifestaciones extrajudiciales de un alegado coconspirador, máxime cuando, como en este caso, la prueba está tan interrelacionada que resulta prácticamente imposible separarla." Pueblo v. Lebrón López, 96 D.P.R. 274 (1968).

"Aunque para establecer el delito de conspiración se requiere que el fiscal presente prueba para establecer el mismo fuera de toda duda razonable, prueba prima facie es suficiente para establecer una conspiración como un prerrequisito para la admisión de las manifestaciones de un alegado coconspirador." Pueblo v. Lebrón López, 96 D.P.R. 274 (1968).

"Una conspiración no termina necesariamente con la comisión del delito." Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

"Son admisibles en evidencia contra otro coconspirador las manifestaciones de un coconspirador hechas tan próximas al tiempo de cometer el delito que forman parte del res gestae ya que tienden a confirmar la conspiración y demostrar la intención de las partes." Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303 (1977).

"Una conspiración es, por definición, un acuerdo, convenio o pacto entre dos o más personas para realizar un acto ilegal, o para realizar un acto que está expresamente prohibido por el estatuto que tipifica el delito." Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99 (1983).

"Para que se entienda configurado el delito de conspiración se exige que, en adición al acuerdo, debe ocurrir un acto manifiesto u ostensible durante la vigencia de la conspiración." Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99 (1983).

"El hecho de que un coconspirador se retire de la conspiración no derrota ni elimina su rol como coconspirador durante los días anteriores a su retiro." Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99 (1983).

"El acuerdo entre dos o más personas que desemboca en una conspiración puede ser demostrado por el Estado a través de prueba de la conducta observada por dichas personas, sin que se requiera evidencia directa de ello; en otras palabras, por medio de evidencia circunstancial." Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99 (1983).

"La grabación ilegal de una conversación telefónica no hace inadmisible el testimonio de un testigo que tiene conocimiento personal de su contenido, puesto que la información sobre la cual él testifica es consecuencia de su participación personal en dicha conversación." Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99 (1983).

"Las manifestaciones de un coconspirador - vigente la conspiración y en la consecución del objetivo de ésta - hechas a una tercera persona son admisibles en un proceso, por voz de esa tercera persona, no sólo en contra del coconspirador que las hizo, sino contra cualesquiera de los otros coconspiradores, como excepción a la regla de prueba de referencia." Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99 (1983).

"Es suficiente la prueba circunstancial para sostener una convicción por el delito de conspiración." United States v. Pizarro, 681 F. Supp. 95 (1987).

"En los casos de coautoría la responsabilidad criminal debe ser establecida por actos anteriores y posteriores que, considerados en conjunto, revelan la existencia de una conspiración o de un designio común." Pueblo en interés del menor F.S.C., C.A. 91-75 (1991).

 

Derecho Federal

 

 

Ahora bien, con respecto a la pena por el delito constitutivo de CONSPIRACIÓN, la sección 371 del Título 18 del Código Anotado de los Estados Unidos (Crimes and Criminal Procedures / 18 U.S.C.A. sec. 371) dice y citamos:

 

"371. Conspiracy to commit offense or to defraud United States

If two or more persons conspire either to commit any offense against the United States, or to defraud the United States, or any agency thereof in any manner or for any purpose, and one or more of such persons do any act to effect the object of the conspiracy, each shall be fined under this title or imprisoned not more than five years, or both.

If, however, the offense, the commission of which is the object of the conspiracy, is a misdemeanor only, the punishment for such conspiracy shall not exceed the maximum punishment provided for such misdemeanor.

(June 25, 1948, c. 645, 62 Stat. 701; As amended Sept. 13, 1994, Pub. L. 103-322, Title XXXIII, § 330016(1)(L), 108 Stat. 2147.)"

 

Raqueterismo

 

Derecho Federal

 

Ahora bien, con respecto al delito constitutivo de RAQUETERISMO, las secciones 1952, 1961, 1962, 1963, 1964 y 1968 del Título 18 del Código Anotado de los Estados Unidos (Crimes and Criminal Procedures / 18 U.S.C.A. secs. 1952, 1961, 1962, 1963, 1964 y 1968 ) dicen y citamos:

 

"§ 1952. Interstate and foreign travel or transportation in aid of racketeering enterprises

(a) Whoever travels in interstate or foreign commerce or uses the mail or any facility in interstate or foreign commerce, with intent to -

(1) distribute the proceeds of any unlawful activity; or

(2) commit any crime of violence to further any unlawful activity; or

(3) otherwise promote, manage, establish, carry on, or facilitate the promotion, management, establishment, or carrying on, of any unlawful activity,

and thereafter performs or attempts to perform -

(A) an act described in paragraph (1) or (3) shall be fined under this title, imprisoned not more than 5 years, or both; or

(B) an act described in paragraph (2) shall be fined under this title, imprisoned for not more than 20 years, or both, and if death results shall be imprisoned for any term of years or for life.

(b) As used in this section (i) "unlawful activity" means (1) any business enterprise involving gambling, liquor on which the Federal excise tax has not been paid, narcotics or controlled substances (as defined in section 102(6) of the Controlled Substances Act), or prostitution offenses in violation of the laws of the State in which they are commited or of the United States, (2) extortion, bribery, or arson in violation of the laws of the State in which committed or of the United States, or (3) any act which is indictable under subchapter II of chapter 53 of title 31, United States Code, or under section 1956 or 1957 of this title and (ii) the term "State" includes a State of the United States, the District of Columbia, and any commonwealth, territory, or possession of the United States.

(c) Investigations of violations under this section involving liquor shall be conducted under the supervision of the Secretary of the Treasury.

(Added Pub.L. 87-228 § 1(a), Sept. 13, 1961, 75 Stat. 498, and amended Pub. L. 89-68, July 7, 1965, 79 Stat. 212; Pub.L. 91-513, Title II, § 701(i)(2), Oct. 27, 1970, 84 Stat. 1282; As amended Pub. L. 99-570, Title XIII, § 1365(a), Oct. 27, 1986, 100 Stat. 3207-35; Pub. L. 101-647, Title XII, § 1205(i), Title XVI, § 1604, Nov. 29, 1990, 104 Stat. 4831, 4843; Pub. L. 103-322, Title XIV, § 140007(a), Title XXXIII, § 330016(1)(L), Sept. 13, 1994, 108 Stat. 2033, 2147.)"

Chapter 96 - Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO)

"§ 1961. Definitions

As used in this chapter -

(1) "racketeering activity" means (A) any act or threat involving murder, kidnapping, gambling, arson, robbery, bribery, extorsion, dealing in obscene matter, or dealing in a controlled substance or listed chemical (as defined in section 102 of the Controlled Substances Act), which is chargeable under State law and punishable by imprisonment for more than one year; (B) any act which is indictable under any of the following provisions of title 18, United States Code: Section 201 (relating to bribery), section 224 (relating to sports bribery), sections 471, 472, and 473 (relating to counterfeiting), section 659 (relating to theft from interstate shipment) if the act indictable under section 659 is felonious, section 664 (relating to embezzlement from pension and welfare funds), sections 891-894 (relating to extortionate credit transactions), section 1028 (relating to fraud and related activity in connection with identification documents), section 1029 (relating to relating to fraud and related activity in connection with acces devices), section 1084 (relating to the transmission of gambling information), section 1341 (relating to mail fraud), section 1343 (relating to wire fraud), section 1344 (relating to financial institution fraud), section 1425 (relating to the procurement of citizenship or nationalization unlawfully), section 1426 (relating to the reproduction of naturalization or citizenship papers), section 1427 (relating to the sale of naturalization or citizenship papers), sections 1461-1465 (relating to obscene matter), section 1503 (relating to obstruction of justice), section 1510 (relating to obstruction of criminal investigations), section 1511 (relating to the obstruction of State or local law enforcement), section 1512 (relating to tampering with a witness, victim, or an informant), section 1513 (relating to retaliating against a witness, victim, or an informant), section 1542 (relating to false statement in application and use of passport), section 1543 (relating to forgery or false use of passport), section 1544 (relating to misuse of passport), section 1546 (relating to fraud and misuse of visas, permits, and other documents), sections 1581-1588 (relating to peonage and slavery), section 1951 (relating to interference with commerce, robbery, or extortion), section 1952 (relating to racketeering), section 1953 (relating to intersate transportation of wagering paraphernalia), section 1954 (relating to unlawful welfare fund payments), section 1955 (relating to the prohibition of illegal gambling businesses), section 1956 (relating to the laundering of monetary instruments), section 1957 (relating to engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity), section 1958 (relating to use of interstate commerce facilities in the commission of murder-for-hire), sections 2251, 2251A, 2252, and 2260 (relating to sexual exploitation of children), sections 2312 and 2313 (relating to interstate transportation of stolen motor vehicles), sections 2314 and 2315 (relating to interstate transportation of stolen property), section 2318 (relating to trafficking in counterfeit labels for phonorecords, computer programs or computer program documentation or packaging and copies of motion pictures or other audiovisual works), section 2319 (relating to criminal infringement of a copyright), section 2319A (relating to unauthorized fixation of and trafficking in sound recordings and music videos of live musical performances), section 2320 (relating to trafficking in goods or services bearing counterfeit marks), section 2321 (relating to trafficking in certain motor vehicles or motor vehicle parts), sections 2341-2346 (relating to trafficking in contraband cigarettes), sections 2421-24 (relating to white slave traffic), (C) any act which is indictable under title 29, United States Code, section 186 (dealing with restrictions on payments and loans to labor organizations) or section 501(c) (relating to embezzlement from union funds), (D) any offense involving fraud connected with a case under title 11 (except a case under section 157 of this title), fraud in the sale of securities, or the felonious manufacture, importation, receiving, concealment, buying, selling, or otherwise dealing in a controlled substance or listed chemical (as defined in section 102 of the Controlled Substances Act), punishable under any law of the United States, (E) any act which is indictable under the Currency and Foreign Transactions Reporting Act, or (F) any act which is indictable under the Immigration and Nationality  Act, section 274 (relating to bringing in and harboring certain aliens), section 277 (relating to aiding or assisting certain aliens to enter the United States), or section 278 (relating to importation of alien for immoral purpose) if the act indictable under such section of such Act was committed for the purpose of financial gain;

(2) "State" means any State of the United States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, any territory or possession of the United States, any political subdivision, or any department, agency, or instrumentality thereof;

(3) "person" includes any individual or entity capable of holding a legal or beneficial interest in property;

(4) "enterprise" includes any individual, partnership, corporation, association, or other legal entity, and any union or group of individuals associated in fact although not a legal entity;

(5) "pattern of racketeering activity" requires at least two acts of racketeering activity, one on which occurred after the effective date of this chapter and the last of which ocurred within ten years (excluding any period of imprisonment) after the commission of a prior act of racketeering activity;

(6) "unlawful debt" means a debt (A) incurred or contracted in gambling activity which was in violation of the law of the United States, a State or political subdivision thereof, or which is unenforceable under State or Federal law in whole or in part as to principal or interest because of the laws relating to usury, and (B) which was incurred in connection with the business of gambling in violation of the law of the United States, a State or political subdivision thereof, or the business of lending money or a thing of value at a rate usurious under State or Federal law, where the usurious rate is at least twice the enforceable rate;

(7) "racketeering investigator" means any attorney or investigator so designated by the Attorney General and charged with the duty of enforcing or carrying into effect this chapter;

(8) "racketeering investigation" means any inquiry conducted by any racketeering investigator for the purpose of ascertaining whether any person has been involved in any violation of this chapter or of any final order, judgment, or decree of any court of the United States, duly entered in any case or proceeding arising under this chapter;

(9) "documentary material" includes any book, paper, document, record, recording, or other material; and

(10) "Attorney General" includes the Attorney General of the United States, the Deputy Attorney General of the United States, the Associate Attorney General of the United States, any Assistant Attorney General of the United States, or any employee of the Department of Justice or any employee of any department or agency of the United States so designated by the Attorney General to carry out the powers conferred on the Attorney General by this chapter. Any department or agency so designated may use in investigations authorized by this chapter either the investigate provisions of this chapter or the investigative power of such department or agency otherwise conferred by law.

(As amemded Pub. L. 98-473, Title II, §§ 901(g), 1020, Oct. 12, 1984, 98 Stat. 2136, 2143; Pub. L. 98-547, Title II, § 205, Oct. 25, 1984, 98 Stat. 2770; Pub. L. 99-570, Title XIII, § 1365(b), Oct. 27, 1986, 100 Stat. 3207-35; Pub. L. 99-646, § 50(a), Nov. 10, 1986, 100 Stat. 3605; Pub. L. 100-690, Title VII, §§ 7013, 7020(c), 7032, 7054, 7514, Nov. 18, 1988, 102 Stat. 4395, 4396, 4398, 4402, 4489; Pub. L. 101-73, Title IX, § 968, Aug. 9, 1989, 103 Stat. 506; Pub. L. 101-647, Title XXXV, § 3560, Nov. 29, 1990, 104 Stat. 4927; Pub. L. 103-322, Title IX , § 90104, Title XVI, § 160001(f), Title XXXIII, § 330021(1), Sept. 13, 1994, 108 Stat. 1987, 2037, 2150; Pub. L. 103-394, Title III, § 312(b), Oct. 22, 1994, 108 Stat. 4140; Pub. L. 104-132, Title IV, § 433, Apr. 24, 1996, 110 Stat. 1274; Pub. L. 104-153, § 3, July 2, 1996, 110 Stat. 1386; Pub. L. 104-208, Div. C, Title II, § 202, Sept. 30, 1996, 110 Stat. 3009 - __; Pub. L. 104-294, Title VI, §§ 601(b)(3), (i)(3), 604(b)(6), Oct. 11, 1996, 110 Stat. 3499, 3501, 3506.)"

"§ 1962. Prohibited activities

(a) It shall be unlawful for any person who has received any income derived, directly or indirectly, from a pattern of racketeering activity or through collection of an unlawful debt in which such person has participated as a principal within the meaning of section 2, title 18, United States Code, to use or invest, directly or indirectly, any part of such income, or the proceeds of such income, in acquisition of any interest in, or the establishment or operation of, any enterprise which is engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce. A purchase of securities on the open market for purposes of investment, and without the intention of controlling or participating in the control of the issuer, or of assisting another to do so, shall not be unlawful under this subsection if the securities of the issuer held by the purchaser, the members of his immediate family, and his or their accomplices in any pattern or racketeering activity or the collection of an unlawful debt after such purchase do not amount in the aggregate to one percent of the outstanding securities of any one class, and do not confer, either in law or in fact, the power to elect one or more directors of the issuer.

(b) It shall be unlawful for any person through a pattern of racketeering activity or through collection of an unlawful debt to acquire or maintain, directly or indirectly, any interest in or control of any enterprise which is engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce.

(c) It shall be unlawful for any person employed by or associated with any enterprise engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce, to conduct or participate, directly or indirectly, in the conduct of such enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity or collection of unlawful debt.

(d) It shall be unlawful for any person to conspire to violate any of the provisions of subsection (a), (b), or (c) of this section.

(Added Pub. L. 91-452, title IX, § 901(a), Oct. 15, 1970, 84 Stat. 942; amended Pub. L. 100-690, title VII, § 7033, Nov. 18, 1988, 102 Stat. 4398.)"

"§ 1963. Criminal penalties

(a) Whoever violates any provision of section 1962 of this chapter shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years (or for life if the violation is based on a racketeering activity for which the maximum penalty includes life imprisonment), or both, and shall forfeit to the United States, irrespective of any provision of State law -

(1) any interest the person has acquired or maintained in violation of section 1962;

(2) any -

(A) interest in;

(B) security of;

(C) claim against; or

(D) property or contractual right of any kind affording a source of influence over;

any enterprise which the person has established, operated, controlled, conducted, or participated in the conduct of, in violation of section 1962; and

(3) any property constituting, or derived from, any proceeds which the person obtained, directly or indirectly, from racketeering activity or unlawful debt collection in violation of section 1962.

The court, in imposing sentence on such person shall order, in addition to any other sentence imposed pursuant to this section, that the person forfeit to the United States all property described in this subsection. In lieu of a fine otherwise authorized by this section, a defendant who derives profits or other proceeds from an offense may be fined not more than twice the gross profits or other proceeds.

(b) Property subject to criminal forfeiture under this section includes -

(1) real property, including things growing on, affixed to, and found in land; and

(2) tangible and intangible personal property, including rights, privileges, interests, claims, and securities.

(c) All right, title, and interest in property described in subsection (a) vests in the United States upon the commission of the act giving rise to forfeiture under this section. Any such property that is subsequently transferred to a person other than the defendant may be the subject of a special verdict of forfeiture and thereafter shall be ordered forfeited to the United States, unless the transferee establishes in a hearing pursuant to subsection (l) that he is a bona fide purchaser for value of such property who at the time of purchase was reasonably without cause to believe that the property was subject to forfeiture under this section.

(d)(1) Upon application of the United States, the court may enter a restraining order or injuction, require the execution of a satisfactory performance bond, or take any other action to preserve the availability of property described in subsection (a) for forfeiture under this section -

(A) upon the filing of an indictment or information charging a violation of section 1962 of this chapter and alleging that the property with respect to which the order is sought would, in the event of conviction, be subject to forfeiture under this section; or

(B) prior to the filing of such an indictment or information, if, after notice to persons appearing to have an interest in the property and the opportunity for a hearing, the court determines that -

(i) there is a substancial probability that the United States will prevail on the issue of forfeiture and that failure to enter the order will result in the property being destroyed, removed from the jurisdiction of the court, or otherwise made unavailable for forfeiture; and

(ii) the need to preserve the availability of the property through the entry of the requested order outweighs the hardship on any party against whom the order is to be entered:

Provided, however, That an order entered pursuant to subparagraph (B) shall be effective for not more than ninety days, unless extended by the court for good cause shown or unless an indictment or information described in subparagraph (A) has been filed.

(2) A temporary restraining order under this subsection may be entered upon application of the United States without notice or opportunity for a hearing when an information or indictment has not yet been filed with respect to the property, if the United States demostrates that there is probable cause to believe that the property with respect to which the order is sought would, in the event of conviction, be subject to forfeiture under this section and that provision of notice will jeopardize the availability of the property for forfeiture. Such a temporary order shall expire not more than ten days after the date on which it is entered, unless extended for good cause shown or unless the party against whom it is entered consents to an extension for a longer period. A hearing requested concerning an order entered under this paragraph shall be held at the earliest possible time, and prior to the expiration of the temporary order.

(3) The court may receive and consider, at a hearing held pursuant to this subsection, evidence and information that would be inadmissible under the Federal Rules of Evidence.

(e) Upon conviction of a person under this section, the court shall enter a judgment of forfeiture of the property to the United States and shall also authorize the Attorney General to seize all property ordered forfeited upon such terms and conditions as the court shall deem proper. Following the entry of an order declaring the property forfeited, the court may, upon application of the United States, enter such appropiate restraining orders or injunctions, require the execution of satisfactory performance bonds, appoint receivers, conservators, appraisers, accountants, or trustees, or take any other action to protect the interest of the United States in the property ordered forfeited. Any income accruing to, or derived from, an enterprise or an interest in an enterprise which has been ordered forfeited under this section may be used to offset ordinary and necessary expenses to the enterprise which are required by law, or which are necessary to protect the interests of the United States or third parties.

(f) Following the seizure of property ordered forfeited under this section, the Attorney General shall direct the disposition of the property by sale or any other commercially feasible means, making due provision for the rights of any innocent persons. Any property right or interest not exercisable by, or transferable for value to, the United States shall expire and shall not revert to the defendant, nor shall the defendant or any person acting in concert with or on behalf of the defendant be eligible to purchase forfeited property at any sale held by the United States. Upon application of a person, other than the defendant or a person acting in concert with or on behalf of the defendant, the court may restrain or stay the sale or disposition of the property pending the conclusion of any appeal of the criminal case giving rise to the forfeiture, if the applicant demostrates that proceeding with the sale or disposition of the property will result in irreparable injury, harm or loss to him. Nowithstanding 31 U.S.C. 3302(b), the proceeds of any sale or other disposition of property forfeited under this section and any moneys forfeited shall be used to pay all proper expenses for the forfeiture and the sale, including expenses of seizure, maintenance and custody of the property pending its disposition, advertising and court costs. The Attorney General shall deposit in the Treasury any amounts of such proceeds or moneys remaining after the payment of such expenses.

(g) With respect to property ordered forfeited under this section, the Attorney General is authorized to -

(1) grant petitions for mitigation or remission of forfeiture, restore forfeited property to victims of a violation of this chapter, or take any other action to protect the rights of innocent persons which is in the interest of justice and which is not inconsistent with the provisions of this chapter;

(2) compromise claims arising under this section;

(3) award compensation to persons providing information resulting in a forfeiture under this section;

(4) direct the disposition by the United States of all property ordered forfeited under this section by public sale or any other commercially feasible means, making due provision for the rights of innocent persons; and

(5) take appropriate measures necessary to safeguard and maintain property ordered forfeited under this section pending its disposition.

(h) The Attorney General may promulgate regulations with respect to -

(1) making reasonable efforts to provide notice to persons who may have an interest in property ordered forfeited under this section;

(2) granting petitions for remission or mitigation of forfeiture;

(3) the restitution of property to victims of an offense petitioning for remission or mitigation of forfeiture under this chapter;

(4) the disposition by the United States of forfeited property by public sale or other commercially feasible means;

(5) the maintenance and safekeeping of any property forfeited under this section pending its disposition; and

(6) the compromise of claims arising under this chapter.

Pending the promulgation of such regulations, all provisions of law relating to the disposition of property, or the proceeds from the sale thereof, or the remission or mitigation of forfeitures for violation of the customs laws, and the compromise of claims and the award of compensation to informers in respect of such forfeitures shall apply to forfeitures incurred, or alleged to have been incurred, under the provisions of this section, insofar as applicable and not inconsistent with the provisions hereof. Such duties as are imposed upon the Customs Service or any person with respect to the disposition of property under the customs law shall be performed under this chapter by the Attorney General.

(i) Except as provided in subsection (l), no party claiming an interest in property subject to forfeiture under this section may -

(1) intervene in a trial or appeal of a criminal case involving the forfeiture of such property under this section; or

(2) commence an action at law or equity against the United States concerning the validity of his alleged interest in the property subsequent to the filing of an indictment or information alleging that the property is subject to forfeiture under this section.

(j) The district courts of the United States shall have jurisdiction to enter orders as provided in this section without regard to the location of any property which may be subject to forfeiture under this section or which has been ordered forfeited under this section.

(k) In order to facilitate the identification or location of property declared forfeited and to facilitate the disposition of petitions for remission or mitigation of forfeiture, after the entry of an order declaring property forfeited to the United States the court may, upon application of the United States, order that the testimony of any witness relating to the property forfeited be taken by deposition and that any designated book, paper, document, record, recording, or other material not privileged be produced at the same time and place, in the same manner as provided for the taking of depositions under Rule 15 of the Federal Rules of Criminal Procedure.

(l)(1) Following the entry of an order of forfeiture under this section, the United States shall publish notice of the order and of its intent to dispose of the property in such manner as the Attorney General may direct. The Government may also, to the extent practicable, provide direct written notice to any person known to have alleged an interest in the property that is the subject of the order of forfeiture as a substitute for published notice as to those persons so notified.

(2) Any person, other than the defendant, asserting a legal interest in property which has been ordered forfeited to the United States pursuant to this section may, within thirty days of the final publication of notice or his receipt of notice under paragraph (1), whichever is earlier, petition the court for a hearing to adjudicate the validity of his alleged interest in the property. The hearing shall be held before the court alone, without a jury.

(3) The petition shall be signed by the petitioner under penalty of perjury and shall set forth the nature and extent of the petitioner's right, title, or interest in the property, the time and circumstances of the petitioner's acquisition of the right, title, or interest in the property, any additional facts supporting the petitioner's claim, and the relief sought.

(4) The hearing on the petition shall, to the extent practicable and consistent with the interests of justice, be held within thirty days of the filing of the petition. the court may consolidate the hearing on the petition with a hearing on any other petition filed by a person other than the defendant under this subsection.

(5) At the hearing, the petitioner may testify and present evidence and witnesses on his own behalf, and cross-examine witnesses who appear at the hearing. The United States may present evidence and witnesses in rebuttal and in defense of its claim to the property and cross-examine witnesses who appear at the hearing. In addition to testimony and evidence presented at the hearing, the court shall consider the relevant portions of the record of the criminal case which resulted in the order of forfeiture.

(6) If, after the hearing, the court determines that the petitioner has established by a preponderance of the evidence that -

(A) the petitioner has a legal right, title, or interest in the property, and such right, title, or interest renders the order of forfeiture invalid in whole or in part because the right, title, or interest was vested in the petitioner rather than the defendant or was superior to any right, title, or interest of the defendant at the time of the commission of the acts which gave rise to the forfeiture of the property under this section; or

(B) the petitioner is a bona fide purchaser for value of the right, title, or interest in the property and was at the time of purchase reasonably without cause to believe that the property was subject to forfeiture under this section;

the court shall amend the order of forfeiture in accordance with its determination.

(7) Following the court's disposition of all petitions filed under this subsection, or if no such petitions are filed following the expiration of the period provided in paragraph (2) for the filing of such petitions, the United States shall have clear title to property that is the subject of the order of forfeiture and may warrant good title to any subsequent purchaser or transferee.

(m) If any of the property described in subsection (a), as a result of any act or omission of the defendant -

(1) cannot be located upon the exercise of due diligence;

(2) has been transferred or sold to, or deposited with, a third party;

(3) has been placed beyond the jurisdiction of the court;

(4) has been substantially diminished in value; or

(5) has been commingled with other property which cannot be divided without difficulty; the court shall order the forfeiture of any other property of the defendant up to the value of any property described in paragraphs (1) through (5).

(Added Pub. L. 91-452, title IX, § 901(a), Oct. 15, 1970, 84 Stat. 943; amended Pub. L. 98-473, title II, §§ 302, 2301(a)-(c), Oct. 12, 1984, 98 Stat. 2040, 2192; Pub. L. 99-570, title I, § 1153(a), Oct. 27, 1986, 100 Stat. 3207-13; Pub. L. 99-646, § 23, Nov. 10, 1986, 100 Stat. 3597; Pub. L. 100-690, title VII, §§ 7034, 7058(d), Nov. 18, 1988, 102 Stat. 4398, 4403; Pub. L. 101-647, title XXXV, § 3561, Nov. 29, 1990, 104 Stat. 4927.)"

"§ 1964. Civil remedies

(a) The district courts of the United States shall have jurisdiction to prevent and restrain violations of section 1962 of this chapter by issuing appropiate orders, including, but not limited to: ordering any person to divest himself of any interest, direct or indirect, in any enterprise; imposing reasonable restrictions on the future activities or investments of any person, including, but not limited to, prohibiting any person from engaging in the same type of endeavor as the enterprise engaged in, the activities of which affect interstate or foreign commerce; or ordering dissolution or reorganization of any enterprise, making due provision for the rights of innocent persons.

(b) The Attorney General may institute proceedings under this section. Pending final determination thereof, the court may at any time enter such restraining orders or prohibitions, or take such other actions, including the acceptance of satisfactory performance bonds, as it shall deem proper.

(c) Any person injured in his business or property by reason of a violation of section 1962 of this chapter may sue therefor in any appropiate United States district court and shall recover threefold the damages he sustains and the cost of the suit, including a reasonable attorney's fee.

(d) A final judgment or decree rendered in favor of the United States in any criminal proceeding brought by the United States under this chapter shall estop the defendant from denying the essential allegations of the criminal offense in any subsequent civil proceeding brought by the United States.

(Added Pub. L. 91-452, title IX, § 901(a), Oct. 15, 1970, 84 Stat. 943; amended Pub. L. 98-620, title IV, § 402(24)(A), Nov. 8, 1984, 98 Stat. 3359.)"

"1968. Civil investigative demand

(a) Whenever the Attorney General has reason to believe that any person or enterprise may be in possession, custody, or control of any documentary materials relevant to a racketeering investigation, he may, prior to the institution of a civil or criminal proceeding thereon, issue in writing, and cause to be served upon such person, a civil investigative demand requiring such person to produce such material for examination. ...

(Added Pub. L. 103-322, title VI, § 60019(a), Sept. 13, 1994, 108 Stat. 1975.)"

 

También, en lo pertinente, con respecto al delito de RAQUETERISMO, los Tribunales de Circuito de Apelaciones y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se han pronunciado como sigue y citamos:

 

"This section is primarily designed to stem the clandestine flow of profits and to be of material assistance to states in combating pernicious undertakings which cross state lines." U.S. v. Nardello, Pa. 1969, 89 S.Ct. 534, 393 U.S. 286, 21 L.Ed.2d 487.

"Complaint alleging that defendants commited mail fraud by mailing fraudulent investment information and investment contract itself, respectively, and that one defendant engaged in wire fraud by causing plaintiff's $100,000 investment to be wired to Mississipi from Bermuda sufficiently described a "pattern" of racketeering activity within meaning of this section." Lopez v. Richards, S.D.Miss. 1984, 594 F.Supp. 488.

"Complaint alleging that defendants, their corporation, and another acted together in numerous schemes involving trading in wide variety of commodities on an international scale and alleging that fraud involved in connection with land purchase option was but a particular manifestation of defendant's global illegal activities was sufficient to establish an enterprise under this chapter." Lopez v. Richards, S.D.Miss. 1984, 594 F.Supp. 488.

"Law firm could constitute an "enterprise" for purposes of Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, 18 U.S.C.A. § 1962(c)." Park South Associates v. Fischbein, S.D.N.Y. 1986, 626 F.Supp. 1108, affirmed 800 F.2d 1128.

"Branch manager, marketing manager, senior sales representative, and sales representative of subdivision of division of corporation constituted a group of individuals associated in fact and, thus, constituted an "enterprise", for purposes of RICO claim, which conducted industrial espionage separate from subdivision's regular business of selling computer equipment." Continental Data Systems, Inc. v. Exxon Corp., E.D.Pa. 1986, 638 F.Supp. 432.

"Criminal violation of securities fraud statute section 10(b) and allegation of conspiracy to violate that section constitutes separate predicate offenses involving fraud in the sale of securities, establishing the "pattern" of racketeering necessary for civil RICO liability. Kronfeld v. First Jersey Nat. Bank, D.N.J. 1986, 638 F.Supp. 1454.

"Complaint charging that defendants conspired to acquire interest in corporation through pattern of racketeering activity sufficiently alleged pattern of racketeering activity, involving multiple transactions and multiple victims, and conspiracy, as required to state claim under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act." Ross v. Bolton, S.D.N.Y. 1986, 639 F.Supp. 323.

"Investor's allegations of thousands of fraudulent transactions over course of time involving large class of investors and entailing numerous mailings and use of telephone communications regarding offering materials and related documents, investment contracts, technical and financial analyses, and legal opinions, and establishment of marketing and service network for investment contracts and systems sufficiently alleged existance of "pattern of racketeering activity" for purposes of civil RICO claims, rather than alleging single scheme that did not constitute "pattern"." In re Energy System Equipment Leasing Securities Litigation, E.D.N.Y. 1986, 642 F.Supp. 718.

"Defendants, who allegedly engaged in single "buyer credit scheme" to defraud, at the same time could have participated in a pattern of racketeering activity and, thus, could be charged with both RICO violations and conspiracy fraudulently to secure Federal Housing Administration financing, predicate acts arose out of 23 distinct real estate transactions, each involving same or substantially similar predicate acts as others and ocurring over span of about five years, there were allegedly many victims of defendant's acts, and each transaction caused infliction of new injuries on the particular victim." U.S. v. Madeoy, D.D.C. 1987, 652 F.Supp. 371.

"Allegations that defendant used mail depository of United States Postal Service to transmit false and fraudulent invoices sufficiently set out violation of Travel Act as predicate offense to action under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, since defendants effectuated bribery transactions in violation of state commercial bribery statute." Temple University v. Salla Bros., Inc., E.D.Pa. 1986, 656 F.Supp. 97.

"Use of mails to collect proceeds of fraudulent scheme is sufficient to meet in furtherance requirement to find predicate act of mail fraud under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act." U.S. v. Weinberg, E.D.N.Y. 1987, 656 F.Supp. 1020.

"Allegations of multiple fraudulent acts with respect to each of several investments, together with allegations that each defendant was agent of every other defendant, might adequately establish continuity plus relationship needed to allege pattern of racketeering activity under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, but plaintiff would have to specify which subsections under which he was proceeding." Washington v. Baenzinger, N.D.Cal 1987, 656 FSupp. 1176.

"Complaint by borrowers against mortgage broker satisfied "pattern" requirement to state Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act claim; although borrowers alleged that they were only defrauded in single loan transaction, they also alleged that broker defrauded other loan applicants in same kind of transactions." Ferleger v. First American Mort. Co., N.D.Ill. 1987, 662 F.Supp. 584.

"One scheme can be enough, in certain circumstances, to establish pattern of racketeering activity under RICO." Snider v. Lone Star Art Trading Co., Inc., E.D.Mich. 1987, 672 F.Supp. 977.

"In order to establish pattern of racketeering activity under RICO, plaintiffs must allege and prove relationship and continuity." Johnson v. Schopf, D.Minn. 1987, 669 F.Supp. 291.

"Violation of federal securities laws can serve as predicate act or acts for federal racketeering violation. Ohman v. Kahn, S.D.N.Y. 1988, 685 F.Supp. 1302.

"To establish violation of Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act on basis of fraud, there may be only one design or plan (scheme) to engage in fraud, but there must be al least two racketeering activities to carry out plan to engage in fraud." Combs v. Bakker, W.D.N.C. 1988, 692 F.Supp. 596, vacated 886 F.2d 673.

"Allegations of securities fraud violations in connection with the issuance and marketing of manufactured home loan bonds and multiple use of mail, telephone and other instrumetalities of interstate commerce in connection with those violations sufficiently alleged predicate acts required to state a civil RICO claim." First Financial Sav. Bank, Inc. v. American Bankers Ins. Co. of Florida, Inc., E.D.N.C. 1988, 699 F.Supp. 1167.

"Complaint which alleged that defendant had defrauded plaintiff by fraudulently inducing him to invest in the development of certain property and had previously defrauded another individual by inducing him to forego foreclosure on his security interest in the land adequately alleged a pattern of racketeering." Lingle v. Ziola, N.D.Ill. 1988, 701 F.Supp. 158.

"Complaint which alleged that bank, developer, and individuals were associates who constituted an enterprise for RICO purposes and that the purpose of the enterprise was the development of a parcel of land adequately alleged a distinct RICO enterprise." Lingle v. Ziola, N.D.Ill. 1988, 701 F.Supp. 158.

"Allegations by purchasers of stock of securities fraud, mail fraud, and wire fraud, by corporation and its principals were sufficiently related and continuous to constitute "pattern of racketeering activity" necessary to bring claim for violation of Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act; acts allegedly constituted part of on going scheme to defraud shareholders by fostering false impression that corporation was rapidly growing company, and scheme was allegedly carried out over period of years and presumably would have continued, albeit not indefinitely, if new management had not ousted previous management. In re Crazy Eddie Securities Litigation, E.D.N.Y. 1989, 714 F.Supp. 1285

"Proof of multiple schemes was not required to establish pattern of racketeering for purposes of civil RICO claim." Amsler v. Corwin Petroleum Corp., S.D.N.Y. 1989, 715 F.Supp. 103.

"Illegal acts" within meaning of Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, can be civil or criminal." Ferdinand Drexel Inv. Co., Inc. v. Alibert, E.D.Pa. 1989, 723 F.Supp. 313, affirmed 904 F.2d 694, certiorari denied 111 S.Ct. 154, 498 U.S. 856, 112 L.Ed.2d 120.

"RICO's pattern of racketeering concept does not require allegation and proof of an organized crime nexus." H.J. Inc. v. Northwestern Bell Telephone Co., U.S.Minn. 1989, 109 S.Ct. 2893, 492 U.S. 229, 106 L.Ed.2d 195, on remand 734 F.Supp. 879.

"Three transactions arising from a common scheme to defraud bank through excess financing in the form of direct loans and participation agreements satisfied requirement of a related and continuous pattern of racketeering activity under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. First City Nat. Bank and Trust Co. v. Federal Deposit Ins. Co., E.D.N.Y. 1990, 730 F.Supp. 501.

"Multiple acts of false filings with Securities and Exchange Commission and transmittal of those filings through use of mails, sufficiently pled relationship between acts for purposes of claim under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, since acts were related and not isolated or sporadic, even though acts could be considered part of single scheme to defraud corporation's shareholders and officers. Azurite Corp. Ltd. v. Amster & Co., S.D.N.Y. 1990, 730 F.Supp. 571.

"Continuity requirement of Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) claim is satisfied where it is shown that predicates acts are a regular way of conducting defendant's ongoing legitimate business." Langley v. American Bank of Wisconsin, E.D.Wis. 1990, 738 F.Supp. 1232.

"Allegation that defendants caried out affairs of enterprise through scheme to defraud investors which continued in one form or another over a number of years, that defendants commited various acts of securities fraud and mail fraud, and that the fraudulent acts were the defendants regular way of forming and issuing interests in parterships were sufficient to allege a pattern of racketeering activity." Griffin v. McNiff, S.D.N.Y. 1990, 744 F.Supp. 1237, affirmed 996 F.2d 303.

"Sale of securities by means of false oral communication, in violation of Securiries Act § 12(2), was fraud in sale of securities that could serve as predicate act of racketeering." Metromedia Co. v. Fugazy, S.D.N.Y. 1990, 753 F.Supp. 93, affirmed as amemded on other grounds 983 F.2d 350, certiorari denied 113 S.Ct. 2445, 508 U.S. 952, 124 L.Ed.2d 662.

"Allegation that corporation engaged in mail and wire fraud, that controlling persons received some fraudulently obtained funds and that fraudulent representations were part of scheme by controlling persons to defraud plaintiff, were sufficient to state predicate act mail and wire fraud claims in Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) suit against controlling persons." Todaro v. Orbit Intern. Travel, Ltd., S.D.N.Y. 1991, 755 F.Supp. 1229.

"Corporation, like individual, may be held liable as "person" under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)." R.E. Davis Chemical Corp. v. Nalco Chemical Co., N.D.Ill. 1990, 757 F.Supp. 1499.

"Securities fraud is predicate act under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)." Gilmore v. Berg, D.N.J. 1991, 761 F.Supp. 358.

"Corporation's individuals directors and officers could be deemed "persons" and company could be deemed the "enterprise" for purposes of establishing requisite elements of RICO charge." Comwest, Inc. v. American Operator Services, Inc., C.D.Cal. 1991, 765 F.Supp. 1467.

"Demostrating a "pattern of racketeering activity" is a prerequisite to bringing action under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) subsections making it unlawful for any person to use money derived from a pattern of racketeering activity to acquire, establish or operate an enterprise that affects interstate commerce; to acquire, maintain or control an enterprise for a pattern of racketeering activity; or to conduct or participate in affairs of enterprise affecting interstate commerce through a pattern of racketeering activity." Eureka Paper Box Co. v. WBMA, Inc., Voluntary Employee Ben. Trust, M.D.Pa. 1991, 767 F.Supp. 642.

""Enterprise" under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) can be one with primarily legitimate or illegitimate ends." Rodriguez v. Banco Cent., D.Puerto Rico 1991, 777 F.Supp. 1043, affirmed 990 F.2d 7.

"Evidence concerning relationship between financiers of real estate transactions and developer that allegedly distributed misleading promotional material established association in fact for purposes of civil Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) claim; relationship lasted for period of several years, and involved shared personnel, resources, and control." Rodriguez v. Banco Cent., D.Puerto Rico 1991, 777 F.Supp. 1043, affirmed 990 F.2d 7.

"Racketeering activity" is any act that is chargeable and punishable under certain state law felony classifications or indictable under specific federal criminal provisions, and any act that does not fall within purview of RICO definition is not an act of "racketeering activity". U.S. v. Private Sanitation Industry Ass'n of Nassau/Suffolk, Inc., E.D.N.Y. 1992, 793 F.Supp. 1114.

"As a predicate RICO act, fraud in the sale of securities does not require that the defendant have participated in the actual sale." In re American Continental Corporation/ Lincoln Sav. and Loan Securities Litigation, D.Ariz. 1992, 794 F.Supp. 1424.

"To be guilty of mail fraud, defendants must have used mail as means to obtain money or property by means of false or fraudulent pretenses, representations, or promises for purposes of executing scheme to defraud; interference with mail is not "mail fraud". Berry v. New York State Dept. of Correctional Services, S.D.N.Y. 1992, 808 F.Supp. 1106.

"Allegations concerning federal savings and loan association's alleged mailings of various materials related to slum buildings, including documents, deeds, rent checks, and mortgage and loan payments, for purpose of defrauding tenants in those properties were sufficient to plead mail fraud, as predicate act in Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) action against association based on its alleged fraudulent loans to owners of slum properties." People ex. rel. Sepulveda v. Highland Federal Sav. and Loan, Cal.App.2 Dist. 1993, 19 Cal. Rptr.2d 555, 14 Cal.App.4th 1692, rehearing denied, review denied, certiorari denied 114 S.Ct. 338, 510 U.S. 928, 126 L.Ed.2d 282.

"Any violation of securities fraud provision in Securities Exchage Act of 1934 that is sufficiently willful to trigger criminal penalties constitutes "fraud in the sale of securities" for purposes of a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) claim." In re Crazy Eddie Securities Litigation, E.D.N.Y. 1993, 812 F.Supp. 338.

"No prior conviction is required for predicate act required to establish a racketeering claim but racketeering activity consists not of act for which defendant has been convicted but for acts which could be." Broyles v. Wilson, M.D.La. 1993, 812 F.Supp. 651, affirmed 3 F.3d 439.

"In assessing whether sufficient showing of continuity and relatedness has been made for purposes of establishing pattern of racketeering activity, court may consider number of unlawful acts, lenght of time over which act were commited, similarity of acts, number of victims, number of perpetrators, and character of unlawful activity." Marrazzo v. Bucks County Bank and Trust Co., E.D.Pa. 1993, 814 F.Supp. 437.

"RICO plaintiff must establish that defendant violated statute, which includes that defendant participated in pattern of racketeering activity, and that plaintiff sustained injury to business or property." Jacobsohn v. Marks, N.D.Ill. 1993, 818 F.Supp. 1187.

"Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) enterprise may include virtualy any de facto or de jure association. Standard Chlorine of Delaware, Inc. v. Sinibaldi, D.Del. 1992, 821 F.Supp. 232.

"To be liable under statute prohibiting any person associated with enterprise from conducting or participating in conduct of such enterprise's affairs through pattern of racketeering activity, party must participate in operation or management of enterprise itself; liability is not limited to those with primary responsibility for enterprise's affairs, but some part in directing enterprise's affairs is required." Wiselman v. Oppenheimer & Co., Inc., M.D.Fla. 1993, 835 F.Supp. 1398.

"Federal RICO is not limited to "traditional" notions of organized criminal activity; neither is it intend to reach ordinary "garden-variety" fraud." Maxim Sewerage Corp. v. Monmouth Ridings, N.J.Super.L. 1993, 640 A.2d 1216, 273 N.J.Super. 84.

"Under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) provision prohibiting using proceeds from racketeering activity to acquire interest in enterprise affecting interstate or foreign commerce, plaintiff must demostrate that defendant received money from pattern of racketeering activity, invested that money in enterprise, and that enterprise affected interstate commerce." Jiffy Lube Intern., Inc. v. Jiffy Lube of Pennsylvania, Inc. E.D.Pa. 1994, 848 F.Supp. 569.

"Mail fraud can constitute "racketeering activity". Corporacion Insular de Seguros v. Reyes Munoz, D.Puerto Rico 1994, 849 F.Supp 126.

"Defendants involved in fraudulent claim-processing scheme constituted a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) "enterprise"; defendant admitted he and codefendants composed ongoing organization with structure and common purpose, fraudulent issuing and processing of all 11 insurance claim checks affected interstate commerce as stolen monies were sent through United States postal system, defendant admitted in sworn testimony that he signed fraudulent checks, and that codefendant created system by which claim checks were processed and issued without detection." Corporacion Insular de Seguros v. Reyes Munoz, D.Puerto Rico 1994, 849 F.Supp 126.

"Under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) definition of racketeering as including offense involving "fraud in the sale of securities", fraud in the sale of securities did not extend only to actual seller, but also applied to nonsellers who willfully violated federal securities fraud laws." In re Colonial Ltd. Partnership Litigation, D.Conn. 1994, 854 F.Supp. 64.

"Allegations that bank was not authorized by loan documents to procure or charge borrowers for insurance against default of borrowers on loan contracts, that bank used mails in furtherance of fraudulent scheme to collect payment for unauthorized coverage and to effect repossession and transfer of title to vehicles from those who declined to pay, and that bank engaged in these practices over period of at least five years and with respect to numerous consumers was sufficient to state claim against bank under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) for scheme to defraud by use of the mails." Bermudez v. First of America Bank Champion, N.A., N.D.Ill. 1994, 860 F.Supp. 580, withdrawn pursuant to settlement 886 F.Supp. 643.

"Pattern of racketeering activity", for purposes of Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) claim, must consist of at least two acts of racketeering activity within ten-year perior and may include any act of mail fraud indictable under federal mail fraud statute." Tribune Co. v. Purcigliotti, S.D.N.Y. 1994, 869 F.Supp. 1076, affirmed 66 F.3d 12.

"Allegation that patentee, his agents, his attorneys, corporate entities under his control, and others constituted enterprise associated for purposes of coercive patent enforcement through pattern of frivolous lawsuits sufficiently pled "enterprise", as required to state Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) claim." Lemelson v. Wang Laboratories, Inc., D.Mass. 1994, 874 F.Supp. 430, 32 U.S.P.Q.2d 1216.

"Under RICO's definition of enterprise, there is no restriction upon associations embraced by the definition; "enterprise" includes any union or group of individuals associated in fact, and illegal organization or legitimate business entity, such as a corporation, may constitute an enterprise for RICO purposes." Bonton v. Archer Chrysler Plymouth, Inc., S.D.Tex 1995, 889 F.Supp. 995.

"Municipality could serve as "enterprise" for purposes of bringing RICO claim that municipal employees had extorted money from developers seeking to construct housing and gravel pit on land, even though some of the individuals named dis not work directly for municipality; it was sufficient to allege an indirect association with enterprise." DeFalco v. Dirie, S.D.N.Y. 1996, 923 F.Supp. 473.

"In enacting this section, Congress was seeking to prevent racketeers from engaging in interstate travel to further the purposes of concerted illegal activity." U.S. v. Lightfoot, 1974, 506 F.2d 238, 165 U.S.App.D.C. 177.

"Puerto Rico was a "state" for purposes of this section which permitted federal prosecutions based on use of facilities of interstate commerce in furtherance of bribery in violation of laws of state." U.S. v. Steele, C.A.N.J. 1982, 685 F.2d 793, certiorari denied 103 S.Ct. 213.

"One instance of interstate travel will suffice to provide a basis for conviction for interstate racketeering if defendant travels to further the illegal activity." U.S. v. Vanichromanee, C.A.7 (Ill.) 1984, 742 F.2d 340.

"As a predicate to Travel Act conviction, absent a distinct violation of a law of the United States, defendant must have engaged in some form of unlawful activity prohibited by state law." U.S. v. DeLuna, C.A.8 (Mo.) 1985, 763 F.2d 897, certiorari denied 106 S.Ct. 382, 474 U.S. 980, 88 L.Ed.2d 336.

"To establish right to recover under RICO, plaintiff need not show that his constitutional or statutory rights were violated or that defendant was acting under color of law but, rather, must show conduct of an enterprise throught a pattern of racketeering activity." Cullen v. Margiotta, C.A.2 (N.Y.) 1987, 811 F.2d 698, certiorari denied 107 S.Ct. 3266, 483 U.S. 1021, 97 L.Ed.2d 764.

"Bank could be both "person" and "enterprise" under section of RICO prohibiting person from investing racketeering income into enterprise engaged in interstate commerce." Wilcox v. First Interstate Bank of Oregon, N.A., C.A.9 (Or.) 1987, 815 F.2d 522.

"Pattern of racketeering activity necessary for violation under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act does not necessarily require more than one unlawful scheme." Barticheck v. Fidelity Union Bank/ First Nat. State, C.A.3 (N.J.) 1987, 832 F.2d 36.

"Corporation may be a "person" under RICO." Liquid Air Corp. v. Rogers, C.A.7 (Ill.) 1987, 834 F.2d 1297, certiorari denied 109 S.Ct. 3241, 492 U.S. 917, 106 L.Ed.2d 588

"Government was entitled to name as members of RICO "enterprise" individuals, corporations, and parterships associated in fact; Government was not limited to only charging individual, partnership, corporation or association-in-fact." U.S v. Perholtz, C.A.D.C. 1988, 842 F.2d 343, 268 U.S.App.D.C. 347, certiorari denied 109 S.Ct. 65, 488 U.S. 821, 102 L.Ed.2d 42.

"Under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, pattern of racketeering activity did not require multiple episodes; two related predicate acts could suffice to establish pattern; clarifying Sedima, S.P.R.L. v. Imrex Co., 105 S.Ct. 3275, 473 U.S. 479, 87 L.Ed.2d 346; rejecting Superior Oil Co. v. Fulmer, 785 F.2d 252 (8th. Cir.). Beck v. Manufactures Hanover Trust Co., C.A.2 (N.Y.) 1987, 820 F.2d 46, certiorari denied 108 S.Ct. 698, 484 U.S. 1005, 98 L.Ed.2d 650, rehearing denied 108 S.Ct. 1588, 485 U.S. 1030, 99 L.Ed.2d 903.

"Travel Act violation must be supported by proof that defendant traveled or used facilities in interstate commerce with intent to promote, manage, establish, carry on, or facilitate promotion, management, establishment, or carrying on of prohibited activity and thereafter attempted to or did in fact engage one of proscribed activities." U.S. v. Peveto, C.A.10 (Okla.) 1989, 881 F.2d 844, rehearing denied, certiorari denied 110 S.Ct. 348, 493 U.S. 943, 107 L.Ed.2d 336, denial of post-conviction relief affirmed 971 F.2d 506.

"Entities that are separate and distinct enterprises for some purposes may jointly be enterprise for RICO purposes where they have been connected by defendant's participation in them through pattern of racketeering activity." U.S. v. Stolfi, C.A.2 (N.Y.) 1989, 889 F.2d 378.

"Alleged fraudulent mailings which numbered at least 95 and which were part of same fraudulent scheme to obtain loans were sufficiently related to constitute racketeering activity for purposes of RICO." Fleet Credit Corp. v. Sion, C.A.1(R.I.) 1990, 893 F.2d 441.

"City's fire department was legitimate governmental entity possessing clear organizational structure, thus qualifying as "enterprise" under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)." U.S. v. Balzano, C.A.7 (Ill.) 1990, 916 F.2d 1273.

"Two or more acts of mail fraud that are related and continuous or pose threat of continuity can support conviction under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act." U.S. v. Alkins, C.A.2 (N.Y.) 1991, 925 F.2d 541.

"In order to establish pattern or racketeering activity within meaning of Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, plaintiff must show that racketeering acts were related and that they amounted to or posed threat of continued criminal activity." Kehr Packages, Inc. v. Fidelcor, Inc., C.A.3 (Pa.) 1991, 926 F.2d 1406, rehearing denied, certiorari denied 111 S.Ct. 2839, 501 U.S. 1222, 115 L.Ed.2d. 1007.

"Individual defendants who were officers and employees of corporation can be "persons" who were conducting pattern of racketeering through corporation as an enterprise within meaning of Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)." Glessner v. Kenny, C.A.3 (N.J.) 1991, 952 F.2d 702.

"Enterprise" under RICO statute may consist of more than one entity, so long as those entities have been connected by defendant's participation in them through a pattern of racketeering activity." U.S. v. Butler, C.A.2 (N.Y.) 1992, 954 F.2d 114.

"Travel Act, which proscribes use of interstate facilities in furtherance of illegal activity, does not require actual commision of underlying state offense for conviction." U.S. v. Davis, C.A.10 (Wyo.) 1992, 965 F.2d 804, certiorari denied 113 S.Ct. 1255, 507 U.S. 910, 122 L.Ed.2d 653.

"Single transaction can constitute "business enterprise", for purposes of provision of Travel Act prohibiting travel in interstate or foreign commerce with intent to engage in unlawful activity, including any business enterprise involving narcoticts or controlled substances; court could conclude from even single transaction that defendant's involvement in proscribed activity was more than sporadic or casual." U.S. v. Bernaugh, C.A.10 (Okla.) 1992, 969 F.2d 858.

"To prove a violation of the Travel Act, government must prove that defendant traveled, or cause another to travel, and in doing so intended to promote a particular unlawful activity; more specifically, government must prove that defendant "specifically intended" to facilitate a particular activity and that he knew it was unlawful." U.S. v. Patriarca, D.Mass. 1992, 807 F.Supp 165, vacated 4 F.3d 70, rehearing and rehearing en banc denied, certiorari denied 114 S.Ct. 1644, 128 L.Ed.2d 365, on remand 912 F.Supp. 596.

"Even though insurance company's participation in the affairs of insurance agency or other association-in-fact took place largely through the acts of individual agent, company exercised sufficient control over affairs of RICO enterprise to withstand scrutiny under the control test for RICO liability, in light of evidence that, after company had received numerous warnings concerning agency's fraudulent sales tactics, company continued to allow, if not actively encourage, agent and his associate to carry on with their scheme." Davis v. Mutual Life Ins. Co. of New York, C.A.6 (Ohio) 1993, 6 F.3d 367, rehearing denied, certiorari denied 114 S.Ct. 1298, 510 U.S. 1193, 127 L.Ed.2d 650.

"Government entity may constitute "enterprise" within meaning of Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)." U.S. v. Freeman, C.A.9 (Cal.) 1993, 6 F.3d 586, certiorari denied 114 S.Ct. 1661, 128 L.Ed.2d 378, certiorari denied 114 S.Ct. 2177, 128 L.Ed.2d 896.

"To state violation of Travel Act, government must allege that accused travelled in interstate commerce or used facilities thereof with specific intent to engage in or facilitate certain prohibited conduct in furtherance of criminal business enterprise." U.S. v. Roberson, C.A.5 (Tex.) 1993, 6 F.3d 1088, certiorari denied 114 S.Ct. 1230, 510 U.S. 1182, 127 L.Ed.2d 574, certiorari denied 114 S.Ct. 1322, 510 U.S. 1204, 127 L.Ed.2d 671, certiorari denied 114 S.Ct. 1383, 128 L.Ed.2d 58.

"Corporation was separate and distinct entity from defendant, who was its controlling shareholder, so that Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) enterprise involving corporation consisted of more than defendant conducting his own affairs via pattern of racketeering, where corporation employed several hundred people and filed separate income tax returns." U.S. v. Robinson, C.A.7 (Ill.) 1993, 8 F.3d 398, habeas corpus denied.

"Conviction under Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) section prohibiting person employed by enterprise from participating in conduct of enterprise's affairs through pattern of racketeering activity requires proof of four essential elements: (1) that there be enterprise affecting interstate commerce; (2) that defendant was employed by or associated with enterprise; (3) that defendant participated, either directly or indirectly, in conduct or affairs of enterprise; and (4) that he participated through pattern of racketeering activity." U.S. v. Console, C.A.3 (N.J.) 1993, 13 F.3d 641, certiorari denied 114 S.Ct. 1660, 128 L.Ed.2d 377, certiorari denied 115 S.Ct. 64, 130 L.Ed.2d 21.

"To establish violation of Travel Act, government must prove that defendants engaged in interstate travel with intent to promote unlawful activity or that they committed overt act in performing or attempting to perform unlawful activity." U.S. v. Fetlow, C.A.8 (Mo.) 1994, 21 F.3d 243, rehearing denied, certiorari denied 115 S. Ct. 456, 130 L. Ed.2d 365.

"Intrastate mailings were sufficient to invoke federal jurisdiction under statute prohibiting using mail in aid of racketeering enterprise." U.S. v. Heacock, C.A.5 (Miss.) 1994, 31 F.3d 249.

"Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) enterprise must be more than a group of people who get together to commit pattern of racketeering activity; enterprise requires ongoing structure of persons associated with time, joined in purpose, and organized in manner amenable to hierarchial or consensual decisionmaking." Gagan v. American Cablevision, Inc., C.A.7 (Ind.) 1996, 77 F.3d 951, rehearing denied.

"For purposes of federal Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), criminal conduct forms pattern if it embraces criminal acts that have same or similar purposes, results, participants, victims, or methods of commission, or otherwise are interrelated by distinguishing charasteristics and are not isolated events." Elliot v. First Sec. Bank, Neb. 1996, 544 N.W.2d 823, 249 Neb. 597.

Encubrimiento

 

Derecho Estatal

 

Con respecto al delito constitutivo de ENCUBRIMIENTO, el Canon 7 del Código de Ética Profesional, contenido en el Título 4A de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Poder Judicial - Apéndices / 4A L.P.R.A. Ap. IX, C.7) dice y citamos:

 

"Canon 7. Consejos en relación con la comisión de delitos.

Será altamente impropio de un abogado dar consejo legal a una persona o entidad para facilitar o encubrir la comisión de un delito público. Si un abogado es informado por su cliente de su intención de cometer un delito público, tiene el deber de adoptar aquellas medidas adecuadas para evitar la comisión de tal delito.

Ello no impide que un abogado exprese su opinión honesta sobre la ilegalidad de un estatuto, pero en caso de así hacerlo debe advertir al cliente sobre las consecuencias legales de una violación a la ley y las posibilidades de éxito del planteamiento.

(Diciembre 24, 1970, ef. Diciembre 24, 1970.)"

 

También, con respecto a los efectos que el delito constitutivo de ENCUBRIMIENTO tiene sobre las pólizas de seguros, la sección 1110 del Título 26 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Código de Seguros / 26 L.P.R.A. sec. 1110) dice y citamos:

 

  1110. Representaciones de solicitudes.

Todas las declaraciones y descripciones en una solicitud de póliza de seguro o en negociaciones para la misma, hechas por el asegurado o a su nombre, se entenderá que son representaciones y no garantías. La impostura, las omisiones, el encubrimiento de hechos y las declaraciones incorrectas no impedirán el cobro con arreglo a la póliza, a menos que:

(1) Sean fraudulentos; o

(2) que sean materiales, bien para la aceptación del riesgo, o para el peligro asumido por el asegurador; o

(3) el asegurador de buena fe no hubiera expedido la póliza, no hubiera expedido la póliza por una cantidad tan grande o no hubiera provisto cubierta con respecto al riesgo resultante en la pérdida, de habérsele puesto en conocimiento de los hechos verdaderos, como se requería en la solicitud para la póliza o de otro modo.

Cuando el solicitante incurra en cualquiera de los actos enumerados en los incisos (1), (2) y (3) de esta sección se impedirá el cobro solamente cuando el acto u omisión de que se trate hubiere contribuido a la pérdida objeto de la causa de acción.

(Código de Seguros, art. 11.100.)"

 

Ahora bien, con respecto a la aplicabilidad de las penas por el delito constitutivo de ENCUBRIMIENTO, las secciones 3171, 3172, 3173, 3174 y 4432 del Título 33 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Código Penal / 33 L.P.R.A. secs. 3171, 3172, 3173, 3174 y 4432) dicen y citamos:

 

  3171. Personas responsables.

Son responsables criminalmente los autores y los encubridores.

(Código Penal, 1974, art. 34.)"

  3172. Autores.

Se consideran autores:

(a) Los que toman parte directa en la comisión del delito.

(b) Los que fuerzan, provocan, instigan, inducen o ayudan a otra persona a cometer el delito.

(c) Los que se valen de una persona inimputable para cometer el delito.

(d) Los que con posterioridad a la comisión del delito ayudaren a los que tomaron parte directa en la comisión del delito en cumplimiento de una promesa anterior a dicha ejecución.

(e) Los que cooperaren de cualquier otro modo en la comisión del delito.

(Código Penal, 1974, art. 35.)"

  3173. Encubridores.

Se consideran encubridores los que para eludir la acción de la justicia con conocimiento de la comisión de un delito, sin haber tenido participación en el mismo como autores, ocultaren al responsable del delito o procuraren la desaparición, alteración u ocultación de evidencia.

(Código Penal, 1974, art. 36.)"

  3174. Personas jurídicas.

Se consideran penalmente responsables las personas jurídicas legalmente constituidas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o autorizadas para actuar en el mismo, y toda asociación no incorporada, cuando a través de personas autorizadas en realización de sus acuerdos y en representación de las mismas, o cuando realicen actuaciones que le sean atribuibles, cometan hechos delictuosos.

Dicha responsabilidad no excluye la individual en que puedan incurrir los componentes, dirigentes o representantes de las personas jurídicas o de las asociaciones no incorporadas que participen en el hecho delictuoso.

(Código Penal, 1974, art. 37.)"

  4432. Encubrimiento.

Toda persona que con conocimiento de la ejecución de un delito ocultare al responsable del mismo o procurare la desaparición, alteración u ocultación de prueba para eludir la acción de la justicia, incurrirá en las siguientes penas:

(a) Si el delito cometido fuere grave, reclusión por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.

(b) Si el delito cometido fuere menos grave, reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares.

(Código Penal, 1974, art. 236; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

 

También, en lo pertinente, con respecto al delito constitutivo de ENCUBRIMIENTO, el Tribunal Supremo de Puerto Rico y los Tribunales de Circuito de los Estados Unidos se han pronunciado como sigue y citamos:

 

"De acuerdo con la ley de Puerto Rico, la impostura, las omisiones, el encubrimiento de hechos y las declaraciones incorrectas hechas en la solicitud de una póliza de seguro impiden el cobro con arreglo a la póliza si dichas cuestiones son materiales para la aceptación del riesgo o si el asegurador de buena fe no hubiera expedido la póliza, de haber conocido los hechos verdaderos." Hayman v. All American Life and Casualty Company, 393 F. Supp. 596 (1975).

"Como regla general, un tribunal debe anular una póliza de seguro cuando--como en el caso de autos--la aseveración falsa suministrada por un asegurado en la correspondiente solicitud o la información omitida por éste, no sólo es pertinente a la apreciación del riesgo sino también a su ocurrencia." Serrano Ramírez v. Clinica Perrea, Inc., 108 D.P.R. 477 (1979)

"Cuando un abogado es convicto y sentenciado por delitos graves o menos graves que implican depravación moral tales como: (1) establecer un esquema para pagar a un representante de una organización laboral dinero perteneciente a un plan de beneficio de empleados; (2) conspirar para defraudar y encubrir y ayudar a cometer un fraude en relación con el correo; (3) encubrir y ayudar a conspirar contra los derechos civiles de un ciudadano de Estados Unidos; (4) conspirar para poseer con intención de distribuir cocaína; (5) conspirar para importar de Estados Unidos marihuana y ayudar y encubrir la importación de marihuana a Estados Unidos; (6) ayudar y encubrir con el propósito de llevar a cabo un esquema para defraudar y transferir dinero en el comercio interestatal; (7) llevar a cabo un esquema para desfalcar y apropiarse de dinero perteneciente a una organización laboral, y (8) por conspirar para cometer una ofensa o defraudar a Estados Unidos, todos en violación del Código de Estados Unidos, observa una conducta incompatible con el ejercicio de la abogacía que acarrea la suspensión inmediata de esta profesión." In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985).

"El delito de encubrir y ayudar, con conocimiento e intencionalmente, a hacer o a que se hicieran a la representante de Medicare  en Puerto Rico, Seguros de Servicios de Salud, aseveraciones fraudulentas o falsas sobre hechos materiales en violación a las Secs. 1001 y 1002 del Título 18 de U.S.C., Código Penal de Estados Unidos, implica depravación moral y procede la separación inmediata del ejercicio de la abogacía." In re Gutiérrez Díaz, 117 D.P.R. 92 (1986).

"El hecho de que el autor principal sea inimputable no elimina el delito de encubrimiento." Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

"El Art. 236 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4432, tipifica el delito de encubrimiento como delito contra la función judicial y se aplica a toda persona que, con conocimiento de la ejecución de un delito, oculta al responsable o procura la desaparición, la alteración o la ocultación de la prueba para eludir la acción de la justicia." Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

"El encubrimiento es un delito contra la administración de la justicia. Su objetivo es evitar que se obstaculice la persecución del presunto sujeto activo del delito y la comprobación del hecho sancionable." Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

"En el delito de encubrimiento se sanciona el peligro creado a la sociedad por el comportamiento de una persona que está dispuesta a ayudar a otro a eludir la acción de la justicia." Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

"El encubridor puede estar dispuesto a encubrir los actos de otros sin saber realmente cuáles serían las consecuencias legales de esos actos. Lo que se busca evitar y castigar--al tipificarse el encubrimiento como delito--es el hecho de que el encubridor manifieste su deseo de actuar contra la función judicial mediante el encubrimiento del responsable de una violación penal o la desaparición o alteración de la prueba." Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

"Para que se aplique la figura del encubrimiento lo que importa es que haya ocurrido un hecho que reúna exteriormente los caracteres de un delito." Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

"El delito de encubrimiento busca evitar que las personas ayuden a otras a evadir la justicia, castigar a quienes tratan de entorpecer la acción investigativa de la justicia sobre los actos que aparecen con las formas exteriores de un delito." Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

"La responsabilidad penal por el delito de encubrimiento no depende del status legal del autor del delito encubierto, de si este es inimputable por minoridad ni de que el encubridor conozca o no la edad del actor principal, etc.; de otra forma no se cumpliría el propósito del estatuto que tipifica el delito." Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

Lavado de dinero

 

Derecho Estatal

 

Ahora bien, con respecto al delito constitutivo de LAVADO DE DINERO, las secciones 971, 971a, 971b, 971c, 971d, 971e, 971f, 971g, 971h, 971i, 971j, 971k, 971l, 971m, 971n, 971o, 971p, 971q, 971r y 971s del Título 25 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Seguridad Interna / 25 L.P.R.A. secs. 971, 971a, 971b, 971c, 971d, 971e, 971f, 971g, 971h, 971i, 971j, 971k, 971l, 971m, 971n, 971o, 971p, 971q, 971r y 971s) dicen y citamos:

 

  971. Título breve.

Esta ley se denominará "Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 1; Agosto 30, 1992, Núm. 52, art. 1, ef. 30 días después de Agosto 30, 1992.)"

  971a. Definiciones.

Salvo que otra cosa resultare del contexto, las siguientes palabras y frases contenidas en este Capítulo tendrán el significado que se señala a continuación:

(a) Crimen organizado - cualquier violación a los incisos (a), (b), (c) o (d) de la sec. 971h de este título, ya fuere individual o colectivamente.

(b) Actividad de crimen organizado - cualquier acto o amenaza relacionado a asesinato, secuestro, juegos ilegales, leyes relativas a la prostitución, incendio, apropiación ilegal, robo, obscenidad, soborno, extorsión o la venta, posesión y transportación de sustancias controladas o armas, sujeto a acusación criminal bajo las leyes del Estado Libre Asociado o las leyes de los Estados Unidos de América.

(c) Estados Unidos - los estados de la Unión Norteamericana, sus territorios, el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(d) Estado Libre Asociado de Puerto Rico - comprende sus municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas y demás dependencias o instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(e) Persona - incluye cualquier individuo o entidad capaz de tener un interés legal o un beneficio en cualquier propiedad.

(f) Empresa o negocio - incluye cualquier sociedad, corporación, asociación u otra entidad legal, y cualquier unión o grupo o de individuos asociados, aunque no constituyan una entidad legal, exceptuando aquellos que se asocian primordialmente para fines sociales, familiares o políticos.

(g) Deuda ilegal - significa una deuda incurrida o contraída en juegos o negocios ilegales o que no es recaudable en todo o en parte bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya sea en cuanto a su principal o intereses, debido a las disposiciones de ley sobre usura.

(h) Investigador - cualquier abogado, fiscal o investigador designado por el Secretario de Justicia de Puerto Rico para poner en vigor las disposiciones de este Capítulo.

(i) Patrón de actividad de crimen organizado - requiere por lo menos dos (2) actos de actividad de crimen organizado, realizados dentro de un período de diez (10) años, uno de los cuales deberá ocurrir con posterioridad a la fecha de vigencia de este inciso. A los efectos de computar el período de diez (10) años antes dispuesto, se excluirá cualquier período de reclusión servido por el imputado.

(j) Grabación - la obtención del contenido de cualquier comunicación oral que no sea telefónica, mediante el uso de cualquier artefacto electrónico, mecánico o de otra naturaleza, ya fuere utilizado por un investigador o informante que actúe con la autorización del investigador, cuando éste sea parte en la comunicación o haya recibido previamente el consentimiento para grabar la comunicación de parte de uno de los participantes. Esta grabación podrá efectuarse a través de un mecanismo de grabación que registre directamente la comunicación o por medio de un mecanismo que transmita la comunicación a otro lugar donde sea grabado.

(k) Secretario de Justicia - el Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier funcionario debidamente designado o autorizado por éste.

(l ) Bienes - incluye cualquier valor o valores, oro y otros metales y piedras preciosas, dinero, instrumentos monetarios y propiedad mueble e inmueble o derechos adquiridos sobre los mismos.

(m) Instrumento monetario - incluye cualquier moneda negociable en los Estados Unidos de América y sus territorios, incluyendo el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; cheques de cajero, cheques de viajero, giros postales o bancarios, acciones, instrumentos negociables, metales y piedras preciosas. No incluirá aquellos cheques de cajero, cheques de viajero o giros postales o bancarios que sean pagaderos a favor de determinada persona y que no hayan sido endosados.

(n) Institución financiera - toda aquella institución autorizada para realizar transacciones financieras en el Estado Libre Asociado incluyendo, sin que se entienda como una limitación, cualquier banco, asociación de ahorro y préstamo o entidad financiera o sucursal o división de éstas organizada bajo las leyes del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Gobierno federal, sus estados y territorios o país extranjero[;] cualquier persona o negocio que realice intercambio de cheques, venta o remisión de cheques de viajeros, giros postales o bancarios, o instrumento similar; compañías aseguradoras, compañías de inversiones y compañías dedicadas a la venta de oro y otros metales y piedras preciosas.

(o) "Transacción financiera" comprende:

(i) Cualquier movimiento o intercambio de dinero o valores, incluyendo pero sin limitarse a aquéllas realizadas a través de medios electrónicos o cualquier otro medio de comunicación, tales como teléfonos, facsímiles (FAX), computadoras, sistemas cablegráficos o telegráficos, y otros medios análogos, o

(ii) el uso de cualquier institución financiera, de crédito o ahorro; cooperativa, firma de corretaje; casa hipotecaria para efectuar o facilitar una transacción, o

(iii) depósitos, retiros, transferencias, préstamos, pagos e intercambio de moneda o instrumento monetario; incluyendo sin que se entienda como una limitación, la adquisición de fianzas y otras garantías, o

(iv) compra, venta o disposición de cualquier propiedad utilizando un instrumento monetario.

(p) "Actividad ilegal específica" significa:

(i) Control o tenencia de bienes muebles o inmuebles relacionados, obtenidos, derivados, provenientes o de cualquier forma vinculados con violaciones a la ley incluyendo el Título 33, conocido como el Código Penal de Puerto Rico; las secs. 2101 et seq.  del Título 24, conocidas como la Ley de Sustancias Controladas; las secs. 411 et seq.  de este título, conocidas como la Ley de Armas de Puerto Rico; las secs. 1247 et seq.  del Título 33, conocidas como la Ley de Bolita, y otras leyes de juegos de azar, leyes fiscales y las disposiciones contenidas en este Capítulo, o

(ii) transacción financiera que ocurra total o parcialmente en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o un delito cometido en los Estados Unidos de América o en un país extranjero que envuelva la manufactura, importación, venta o distribución de una sustancia controlada, tal como lo define la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, las secs. 2101 et seq.  del Título 24;

(iii) ocultar activos, cometer el delito de perjurio, extorsión o soborno;

(iv) realizar transacciones bancarias fraudulentas;

(v) la comisión de actos constitutivos de secuestro.

(q) Ingresos derivados - incluye todo bien que pueda ser vinculado, directa o indirectamente, a una actividad específica, según definida en este Capítulo; o cualquier bien que fuese obtenido o controlado, directa o indirectamente, como resultado de una violación a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del Gobierno de los Estados Unidos de América [sic ].

(r) Lavado de dinero o lavado de instrumento monetario - transacción financiera que envuelva bienes ilegales o cuya transacción está destinada, en todo o en parte, a obtener beneficio de esa transacción o dejar de informar ingresos provenientes o producto de dicha transacción financiera; o a utilizar o invertir, directa o indirectamente, todo o parte de dicho ingreso, o el producto del mismo en la adquisición de algún interés en, o en el establecimiento y operación de cualquier otra empresa o negocio.

(s) Agente del orden público - significa cualquier agente de la Policía de Puerto Rico o aquel agente del Negociado de Investigaciones Especiales adscrito al Departamento de Justicia de Puerto Rico o cualquier agente adscrito al Negociado de Rentas Internas del Departamento de Hacienda autorizados a efectuar arrestos.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 2; Junio 19, 1987, Núm. 36, p. 128, sec. 1; Agosto 30, 1992, Núm. 52, art. 2, ef. 30 días después de Agosto 30, 1992.)"

  971b. Actividades prohibidas.

(a)  Será ilegal para cualquier persona que haya recibido ingreso derivado directa o indirectamente de cualquier patrón de actividad del crimen organizado o de la recaudación de una deuda ilegal, en que dicha persona haya participado como autor, según este término se define en la sec. 3172 del Título 33, utilizar o invertir, directa o indirectamente, todo o parte de dicho ingreso o el producto del mismo, en la adquisición de algún interés en, o en el establecimiento u operaciones de cualquier empresa o negocio.

(b)  Será ilegal que una persona mediante cualquier patrón de actividad de crimen organizado o mediante la recaudación de una deuda ilegal, adquiera o mantenga, directa o indirectamente, cualquier interés en o control de cualquier empresa.

(c)  Será ilegal que una persona empleada por o asociada a cualquier empresa o negocio, participe, directa o indirectamente, en la dirección de los asuntos de dicha empresa a través de un patrón de actividad de crimen organizado o mediante la recaudación de una deuda ilegal.

(d)  Será ilegal que una persona se dedique a, participe en, o dirija cualquier patrón de crimen organizado por medio de, o con ayuda de una empresa o negocio.

(e)  Será ilegal que cualquier persona, por sí o a través de otra realice o intente realizar un acto o transacción financiera utilizando bienes provenientes, derivados o vinculados con una actividad ilegal específica en forma intencional o a sabiendas de que la transacción financiera ha sido planificada en todo o en parte para ocultar o disimular la naturaleza, localización, procedencia, titularidad o control de las ganancias de una actividad ilegal específica o para dejar de informar ingresos provenientes de dicha transacción en violación a lo dispuesto por las leyes del Estado Libre Asociado, del Gobierno federal o de cualquiera de sus estados.

(f)  Será ilegal que cualquier persona transporte, transmita o transfiera o intente transportar, transmitir o transferir dinero o un instrumento monetario en el Estado Libre Asociado o hacia el Estado Libre Asociado desde cualquier punto en los Estados Unidos de América o desde un país extranjero con la intención de llevar a cabo actividades ilegales específicas o a sabiendas de que el dinero o el instrumento monetario constituye ingreso derivado de alguna actividad ilegal específica con el propósito de ocultar o disimular la naturaleza, localización, procedencia, titularidad o control de la actividad ilegal específica o para dejar de informar ingresos provenientes de dicha transacción en violación a lo dispuesto por las leyes del Estado Libre Asociado, del Gobierno Federal o de cualquiera de sus estados.

(g)  Será ilegal que cualquier persona incite o ayude a realizar una actividad ilegal específica, o a ocultar o disimular la naturaleza, localización, procedencia, titularidad o control de una actividad ilegal específica cuando existan razones para creer que los ingresos provienen de dicha actividad ilegal o cuando, para dejar de informar ingresos provenientes de dicha transacción en violación a lo dispuesto por las leyes del Estado Libre Asociado, del Gobierno federal o de cualquiera de sus estados, utilice un agente del orden público para llevar a cabo una transacción financiera.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 3; Junio 19, 1987, Núm. 36, p. 128, sec. 2; Agosto 30, 1992, Núm. 52, art. 3, ef. 30 días después de Agosto 30, 1992.)"

  971c. Prescripción.

La acción penal que pueda instarse contra la persona que infrinja las disposiciones de la sec. 971h de este título no prescribe.

Cualquier acto individual que forme parte del patrón del crimen organizado o de lavado de dinero, que ocurra con posterioridad a la aprobación de esta ley, prescribirá a los diez (10) años excepto aquellos casos en que la sec. 3412 del Título 33 o cualquier ley especial establezca un término prescriptivo mayor.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 4; Junio 19, 1987, Núm. 36, p. 128, sec. 3; Agosto 30, 1992, Núm. 50, art. 4, ef. 30 días después de Agosto 30, 1992.)"

  971d. Penalidades y confiscación de propiedad.

(a)  Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de la sec. 971b(a), (b), (c) y (d) de este título incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de quince (15 años). De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticinco (25) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de diez (10) años.

El tribunal, a su discreción, podrá imponer, además, pena de multa no menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de veinticinco mil (25,000) dólares.

En lugar de la multa que se dispone en los incisos (a), (b), (c) y (d) [de esta sección], la persona que reciba beneficios u otros ingresos de una actividad criminal podrá ser multada en una suma que no excederá del doble de los beneficios brutos o ingresos así obtenidos.

Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de los incisos (e) al (g) de la sec. 971b de este título incurrirá en el delito de lavado de dinero el cual será delito grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años. De mediar circunstancias agravantes la pena fija podrá ser aumentada a treinta (30) años y de mediar circunstancias atenuantes la pena podrá ser reducida hasta un mínimo de quince (15) años. El Tribunal podrá imponer el pago de multa no mayor de quinientos mil (500,000) dólares o el doble del valor de la propiedad envuelta en la transacción, lo que sea mayor, o ambas penas a discreción del Tribunal.

(b)  El tribunal, al dictar sentencia contra tal persona ordenará, además de cualquier pena impuesta bajo esta sección, la confiscación a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de toda la propiedad descrita en las cláusulas (1), (2) y (3) siguientes:

(1) Cualquier interés que la persona haya adquirido o retenido en violación a las disposiciones de la sec. 971b de este título;

(2) cualquier interés en, garantía de, reclamación contra, o derecho de propiedad o contractual de cualquier índole que constituya una forma de influir en cualquier empresa que la persona haya establecido, operado, controlado, o participado en su dirección, en violación de la sec. 971h de este título; y

(3) Cualquier propiedad que constituya, o se haya recibido, directa o indirectamente, de una actividad criminal, (o) o de la recaudación de una deuda ilegal o sea producto de una actividad ilegal específica o de lavado de dinero, en violación de la sec. 971h de este título.

(c)  La propiedad sujeta a confiscación bajo esta sección incluirá bienes inmuebles y muebles, incluyendo derechos, privilegios, intereses, reclamaciones y valores.

(d)  Todo derecho, título o interés en la propiedad descrita en el inciso (b) pasará a ser propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando se cometa un acto que dé lugar a la confiscación bajo esta sección. Toda propiedad que subsiguientemente a la comisión de dicho acto se transfiera a otra persona que no sea el imputado, puede ser confiscada a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a menos que el adquirente establezca en una vista según dispone el inciso (l ), que es un adquirente de buena fe de tal propiedad y que al tiempo de la compra no conocía o no podía conocer que la propiedad podría ser confiscada bajo las disposiciones de esta sección.

(e) (1)  A solicitud del Ministerio Fiscal, el tribunal podrá emitir una orden de entredicho provisional o interdicto preliminar, requerir la prestación de una fianza de cumplimiento o tomar cualquier otra medida para conservar la disponibilidad de la propiedad descrita en el inciso (b) a fin de garantizar eventualmente su confiscación de ser procedente bajo esta sección, en cualquiera de las siguientes alternativas:

(A) Al radicarse una acusación o denuncia por una violación a este Capítulo y alegando que la propiedad con respecto a la cual la orden se solicita, estaría sujeta a confiscación, en caso de una convicción;

(B) Después de notificar a la persona con interés en la propiedad y dársele la oportunidad de ser oída, pero antes de radicar la acusación o denuncia, si el tribunal determina que:

(i) hay una probabilidad sustancial de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico prevalezca en la acción de confiscación y que de no emitirse una orden a tales efectos, la propiedad podría ser destruida, removida de la jurisdicción, o de otra forma no estar disponible para su confiscación; y

(ii) la necesidad de asegurar la disponibilidad de la propiedad por medio de la orden solicitada en el balance de intereses, es mayor que el perjuicio que pueda sufrir cualquier persona contra quien se emita la orden.

Una orden emitida bajo este párrafo (B) será efectiva por un término no mayor de noventa (90) días, a menos que éste sea extendido por el tribunal al demostrarse justa causa o porque se radicó una acusación o denuncia según se describe en el párrafo (A).

(2) Aun cuando no medie acusación o denuncia previa, el tribunal podrá emitir una orden de entredicho provisional, sin haber notificado a la persona, ni haberle provisto la oportunidad de ser oída, cuando el Ministerio Fiscal demuestre que hay causa fundada para creer que la propiedad sobre la cual se solicita la orden, de ocurrir una convicción, estaría sujeta a ser confiscada y que la notificación pondría en peligro la disponibilidad de la propiedad para ser confiscada. La orden temporera expirará en un término que no excederá de diez (10) días a partir de la fecha en que se emita, a menos que se extienda al demostrarse justa causa o que la parte contra quien se emite la orden consienta a una extensión por un término mayor. Cuando se haya emitido una orden de entredicho provisional bajo esta cláusula y una parte interesada así lo solicite, el tribunal celebrará una vista a la brevedad posible, antes de la expiración de la orden temporera.

(3) En cualquier vista celebrada de conformidad con este inciso no serán de aplicación las Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia, Ap. IV del Título 32.

(f)  Convicta que fuere una persona bajo las disposiciones de este Capítulo, el tribunal simultáneamente dictará sentencia de confiscación a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y autorizará al Secretario de Justicia a incautarse de la propiedad bajo los términos y condiciones que dicho tribunal estime apropiados. Luego de emitida la orden de confiscación, el tribunal podrá, previa solicitud del Ministerio Fiscal, emitir las órdenes de interdicto que sean necesarias, requerir la ejecución de la fianza de garantía, nombrar síndicos, depositarios, tasadores, contables o fiduciarios, o tomar cualquier otra medida necesaria para proteger los intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cualquier ingreso devengado o derivado de la operación de una empresa o de un interés en una empresa cuya confiscación haya sido ordenada, puede ser utilizado para sufragar los gastos ordinarios y necesarios de la empresa que sean requeridos por ley para proteger los intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de terceros.

(g)  Luego de la incautación de la propiedad confiscada, el Secretario de Justicia ordenará que se disponga de la propiedad, mediante su venta o cualquier otra transacción comercial viable, tomando las medidas necesarias para proteger los derechos de cualquier parte inocente. Cualquier derecho de propiedad o interés que sea ejercitable por o transferible por valor al Estado Libre Asociado de Puerto Rico se extinguirá y no revertirá al convicto. En ningún caso, el convicto ni persona alguna que haya actuado de común acuerdo con o a nombre del convicto, será elegible para adquirir la propiedad confiscada en una venta realizada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El producto de la venta o cualquier otra disposición de la propiedad confiscada bajo esta sección, así como el dinero confiscado, se utilizará para pagar los gastos incurridos en la confiscación y venta, incluyendo los incurridos en la incautación, el mantenimiento y custodia de la propiedad hasta su disposición, los anuncios y los gastos, costas y honorarios de abogado. El Secretario de Justicia entregará al Secretario de Hacienda cualquier cantidad sobrante luego de sufragar tales gastos.

(h)  Con respecto a la propiedad confiscada, el Secretario de Justicia podrá:

(1) conceder a aquellas solicitudes que se le hayan formulado para mitigar los perjuicios causados por la confiscación, devolver la propiedad confiscada a las víctimas de actividades prohibidas por este Capítulo o tomar cualquier otra acción para proteger los derechos de partes inocentes cuando ello sea en interés de la justicia y que no resulte inconsistente con las disposiciones de este Capítulo;

(2) transigir reclamaciones que surjan bajo esta sección;

(3) conceder compensación a las personas que provean información que resulte en la confiscación de propiedad;

(4) llevar a cabo los procedimientos de disposición a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de toda propiedad confiscada mediante venta pública o por cualquier otra transacción comercial viable tomando las medidas necesarias para proteger los derechos de las partes inocentes;

(5) tomar las medidas necesarias para salvaguardar y conservar la propiedad confiscada hasta su disposición final.

(i)  El Secretario de Justicia adoptará reglamentos para:

(1) disponer sobre los medios que se utilizarán para notificar a las personas que puedan tener un interés en la propiedad confiscada;

(2) entender y resolver aquellas solicitudes que se le hayan formulado para mitigar los perjuicios causados por la confiscación;

(3) devolver la propiedad confiscada a las víctimas de actividades prohibidas según se definen por este Capítulo que solicitan devolución o la mitigación de los daños causados por la confiscación;

(4) establecer el método de disposición por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico de la propiedad confiscada mediante venta pública o por cualquier otra transacción comercial viable;

(5) mantener y conservar cualquier propiedad confiscada bajo esta sección hasta su disposición;

(6) transigir reclamaciones que surjan bajo este Capítulo; y

(7) establecer el método para compensar a las personas que provean información que resulte en la confiscación de propiedad.

Hasta tanto se adopte dichos reglamentos aplicarán todas las disposiciones legales vigentes sobre disposición de propiedad o de ingresos que se obtengan como producto de las ventas, sobre la transacción de reclamaciones y sobre la concesión de compensación a informantes en relación a tales confiscaciones, que fueren aplicables y que no fueren contrarias a las disposiciones aquí adoptadas.

(j)  Excepto como se dispone en el inciso (l ), ninguna persona que reclame un interés en una propiedad sujeta a confiscación podrá:

(1) intervenir en un juicio o apelación de una sentencia de un caso criminal que envuelva la confiscación de tal propiedad bajo esta sección; ni

(2) iniciar una acción contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relación a la validez de su alegado interés en la propiedad, posterior a la radicación de una acusación o denuncia en la que se alegue que la propiedad está sujeta a ser confiscada.

(k)  Para facilitar la identificación o la localización de la propiedad confiscada y para facilitar la consideración de solicitudes que se formulen para la devolución o mitigación de los perjuicios causados por la confiscación, luego de emitida una orden de confiscación de propiedad a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el tribunal podrá, a solicitud del Ministerio Fiscal, ordenar que se tomen deposiciones a testigos cuyo testimonio esté relacionado con la propiedad confiscada y podrá ordenar además que se produzca cualquier libro, documento, historial, grabación u otro material no privilegiado, de la misma forma que se dispone para la toma de deposiciones bajo la Regla 94 del Ap. II del Título 34.

(l ) (1)  Luego de emitida una orden de confiscación bajo esta sección, el Secretario de Justicia publicará, en un periódico de circulación general, una notificación de dicha orden y su intención de disponer de la propiedad confiscada. El Secretario podrá, hasta donde fuera viable, notificar por correo certificado a cualquier persona de la que se tenga conocimiento que haya alegado tener un interés en la propiedad sujeta a una orden de confiscación, en sustitución a la notificación pública en relación a dichas personas.

(2) Cualquier persona, excepto el convicto, que reclame tener interés legal en la propiedad confiscada, podrá presentar una acción de sentencia declaratoria ante el Tribunal Superior para que éste adjudique sobre la validez de su alegado interés en la propiedad dentro de los treinta (30) días siguientes a la última publicación de la notificación o del recibo de la notificación dispuesta en la cláusula (1), lo que ocurra primero.

(3) La demanda será jurada por el peticionario y establecerá la naturaleza y alcance de su derecho, título o interés en la propiedad, el momento y circunstancias de la adquisición del título o interés en la propiedad, cualesquiera hechos adicionales que sostengan su reclamación y el remedio solicitado.

(4) Hasta donde fuese viable y consistente con los intereses de la justicia, la vista sobre la demanda se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación. El tribunal podrá consolidar esta vista con cualquier otra demanda presentada bajo este inciso por cualquier persona excepto el convicto.

(5) Además de los testimonios y la prueba presentada en la vista por cualquiera de las partes, el tribunal podrá considerar la parte pertinente del récord del caso criminal que dio lugar a la orden de confiscación.

(6) El tribunal enmendará la orden de confiscación si luego de la vista concluye que el demandante ha probado mediante preponderancia de prueba que:

(A) tiene un derecho, título o interés sobre la propiedad que invalida, en todo o en parte, la orden de confiscación, por ser los mismos superiores a cualquier otro derecho, título o interés del convicto al momento de la comisión de los hechos que dieron lugar a la confiscación de la propiedad bajo esta sección; o

(B) es un adquirente de buena fe del derecho, título o interés en la propiedad, y al momento de la adquisición desconocía que la propiedad estaba sujeta a ser confiscada.

El tribunal deberá enmendar la orden de confiscación a tono con sus conclusiones.

(7) Luego que el tribunal resuelva todas las demandas presentadas bajo este inciso o, si no se presentare ninguna demanda, luego de expirado el término establecido en la cláusula (2) para presentar tales demandas, se perfeccionará el título a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la propiedad confiscada y su título será inscribible en el registro de la propiedad mediante orden judicial. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá transferir válidamente su título a cualquier persona.

(m)  El Tribunal Superior tendrá jurisdicción para emitir las órdenes dispuestas por esta sección independientemente de la localización de cualquier propiedad que pueda ser confiscada o que se haya ordenado sea confiscada bajo esta sección. Cuando la propiedad se encuentre fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Secretario de Justicia gestionará el cumplimiento de las órdenes emitidas por el tribunal.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 5; Junio 4, 1980, Núm. 107, p. 368, sec. 1; Mayo 29, 1986, Núm. 32, p. 83, sec. 1; Agosto 30, 1992, Núm. 52, art. 5, ef. 30 días después de Agosto 30, 1992.)"

  971e. Adquisición de bienes; penalidad.

Toda persona que, actuando de común acuerdo con o a nombre de una persona acusada o convicta de violar el presente Capítulo que, en violación a lo dispuesto en la sec. 971d de este título, adquiera o intente adquirir una propiedad de las descritas en el inciso (b) de dicha sección, que hubiese sido confiscada o estuviere sujeta a ser confiscada será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de cinco (5) años.

La propiedad ilegalmente adquirida revertirá al Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin mediar pago o compensación alguna, y se dispondrá de ella conforme a lo que se dispone en la sec. 971d(g) de este título.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 6, adicionado en Mayo 29, 1986, Núm. 32, p. 83, sec. 3[2], ef. Mayo 29, 1986.)"

  971f. Cancelación de certificado de incorporación.

El Secretario de Justicia podrá instar un procedimiento de naturaleza civil para cancelar el certificado de incorporación de cualquier corporación organizada con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o para cancelar o revocar cualquier licencia, permiso o autorización otorgado a cualquier corporación extranjera haciendo negocio o labor caritativa en Puerto Rico, cuando:

(a) (1) Cualquier oficial de la corporación o cualquier otra persona con autoridad en el manejo u operación de la misma, con el conocimiento del presidente y de una mayoría de los miembros de la Junta de Directores de esa corporación, o bajo circunstancias en que deberían tener tal conocimiento, se dedique a o se relacione directa o indirectamente al crimen organizado.

(2) Un director, oficial, empleado, agente o accionista, actuando para, a través de, o en nombre de la corporación y en el manejo de los asuntos de la corporación, se dedicare al crimen organizado, con el conocimiento del presidente y de una mayoría de los miembros de la Junta de Directores o bajo circunstancias en que deberían tener tal conocimiento, con la intención de compeler o inducir a otras personas, firmas o corporaciones a negociar con la corporación o a que se dediquen al crimen organizado; y

(b) El interés público requiere que el certificado de incorporación sea cancelado y se decrete la disolución de la corporación o se cancele la licencia, permiso o autorización, para prevenir futura conducta ilegal bajo las disposiciones de este Capítulo.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 7; Junio 19, 1987, Núm. 36, p. 128, sec. 4, ef. 180 días después de Junio 19, 1987.)"

  971g. Paralización de operaciones de empresas o individuos.

El Secretario de Justicia podrá instar un procedimiento de naturaleza civil para paralizar la operación de cualquier clase de empresa que no sea una corporación, cuando:

(a) una persona en su carácter individual, o cualquier persona en control de la empresa, que puede ser su socio, dueño, empleado, agente, o una persona que ejerce control en las operaciones de dicha empresa, se dedique a actividades relacionadas con el crimen organizado con la intención de inducir o compeler a otras personas, firmas o corporaciones a negociar con la empresa o a dedicarse al crimen organizado; y

(b) el interés público requiera que se paralice la operación de la empresa o de la actividad para prevenir futura conducta ilegal de la misma naturaleza.

El procedimiento de naturaleza civil para cancelar el certificado de incorporación o para paralizar la operación de cualquier clase de negocio que no sea una corporación, conforme a lo dispuesto en esta sección o en la sec. 971f anterior, se instará luego de que se obtenga una determinación previa de que existen motivos fundados para creer que se ha incurrido en la violación de este Capítulo. Dicha determinación se hará en vista privada celebrada ante un magistrado con la participación de la persona o personas afectadas y con auditores u otros funcionarios designados por el Secretario de Hacienda a petición del Secretario de Justicia.

Las partes deberán ser notificadas de la fecha señalada para la celebración de la vista, conforme a lo dispuesto en la sec. 971m de este título, con por lo menos cinco (5) días con antelación a la celebración de la misma.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 8, ef. Julio 13, 1978.)"

  971h. Remedios civiles.

(a)  El Tribunal Superior de Puerto Rico tendrá jurisdicción para aplicar sanciones e impedir violaciones a este Capítulo, mediante órdenes apropiadas, incluyendo pero sin limitarse a: 1) expedir auto de injunction  o quo warranto ; 2) ordenar la revocación de cualquier licencia, permiso u autorización sea de profesión, ocupación o negocio o de cualquier otra índole; 3) ordenar a la persona que se despoje de cualquier interés, directo o indirecto en cualquier empresa; 4) imponer restricciones razonables en la actividad futura o inversiones de cualquier persona, incluyendo el prohibirle que se dedique a la misma empresa o negocio en el cual ha estado envuelto; 5) u ordenar a la esfera administrativa correspondiente la remoción de cualquier empleado, o la disolución o reorganización o la sindicatura de cualquier empresa, protegiendo los derechos de personas inocentes.

(b)  El Secretario de Justicia instará los procedimientos bajo esta sección. En cualquier acción que se inicie por el Estado Libre Asociado bajo esta sección, el tribunal procederá con toda prioridad a la vista y determinación de la misma. Estando la determinación final del asunto pendiente, el tribunal podrá, en cualquier momento dictar aquellas órdenes que crea convenientes, o tomar cualquier otra acción que proceda.

El tribunal impondrá las costas y honorarios al demandado.

(c)  Una convicción y sentencia final a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cualquier procedimiento criminal instado por éste bajo las disposiciones de este Capítulo, impedirán al demandado negar las alegaciones esenciales de la violación criminal en cualquier procedimiento civil que posteriormente se entable por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(d)  Cualquier persona que sufra daño en su negocio o propiedad por razón de una violación a las disposiciones de la sec. 971b de este título podrá demandar en el tribunal de justicia correspondiente y podrá recobrar compensación triple por concepto de los daños sufridos y los gastos incurridos en la demanda, incluyendo una suma razonable por concepto de honorarios de abogado.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 9; Julio 9, 1986, Núm. 84, p. 278, ef. Julio 9, 1986.)"

  971i. --Independencia.

Los remedios o acciones de naturaleza civil para impedir violaciones a este Capítulo podrán instarse, independientemente de la acción penal u otro remedio disponible en ley.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 10, ef. Julio 13, 1978.)"

  971j. --Aceleramiento.

En cualquier acción civil instada por el Estado Libre Asociado bajo este Capítulo, el Secretario de Justicia podrá hacer constar mediante moción, que en su opinión el caso es uno de gran interés público. Copia de la moción deberá ser remitida de inmediato al Juez Administrador del Tribunal quien designará inmediatamente al juez que habrá de entender en el asunto. El juez así designado señalará la vista con toda prioridad, recibirá la prueba, hará las determinaciones pertinentes y emitirá las órdenes que crea conveniente.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 11, ef. Julio 13, 1978.)"

  971k. --Procedimientos privados o públicos.

Cualquier acción civil o procedimiento relacionado con este Capítulo, instado por el Secretario de Justicia bajo las disposiciones de este Capítulo, podrá ser pública o privada a discreción del tribunal, previa la consideración de los derechos de las partes envueltas.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 12, ef. Julio 13, 1978.)"

  971 l. Investigación; requerimiento; procedimiento.

(a)  Cuando el Secretario de Justicia tenga razones para creer que alguna persona o entidad está en posesión, custodia o dominio de cualesquiera documentos y objetos relevantes a una investigación sobre el crimen organizado o lavado de dinero bajo este Capítulo y con anterioridad al inicio de un procedimiento civil o criminal, podrá requerirle por escrito, previa notificación, que produzca o permita el examen de dichos documentos u objetos para su examen e investigación. El Secretario de Justicia podrá requerir información sobre el dueño o titular de acciones o de cualquier otro interés pecuniario, sobre miembros de la Junta de Directores, administradores o cualquier otro empleado de una empresa.

(b)  El requerimiento deberá:

(1) establecer la naturaleza de la conducta que constituye la alegada actividad de crimen organizado que se investiga y las disposiciones de ley aplicables;

(2) describir con precisión y certeza la clase o clases de documentos u objetos a producirse, a los fines de que se pueda identificar fácilmente;

(3) establecer la fecha fija en que el requerimiento deberá ser devuelto, concediendo un período de tiempo razonable para que se puedan producir los documentos u objetos para su inspección, copia o reproducción; y

(4) designar el custodio a quien se hará entrega del material requerido.

(c)  El requerimiento no podrá:

(1) contener solicitud alguna que resulte irrazonable si fuere solicitado mediante un subpoena duces tecum,  emitido por un tribunal; o

(2) requerir que se produzca evidencia de naturaleza privilegiada; o

(3) impedir que la persona invoque su derecho a no autoincriminarse, concediéndosele al Secretario de Justicia la facultad de otorgarle inmunidad en tal caso.

(Enmendado Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 13; Junio 19, 1987, Núm. 36, p. 128, sec. 5; Agosto 30, 1992, Núm. 52, art. 7, ef. 30 días después de Agosto 30, 1992.)"

  971m. Notificación del requerimiento.

(a)  La notificación del requerimiento o cualquier solicitud que se haga conforme a esta sección se podrá efectuar de alguna de las siguientes maneras:

(1) entregándole copia debidamente diligenciada a cualquier socio, oficial, agente, o agente general, o a cualquier agente autorizado por ley para recibir emplazamientos para esa persona, o a la persona directamente;

(2) entregando copia debidamente diligenciada en la oficina principal o sitio principal de negocio; o

(3) enviando copia por correo certificado o registrado con acuse de recibo dirigido a la persona a la dirección de su oficina principal o sitio principal de negocios.

(b)  El recibo de la notificación debidamente diligenciada por la persona que la sirvió se considerará evidencia prima facie de dicha notificación. En el caso de la notificación por correo certificado o registrado, la notificación deberá estar acompañada del recibo del correo.

(c) (1)  Cualquier persona a quien se le haya notificado debidamente un requerimiento bajo esta sección, deberá poner a la disposición del investigador los documentos que se le han solicitado para su inspección, copia o reproducción. Dicha inspección, copia o reproducción se llevará a cabo en la oficina principal de negocios o en cualquier otro lugar donde el investigador y la persona acuerden por escrito, o donde el tribunal determine.

(2) El investigador a quien se le haya entregado cualesquiera documentos conforme a esta sección tomará posesión de los mismos y será responsable del uso que se les dé y los devolverá conforme a lo aquí dispuesto. Mientras los documentos se encuentren en poder de dicho investigador, no podrán ser examinados por ninguna persona, salvo el Secretario de Justicia, o la persona en quien él delegue, a menos que medie el consentimiento de la persona que produjo dichos documentos u objetos. Bajo los términos y condiciones que establezca el Secretario de Justicia, los documentos en posesión del investigador podrán ser inspeccionados por la persona que los produjo o su agente debidamente autorizado.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 14, ef. Julio 13, 1978.)"

  971n. Devolución de documentos; custodia.

Al terminarse la investigación de actividad criminal para la cual el material documental fue producido o al terminarse cualquier caso o procedimiento que surgiere de dicha investigación, el investigador devolverá los documentos a la persona que los produjo, excepto por las copias hechas por el Secretario de Justicia, y aquellos que no hubieren pasado al control del tribunal.

De no iniciarse una acción o procedimiento a consecuencia de la investigación dentro de un término razonable después de terminado el examen y análisis de toda la evidencia en el curso de la investigación, la persona que produjo la evidencia tendrá derecho, mediante solicitud escrita al Secretario de Justicia, a que se le devuelva toda la evidencia documental u objetos que esta persona produjo.

En caso de muerte, incapacidad o separación del cargo de la persona que tiene en su posesión cualquier evidencia documental producida bajo las disposiciones de este Capítulo, o en caso en que se releve al oficial de la responsabilidad de custodiar dicho material, el Secretario de Justicia inmediatamente deberá:

(1) designar otro investigador del Negociado de Investigaciones Especiales para que sirva de custodio; y

(2) notificar por escrito a la persona que produjo la evidencia, el nombre y la dirección del sucesor así designado. Cualquier sucesor así designado tendrá las mismas funciones, deberes y responsabilidades que impone este Capítulo sobre su predecesor, excepto que no será responsable de ningún acto negligente que hubiere ocurrido antes de su designación como custodio.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 15, ef. Julio 13, 1978.)"

  971o. --Incumplimiento de requerimiento.

Si alguna persona incumpliere el requerimiento de producción de documentos u objetos bajo este Capítulo o cuando se impidiere copiar o reproducir satisfactoriamente la evidencia porque la persona rehúsa entregar el material, el Secretario de Justicia solicitará del tribunal una orden para que la persona cumpla con las disposiciones de este Capítulo. Si la persona no cumpliere con la orden dictada por el tribunal incurrirá en desacato civil y será base para que se proceda a revocar cualquier licencia, permiso o autorización que se hay concedido a la persona o empresa bajo investigación.

Dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del requerimiento, o en cualquier momento antes del día de entrega especificado en el mismo, el que resulte ser más corto, la persona podrá solicitar del tribunal una orden para modificar o dejar sin efecto el requerimiento. El término concedido para cumplir el requerimiento queda suspendido mientras el tribunal considera dicha solicitud. La petición especificará los motivos en que se funda y podrá estar basada en el incumplimiento de cualquier requisito del requerimiento de conformidad con lo establecido en este Capítulo, bajo cualquier disposición constitucional o legal.

En cualquier momento la persona que produjo la evidencia, podrá solicitar del tribunal que ordene al custodio de la misma cumplir cualquier deber de los que le impone este Capítulo.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 16, ef. Julio 13, 1978.)"

  971p. Destrucción de documentos u objetos; penalidad.

Cualquier destrucción, mutilación, alteración, ocultación, remoción, o cualquier otro daño a los documentos u objetos solicitados por el Secretario de Justicia constituirá delito grave y será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 17; Junio 4, 1980, Núm. 107, p. 368, sec. 1.)"

  971q. Autorización judicial para grabación de conversaciones no telefónicas.

Se faculta al Secretario de Justicia de Puerto Rico para gestionar ante un juez del Tribunal Superior de Puerto Rico autorización para la grabación de cualquier comunicación oral que no sea telefónica, cuando tenga motivo fundado de que una persona se dedica o está envuelta en un patrón de actividad del crimen organizado, según este término se define en este Capítulo y el juez podrá emitir dicha orden de autorización sujeto a que:

(a) La grabación sea realizada únicamente por un investigador o persona privada que actúe como informante o agente encubierto siempre y cuando esté debidamente autorizado para ello por el investigador, cuando tal investigador o persona privada sea una parte de la comunicación, o cuando cualquier persona que participe en la comunicación haya dado su consentimiento previo a tal grabación.

(b) Bajo ninguna circunstancia se solicitará o emitirá una orden autorizando una grabación, cuando las comunicaciones orales a ser grabadas se relacionen con actividades políticas o de cualquier otra naturaleza que no sean del crimen organizado, según tal término se define en este Capítulo.

(c) La grabación solamente podrá realizarse cuando previamente medie una orden escrita de un juez del Tribunal Superior que así lo autorice, excepto cuando concurran las siguientes circunstancias:

(1) El Secretario de Justicia razonablemente determine que existe una situación extraordinaria respecto de actividades relacionadas al crimen organizado que requieren llevar a cabo la grabación de una comunicación oral antes de que, con la debida diligencia, pueda obtenerse una orden judicial autorizando la grabación.

Se entenderá que existe una situación extraordinaria cuando se dé una o más de las siguientes circunstancias:

(A) Que no exista otro medio de obtener esa comunicación en particular.

(B) Que la seguridad del investigador, informante o agente encubierto esté seriamente amenazada.

(C) Que hayan sido infructuosas las gestiones para localizar un Juez Superior con autoridad para expedir dicha orden.

(D) Que el Secretario de Justicia advenga en conocimiento de que se va a efectuar una comunicación oral que se interesa grabar y no cuenta con el tiempo necesario para gestionar la autorización.

(2) El Secretario de Justicia determine que existen motivos fundados que justificarían el emitir una orden judicial de acuerdo a lo dispuesto en esta sección y que la evidencia de tal comunicación solamente puede obtenerse mediante el testimonio oral del investigador o informante.

En tal eventualidad, el Secretario de Justicia podrá autorizar que se lleve a cabo la grabación siempre y cuando dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que autorizó la grabación someta ante el Tribunal Superior una petición de autorización para la grabación de la comunicación oral.

En ausencia de una orden del Tribunal Superior autorizando grabar una comunicación oral, la grabación deberá suspenderse o terminarse inmediatamente después de obtenida la comunicación que se interese o al momento en que el tribunal deniegue la autorización de grabación, lo que ocurra primero. En caso de que se deniegue la orden judicial aprobando o autorizando la grabación o en cualquier otro caso en que se haya concluido la grabación de la comunicación oral sin haberse obtenido dicha orden judicial, el contenido de la comunicación oral así grabada será inadmisible en evidencia en cualquier proceso judicial o de cualquier otra naturaleza y deberá ser destruida una vez la decisión sea final y firme.

A manera de excepción a las demás disposiciones de este Capítulo, será indelegable la facultad conferida al Secretario de Justicia de autorizar una grabación sin que medie una orden judicial previa.

(3) Toda determinación del Tribunal Superior denegando la aprobación de la autorización para la grabación de una comunicación oral será considerada como una resolución interlocutoria y podrá ser revisada por el Secretario de Justicia mediante recurso de certiorari  dentro de los treinta (30) días del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución.

(d) Toda petición del Secretario de Justicia para obtener una orden judicial de autorización para grabar una comunicación oral deberá hacerse por escrito, estar firmada por el Secretario e incluir lo siguiente:

(1) Una relación de los hechos que dan base a su determinación de motivo fundado de que la persona se dedica a, o participa en cualquier actividad del crimen organizado, según tal término se define en este Capítulo, establecer el patrón de actividad de crimen organizado y que una comunicación oral relacionada al crimen organizado será obtenida de la grabación que se interesa.

(2) El tipo de artefacto o mecanismo de grabación a ser utilizado.

(3) El tiempo estimado necesario para la investigación durante el cual se grabarán comunicaciones orales.

(4) El nombre de la persona o personas cuyas comunicaciones orales serán grabadas y su relación con el asunto objeto de la investigación.

(e) Radicada la petición, el juez podrá emitir una orden ex parte  autorizando o aprobando la grabación de comunicaciones orales, si por los hechos expuestos en la petición determina que existe motivo fundado para creer que la persona se dedica a participar en actividades del crimen organizado y que a través de la grabación se obtendrá una comunicación oral relacionada al crimen organizado.

(f) Ninguna orden emitida al amparo de las disposiciones de esta sección podrá autorizar o aprobar que se lleve a cabo la grabación por un período mayor al necesario para lograr el propósito de la autorización judicial. En ningún caso la autorización judicial excederá de tres (3) meses. No obstante lo anteriormente dispuesto, el tribunal podrá conceder una extensión a la orden de autorización judicial para grabar una comunicación oral, siempre y cuando se radique una petición al efecto de conformidad al procedimiento dispuesto en el inciso (d) de esta sección y el tribunal determine que se cumplen los requisitos que establece el inciso (e) de esta sección. El juez podrá conceder la extensión que estime necesaria, pero en ningún caso por un término mayor de tres (3) meses.

(g) El Secretario de Justicia tendrá la obligación de informar inmediatamente al juez que haya expedido la orden de autorización judicial cualquier cambio en las circunstancias que dieron origen a la petición.

(h) Todo investigador autorizado para hacer una grabación deberá mantener un récord detallado de cada comunicación grabada incluyendo la fecha, hora, lugar de comunicación, el nombre de los participantes cuando éstos puedan ser identificados, el nombre del participante que consintió a la grabación y un breve resumen de lo que se dijo. Deberá también someter un informe semanal al Secretario de Justicia informando los incidentes y resultados obtenidos de las grabaciones durante la semana precedente. Esta obligación persistirá hasta que expire el término por el cual se haya expedido la orden o hasta que concluya o se descontinúe la investigación, lo que ocurra primero.

(i) Toda grabación de una comunicación oral efectuada de conformidad con lo dispuesto en esta sección deberá hacerse de forma tal que se evite que la misma sea editada o alterada.

Inmediatamente después de que se haya grabado una comunicación oral, el original de tal grabación deberá entregarse al juez que haya emitido la orden autorizando la misma para sellarse según las instrucciones que éste emita al respecto. Asimismo, dicho juez dispondrá todo lo relativo a la conservación y custodia de dicha grabación por el tribunal. Las grabaciones realizadas de acuerdo a lo dispuesto en esta sección deberán conservarse por un término de diez (10) años, excepto cuando el juez que haya emitido o denegado la orden disponga su destrucción. A los efectos de la investigación o preparación de un juicio, se podrán hacer duplicados de la grabación. La condición de que la grabación esté sellada, según dispuesto en este inciso, o una explicación satisfactoria al tribunal de la razón o razones por la cual no está sellada tal grabación, será un requisito para permitir la presentación de la misma como evidencia en cualquier procedimiento judicial o de cualquier otra naturaleza. El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptará dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de esta ley las reglas que sean necesarias respecto del procedimiento de sellar, conservar y custodiar judicialmente tales grabaciones para darle efectividad a lo dispuesto en este inciso.

(j) El Secretario de Justicia promulgará, en un término que no excederá de seis (6) meses a partir de la aprobación de esta ley, un reglamento para la autorización y control de las grabaciones de comunicaciones orales que no sean telefónicas. No podrá llevar a cabo grabación de comunicación oral alguna bajo las disposiciones de este Capítulo hasta tanto ese reglamento sea aprobado y cumpla con las disposiciones de la Ley de Reglamentos Núm. 112 del 30 de junio de 1957, según enmendada. El reglamento a ser promulgado tendrá como objetivo hacer efectivo el propósito de esta sección salvaguardando siempre la privacidad de las personas cuyas comunicaciones orales no pueden ser grabadas según lo anteriormente dispuesto.

(k) Las grabaciones de comunicaciones orales que no sean telefónicas obtenidas bajo las disposiciones de esta sección serán admisibles en evidencia, sujetas al cumplimiento estricto con lo dispuesto en la misma y en el reglamento que promulgue el Secretario de Justicia.

(l ) Dada la naturaleza confidencial que debe permear el procedimiento de petición y/o revisión de la autorización para grabación de comunicaciones orales no telefónicas, sólo estarán presentes en el procedimiento ex parte  el fiscal o el representante del Secretario de Justicia, el juez y los funcionarios que el tribunal estime indispensables para el descargo de su función judicial.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 18, adicionado en Junio 19, 1987, Núm. 36, p. 128, sec. 6, ef. 180 días después de Junio 19, 1987.)"

  971r. Penalidades por información falsa o divulgación de orden judicial para grabar.

Toda persona que intencionalmente preste declaración falsa para que el tribunal emita una orden judicial autorizando la grabación de comunicaciones orales que no sean telefónicas y toda persona que basada en tal información falsa, con conocimiento de su falsedad, solicite del Secretario de Justicia que gestione ante el tribunal tal orden, incurrirá en delito grave y, si fuere convicto, será sancionado con pena de reclusión con un término fijo de cinco (5) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de ocho (8) años y de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

El tribunal impondrá la pena fija de reclusión establecida y, a su discreción, podrá además imponer pena de multa que no será menor de cinco mil dólares ($5,000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000).

Toda persona que habiendo advenido en conocimiento de la prueba o del hecho que se emitió una autorización para grabar comunicaciones orales bajo las disposiciones de la sec. 971q de este título, y que por cualquier medio divulgue tal conocimiento a otra persona, a excepción de cuando tal divulgación sea necesaria por razón de sus funciones, incurrirá en delito grave y, si fuere convicto, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años y de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.

El tribunal impondrá la pena fija de reclusión establecida y, a su discreción, podrá además imponer pena de multa que no será menor de cinco mil dólares (5,000) ni mayor de diez mil dólares ($10,000).

Ninguna persona acusada por violación a lo dispuesto en esta sección podrá acogerse al sistema de alegaciones preacordadas y, de resultar convicta, no tendrá derecho a disfrutar de una sentencia suspendida.

Excepto en el caso de grabaciones de conversaciones telefónicas, las disposiciones establecidas en la sec. 4186 del Título 33, parte del "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", no serán de aplicabilidad a los policías, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, agentes encubiertos, informantes o personas que actuando bajo autoridad legal graben una comunicación oral que no sea telefónica, cuando tal grabación se haga previa autorización del tribunal, de acuerdo a las disposiciones de la sec. 971q de este título. Tales personas, sin embargo, incurrirán en el delito dispuesto en la sec. 4186 del Título 33 y en el delito dispuesto en el primer párrafo de esta sección, cuando la grabación se lleve a cabo sin una autorización válida, de acuerdo a lo establecido en la sec. 971q de este título.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 19, adicionado en Junio 19, 1987, Núm. 36, p. 128, sec. 7, ef. 180 días después de Junio 19, 1987.)"

  971s. Informes anuales.

Dentro de los primeros quince (15) días del inicio de cada sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, el Secretario de Justicia rendirá a ésta un informe conteniendo toda aquella información no privilegiada relacionada con la experiencia en la aplicación de la sec. 971q de este título, en el cual deberá incluir, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente:

(1) El número de peticiones de órdenes para autorizar la grabación de comunicaciones orales que se radiquen en los tribunales durante el año a que corresponda dicho informe.

(2) El número de órdenes emitidas o denegadas por los tribunales en dicho año.

(3) El promedio del tiempo requerido para hacer las grabaciones de comunicaciones orales no telefónicas.

(4) El resultado del uso de grabaciones autorizadas en términos de arrestos, convicciones o esclarecimientos de otros delitos.

(5) Cualquier conducta de los investigadores informantes en violación a las disposiciones de la sec. 971q de este título o de la reglamentación promulgada por el Secretario de Justicia.

(6) Cualquier recomendación legislativa que estime mejor sirve los propósitos para los cuales se aprueba esta ley y proteja la privacidad de los individuos.

Una copia de este informe deberá remitirse a la Oficina del Juez Presidente del Tribunal Supremo.

(Julio 13, 1978, Núm. 33, p. 489, art. 20, adicionado en Junio 19, 1987, Núm. 36, p. 128, sec. 8, ef. 180 días después de Junio 19, 1987.)"

 

Derecho Federal

 

Ahora bien, con respecto a las penas por el delito constitutivo de LAVADO DE DINERO, las secciones 1956 y 1957 del Título 18 del Código Anotado de los Estados Unidos (Crimes and Criminal Procedures / 18 U.S.C.A. secs. 1956 ~ 1957) dicen y citamos:

 

"§ 1956. Laundering of monetary instruments

(a)(1) Whoever, knowing that the property involved in a financial transaction represents the proceeds of some form of unlawful activity, conducts or attempts to conduct such a financial transaction which in fact involves the proceeds of specified unlawful activity -

(A)(i) with the intent to promote the carrying on of specified unlawful activity; or

(ii) with intent to engage in conduct constituting a violation of section 7201 or 7206 of the Internal Revenue Code of 1986; or

(B) knowing that the transaction is designed in whole or in part -

(i) to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the control of the proceeds of specified unlawful activity; or

(ii) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law,

shall be sentenced to a fine of not more than $500,000 or twice the value of the property involved in the transaction, whichever is greater, or imprisonment for not more than twenty years, or both.

(2) Whoever transports, transmits, or transfers, or attempts to transport, transmit, or transfer a monetary instrument or funds from a place in the United States to or through a place outside the United States or to a place in the United States from or through a place outside the United States -

(A) with intent to promote the carrying on of specified unlawful activity; or

(B) knowing that the monetary instrument or funds involved in the transportation, transmission, or transfer represent the proceeds of some form of unlawful activity and knowing that such transportation, transmission, or transfer is designed in whole or in part -

(i) to conceal or disguise the nature, the location, the source, the ownership, or the control of the proceeds of specified unlawful activity; or

(ii) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law,

shall be sentenced to a fine of not more than $500,000 or twice the value of the monetary instrument or funds involved in the transportation, transmission, or transfer whichever is greater, or imprisonment for not more than twenty years, or both. For the purpose of the offense described in subparagraph (B), the defendant's knowledge may be established by proof that a law enforcement officer represented the matter specified in subparagraph (B) as true, and the defendant's subsequent statements or actions indicate that the defendant believed such representations to be true.

(3) Whoever, with the intent -

(A) to promote the carrying on of specified unlawful activity;

(B) to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of property believed to be the proceeds of specified unlawful activity; or

(C) to avoid a transaction reporting requirement under State or Federal law,

conducts or attemps to conduct a financial transaction involving property represented conducts or attemps to conduct a financial transaction involving property represented to be the proceeds of specified unlawful activity, or property used to conduct or facilitate specified unlawful activity, shall be fined under this title or imprisoned for not more than 20 years, or both. For purposes of this paragraph and paragraph (2), the term "represented" means any representation made by a law enforcement officer or by another person at the direction of, or with the approval of, a Federal official authorized to investigate or prosecute violations of this section.

(b) Whoever conducts or attemps to conduct a transaction described in subsection (a)(1) or (a)(3), or a transportation, transmission, or transfer described in subsection (a)(2), is liable to the United States for a civil penalty of not more than the greater of -

(1) the value of the property, funds, or monetary instruments involved in the transaction; or

(2) $10,000.

(c) As used in this section -

(1) the term "knowing that the property involved in a financial transaction represents the proceeds of some form of unlawful activity" means that the person knew the property involved in the transaction represented proceeds from some form, through not necessarily which form, of activity that constitutes a felony under State, Federal, or foreign law, regardless of whether or not such activity is specified in paragraph (7);

(2) the term "conducts" includes initiating, concluding, or participating in initiating, or concluding a transaction;

(3) the term "transaction" includes a purchase, sale, loan, pledge, gift, transfer, delivery, or other disposition, and with respect to a financial institution includes a deposit, withdrawal, transfer between accounts, exchange of currency, loan, extension of credit, purchase or sale of any stock, bond, certificate of deposit, or other monetary instrument, use of a safe deposit box, or any other payment, transfer, or delivery by, through, or to a financial institution, by whatever means effected;

(4) the term "financial transaction" means (A) a transaction which in any way or degree affects interstate or foreign commerce (i) involving the movement of funds by wire or other means or (ii) involving one or more monetary instruments, or (iii) involving the transfer of title to any real property, vehicle, vessel, or aircraft, or (B) a transaction involving the use of a financial institution which is engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce in any way or degree;

(5) the term "monetary instruments" means (i) coin or currency of the United States or of any other country, traveler's checks, personal checks, bank checks, and money orders, or (ii) investments securities or negotiable instruments, in bearer form or otherwise in such form that title thereto passes upon delivery;

(6) the term "financial institution" has the definition given that term in section 5312(a)(2) of title 31, United States Code, or the regulations promulgated thereunder;

(7) the term "specified unlawful activity" means -

(A) any act or activity constituting an offense listed in section 1961(1) of this title except an act which is indictable under subchapter II of chapter 53 of title 31;

(B) with respect to a financial transaction ocurring in whole or in part in the United States, an offense against a foreign nation involving -

(i) the manufacture, importation, sale, or distribution of a controlled substance (as such term is defined for the purposes of the Controlled Substances Act);

(ii) murder, kidnapping, robbery, extortion, or destruction of property by means of explosive or fire;

(iii) fraud, or any scheme or attempt to defraud, by or against a foreign bank (as defined in paragraph 7 of section 1(b) of the International Banking Act of 1978;

(C) any act or acts constituting a continuing criminal enterprise, as that term is defined in section 408 of the Controlled Substances Act (21 U.S.C. 848);

(D) an offense under section 32 (relating to the destruction of aircraft), section 37 (relating to violence at international airports), section 115 (relating to influencing, impeding, or retaliating against a Federal official by threatening or injuring a familiy member), section 152 (relating to concealment of assets; false oaths and claims; bribery), section 215 (relating to commissions or gifts for procuring loans), section 351 (relating to congressional or Cabinet officer assassination), any of sections 500 through 503 (relating to certain counterfeiting offenses), section 513 (relating to securities of States and private entities), section 542 (relating to entry of goods by means of false statements), section 545 (relating to smuggling goods into the United States), section 549 (relating to removing goods from Customs custody), section 641 (relating to public money, property, or records), section 656 (relating to theft, embezzlement, or misapplication by bank officer or employee), section 657 (relating to lending, credit, and insurance institutions), section 658 (relating to property mortgaged or pledged to farm credit agencies), section 666 (relating to theft or bribery concernings programs receiving Federal funds), section 793, 794, or 798 (relating to espionage), section 831 (relating to prohibited transactions involving nuclear materials), section 844(f) or (i) (relating to destruction by explosives or fire of Government property or property affecting interstate or foreign commerce), section 875 (relating to interstate communications), section 956 (relating to conspiracy to kill, kidnap, maim, or injure certain property in a foreign country), section 1005 (relating to fraudulent bank entries), 1006 (relating to fraudulent Federal credit institution entries), 1007 (relating to fraudulent Federal Deposit Insurance transactions), 1014 (relating to fraudulent loan or credit applications, 1032 (relating to concealment of assets from conservator, receiver, or liquidating agent of financial institution), section 1111 (relating to murder), section 1114 (relating to murder of United States law enforcement officials), section 1116 (relating to murder of foreign officials, official guests, or internationally protected persons), section 1201 (relating to kidnapping), section 1203 (relating to hostage taking), section 1361 (relating to willful injury of Government property), section 1363 (relating to destruction of property within the special maritime and territorial jurisdiction), section 1708 (theft from the mail), section 1751 (relating to Presidential assassination), section 2113 or 2114 (relating to bank and postal robbery and theft), section 2280 (relating to violence against maritime navigation), section 2281 (relating to violence against maritime fixed platforms), section 2319 (relating to copyright infringment), section 2320 (relating to trafficking in counterfeit goods and services), section 2332 (relating to terrorist acts abroad against United States nationals), section 2332a (relating to use of weapons of mass destruction), section 2332b (relating to international terrorist acts transcending national boundaries), or section 2339A (relating to providing material support to terrorists) of this title, section 46502 of title 49, United States Code, a felony violation of the Chemical Diversion and Trafficking Act of 1988 (relating to precursor and essential chemicals), section 590 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1590) (relating to aviation smuggling), section 422 of the Controlled Substances Act (relating to transportation of drug paraphernallia), section 38(c) (relating to criminal violations) of the Arms Export Control Act, section 11 (relating to violations) of the Export Administration Act of 1979, section 206 (relating to penalties) of the International Emergency Economic Powers Act, section 16 (relating to offenses and punishment) of the Trading with the Enemy Act, any felony violation of section 15 of the Food Stamp Act of 1977 (relating to food stamp fraud) involving a quantity of coupons having a value of not less than $5,000, or any felony violation of the Foreign Corrupt Practices Act; or

(E) a felony violation of the Federal Water Pollution Control Act (33 U.S.C. 1251 et seq.), the Ocean Dumping Act (33 U.S.C. 1401 et seq.), the Act to Prevent Pollution from Ships (33 U.S.C. 1901 et seq.), the Safe Drinking Water Act (42 U.S.C. 300f et seq.), or the Resources Conservation and Recovery Act (42 U.S.C. 6901 et seq.).

(F) Anu act or activity constituting an offense involving a Federal health care offense.

(8) the term "State" includes a State of the United States, the District of Columbia, and any commonwealth, territory, or possession of the United States.

(d) Nothing in this section shall supersede any provision of Federal, State, or other law imposing criminal penalties or affording civil remedies in addition to those provided for in this section.

(e) Violations of this section may be investigated by such components of the Department of Justice as the Attorney General may direct, and by such components of the Department of the Treasury as the Secretary of the Treasury may direct, as appropiate and, with respect to offenses over which the United States Postal Service has jurisdiction, by the Postal Service. Such authority of the Secretary of the Treasury and the Postal Service shall be exercised in accordance with an ageement which shall be entered into by the Secretary of the Treasury, the Postal Service, and the Attorney General. Violations of this section involving offenses described in paragraph (c)(7)(E) may be investigated by such components of the Department of Justice as the Attorney General may direct, and the National Enforcement Investigations Center of the Environmental Protection Agency.

(f) There is extraterritorial jurisdiction over the conduct prohibited by this section if -

(1) the conduct is by a United States citizen or, in the case of a non-United States citizen, the conduct occurs in part in the United States; and

(2) the transaction or series of related transactions involves funds or monetary instruments of a value exeeding $10,000.

(g) Notice of conviction of financial institutions - If any financial institution or any officer, director, or employee of any financial institution has been found guilty of an offense under this section, section 1957 or 1960 of this title, or section 5322 or 5324 of title 31, the Attorney General shall provide written notice of such fact to the appropriate regulatory agency for the financial institution.

(h) Any person who conspires to commit any offense defined in this section or section 1957 shall be subject to the same penalties as those prescribed for the offense the commission of which was the object of the conspiracy.

(Added Pub. L. 99-570, Title XIII, § 1352(a), Oct. 27, 1986, 100 Stat. 3207-18, and amended Pub. L. 100-690, Title VI, §§ 6183, 6465, 6466, 6469(a)(1), 6471(a), (b), Title VII, § 7031, Nov. 18, 1988, 102 Stat. 4354, 4375, 4377, 4378, 4398; Pub. L. 101-647, Title I, §§ 105-108, Title XII, § 1205(j), Title XIV, §§ 1402, 1404, Title XXV, § 2506, Title XXXV, § 3557, Nov. 29, 1990, 104 Stat. 4791, 4792, 4831, 4835, 4862, 4927; Pub. L. 102-550, Title XV, §§ 1504(c), 1524, 1526(a), 1527(a), 1530, 1531, 1534, 1536, Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4055, 4064-4067; Pub. L. 103-322, Title XXXII, § 320104(b), Title XXXIII, §§ 330008(2), 330011(l), 330012, 330019, 330021(1), Sept. 13, 1994, 108 Stat. 2111, 2142, 2145, 2146, 2149, 2150; Pub. L. 103-325, Title IV, §§ 411(c)(2)(E), 413(c)(1), (d), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2253, 2254, 2255; Pub. L. 104-132, Title VII, § 726, Apr. 24, 1996, 110 Stat. 1301; Pub. L. 104-191, Title II, § 246, Aug. 21, 1996, 110 Stat. 2018; Pub. L. 104-294, Title VI, §§ 601(f)(6), 604(b)(38), Oct. 11, 1996, 110 Stat. 3499, 3509.)"

"§ 1957. Engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity

(a) Whoever, in any of the circumstances set forth in subsection (d), knowingly engages or attemps to engage in a monetary transaction in criminally derived property that is of a value greater than $10,000 and is derived from specified unlawful activity, shall be punished as provided in subsection (b).

(b)(1) Except as provided in paragraph (2), the punishment for an offense under this section is a fine under title 18, United States Code, or imprisonment for not more than ten years or both.

(2) The court may impose an alternate fine to that imposable under paragraph (1) of not more than twice the amount of the criminally derived property involved in the transaction.

(c) In a prosecution for an offense under this section, the Government is not required to prove the defendant knew that the offense from which the criminally derived property was derived was specified unlawful activity.

(d) The circumstances referred to in subsection (a) are -

(1) that the offense under this section takes place in the United States or in the special maritime and territorial jurisdiction od the United States; or

(2) that the offense under this section takes place outside the United States and such special jurisdiction, but the defendant is a United States person (as defined in section 3077 of this title, but excluding the class described in paragraph (2)(D) of such section).

(e) Violations of this section may be investigated by such components of the Department of Justice as the Attorney General may direct, and by such components of the Department of the Treasury as the Secretary of the Treasury may direct, as appropriate and, with respect to offenses over which the United States Postal Service has jurisdiction, by the Postal Service. Such authority of the Secretary of the Treasury and the Postal Service shall be exercised in accordance with an agreement which shall be entered into by the Secretary of the Treasury, the Postal Service, and the Attorney General.

(f) As used in this section -

(1) the term "monetary transaction" means the deposit, withdrawal, transfer, or exchange, in or affecting interstate or foreign commerce, of funds or a monetary instrument (as defined in section 1956(c)(5) of this title) by, through, or to a financial institution (as defined in section 1956 of this title), including any transaction that would be a financial transaction under section 1956(c)(4)(B) of this title, but such term does not include any transaction necessary to preserve a person's right to representation as guaranteed by the sixth amendment to the Constitution;

(2) the term "criminally derived property" means any property constituting, or derived from, proceeds obtained from a criminal offense; and

(3) the term"specified unlawful activity" has the meaning given that term in section 1956 of this title.

(Added Pub. L. 99-570, Title XIII, § 1352(a), Oct. 27, 1986, 100 Stat. 3207-21, and amended Pub. L. 100-690, Title VI, §§ 6182, 6184, 6469(a)(2), Nov. 18, 1988, 102 Stat. 4354, 4377; Pub. L. 102-550, Title XV, §§ 1526(b), 1527(b), Oct. 28, 1992, 106 Stat. 4065; Pub. L. 103-322, Title XXXIII, § 330020, Sept. 13, 1994, 108 Stat. 2149; Pub. L. 103-325, Title IV, § 413(c)(2), Sept. 23, 1994, 108 Stat. 2255.)"

 

También, en lo pertinente, con respecto al delito de LAVADO DE DINERO, los Tribunales de Circuito de Apelaciones y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se han pronunciado como sigue y citamos:

 

"Elements of money laundering offense under federal statute are: (1) knowingly conducting financial transaction; (2) known to involve and actually involving proceeds of specified unlawful activity; and (3) knowing that transaction was designed to conceal or disguise nature, location, source, ownership, or control of proceeds." U.S. v. Li, N.D.Ill. 1994, 856 F.Supp. 411.

"Evidence that other sources of income were deposited into defendant's account did not mean that jury heard insufficient evidence to convict defendant of laundering funds derived from narcoticts activities; statutes did not require that Government trace origin of all funds deposited into bank account to determine exactly which funds were used for what transaction." U.S. v. Jackson, C.A.7 (Ill.) 1991, 935 F.2d 832, denial of post-conviction relief affirmed 16 F.3d 1225, denial of habeas corpus affirmed 51 F.3d 275.

"Defendant cannot avoid sanction of money laundering statute by commingling funds." U.S. v. Jackson, C.A.7 (Wis.) 1993, 983 F.2d 757.

"In order to convict defendant of money laundering by attempting to transport $186,000 in cash out of United States, government was not required to prove that defendant knew money he was carying was proceeds of specified unlawful activity; it was sufficient to show that defendant knew his act of transporting funds was designed to disguise or conceal its nature, source, ownership, or control." U.S. v. Carr, C.A.3 (Pa.) 1994, 25 F.3d 1194, rehearing and rehearing in banc denied, certiorari denied 115 S.Ct. 341, 130 L.Ed.2d 298, certiorari denied 115 S.Ct. 742, 130 L.Ed.2d 643.

"To sustain money laundering conviction, defendant must have known that primary predicate activity was unlawful, but he need not have known that secundary act of laundering proceeds was unlawful." U.S. v. Stein, C.A.9 (Or.) 1994, 37 F.3d 1407, certiorari denied 115 S.Ct. 1170, 130 L.Ed.2d 1124.

"Consecutive terms totalling 660 years imposed upon defendant convicted of racketeering, money laundering, and related crimes did not violate Eighth Amendment." U.S. v. Saccoccia, C.A.1 (R.I.) 1995, 58 F.3d 754, certiorari denied 116 S.Ct. 1322, 134 L.Ed.2d 474.

"Criminally derived property," for purposes of statute which prohibits transfer of criminally derived property, is equivalent to "proceeds" under money laundering statutes, and means funds obtained from prior, separate criminal activity." U.S. v. Savage, C.A.9 (Cal.) 1995, 67 F.3d 1435, certiorari denied 116 S.Ct. 964, 133 L.Ed.2d 885.

"Conviction for money laundering was supported by sufficient evidence, which indicated that defendant deposited funds from fraudulent loans into personal checking account and wrote checks from that account to pay for interest on those loans, even though defendant also deposited funds from legitimate sources into same account; prosecution was not required to trace origin of all funds deposited into bank account to determine which funds were used for what transaction." U.S. v. Cancelliere, C.A.11 (Fla.) 1995, 69 F.3d 1116, amended on clarification.

"Person commits crime of money laundering when he or she conducts financial transaction knowing that the property involved in the transaction represents the proceeds of some form of unlawful activity and knowing that the transaction is designed in whole or in part to conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of the proceeds." U.S. v. Gabel, C.A.7 (Ill.) 1996, 85 F.3d 1217.

"While money laundering statute requires that money laundering be fruit of illegal act, there is no requirement that the government link money laundered to specific criminal act." U.S. v. Gabel, C.A.7 (Ill.) 1996, 85 F.3d 1217.

"There was no intent on the part of Congress to limit scope of money laudering statute to only offenses involving drugs." U.S. v. Haun, C.A.6 (Tenn.) 1996, 90 F.3d 1096

Enriquecimiento ilícito

 

Derecho Estatal

 

Ahora bien, con respecto al delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (INJUSTO), el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado como sigue y citamos:

 

"La doctrina del enriquecimiento sin causa se aplica siempre que haya existido un injusto enriquecimiento; no está basada en la existencia de un contrato, y por tanto la persona que se ha enriquecido injustamente a expensas de otra debe hacer restitución a ésta al requerirla para ello." Freyre v. Blasini, 68 D.P.R. 211 (1948).

"La causa ilícita no es causa contractual, de suerte que el contrato se frustra en su generación, por lo cual las trasmisiones efectuadas en estas condiciones no están sujetas al régimen general del enriquecimiento sin causa sino al régimen especial de nemo auditur."  Rubio Sacarello v. Roig, 84 D.P.R. 344 (1962).

"El principio general de derecho basado en la equidad denominado doctrina del enriquecimiento injusto  opera en todo el ámbito del derecho, no solamente en los casos en que exista un contrato o un cuasicontrato." Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965).

"Desígnase como la doctrina del enriquecimiento injusto el principio general de derecho que puede aplicarse a situaciones muy distintas entre sí, siempre y cuando tengan en común un elemento: el que de no aplicarse, se perpetraría la inequidad de que alguien se enriqueciese en perjuicio de otro." Rosario Rivera v. Ramos, 105 D.P.R. 114 (1976).

"La doctrina del enriquecimiento injusto basada en equidad es de aplicación a todas aquellas situaciones donde, de no aplicarse, se perpetuaría una injusticia como es que alguien se enriquezca a costa de otro sin razón para ello." Medina & Medina v. Country Pride Foods Ltd., 631 F. Supp. 293 (1986); Umpierre v. Torres Díaz, 114 D.P.R. 449 (1983).

"La doctrina de enriquecimiento injusto es invocable, entre otras circunstancias, cuando no se han observado ciertas formalidades de ley fácilmente subsanables o susceptibles de haber sido ejecutadas con el asesoramiento debido." Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697 (1983).

"En controversias donde aplica la doctrina de enriquecimiento injusto, cobra vigencia el principio rector de esta sección. Se ha resuelto consistentemente que las cláusulas de los contratos no pueden ser contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público." Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987).

"Para aplicar la doctrina de enriquecimiento injusto deben estar presentes los siguientes requisitos: (1) existencia de un enriquecimiento; (2) un correlativo empobrecimiento; (3) la conexión entre empobrecimiento y enriquecimiento; (4) falta de causa que justifique el enriquecimiento, y (5) inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa." Hatton et al.  v. Municipio de Ponce, 134 D.P.R. 59 (1994).

 

Ahora bien, en lo pertinente, el Secretario de Justicia de Puerto Rico se ha pronunciado sobre el particular y citamos:

 

"La doctrina de enriquecimiento injusto es un principio general de derecho no consignado expresamente en el Código Civil pero implícitamente aplicado en varias de sus disposiciones, basado en la equidad, el cual establece que ninguna persona o entitdad se debe enriquecer injustamente en perjuicio de otra.

(Reiterando el criterio expuesto en las Opiniones del Secretario de Justicia Núms. 1991-17, 1985-13, 1982-23.), Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1993."

"Los requisitos generales para la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto son: (a) la existencia de un enriquecimiento; (b) un correlativo empobrecimiento; (c) una conexión entre el enriquecimiento y el empobrecimiento; (d) la falta de causa que justifique el enriquecimiento, y (e) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de dicha doctrina.

Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1993."

"Las normas generales para la aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto a los organismos administrativos son: dentro de determinadas situaciones, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso en particular; que no tenga por efecto vulnerar un prinicpio importante de orden público encarnado en la Constitución o en las leyes del país, y es aplicable, además, cuando no se han observado ciertas formalidades de ley fácilmente subsanables o susceptibles de haber sido ejecutadas con el asesoramiento debido.

Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1993."

Apropiación ilegal agravada

 

Derecho Estatal

 

Con respecto a las penas por el delito constitutivo de APROPIACIÓN ILEGAL AGRAVADA, las secciones 4271 y 4272 del Título 33 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Código Penal / 33 L.P.R.A. secs. 4271 y 4272) dicen y citamos:

 

  4271. Apropiación ilegal.

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de bienes muebles, pertenecientes a otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses, multa que no excederá de quinientos (500) dólares, pena de restitución, o cualquier combinación de éstas, a discreción del tribunal.

(Código Penal, 1974, art. 165; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

  4272. Apropiación ilegal agravada.

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años toda persona que cometiere el delito previsto en la sec. 4271 de este título con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Apropiándose de bienes o fondos públicos pertenecientes al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas y demás dependencias públicas o a entidades privadas de beneficiencia.

(b) Apropiándose de bienes cuyo valor fuere de doscientos (200) dólares o más.

(c) Sustrayéndolos sin violencia ni intimidación de la persona.

(d) Si la persona cometiere o intentare cometer un delito grave mientras se encuentra cometiendo el delito de apropiación de un objeto de locomoción, o si dicho objeto sufriere algún daño.

En cualquiera de las circunstancias anteriores, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión establecida o ambas penas.

(Código Penal, 1974, art. 166; Mayo 1, 1980, Núm. 30, p. 90; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1; Junio 3, 1982, Núm. 42, p. 93, sec. 2; Junio 3, 1983, Núm. 57, p. 128, ef. Junio 3, 1983.)"

 

Ahora bien, con respecto al delito de APROPIACIÓN ILEGAL AGRAVADA, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado como sigue y citamos:

 

"Constituye apropiación ilegal el que una persona ilegalmente se apropiare, sin violencia ni intimidación, de bienes muebles pertenecientes a otra persona. Considérase agravada cuando, entre otras circunstancias que el Código Penal específica, los bienes apropiados valieren $200.00 ó más." Pueblo v. Padró Ríos, 105 D.P.R. 713 (1977).

"Está incorporado en esta sección sobre apropiación ilegal cometida sin violencia ni intimidación, el anterior delito conocido como hurto mediante treta o engaño." Pueblo v. Padró Ríos, 105 D.P.R. 713 (1977).

"Es requisito para la convicción de un acusado por el delito de apropiación ilegal el que el Estado pruebe la intención criminal del acusado, y, en el caso de autos, la treta y el engaño. Tales extremos quedaron establecidos por las maquinaciones del acusado haciéndole ver al perjudicado que tenía una cuenta en un banco y su subsiguiente desaparición cuando obtuvo los $500.00 de dicho perjudicado." Pueblo v. Padró Ríos, 105 D.P.R. 713 (1977).

""Apropiarse", a los fines de esta sección, comprende el malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar, sustraer, apoderarse o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa en forma temporal o permanente." Pueblo v. Uriel Alvarez, 112 D.P.R. 312 (1982).

""Bienes muebles", a los fines de esta sección, incluye dinero, mercancía, semovientes, servicios, vehículos de motor o cualquier objeto de locomoción, energia eléctrica, gas, agua u otro fluido, cosas cuya posesión puede pedirse en juicio, comprobantes de crédito o cualquier otro objeto susceptible de apropiación." Pueblo v. Uriel Alvarez, 112 D.P.R. 312 (1982).

"Esta figura comprende una gama de conducta delictiva que tiene como elemento común la transferencia temporal o permanente de la propiedad mueble, sin mediar consentimiento, obtenida con ardid, fraude, simulación, trama, treta o mediante cualquier forma de engaño a la víctima." Pueblo v. Uriel Alvarez, 112 D.P.R. 312 (1982).

"El delito de apropiación ilegal por su naturaleza exige que se realice con intención específica de apropiarse de los bienes." Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986).

"El término "ilegal" en el delito de apropiación ilegal se refiere a todo acto en contravención de alguna ley, reglamento u orden." Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986).

"El elemento esencial del delito de apropiación ilegal es la apropiación de bienes ajenos." Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986).

"El delito de apropiación ilegal está tipificado en la sec. 4271 de este título. El mismo se considera grave si el valor de los bienes ajenos excede de doscientos dólares." Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986).

"Cuando el acusado sólo tiene la custodia de la propiedad, y valiéndose de dicha custodia adquiere la posesión ilegalmente, la apropiación ilícita se convierte en un delito de apropiación ilegal." Pueblo v. Rodríguez Jiménez, C.A. 91-24 (1991).

 

Falsificación: Por la preparación, posesión, presentación, ratificación, traspaso e inscripción de DOCUMENTOS FALSOS (Fraudes contra la Fe Pública)

 

Derecho Estatal

 

Ahora bien, con respecto a las penas por los delitos constitutivos de FALSIFICACIÓN, las secciones 1962, 1966, 1967, 4359, 4437, 4438, 4591, 4592 y 4593 del Título 33 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Código Penal / 33 L.P.R.A. secs. 1962, 1966, 1967, 4359, 4437, 4438, 4591, 4592 y 4593) dicen y citamos:

 

  1962. Exhibición de libro, comprobante o garantía espuria o falsa a funcionario público.

Todo oficial, agente o empleado de cualquiera sociedad anónima, o de cualquier número de personas proponiéndose organizar una sociedad anónima o aumentar el capital de la misma, que a sabiendas exhibiere algún libro, papel, comprobante, garantía u otro documento de crédito espurio o falso a algún funcionario público o junta autorizada por la ley para examinar la organización de dicha sociedad, o investigar sus operaciones, o para que se le permita aumentar su capital, con el propósito de engañar a dicho funcionario o junta sobre estos particulares, incurrirá en pena de presidio por un término de tres a diez años.

(Código Penal, 1937, art. 486.)"

  1966. Omisión de dar entrada en libros; destrucción o alteración de libros, papeles, etc.

Todo director, oficial, miembro o agente de alguna corporación, o sociedad por acciones, que a sabiendas recibiere o adquiriere alguna propiedad de dicha corporación o sociedad, salvo en pago de justa reclamación o que, con intención de defraudar, omitiere hacer o mandar hacer un asiento minucioso y exacto de ello en los libros o cuentas de dicha corporación o sociedad, o que con intención de defraudar, destruyere, alterare, mutilare o falsificare cualquiera de los libros, papeles, escrituras o resguardos pertenecientes a dicha corporación o sociedad, o que hiciere o consintiere en cualquier asiento falso, u omitiere o consintiere en la omisión de cualquier asiento importante en algún libro de cuentas, registro o documento llevado por dicha corporación o sociedad, incurrirá en pena de presidio por un término de tres a diez años, o cárcel por un término máximo de un año, o multa máxima de quinientos dólares, o multa y prisión, a arbitrio del tribunal.

(Código Penal, 1937, art. 490.)"

  1967. Publicación de informes o avisos falsos; negativa a presentar libros o fijar aviso.

Todo director, oficial o agente de alguna corporación o sociedad por acciones que a sabiendas consintiere en hacer, publicar o fijar cualquier informe, documento fehaciente o estado demostrativo de sus negocios o posición financiera, o libro o aviso conteniendo alguna manifestación importante falsa, o que se negare a presentar algún libro o fijar algún aviso requerido por la ley, en la forma legalmente exigida, fuera de los que se mencionan en este Capítulo, incurrirá en delito grave.

(Código Penal, 1937, art. 491.)"

  4359. Archivos de documentos falsificados.

Toda persona que a sabiendas ofreciere o presentare para archivarse, registrarse o anotarse en alguna oficina pública de Puerto Rico, cualquier documento falsificado, que de ser genuino podría archivarse, registrarse o anotarse bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos aplicables a éste, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

(Código Penal, 1974, art. 208; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

  4437. Preparación de escritos falsos.

Toda persona que prepare algún libro, papel, documento, registro, instrumento escrito, u otro objeto falsificado o antedatado con el propósito de presentarlo o permitir que se presente como genuino y verdadero, cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial o administrativo, o cualesquiera otros trámites autorizados por la ley, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

(Código Penal, 1974, art. 241; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

  4438. Presentación de escritos falsos.

Toda persona que en cualquier investigación, procedimiento, vista o asunto judicial o administrativo, o cualesquiera otros trámites autorizados por ley, ofreciere en evidencia como auténtica o verdadera alguna prueba escrita sabiendo que ha sido alterada, antedatada o falsificada, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.

(Código Penal, 1974, art. 242; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

  4591. Falsificación de documentos.

Toda persona que con intención de defraudar a otra hiciere, en todo o en parte, un documento, instrumento o escrito falso, mediante el cual se creare, transfiriere, terminare o de otra forma afectare cualquier derecho, obligación o interés, o que falsamente alterare, limitare, suprimiere o destruyere, total o parcialmente, uno verdadero, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de catorce (14) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.

(Código Penal, 1974, art. 271; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

  4592. Posesión y traspaso de documentos falsificados.

Toda persona que con intención de defraudar a otra posea, use, circule, venda, pase o trate de pasar como genuino o verdadero cualquier documento, instrumento o escrito de los especificados en la sección anterior a sabiendas de que los mismos son falsos, alterados, falsificados o imitados, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de catorce (14) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.

(Código Penal, 1974, art. 272; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

  4593. Falsificación de asientos en registros.

Toda persona que con la intención de defraudar a otra hiciere, imitare o alterare algún asiento en un libro de registros, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de catorce (14) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.

(Código Penal, 1974, art. 273; Junio 4, 1980, Núm. 101, p. 298, sec. 1.)"

 

Ahora bien, con respecto a los delitos relativos al de FALSIFICACIÓN, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha pronunciado como sigue y citamos:

 

"Comete el delito de falsificación, el que hiciere uso de un documento falsificado, a sabiendas de que no es legítimo y con intención de perjudicar a un tercero." Pueblo v. Rodríguez, 3 D.P.R. 292 (1903).

"Para que se entienda perpetrado el delito de falsificación de pruebas, es necesario que se demuestre la existencia de tres elementos esenciales; esto es, un procedimiento, acusación o investigación autorizado por la ley; un libro, papel, documento, registro u otro instrumento escrito falsificado, alterado o antedatado fraudulentamente; una persona que conociendo la falsificación, alteración o antedatación del libro, papel, documento, registro u otro instrumento escrito, lo ofrezca en prueba como genuino o verdadero, en el procedimiento, acusación o investigación autorizado por la ley." Pueblo v. David, 19 D.P.R. 801 (1913).

"Una acusación por falsificación que imputa al acusado el hecho de hacer pasar un documento no legítimo como verdadero con la conciencia y conocimiento de su falsedad y además la intención de defraudar, aduce hechos suficientes expresivos de dicho delito." Pueblo v. Navarro, 40 D.P.R. 178 (1929).

"Cuando para llevar a efecto un fraude, falsamente se altera, falsifica, hace o emite cualquier título, documento, obligación, cheque, etc., el delito que se comete es el de falsificación." Pueblo v. Perazza, 53 D.P.R. 588 (1938).

"La médula del delito de falsificación consiste en la intención del acusado de perjudicar, causar daño o defraudar a otro a sabiendas de que los documentos envueltos son falsos." Pueblo v. Rivera, 69 D.P.R. 411 (1948); Pueblo v. Oliver Frías, 118 D.P.R. 285 (1987).

"Hecho falso es un hecho no cierto, fingido, simulado o fabricado. Es la semejanza fraudulenta de un hecho." Pueblo v. Olivencia Román, 98 D.P.R. 1 (1969); United States v. Essex, 275 F.Supp. 393 (U.S.D.C. Tenn. 1967).

"Dar fe deliberadamente falsa del conocimiento de los otorgantes con el propósito de defraudar es la conducta más seria en que pueda incurrir un notario e implica responsabilidad penal (delito de falsificación)." In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441 (1982).

"El delito de falsificación de documentos tipificado en el Art. 271 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4591, implica depravación moral." In re Flores Betancourt, 119 D.P.R. 479 (1987).

"El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretará la separación permanente e inmediata del ejercicio de la abogacía de todo abogado que resulte convicto de algún delito que implique depravación moral (falsificación de documentos). El abogado así convicto está inhabilitado para ser miembro de la profesión legal." In re Flores Betancourt, 119 D.P.R. 479 (1987).

"En la doctrina sobre el delito de falsificación de documentos, el concepto de falsedad ideológica se refiere a cuando la alteración de la verdad recae en el contenido ideológico del documento, es decir, a la verdad expresada en el documento." Pueblo v. Burgos Torres, 120 D.P.R. 709 (1988).

"Con relación a la falsificación de documentos, la falsedad ideológica--también llamada intelectual--se prevee en la doctrina con carácter general, únicamente para los instrumentos públicos. El particular, por sí solo, no puede realizar la materialidad del hecho, pues quien ha de hacer la inserción es el oficial público." Pueblo v. Burgos Torres, 120 D.P.R. 709 (1988)

"En el delito de falsificación es suficiente que la intención sea frustrar la administración de una ley o lesionar (impair ) una función gubernamental." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

"El delito de falsificación de documentos (Art. 271 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4591) tiene dos (2) modalidades: (1) hacer en todo o parcialmente un documento, instrumento o escrito falso, y (2) alterar, imitar, suprimir o destruir total o parcialmente uno verdadero." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

"La médula del delito de falsificación consiste en la intención de perjudicar, causar daño o defraudar a otra persona con pleno conocimiento de la falsedad del escrito." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

"En la modalidad de hacer total o parcialmente un documento falso, el delito de falsificación de documentos requiere no sólo hacer el documento falso con la intención de defraudar, sino que también dicho escrito pueda objetivamente crear, transferir, terminar o afectar algún derecho, obligación o interés a otra persona." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

"El delito de falsificación de documentos se consume tan pronto se hace el documento con las características esbozadas en el Art. 271 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4591." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

"Como regla general, nadie puede ser responsabilizado por una acción u omisión que ha sido tipificada previamente como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

"La negligencia criminal ocurre cuando se produce un resultado delictuoso sin querer, por imprudencia o descuido, por falta de circunspección o impericia, o por inobservancia de la ley." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

"Para determinar si un delito es de intención o de negligencia hay que acudir a su tipificación en la Parte Especial del Código Penal. Términos tales como "a sabiendas", "fraudulentamente", "maliciosamente", "voluntariamente" y otros denotan delitos intencionales o dolosos." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

"El delito de falsificación de documentos es un delito doloso que también requiere la intención específica de defraudar a otra persona." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

"Aunque el delito de falsificación requiere la intención específica de defraudar a una persona, no es necesario que se tenga la intención de defraudar a una persona en particular." Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989).

El término "representación falsa" en pólizas de seguros se entiende como una aseveración falsa sobre un hecho material al riesgo asumido. Zogbe v. SMA Life Assur. Co.,, 837 F. Supp. 471  (1993).

Una representación falsa sobre hechos materiales realizada por el solicitante de una póliza de seguros anula la póliza independientemente de que fuera realizada de buena fe o por error. Zogbe v. SMA Life Assur. Co.,, 837 F. Supp. 471  (1993).

 

Derecho Federal

 

Ahora bien, con respecto a las penas por los delitos constitutivos de FALSIFICACIÓN, las secciones 471, 472, 473, 494, 495 y 657 del Título 18 del Código Anotado de los Estados Unidos (Crimes and Criminal Procedures / 18 U.S.C.A. secs. 471, 472, 473, 494, 495 y 657 ) dicen y citamos:

 

"§ 471. Obligations or securities of United States

Whoever, with intent to defraud, falsely makes, forges, counterfeits, or alters any obligation or other security of the United States shall be fined not more than $5,000 or imprisoned not more than fifteen years, or both.

June 25, 1948, c. 645, 62 Stat. 705."

"§ 472. Uttering counterfeit obligations or securities

Whoever, with intent to defraud, passes, utters, publishes, or sells, or attempts to pass, utter, publish, or sell, or with like intent brings into United States or keeps in possession or conceals any falsely made, forged, counterfeited, or altered obligation or other security of the United States, shall be fined not more than $5,000 or imprisoned not more than fifteen years, or both.

June 25, 1948, c. 645, 62 Stat. 705."

"§ 473. Dealing in counterfeit obligations or securities

Whoever, buys, sells, exchange, transfers, receives, or delivers any false, forged, counterfeited, or altered obligation or other security of United States, with the intent that the same be passed, published, or used as true and genuine, shall be fined not more than $5,000 or imprisoned not more than ten years, or both.

June 25, 1948, c. 645, 62 Stat. 705."

"§ 494. Contractor's bonds, bids, and public records

Whoever, falsely makes, alters, forges, or counterfeits any bond, bid, proposal, contract, guarantee, security, official bond, public record, affidavit, or other writing for the purpose of defrauding the United States; or

Whoever, utters or publishes as true or possesses with intent to utter or publish as true, any such false, forged, altered, or counterfeited writing, knowing the same to be false, forged, altered, or counterfeited; or

Whoever transmits to, or presents at any office or to any officer of the United States, any such false, forged, altered, or counterfeited writing, knowing the same to be false, forged, altered, or counterfeited -

Shall be fined not more than $1,000 or imprisoned not more than ten years, or both.

June 25, 1948, c. 645, 62 Stat. 711."

"§ 495. Contracts, deeds, and powers of attorney

Whoever falsely makes, alters, forges, or counterfeits any deed, power of attorney, order, certificate, receipt, contract, or other writing, for the purpose of obtaining or receiving, or of enabling any other person, either directly or indirectly, to obtain or receive from the United States or any officers or agents thereof, any sum of money; or

Whoever utters or publishes as true any such false, forged, altered, or counterfeited writing, with intent to defraud the United States, knowing the same to be false, altered, forged, or counterfeited; or

Whoever transmits to, or presents at any office or officer of the United States, any such writing in support of, or in relation to, any account or claim, with intent to defraud the United States, knowing the same to be false, altered, forged, or counterfeited -

Shall be fined not more than $1,000 or imprisoned not more than ten years, or both.

June 25, 1948, c. 645, 62 Stat. 711."

"§ 657. Lending, credit and insurance institutions

Whoever, being an officer, agent or employee of or connected in any capacity with the Reconstruction Finance Corporation, Federal Deposit Insurance Corporation, National Credit Union Administration, Home Owners' Loan Corporation, Farm Credit Administration, Department of Housing and Urban Development, Federal Crop Insurance Corporation, Farmers' Home Corporation, the Secretary of Agriculture acting through the Farmer's Home Administration, or any land bank, intermediate credit bank, bank for cooperatives or any lending, mortgage, insurance, credit or savings and loan corporation or association authorized or acting under the laws of the United States or any institution the accounts of which are insured by the Federal Savings and Loan Insurance Corporation or by the Administrator of the National Credit Union Administration or any small business investment company, and whoever, being a receiver of any such institution, or agent or employee of the receiver, embezzles, abstracts, purloins or willfully misapplies any moneys, funds, credits, securities or other things of value belonging to such institution, or pledged or otherwise intrusted to its care, shall be fined not more than $5,000 or imprisoned not more than five years, or both; but if the amount or value embezzled, abstracted, purloined or misapplied does not exceed $100, he shall be fined not more than $1,000 or imprisoned not more than one year, or both.

June 25, 1948, c. 645, 62 Stat. 729; May 24, 1949, c. 139, § 11, 63 Stat. 90; July 28, 1956, c. 773, § 1, 70 Stat. 714; Aug. 21, 1958, Pub.L. 85-699, Title VII, § 703, 72 Stat. 698; Oct. 4, 1961, Pub.L.  87-353, § 3(q), 75 Stat. 774; May 25, 1967, Pub.L. 90-19, § 24(a), 81 Stat. 27; Oct. 19, 1970, Pub.L. 91-468, § 4, 84 Stat. 1016."

 

También, en lo pertinente, con respecto a los delitos constitutivos de FALSIFICACIÓN los Tribunales de Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos se han pronunciado como sigue y citamos:

 

"Congress had power to provide for punishment of those who transfer counterfeited obligations of the United States." U.S. v. Howell, C.A.Cal. 1972, 470 F.2d 1064.

_________

 

Ahora, examinemos el Derecho estatal aplicable a los delitos, deberes y facultades de los co autores de los antedichos DELITOS GRAVES mencionados.

 

 

El Senado de Puerto Rico

La Cámara de Representantes de Puerto Rico

 

Delitos

 

1. Tanto en el pasado, como al presente, los miembros componentes de estos cuerpos legislativos (senadores y representantes) han incurrido en los delitos de ENCUBRIMIENTO, CONSPIRACIÓN y FRAUDE.

 

Conflictos de intereses

 

2. A pesar de que por los medios de prensa, durante un periodo de más de 40 años, se han percatado de que múltiples personas jurídicas privadas en Puerto Rico, en complicidad con las antedichas instituciones bancarias, están construyendo, mercadeando y financiando los antedichos proyectos de desarrollos urbanos ILEGALES, NUNCA se han ocupado de iniciar una investigación sobre particular en la esfera legislativa.

 

Por la razón básica de que gran parte de los Senadores y Representantes son residentes y clientes de los antedichos proyectos urbanos ILEGALES. No queriendo convertirse en jueces de sus propios actos de FRAUDE. A pesar de por ley están facultados para investigar, sancionar y fiscalizar.

 

Por otro lado, debido a que esos mismos Senadores y Representantes son clientes de las antedichas instituciones bancarias (Bancos), que le proveyeron el financiamiento hipotecario FRAUDULENTO del inmueble en que residen, esto también les sirve de barrera (conflicto de intereses) para que cumplan con su deber ministerial.

 

Por otro lado, en cada nueva administración de gobierno, los miembros de ambos cuerpos, que componen la mayoría parlamentaria, no se atreven a investigar y sancionar a los funcionarios públicos de alta jerarquía que endosan los antedichos proyectos ilegales, que ellos mismos nombraron y recomendaron, miembros a su vez de su propio partido político de mayoría.

 

En lo pertinente, las secciones 111 y 112 del Título 2 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Poder Legislativo / 2 L.P.R.A. secs. 111 y 112 ) dicen y citamos:

 

  111. Comisión Investigadora.

Para ayudar en las funciones legislativas se crea una Comisión compuesta por el Presidente del Senado y seis (6) senadores designados por él, y el Presidente de la Cámara y seis (6) representantes designados por él, con el objeto de practicar cualesquiera investigaciones de interés público que hayan sido o en lo sucesivo fueren acordadas u ordenadas por ambas Cámara Legislativas mediante moción, resolución concurrente, resolución o en cualquier otra, forma, siempre que tales investigaciones no hayan sido encomendadas a ninguna otra comisión.

(Septiembre 27, 1951, Núm. 4, p. 101, art. 1, ef. Septiembre 27, 1951.)"

  112. --Facultades de la Comisión.

La Comisión que por la presente se crea queda investida de las facultades que usualmente tienen las comisiones investigadoras de los cuerpos legislativos democráticos tales como el Congreso de los Estados Unidos, incluyendo facultad para:

(a) Actuar durante las sesiones de la Asamblea Legislativa y también luego del receso de ésta sine die  con los mismos poderes que si la Asamblea Legislativa estuviese en sesión.

(b) Nombrar de entre sus miembros una o más subcomisiones, las cuales tendrán los mismos poderes y funciones que la Comisión. La comisión podrá, además, contratar el personal auxiliar que sea necesario, incluyendo abogados, y podrá utilizar para sus fines a cualquier empleado o empleados de la Asamblea Legislativa.

(c) Citar testigos y hacerlos comparecer, tomar juramentos, requerir la presentación de cualquier documento y otra evidencia necesaria.

(d) Ordenar arrestos y castigar por desacato por el incumplimiento de órdenes bajo el inciso (c) precedente, en cuyo caso podrá imponer penalidades que no excedan de quinientos (500) dólares de multa a dos (2) meses de cárcel.

(e) Tomar deposiciones de testigos residentes dentro o fuera de Puerto Rico en la misma forma prescrita por ley para la toma de deposiciones en causas civiles.

(Septiembre 27, 1951, Núm. 4, p. 101, art. 2, ef. Septiembre 27, 1951.)"

 

Ahora bien, en lo pertinente, el Secretario de Justicia de Puerto Rico se ha pronunciado sobre el particular y citamos:

 

"La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, además de formular las leyes, ejerce funciones esenciales tales como investigar y fiscalizar el Gobierno, debatir asuntos de interés general e informar al pueblo sobre la marcha de la cosa pública.

Op. Sec. Just. Núm. 19 de 1994."

 

La Bolsa de Valores de Puerto Rico

 

3. Actualmente, el Representante de la Cámara, por acumulación del PNP (Partido Nuevo Progresista), el Hon. Ángel M. Cintrón García, que preside la Comisión de Asuntos Federales y Financieros, está promoviendo un proyecto de Ley para establecer una Bolsa de Valores en Puerto Rico. Análoga a la de New York (Wall Street). Con la capacidad para comprar y vender acciones comunes, opciones y "commodities".

 

Con el fin de promover que los capitales de los puertorriqueños y de los extranjeros se inviertan en la Isla. Desalentando así la fuga de capital de la Isla, como ocurre al presente.

 

Ciertamente estos planes, propiciarían la utilización del sistema bursátil local, para LAVAR EL DINERO que se ha producido y el que actualmente se está produciendo, producto de las antedichas prácticas ilícitas de CUELLO BLANCO.

________

 

El Gobernador de Puerto Rico

 

Delitos / Conflictos de intereses

 

1. Este funcionario público ha estado y está participando en las mismas antedichas prácticas ilícitas que cometieron y están cometiendo los antedichos miembros del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, por las mismas razones antedichas. A pesar de que por facultad de Ley tiene el poder para promover una investigación sobre el particular.

 

En lo pertinente, la sección 1 del Título 3 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (Poder Ejecutivo / 3 L.P.R.A. sec. 1) dice y citamos:

 

  1. Facultades y deberes en general.

El Gobernador ejercerá las facultades y cumplirá las obligaciones enumeradas a continuación:

1.  Podrá conceder indultos y suspender la ejecución de sentencias, condonar multas y confiscaciones por delitos cometidos contra las leyes de Puerto Rico.

2.  Proveerá todos los empleados para cuyo nombramiento estuviere autorizado.

3.  Podrá oponer su veto a toda legislación decretada, conforme se dispone en el art. III, sec. 19, y en el art. IV, sec. 4 de la Constitución.

4.  Será comandante en jefe de la milicia.

5.  En todo tiempo ejecutará fielmente las leyes.

6.  Vigilará la conducta oficial de todos los funcionarios ejecutivos y administrativos.

7.  Cuidará de que se llenen todos los cargos y se cumplan las obligaciones de los mismos, aplicando en caso de incumplimiento los remedios autorizados por la ley, y si no bastaren, dará de ello conocimiento a la Asamblea Legislativa en su próxima sesión.

8.  Hará los nombramientos y cubrirá las vacantes según previene la ley.

9.  Cuando hubiere algún litigio o procedimiento judicial pendiente contra Puerto Rico, o que pudiere afectar el título del Estado Libre Asociado a alguna propiedad, o resultar en alguna reclamación contra Puerto Rico, puede ordenar al Secretario de Justicia que asuma la representación del Gobierno de Puerto Rico, y emplear los demás letrados que estimare necesarios.

10.  Puede ordenar al Secretario de Justicia o a cualquier fiscal que investigue los negocios o la dirección de cualquier corporación establecida bajo las leyes de Puerto Rico.

11.  Puede ordenar al Secretario de Justicia que auxilie a cualquier fiscal en el cumplimiento de sus obligaciones.

12.  Puede ofrecer premios que no excedan de mil dólares cada uno por la captura de cualquier prófugo del presidio.

13.  Cumplirá respecto a los prófugos de la justicia los deberes señalados en el Código de Enjuiciamiento Criminal.

14.  Expedirá y trasmitirá las proclamas electorales.

15.  Ejercerá las facultades y cumplirá las obligaciones que le están además asignadas por las leyes de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.

(Código Político, 1902, art. 48; Const., art. I, sec. 1, art. II, sec. 7, art. IV, sec. 4; Julio 24, 1952, Núm. 6, p. 11, ef. Julio 25, 1952.)"

 

Ahora bien, en lo pertinente, el Secretario de Justicia de Puerto Rico se ha pronunciado sobre el particular y citamos:

 

"La facultad de citar a sesiones extraordinarias es una prerrogativa del Gobernador, quien puede citar aquel número de sesiones extraordinarias que estime necesarias, siempre y cuando no conflijan con el calendario de las sesiones ordinarias; mediante Orden Ejecutiva puede ampliar la convocatoria de la sesión extraordinaria para incluir asuntos adicionales.

Op. Sec. Just. Núm. 13 de 1993."

 

Relaciones Públicas

 

2. Por otro lado, aunque parezca increíble, el actual Gobernador de Puerto Rico, el Hon. Dr. Pedro Roselló González, como máximo dirigente del Gobierno corrupto de Puerto Rico, también es el máximo dirigente de la Asociación de Gobernadores de los Estados Unidos. Siendo esa posición, una que sólo la merece ocupar un funcionario honesto y no corrupto como él.

 

Indudablemente esa posición en la esfera norteamericana, le sirve como instrumento para accesar muchos elementos que le ayudan a sus fines.

 

El Superacueducto de la Costa Norte

 

3. Su grado de corrupción se refleja claramente en los proyectos de Ley que endosa, crea y aprueba. Siendo un ejemplo de esto el proyecto del SUPERACUEDUCTO DE LA COSTA NORTE.

 

Este proyecto promovido a iniciativa del Gobierno de Puerto Rico, a un costo de $340 millones de dólares (originalmente de $305 millones), financiado mediante la emisión FRAUDULENTA de bonos públicos, se aprobó y evaluó ILEGALMENTE. Por el hecho de que el mismo no cumplía con las leyes y reglamentos ambientales aplicables vigentes.

 

Su evaluación fue académica y cosmética, siendo todo parte de un esquema orquestado, que ya había sido planificado, ya que para la fecha del 3 de abril de 1997, el Gobernador y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobaron la Ley Núm. 5, que autorizaba al Departamento de Hacienda la emisión y venta de bonos por un valor máximo de $369 millones de dólares ($369,000,000.00), como instrumento para el financiamiento del mismo, entre otros proyectos.

 

Como evidencia de lo susodicho, la Ley Núm. 5, del 3 de abril de 1997, dice y citamos:

 

"(P. de la C. 166)

LEY 5, 3 DE ABRIL DE 1997

Para enmendar los Incisos XI y XII del Artículo 1 de la Ley Núm. 177 de 2 de septiembre de 1996, que autorizó la Emisión de Bonos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del año fiscal 1996-97 a fin de aclarar la aportación al Fondo de Mantenimiento Extraordinario.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Una de las medidas más importantes durante el proceso de análisis presupuestario es la Emisión de Bonos del Gobierno de Puerto Rico.  A través de la misma, se dispone de una capitalización adecuada para los proyectos de mejoras permanentes necesarios para el mantenimiento y desarrollo de nuestra infraestructura.

Durante el proceso de análisis, se enmendó la cantidad que se disponía para el total de la emisión que se autorizaba.  No  obstante, se omitió enmendar de igual forma la aportación que debía asignarse al Fondo de Mantenimiento Extraordinario, la cual, según la Ley Núm. 66 de 14 de agosto de 1991, según enmendada, debe ser un cinco (5%) porciento de la emisión de bonos anual para el Programa de Mejoras Permanentes.

A tales efectos, se enmienda la Ley Núm. 177 de 2 de septiembre de 1996 a fin de aclarar la aportación que corresponde al Fondo de Mantenimiento Extraordinario según el total de la emisión de bonos.  Asimismo, se elimina de otra partida la cantidad que, por omisión, debía asignarse al referido Fondo. Esta enmienda de ninguna forma afecta los compromisos previamente establecidos con cargo a dicha omisión, así como tampoco el buen crédito del Gobierno de Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Se enmiendan los Incisos XI y XII del Artículo 1 de la Ley Núm. 177 de 2 de septiembre de 1996, para que se lea como sigue:

"Artículo 1.-Se autoriza al Secretario de Hacienda para emitir y vender, de una sola vez o de tiempo en tiempo, bonos del Estado Libre Asociado en una cantidad principal que no exceda de trescientos sesenta y nueve millones (369,000,000) de dólares, con el propósito de cubrir el costo de las mejoras públicas necesarias que a continuación se enumeran, incluyendo la adquisición de terreno necesario o derechos sobre terrenos y equipo para el mismo, la preparación de planos y especificaciones, los costos de venta de los bonos y pagarés emitidos en anticipación de los mismos y todo otro gasto necesario en relación con la adquisición o construcción de tales mejoras.

Las mejoras públicas y los costos de venta de los bonos a financiarse bajo esta Ley y las cantidades estimadas del producto de los bonos a ser aplicadas a cada una de dichas mejoras y costos  por renglón  mayor de gastos son los siguientes:

I.   ..

XI.  Construcción de Obras  28,200,000

XII. Fondo de Mantenimiento Extraordinario 18,450,000

XIII....

TOTAL                                                $369,000,000"

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

 

Como se puede apreciar la antedicha emisión de bonos casi equivale al costo del proyecto del Superacueducto ILEGAL. Que originalmente fue de 305 millones.

 

El proyecto del SUPERACUEDUCTO DE LA COSTA NORTE se le presentó FALSAMENTE al Pueblo de Puerto Rico como una alternativa para resolver el problema de los abastos de agua que surge en las épocas de sequía.

 

Cuando la verdad es que la intención de este proyecto es suplir el servicio de agua potable a múltiples proyectos ILEGALES de desarrollo urbano privados que ya están planificados y/o aprobados ILEGALMENTE por el Gobierno, abarcando la construcción de más de 50,000 unidades de vivienda, donde se pretende LAVAR y FINANCIAR FRAUDULENTAMENTE más de 7.5 Billones de dólares ($7,500,000,000.00). Donde el precio promedio de venta por cada unidad de vivienda fluctuará por los $150,000 dólares.

 

Como se puede apreciar, el proyecto del Superacueducto nació de una iniciativa corrupta del Gobierno de Puerto Rico para beneficiar a las antedichas personas jurídicas privadas e instituciones financieras, dedicadas a los negocios constitucionalmente prohibidos de la compra, venta y financiamiento de bienes raíces.

 

Siendo finalmente las víctimas de ese plan bien orquestado los inversionistas americanos de los Estados Unidos, quienes invertirán sus capitales en unos créditos hipotecarios NULOS, INEXISTENTES y FRAUDULENTOS, por conducto de las entidades conocidas como la Government National Mortgage Association (GNMA - Ginnie Mae), la Federal National Mortgage Association (FNMA - Fannie Mae), la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) y el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

 

Ahora bien, una vez el proyecto propuesto del Superacueducto fue ilegalmente aprobado por la Junta de Planificación de Puerto Rico, una organización ambiental privada de nombre Misión Industrial de Puerto Rico inició una acción judicial ante el Tribunal de 1ra Instancia en auxilio de jurisdicción, solicitando la revocación de los permisos concedidos por el Gobierno.

 

Mas tarde, luego de dos fallos adversos al Gobierno en los Tribunales de 1ra Instancia y el de Circuito de Apelaciones, el propio Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró el proyecto del Superacueducto ILEGAL, paralizando parcialmente el mismo.

 

Así las cosas, no conforme el Gobernador con el dictamen del más alto foro judicial de Puerto Rico, para la fecha del 2 de junio de 1997, procedió temerariamente, en común acuerdo con los Senadores y Representantes de su mismo partido político, que constituyen la mayoría en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con la aprobación de la Ley Número 19, autorizando el mismo. Menospreciando el estado de Derecho vigente.

 

Entonces, un mes más tarde, como un elemento adicional, siguiendo su misma línea de propósito, para la fecha del 7 de julio de 1997, con el endoso de la antedicha mayoría de la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Número 32, con el propósito, de proveerle a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de un instrumento de financiamiento más amplio para la realización del Superaqueducto y otros proyectos más. Proyectándose a esos efectos de una inversión superior a los 2 Billones de dólares ($2,000,000,000.00).

 

Siendo la antedicha Ley Núm. 19 una INCONSTITUCIONAL por violar el debido proceso de ley y los derechos civiles. Quedando evidenciado que el Estado no está dispuesto a obedecer las mismas leyes que promulga. Y que el reclamo que cualquier ciudadano quisiera presentar antes los tribunales sería académico.

 

Como evidencia de lo susodicho, la Ley Núm. 19, aprobada el 2 de junio de 1997 y la Ley Núm. 32, aprobada el 7 de julio de 1997, dicen y citamos:

 

"(P. de la C. 871)

LEY 19, 2 DE JUNIO DE 1997, 1RA, ORD.

Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a continuar con la construcción del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte; eximirla del cumplimiento de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; establecer el procedimiento a seguir, los requisitos para la autorización del Proyecto; y proveer para la revisión judicial.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Sección 19 del Artículo II de nuestra Constitución reconoce la amplia facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar de la ciudadanía. Esto es así, a tenor con el carácter representativo del pueblo que ostentan los cuerpos legislativos y como parte del ejercicio de "poder de razón de estado".

La Asamblea Legislativa ejerce, en virtud de su condición de poder constitutivo del Pueblo de Puerto Rico, el poder de tomar decisiones a nombre de todo el pueblo. Si bien es cierto que muchas funciones del poder legislativo han sido delegadas a las agencias del poder ejecutivo, es menester recordar que dicho poder reside en última instancia en nuestros constituyentes y en sus representantes democráticamente electos. Esta facultad la ejerce dentro del marco constitucional de la separación de poderes. A tenor con estos poderes, la Asamblea Legislativa está facultada para legislar a fin de satisfacer las necesidades básicas del Pueblo de Puerto Rico y responder a los reclamos de la ciudadanía.

El 13 de septiembre de 1993, ante la crisis de abasto de agua, deterioro de la infraestructura y caos financiero que atravesaba la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Gobernador de Puerto Rico emitió, mediante Orden Ejecutiva, Boletín Administrativo Núm. OE-1993-41, una declaración de Estado de Emergencia.

Dicha Orden se fundamentó en que durante el período del 1985-1992 no se desarrolló en Puerto Rico un solo proyecto de agua potable para aumentar y mantener la capacidad de abastos de agua, aún cuando la demanda de agua del sistema metropolitano aumentó significativamente. Por el contrario, en 1986 aumentaron las tarifas en un 43% utilizándose dichos fondos principalmente para el pago de salarios e incremento de la fuerza laboral, mientras se descartó el proyecto del Río Manatí, el cual incluía un embalse en el Río, una planta de filtración de 45.0 MGD (Millones de Galones Diarios), tubería de transmisión entre Manatí y Bayamón, entre otros y una segunda fase que incluirá una línea de transmisión hasta el Río Arecibo con una segunda planta de 45 MGD que debió entrar en operación en 1990.

 Durante la sequía en abril de 1994, producto de la evidenciada inacción del pasado, 1.6, millones de habitantes se vieron afectados por un racionamiento que se extendió por un período de 170 días. Es menester señalar que no se puede atender una demanda de 220 MGD con un sistema diseñado para producir 170 MGD, y cuyo rendimiento seguro en épocas de crisis, se reduce a 134 MGD, generando una deficiencia de 86 MGD. Esta crisis de 1994 provocó un caos que paralizó la costa norte de la Isla. Se vieron afectados todos los sectores de la población, la cual estuvo expuesta a problemas de salud e higiene afectándose el sistema escolar, correccional, hospitalario y todas las actividades del orden social. Esta eventualidad está en inminente riesgo de repetirse en mayor grado ya que estamos vulnerables a que vuelva a suceder en el futuro.

Ante esta crisis, existe un interés apremiante del Gobierno de construir un sistema que le pueda proveer agua a la región norte de la Isla. La alternativa real y ampliamente estudiada por el Gobierno de Puerto Rico es el desarrollo del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte, que a un costo de $305 millones de dólares posee una capacidad para producir inicialmente 75.0 MGD.

El Superacueducto de la Costa Norte no solo atenderá las deficiencias del presente, sino que garantizará los abastos hasta el año 2050. El Proyecto está compuesto de los siguientes componentes: (1) laguna de retención de aguas crudas (sin tratar) y la toma de agua cerca de la confluencia del Río Grande de Arecibo y del Río Tanamá; (2) estación de bombeo de aguas crudas hacia la planta al este-sureste de la mencionada laguna; (3) tubería de conducción de aguas crudas que va desde la estación de bombeo hasta la planta de filtración propuesta; (4) planta de filtración en el Barrio Miraflores en Arecibo con una capacidad de producción inicial de 100.0 MGD; (5) tubería de agua potable desde Arecibo hasta la zona este de Bayamón con un total de doce puntos de conexión de servicio; (6) dos tanques de almacenaje de 10.0 MGD cada uno de los cuales serán instalados al oeste de la ciudad de Bayamón; y (7) dos líneas de transmisión eléctrica. El Superacueducto es la herramienta que además proveerá para el desarrollo de más de 50,000 unidades de vivienda, y propiciará el desarrollo de industrias, comercios y turismo (hoteles) que a la vez, generarán más de 60,000 empleos.

Es por ello, que ante la dejadez y la inacción del pasado, la actual administración gubernamental, con el único propósito de atender responsablemente la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en el área de la salud, estudió, planificó y diseñó el Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte con todos sus componentes. La tramitación de este proyecto en su fase administrativa fue correcta, habiéndose cumplido cabalmente con la política pública, las leyes y los reglamentos vigentes.

Este proyecto proveerá el preciado líquido a sectores aislados que por años lo han reclamado. El Superacueducto de la Costa Norte aprovecha un recurso disponible que tradicionalmente ha sido utilizado para la producción de energía y luego vertido al mar, y servirá para resolver un problema básico para la salud de un pueblo, el agua potable.

 Debemos considerar, además, que el Superacueducto de la Costa Norte eliminó el desarrollo de nueve (9) proyectos en la costa norte que hubieran costado más de $400 millones de dólares para producir solamente 50 MGD, cantidad que constituye sólo dos terceras partes del caudal inicial que producirá este proyecto. La represa del Río Manatí uno de los 9 proyectos eliminados, hubiese tomado más de 20 años en desarrollarse, si tomamos como ejemplo el tiempo requerido para el desarrollo y construcción de la represa de Cerrillos, el último embalse que se construyó, el cual tomó 23 años. Además, la construcción de la represa del Río Manatí hubiese representado la utilización y limitación del uso de miles de cuerdas de terrenos agrícolas en Puerto Rico.

La renovación y reemplazo de tuberías rotas no resuelve la crisis que enfrentamos. Se ha alegado, falsa e incorrectamente, que el reemplazo de esas tuberías evitaría la pérdida de agua y haría innecesario el Superacueducto de la Costa Norte.

El término "agua perdida" utilizado para describir lo que en realidad es "agua usada, pero no facturada", ha contribuido a crear esa confusión. Se produce así la falsa impresión de que más de un 33% del agua producida se pierde a través de tuberías rotas.

La realidad es que el agua perdida a través de filtraciones y roturas equivale al 18% del agua producida. De esta cantidad, sin embargo: solamente se puede recuperar mediante renovación y reemplazo de tuberías un por ciento reducido en toda la Isla. En el caso de la zona norte, que estaría beneficiada por el Superacueducto de la Costa Norte, la renovación y reemplazo de tuberías rotas produciría solamente 6.0 MGD; cuando actualmente son necesarios 75.0 MGD adicionales para esta zona.

Debe subrayarse que todo sistema de acueductos en el mundo opera con un nivel de agua perdida que fluctúa entre un 10% a un 15%. Esto se debe a que las juntas de las tuberías no son herméticas, ya que las mismas ceden por movimientos sísmicos imperceptibles para el ser humano, a sobrecargas del sistema y a la inestabilidad de terrenos debido a presiones como, por ejemplo, el tránsito vehicular. De hecho, como resultado de la inacción del pasado, el sistema de tuberías de la zona norte de la Isla, además de antiguo y deteriorado también está sobrecargado. Esa, entre otras, es precisamente la situación que corregiría el Superacueducto de la Costa Norte.

El Proyecto, además de ser la mejor alternativa para remediar la crisis en el suministro de agua potable, también representa una alternativa que armoniza un adecuado balance entre la conservación de los recursos naturales y su mejor aprovechamiento para el beneficio general de la comunidad. Casi dos terceras (2/3) partes del Superacueducto de la Costa Norte atraviesa por áreas que ya están impactadas ambientalmente como, por ejemplo, la ruta de la Autopista de Diego.

Además, debido a la crisis existente y a la falta del Superacueducto de la Costa Norte, durante los pasados años se ha tenido que recurrir a una extracción exagerada de agua de los pozos en el Acuífero Subterráneo del Norte. Esa extracción, a su vez, ha provocado la intrusión de las aguas salinas del mar en los acuíferos subterráneos. Esta situación crea efectos devastadores en la potabilidad y calidad del agua e inclusive sobre los terrenos afectados por esos acuíferos. Esa intrusión de agua salina amenaza con dañar para siempre el Acuífero Subterráneo del Norte y lo inhabilitaría permanentemente como reserva para atender una crisis o emergencia peor que la presente, cuando ni siquiera el Superacueducto de la Costa Norte y el resto del sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sean alternativas viables. No debemos privar a las futuras generaciones de ese abasto natural de agua potable en caso de una emergencia catastrófica; menos cuando la presente generación tiene a su alcance alternativas como el Superacueducto de la Costa Norte.

La grave situación, antes mencionada, por la que atraviesan la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y los abastos de agua potable del norte de la Isla, que amenaza en exponer a alrededor de 1.6 millones de habitantes a problemas de salubridad y deterioro de su calidad de vida, exige el más enérgico esfuerzo en la creación de un mecanismo efectivo a tenor con el Estado de Emergencia decretado y vigente.

En el pasado, ante situaciones en comparación de menor envergadura y menos apremiantes que la que nos ocupa, sino aquejados por una crítica situación económica, el Gobierno de Puerto Rico, bajo el mandato del Ex-Gobernador Rafael Hernández Colón, adoptó la Orden Ejecutiva de 24 de febrero de 1992, Boletín Administrativo Núm. OE-1992-10. Dicha Orden Ejecutiva perseguía intensificar la actividad de construcción de obras públicas y proyectos privados mediante la creación de la Oficina de Expeditación de Proyectos de Construcción y de Obras Públicas, adscrita al Departamento de Estado. Esta daría seguimiento a la programación de obras públicas y privadas propuestas y, de ser necesario, tomaría el control operacional de los proyectos de construcción bajo la responsabilidad de otras agencias constructoras y proponentes.

De igual manera, para la construcción del Puente Teodoro Moscoso sobre la Laguna San José, se validaron retroactivamente actuaciones de los entonces Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras. La Ley Núm. 4 de 24 de agosto de 1990, enmendó la Ley Orgánica de la Autoridad de Carreteras a fin de permitir la contratación con la empresa privada, viabilizando las subastas negociadas con entidades privadas para los contratos de construcción, operación y mantenimiento de obras de carreteras. La presente legislación persigue proveer un mecanismo ágil y expedito mediante el cual el Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte, una vez cuente con los endosos, permisos y/o autorizaciones aquí requeridas, pueda ser completado a fin de asegurar su implantación segura. Al mismo tiempo protege plenamente los derechos de todas las personas cuyos intereses puedan ser afectados y provee los mecanismos efectivos para ejercer sus derechos en los tribunales.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en el ejercicio de su facultad constitucional y fundamentándose en el poder de razón del Estado que ostenta para enfrentarse tanto a una emergencia como a una urgente necesidad pública cuando los intereses así lo exijan en aras de proteger la vida, salud y bienestar general del Pueblo, aprueba la presente legislación.

 DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1. -La Exposición de Motivos de esta Ley constituye la expresión exclusiva de la intención legislativa, a los fines de la interpretación de la misma.

Artículo 2.-Declaración de Propósitos

Según proclama nuestra Constitución, el Gobierno de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial estarán igualmente subordinados a la soberanía del Pueblo de Puerto Rico. Corresponde pues a la Rama Legislativa aprobar las leyes, al Ejecutivo ponerlas en vigor y a la Rama Judicial su interpretación.

La Asamblea Legislativa, en el ejercicio del poder de razón de estado, está facultada para adoptar aquellas medidas que propendan a proteger la salud, la seguridad y el bienestar público. A tales efectos, es potestad de la Asamblea Legislativa aprobar leyes en aras de responder a intereses sociales y económicos, así como a situaciones de emergencia. La Sección 19 de nuestra Carta de Derechos dispone que la enumeración de derechos contenida en el Artículo II no "se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo".

A tenor con lo expuesto, es política pública de nuestro gobierno velar por los mejores intereses de la ciudadanía. Como parte de esta política, el Estado promueve los mecanismos apropiados y necesarios para hacer accesible a todos por igual los servicios básicos y esenciales del pueblo como lo son el agua potable, la energía eléctrica los medios de transportación y comunicación, entre otros.

A fin de atender adecuadamente la demanda y necesidad de agua potable y a base de las experiencias obtenidas durante los pasados años, específicamente la crisis de 1994, entendemos indispensable crear los mecanismos necesarios para disponer de abastos de agua potable suficientes para atender las necesidades del pueblo. Es un problema que, de no atenderse de forma inmediata, tendrá serias consecuencias hoy y mañana. La escasez de agua potable ocasiona deterioro en la salud pública, pérdidas en la economía, disminución de las actividades del quehacer diario y otros problemas de índole social.

Haciendo uso de su poder de reglamentación y en cumplimiento de su obligación de velar por el bienestar, la salud y la seguridad del pueblo, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por la presente ratifica que existe una emergencia pública en relación con el problema de abastos de agua en Puerto Rico. Se declara, por consiguiente, la necesidad apremiante de fijar la política pública sobre los abastos de agua, con relación al Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte.

Es nuestra responsabilidad como Asamblea Legislativa legislar para atender este problema. A tales efectos, esta medida está estrechamente ligada al bienestar general de la comunidad y persigue un fin público de la más alta jerarquía. La tramitación del proyecto del Superacueducto de la Costa Norte en la fase administrativa fue correcta, cumpliéndose con las leyes, los reglamentos y la política pública vigentes.

 La Asamblea Legislativa, entiende que ante esta crisis la alternativa real, rápida y eficiente es el desarrollo del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte, el cual resolverá los problemas de abastos de agua de la zona norte-central hasta el año 2050. Esto significa que no solo se atenderán las deficiencias del presente sino también las del futuro. Asimismo, es la alternativa que puede suplir el volumen necesario de agua en un tiempo mínimo eliminando los riesgos de racionamiento. De igual forma, la de menor impacto ambiental y de menor costo para el volumen de agua a servirse.

Esta medida está a tono y cumple con el mandato constitucional esbozado en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de conservar nuestros recursos naturales. Esta Ley permitirá la implantación de un sistema novel que reduce su impacto sobre el medio ambiente permitiendo así el mayor desarrollo y aprovechamiento del recurso natural más esencial para el ser humano: el agua.

Artículo 3.-Se autoriza y ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a que, una vez cumpla con los requisitos y trámites establecidos en el Artículo 4 de esta Ley y se emita la autorización de obra, continúe de forma ininterrumpida y diligente con el diseño y la construcción del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte hasta la culminación de la obra.

Artículo 4.-La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados deberá presentar ante la Administración de Reglamentos y Permisos los siguientes documentos en original o copia certificada:

a. Permiso del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para cumplir con la Sección 404 del "Clean Water Act" donde se recogen los comentarios de las agencias federales y estatales para cumplir con:

i. - "Safe Drinking Water Act";

ii. - "Endangered Species Act";

iii. - "National Historic Preservation Act";

iv. - "Coastal Zone Management Act" de 1972;

b. Certificado de calidad del agua que emite la Junta de Calidad Ambiental;

c. Certificación de cumplimiento con el Artículo 4 (C) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley Sobre Política Pública Ambiental";

d. Permiso de construcción de la toma de agua emitido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el 18 de septiembre de 1996 conforme a la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley para la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico", independientemente de que éste no sea final y firme.

La Administración de Reglamentos y Permisos revisará que la solicitud de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados incluya los documentos antes requeridos y, de resultar completa, procederá de inmediato a expedir la Autorización de Obra correspondiente.

Artículo 5.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a continuar con el trámite administrativo que determine necesario para la otorgación final de la franquicia de agua dentro del cual verificará el cumplimiento con los términos y condiciones del permiso de construcción otorgado. Cualquier persona que se vea afectada por la otorgación del permiso de construcción de toma de agua o de la franquicia de agua podrá solicitar revisión judicial conforme lo dispuesto en el Artículo 7 de esta Ley.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados deberá cumplir con las condiciones establecidas en los documentos anteriormente mencionados los cuales están en armonía con la conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Estas condiciones establecen disposiciones dirigidas a mitigar cualquier posible efecto del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte sobre el ambiente.

Artículo 6.-Las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", no aplicarán a las actuaciones o decisiones de las agencias relacionadas con los documentos detallados en el Artículo 4 de esta Ley, excepto con relación a cualquier término que haya expirado antes de la vigencia de esta Ley. Todos aquellos permisos, endosos, certificaciones, contratos, subastas y los procedimientos administrativos, incluyendo los de notificación, consultas públicas y de ubicación, que hayan sido obtenidos o realizados administrativamente para el desarrollo del Superacueducto de la Costa Norte con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se entenderán vigentes y conformes a la política pública por la presente adoptada, por la urgente necesidad de agua potable en aras de garantizar la vida, la salud y el bienestar general.

Artículo 7.-Cualquier solicitud de revisión judicial de la decisión de la agencia administrativa concernida deberá presentarse ante el Tribunal Supremo, dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que la Administración de Reglamentos y Permisos notifique, mediante la publicación de un aviso en dos (2) periódicos de circulación general en Puerto Rico, la expedición de la Autorización de Obra o respecto al permiso de construcción o a la franquicia final de agua, desde que se notifique y archive en autos copia de la decisión. La parte recurrente notificará la presentación de la solicitud de revisión a la agencia recurrida y a todas las partes interesadas dentro del término establecido, disponiéndose que el cumplimiento con dicha notificación será de carácter jurisdiccional.

La expedición de un auto de revisión no paralizará la autorización de obra ni la, implantación de una regla, reglamento, orden, resolución, determinación, tramitación, concesión o vigencia de cualquier permiso, endoso o certificación de una agencia o funcionario; la adjudicación de una subasta o el otorgamiento de un contrato emitido o surgido en tomo al Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte a menos que el tribunal lo ordene expresamente para prevenir un daño irreparable.

Para que el tribunal emita dicha orden, la parte recurrente deberá probar que la misma es indispensable para proteger la jurisdicción del tribunal; que tiene una gran probabilidad de prevalecer en los méritos; que la orden de paralización no causará daño sustancial a las demás partes; que no perjudicará el interés público; que no existe una alternativa razonable para evitar los alegados daños; y que el daño no se podrá compensar mediante la concesión de un remedio monetario o cualquier otro remedio adecuado en derecho, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado.

Cualquier orden del tribunal sólo podrá afectar aquel componente o componentes del proyecto que sean objeto de controversia en el caso y en donde esté envuelto un daño sustancial.

No procederá ningún otro tipo de demanda, acción, procedimiento o recurso en ningún tribunal que no sean los dispuestos en este Artículo, excepto aquellos que configuren un reclamo por daños y perjuicios conforme a la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Pleitos contra el Estado", o procedimientos de expropiación forzosa.

Artículo 8.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier disposición de ley reglamento inconsistente con las mismas.

Artículo 9.-Las disposiciones de esta Ley son separables y de declararse inconstitucional cualquiera de sus disposiciones por un tribunal con jurisdicción competente dicha decisión no afectará ni menoscabará ninguna de las disposiciones restantes ni proveerá para que se detenga la construcción del Superacueducto de la Costa Norte o ninguno de sus componentes.

Artículo 10.-A los fines de orientar adecuadamente al Pueblo de Puerto Rico se ordena al Concilio de Infraestructura a dar un amplio despliegue en los medios de comunicación del texto íntegro de esta Ley; y de cualquier otra información pertinente al Superacueducto de la Costa Norte que considere necesario divulgar.

Artículo 11.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación."

__________

"(P. del S. 563)

LEY 32, 7 DE JULIO DE 1997

Para enmendar el Artículo 2; los incisos (g) e (i) y adicionar un inciso (l) al Artículo 3; enmendar el primer párrafo del Artículo 5; el inciso (e) del Artículo 7; el primer párrafo del Artículo 15; y adicionar un nuevo Artículo 16-A la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", a fin de incrementar la cantidad a ser asignada a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico; establecer el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable; y otorgar a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico las facultades para asistir al Departamento de Salud de Puerto Rico y a la Junta de Calidad Ambiental en la administración de dicho Fondo de acuerdo a las disposiciones de Ley Federal de Agua Potable.

EXPOSICION DE MOTIVOS

 La inversión gubernamental en infraestructura constituye la base para la promoción del desarrollo económico de Puerto Rico. Esta inversión pública en mejoras permanentes no sólo genera por sí misma una corriente inmediata de actividad económica, sino que también resulta imprescindible para que fluyan nuevas inversiones privadas que utilizan las facilidades construidas por el sector público y sin las cuales seria difícil atraer capital privado. Por último, es necesario destacar que la inversión gubernamental en infraestructura es un elemento indispensable para proveer servicios básicos al pueblo de Puerto Rico. Ejemplos clásicos de la inversión en infraestructura son: las carreteras, las represas, el sistema de energía eléctrica, el sistema de acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento, las facilidades telefónicas y muchas otras de similar naturaleza que redundan en el bienestar colectivo del pueblo de Puerto Rico.

El desarrollo de esta infraestructura conlleva una inversión sustancial de recursos. Sin embargo, las corporaciones e instrumentalidades públicas que son responsables del desarrollo y operación de distintos elementos de esta infraestructura, frecuentemente están sujetas a limitaciones financieras que le impiden llevar a cabo sus programas de inversión en infraestructura. Un claro ejemplo de esta situación lo constituye la Autoridad de Acueductos y alcantarillados. Esta corporación pública proyecta para los próximos años un programa de mejoras capitales de aproximadamente dos billones ($2,000,000,000) de dólares. Históricamente, el Gobierno de Puerto Rico ha provisto asignaciones de fondos para la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico para el desarrollo de facilidades de infraestructura, así como para cubrir gastos operacionales. Además, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico le ha provisto financiamiento substancial a través de líneas de crédito para financiar parcialmente su programa de mejoras capitales. Al presente, la línea de crédito regular, para el desarrollo de mejoras capitales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados autorizada hasta un máximo de $464.8 millones de dólares, ha sido utilizada prácticamente en su totalidad. Dicha línea de crédito debe ser repagada con el producto de misiones de bonos.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados necesita urgentemente obtener financiamiento adicional para continuar con los proyectos que están en el proceso de construcción e iniciar otros proyectos que son necesarios para cumplir con requisitos federales y locales. No obstante, para que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico pueda continuar brindándole respaldo financiero adicional a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es imperativo que las asignaciones aprobadas anualmente a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico para cubrir sus obligaciones vigentes sean incrementadas al nivel de sesenta millones ($60,000,000) de dólares para el año fiscal 1997-98 y a setenta millones ($70,000,000) de dólares para cada uno de los años subsiguientes hasta el año fiscal 2027-28. Este aumento habrá de permitirle al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, como Agente Fiscal y Asesor Financiero de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados considerar oportunidades de financiamiento para la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico con el propósito de reducir la línea de crédito regular o poner en vigor cualquier otro mecanismo financiero para lograr dicho propósito.

Por otro lado, con el propósito de recibir asistencia económica bajo la Ley Federal de Agua Potable para la inversión en proyectos elegibles bajo las disposiciones de la referida Ley, se establece un Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable y se provee para la participación de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico en la administración del referido Fondo.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue: "

Artículo 2.- Propósito.

La construcción, rehabilitación, adquisición, reparación, preservación y reemplazo de la infraestructura en el Estado Libre Asociado o de partes de ella es esencial para el bienestar general. Se reconoce que ocasionalmente urge que el Estado Libre Asociado preste ayuda financiera, administrativa u otra asistencia a corporaciones públicas e instrumentalidades del Estado Libre Asociado para permitirles cumplir con su fin público de proveer, preservar, operar, mantener, reparar, reemplazar y mejorar partes de la infraestructura de Puerto Rico. Se declara que el pueblo de Puerto Rico se beneficiará al proveerse una alternativa para el financiamiento de las necesidades de nuestra infraestructura. Es necesario que se establezcan inmediatamente un Fondo Rotatorio de Control de la Contaminación del Agua y un Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable y las normas y disposiciones esenciales para la administración de dichos Fondos de manera que el Estado Libre Asociado pueda beneficiarse del programa federal de donativos de capitalización establecido por el Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia, según enmendada y el Título I de la Ley Federal de Agua Potable, según enmendada, o cualquier otra legislación o regulación Federal similar o relacionada. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene la firme intención de adoptar las medidas necesarias y convenientes para satisfacer las necesidades y propósitos antes mencionados, y para lograrlo crea la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico como una corporación pública e instrumentalidad del Estado Libre Asociado que es un cuerpo corporativo y político independiente, y establece el Fondo Rotatorio de Control de la Contaminación del Agua y el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable.

Sección 2.- Se enmiendan los incisos (g) e (i) y se adiciona un inciso (l) al Artículo 3 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada para que se lea como sigue:

"Artículo 3.- Definiciones.-

Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en esta ley, tendrán los significados que se indican a continuación, a no ser que del contexto se entienda claramente otra cosa:

(a)...

(g) "Fondos Rotatorios" significará colectivamente, el Fondo Rotatorio Estatal para el Control de la Contaminación del Agua de Puerto Rico y el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable cada uno de los cuales deberán ser constituidos, independiente y separado de cualquier otro fondo del Estado Libre Asociado y de acuerdo a las disposiciones y propósitos del Título VI de la Ley de Agua Limpia y el Título I de la Ley Federal de Agua Potable, respectivamente o cualquier otra legislación o regulación Federal similar o relacionada.

(h)...

(i) "Infraestructura" significará aquellas obras capitales y facilidades de interés público sustancial, tales como sistemas para suplir agua, sistemas de tratamiento y eliminación de aguas de albañal, mejoras que sean financiadas bajo las disposiciones del Título VI de la Ley de Agua Limpia y el Título I de la Ley Federal de Agua Potable o cualquier otra similar o legislación o regulación Federal similar o relacionada, sistemas de eliminación de desperdicios sólidos y peligrosos, sistemas de recuperación de recursos, sistemas de energía eléctrica, autopistas, carreteras, aeropuertos, puentes, puertos marítimos, túneles, sistemas de transportación incluyendo los de transportación colectiva, sistemas de comunicación incluyendo teléfonos, facilidades industriales, tierras y recursos naturales, y facilidades de infraestructura turística.

(j)...

(l) "Ley de Agua Potable" - significara la Ley de Agua Potable de 1944, según enmendada, los reglamentos promulgados bajo dicha Ley."

Sección 3.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 5 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue: "

"Artículo 5. - Autorización para Conceder Asistencia.-

La Autoridad podrá conceder asistencia a cualquier corporación pública o instrumentalidad gubernamental autorizada por ley a proveer facilidades de infraestructura relacionadas con los sistemas para suplir, tratar y distribuir agua, sistemas de tratamiento y eliminación de aguas de albañal y mejoras que sean financiadas al amparo de las disposiciones del Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia, y el Título de la Ley Federal de Agua Potable o cualquier otra similar o legislación o regulación Federal similar o relacionada.

..."

Sección 4.- Se enmienda el inciso (e) del Artículo 7 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 7.- Poderes Generales.

La Autoridad tendrá todos los poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo y efectuar los propósitos y las disposiciones de esta ley, incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación, los siguientes:

(a)...

(e) Recibir y administrar cualquier regalía, concesión, préstamo o donación de cualquier propiedad o dinero, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, aquellos hechos por el Estado Libre Asociado y el gobierno federal, o cualquier agencia o instrumentalidad de éstos, y gastar o prestar el producto de los mismos para cualesquiera de sus propósitos corporativos y cumplir respecto de los mismos con todas las condiciones y requisitos, incluyendo aquellos para la administración de los Fondos Rotatorios bajo el Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia, creado en el Artículo 16 de esta Ley, y bajo el Título de la Ley Federal de Agua Potable, creado en el Artículo 16A de esta Ley, y tomar todos aquellos pasos para cumplir con esas condiciones y ejercer de otra forma aquellos poderes, que sean necesarios para obtener para el Estado Libre Asociado los beneficios de los programas establecidos al amparo de la Ley Federal de Agua Limpia y de la Ley Federal de Agua Potable o cualquier otra similar o legislación o regulación Federal similar o relacionada.

(f) ..."

Sección 5.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 15 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Articulo 15. - Depósito Especial para Beneficio de la Autoridad.

Durante los próximos cuarenta (40) años fiscales, comenzando con el año fiscal 1988-89, no obstante las disposiciones del Artículo 29A de la Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, los primeros recaudos de los arbitrios federales enviados al Departamento de Hacienda de Puerto Rico en cada uno de dichos años fiscales, de acuerdo a la Sección 7652(a)(3) del Código de Rentas Internas de Estados Unidos de 1986, según enmendado, y hasta una cantidad máxima de treinta millones de dólares ($30,000,000), en el caso del año fiscal 1988-89, y de cuarenta millones de dólares ($40,000,000), en el caso de los años fiscales 1989-90 al 1996-97 y de sesenta millones de dólares ($60,000,000) en el caso del año fiscal 1997-98 y setenta millones de dólares ($70,000,000) en el caso de los años fiscales subsiguientes hasta el año fiscal 2027-28 ingresarán al momento de ser recibidos por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico en un Fondo Especial a ser mantenido por o a nombre de la Autoridad, designado el "Fondo de la Infraestructura de Puerto Rico" y se utilizarán por la Autoridad para sus propósitos corporativos. En caso de que los recaudos de dichos arbitrios federales sean insuficientes para cubrir las cantidades aquí asignadas, el Secretario de Hacienda queda autorizado a cubrir tal deficiencia de cualesquiera fondos disponibles y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a solicitud de la Autoridad incluirá en el presupuesto recomendado del año fiscal correspondiente, las asignaciones necesarias para cubrir dichas deficiencias.

Sección 6.- Se adiciona el Artículo 16-A la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue:

"Artículo 16-A. - Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable para Puerto Rico.

Por la presente, se crea un fondo rotatorio que se conocerá como el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable de Puerto Rico", el cual se constituirá independientemente y separado de cualquier otro fondo o recursos del Estado Libre Asociado o de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, de acuerdo a las disposiciones de, y para los propósitos exclusivos establecidos por, el Título I de la Ley Federal de Agua Potable. Se autoriza a la Autoridad a asistir al Departamento de Salud de Puerto Rico y a la Junta de Calidad Ambiental en la administración del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable, de acuerdo con el Título I de la Ley Federal de Agua Potable y para ello, sin que se entienda como una limitación, tendrá el poder de recibir del Departamento de Salud de Puerto Rico o de la Junta de Calidad Ambiental, donativos de capitalización bajo dicha Ley, y los fondos pareados del Estado Libre Asociado requeridos bajo el Título I de la Ley de Agua Potable, depositar dichos donativos y fondos pareados en el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable, entrar en contratos de préstamo y prestar los dineros depositados en el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable a prestatarios capacitados bajo el Título I de la Ley Federal de Agua Potable, o usar dichos dineros en cualquier otra manera permitida por dicha Ley, estructurar cualquier programa de financiamiento y emitir bonos para dichos programas, supervisar el repago por los recipientes de los dineros del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable y hacer cualesquiera otras cosas requeridas por la Ley Federal de Agua Potable, en relación a la administración del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable, según provisto en cualquier acuerdo suscrito por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, el Departamento de Salud y la Junta de Calidad Ambiental relativo a la administración del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable."

Sección 7.- Cualquier disposición de ley o porción de ley que contravenga lo aquí dispuesto, queda por la presente derogada.

Sección 8.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación."

 

Venta de gravámenes fraudulentos

 

4. Como se ha podido apreciar, en adición de haber ENCUBIERTO los desarrollos urbanos ILEGALES antedichos, los propulsan.

 

A esos efectos, recientemente el Gobernador de Puerto Rico con el endoso de la mayoría de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobaron el 26 de junio de 1997, la Ley Núm. 21, para autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la venta de sus créditos por conceptos de deudas por contribuciones morosas sobre la propiedad transferibles.

 

Siendo esta legislación un estatuto ILEGAL y FRAUDULENTO por el hecho de que el Gobierno no puede cobrar ni imponer impuestos sobre unos inmuebles que él mismo autorizó construir ILEGALMENTE. Sobre los cuales sus ocupantes ni el Estado tienen ningún título de propiedad alguno.

 

Nuestro ordenamiento jurídico establece que el FRAUDE no genera derechos de clase alguna. Ciertamente el Estado no puede pretender allegarse fondos mediante la venta de unos créditos contributivos FALSOS, NULOS e INEXISTENTES AB INITIO, a sabiendas, carentes de objeto cierto. Pretendiendo DEFRAUDAR y TIMAR a los futuros compradores o tenedores de esos créditos FALSOS. La créditos hipotecarios no existen porque los inmuebles nunca han existido en el plano jurídico.

 

Sin duda alguna nadie puede transmitir los derechos que no tiene, nunca ha tenido, ni nunca tendrá debido a ser autor de FRAUDES de naturaleza imprescriptibles. Por virtud de los cuales no se derivan derechos de clase alguna. Ciertamente el Estado no se puede convertir en juez y parte de sus propios actos.

 

Por lo antedicho, el Gobierno de Puerto Rico pretende resolver un problema de insuficiencia fiscal presupuestaria, creando un atractivo mercado de capital FRAUDULENTO, recaudando fondos y generando ganancias mediante un esquema de LAVADO DE DINERO. Para luego realizar obras públicas en beneficio de los mismos autores o endosantes delictivos que crearon o promovieron la pieza legislativa y el FRAUDE.

 

El Estado como autor de los delitos antedichos no tiene derecho a penalizar a los co autores delictivos.

 

Como evidencia de lo susodicho, la Ley Núm. 21, aprobada el 26 de junio de 1997, dice y citamos:

 

"(P. del s. 547)

(Conferencia)

LEY 21, 26 DE JUNIO DE 1997, 1RA, ORD.

Para crear la "Ley de Venta de Deudas Contributivas", a fin de eliminar de los expedientes del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales las deudas contributivas morosas correspondientes a los años económicos anteriores al 1974; permitir al Centro vender, ceder, negociar o traspasar a otras personas sus créditos por concepto de deudas contributivas morosas; establecer los derechos y obligaciones de las personas involucradas en la transacción; e imponer penalidades.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Reforma Municipal, iniciada con la aprobación de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, estuvo dirigida a otorgar a los municipios el máximo posible de autonomía y a proveerles las herramientas financieras y los poderes y facultades necesarias para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo urbano, social y económico. El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales fue creado como parte de dicha reforma para proveer servicios fiscales a los municipios, incluyendo la imposición, la recaudación, el recibo y la distribución de las contribuciones municipales sobre la propiedad mueble e inmueble, entre otros fondos públicos. El Centro también tiene la obligación de cobrar contribuciones sobre la propiedad correspondientes a años fiscales anteriores a su existencia, y que pertenecen al Gobierno de Puerto Rico. Dichas contribuciones son una fuente esencial de ingresos para los municipios y el Gobierno de Puerto Rico, y un instrumento indispensable para el éxito de la Reforma Municipal y para que el Gobierno de Puerto Rico y los municipios puedan llevar a cabo su obra pública.

A pesar de lo anterior, actualmente existen muchas deudas por contribuciones sobre la propiedad que no han sido cobradas, lo cual produce problemas presupuestarios que afectan adversamente el funcionamiento de los municipios y por ende, la consecución de los propósitos perseguidos con la Reforma Municipal. Dicha situación también perjudica al Gobierno de Puerto Rico. La dificultad en el cobro de las deudas por contribuciones sobre la propiedad, mueble e inmueble obedece en parte a la ausencia en nuestro sistema legal actual de un mecanismo ágil y eficiente para facilitar la conversión de deudas por contribuciones morosas en ingresos. Actualmente, el cobro de las deudas morosas requiere el inicio de un procedimiento costoso y lento. Finalmente, existe el riesgo de que dicho procedimiento no produzca el cobro de las deudas, sino la transferencia de la propiedad sujeta a las mismas a los municipios o al Gobierno de Puerto Rico, según sea el caso, lo cual tampoco contribuye a producir la liquidez que necesitan los municipios y el Gobierno de Puerto Rico para operar.

Con esta Ley se pretende proveer una forma rápida y eficaz de allegar los fondos necesarios a los municipios y, en lo aplicable, al Gobierno de Puerto Rico, mediante la venta por el Centro de deudas por contribuciones morosas a personas elegibles o entidades públicas. La venta de la deuda por contribuciones morosas se ha convertido en un mecanismo reconocido en los mercados de capital para proveer liquidez a los gobiernos municipales, sin comprometer sus recursos. Esta Ley le concede al Centro, como agente recaudador de las contribuciones municipales sobre la propiedad, la autoridad para vender cualquier deuda por contribuciones morosas. El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico actuará como agente fiscal y asesor financiero del Gobierno de Puerto Rico, el Centro y de los municipios en todo lo relativo a la implantación de esta Ley.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Título Corto.-

Esta Ley se conocerá como la "Ley de Venta de Deudas Contributivas".

Artículo 2.- Declaración de Política Pública.-

Por la presente se declara que es la política pública del Gobierno de Puerto Rico promover por todos los medios razonables la creación de un adecuado mercado de capital y los vehículos necesarios para que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, en representación de los municipios de Puerto Rico o el Gobierno de Puerto Rico, pueda vender, ceder, negociar o traspasar sus créditos por concepto de deudas por contribuciones morosas transferibles.

Artículo 3.- Definiciones.

(a) El término "Año Económico" significará el año fiscal que comienza el 1 de julio de un año y termina el 30 de junio del siguiente año.

(b) El término "Banco Gubernamental" significará el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, creado por la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, y que tiene la obligación de actuar como agente fiscal de los municipios y del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo el actuar como su fideicomisario, registrador, agente de transferencias, agente pagador o agente refrendador, por virtud de la Ley Núm. 272 de 15 de mayo de 1945.

(c) El término "Centro" significará el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales creado por la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, para ofrecer servicios fiscales a los municipios, cuya responsabilidad primaria es recaudar, recibir y distribuir los fondos públicos que corresponden a los municipios, y que actuará de acuerdo con esta Ley, en representación de los municipios o el Gobierno de Puerto Rico.

(d) El término "Certificado de Venta" significará el certificado de venta de deudas contributivas morosas transferibles que, de acuerdo con el Artículo 11 de esta Ley, el Centro entregará al comprador de dichas deudas.

(e) El término "Contribución sobre la Propiedad" significará las contribuciones impuestas sobre la propiedad mueble e inmueble por la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad o por cualquier otra ley que imponga o haya impuesto contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble localizada en los municipios de Puerto Rico.

(f) El término "Contribuyente"' significará cualquier persona obligada a pagar contribuciones sobre la propiedad.

(g) El término "Crédito por Deuda Contributiva Transferida" significará las deudas contributivas morosas transferibles que hayan sido vendidas de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, incluyendo intereses, recargos y penalidades acumuladas hasta la fecha de la venta. Dicho término incluirá también el cargo adicional por gastos de manejo de la transacción que el Artículo 5(f) de esta Ley autoriza a incluir como parte del precio de venta de las deudas contributivas morosas.

(h) El término "Departamento de Hacienda" significará el Departamento de Hacienda de Puerto Rico establecido por el Artículo IV, Sección 6 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(i) El término "Deudas Contributivas Morosas Transferibles" significará las contribuciones sobre la propiedad que estén vencidas, que no hayan sido pagadas dentro del término de un ano a partir de la fecha en que se convinieron en morosas, según lo dispone el Artículo 3.41 de la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad, o cualquier otra ley aplicable en el momento de la imposición, y que no estén prescritas. El término incluirá los intereses, recargos y penalidades aplicables a las deudas contributivas morosas bajo la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad, o bajo la ley que las imponga o las haya impuesto.

(j) El término "Entidad Publica" significará cualquier instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a cualquier corporación pública o sus subsidiarias o afiliadas.

(k) El término "Fecha de Venta" significará la fecha en que se firme el contrato de venta de las deudas contributivas morosas transferibles.

(l) El término "Gravamen Fiscal" significará el gravamen o hipoteca legal sobre la propiedad inmueble sujeta a la contribución sobre la propiedad por el año económico corriente y los cinco años anteriores, según establecido en el Artículo 3.30 de la Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad.

(m) El término "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad" significará la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.

(n) El término "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales" significará la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada.

(o) El término "Municipio" significará cualquier municipio de Puerto Rico ahora existente o establecido en el futuro según definido en la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

(p) El término "Persona" significará cualquier persona natural o jurídica.

(q) El término "Persona Elegible" significará cualquier persona que cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 7 de esta Ley y el reglamento adoptado por el Banco Gubernamental para poder comprar deudas contributivas morosas transferibles.

Artículo 4.- Eliminación de las Deudas Contributivas Morosas Correspondientes a los Años Económicos Anteriores al 1974-1975.-

El Centro eliminará de los expedientes de los contribuyentes y quedará impedido de cobrar aquellas deudas contributivas morosas correspondientes a años económicos anteriores al 1974-1975.

Artículo 5.- Autorización para la Venta de Deudas Contributivas Morosas Transferibles y los Gravámenes Fiscales. -

(a) El Centro estará autorizado, actuando en representación de los municipios o del Gobierno de Puerto Rico, a vender a cualquier persona elegible, o entidad pública, algunas o todas las deudas contributivas morosas transferibles. Por medio de esta Ley, los municipios y el Gobierno de Puerto Rico delegan al Centro su poder de vender deudas contributivas sobre la propiedad. Con relación a algunas o todas las deudas contributivas morosas transferibles pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico y correspondientes a los años económicos 1974-1975 a 1990-1991, se entenderá que el Centro vendrá obligado a vender tales deudas de así requerirselo el Departamento de Hacienda. En cuanto a alguna o todas las deudas contributivas morosas transferibles correspondientes a los años económicos 1991-92, en adelante, será entera facultad del Centro determinar si las venderá bajo esta Ley.

(b) La venta de deudas contributivas morosas transferibles sujetas al gravamen fiscal conllevará la cesión de dicho gravamen a favor del comprador de las mismas. Dicho gravamen fiscal continuará teniendo carácter de tácito y mantendrá su preferencia a beneficio del comprador y sus cesionarios sobre todo otro acreedor, incluyendo al Centro, y sobre terceros adquirentes, aunque hayan inscrito sus derechos en el Registro de la Propiedad.

(c) El Banco Gubernamental y cualquier subsidiaría de éste, a su interés discrecional, estarán autorizados a comprar al Centro deudas contributivas morosas transferibles.

(d) El Centro podrá vender las deudas contributivas morosas transferibles, cubiertas o no por el gravamen fiscal, mediante la venta individual o agravada de dichas deudas contributivas morosas, mediante negociación, o pública subasta, o de cualquier otra forma que considere conveniente.

(e) El Centro, a requerimiento del Banco Gubernamental, analizará y depurar los expedientes relacionados con las deudas de contribución sobre la propiedad y realizará las gestiones necesarias para identificar las deudas contributivas morosas transferibles.

(f) El Centro y el Banco Gubernamental establecerán por reglamento los criterios a considerar para la determinación del precio de venta de las deudas contributivas morosas transferibles. Dicho precio podrá ser a descuento o con prima. Se podrá añadir al precio de venta hasta un cinco (5) por ciento del monto total de las deudas contributivas morosas transferibles para cubrir los gastos de manejo de la transacción.

(g) El Centro, con la previa aprobación del Banco Gubernamental, podrá aceptar, como parte del precio de venta, un pagaré u otra obligación del comprador comprometiéndose a hacer pagos adicionales al Centro bajo los términos y condiciones acordados entre ellos.

(h) El Centro, a su discreción, podrá aceptar efectivo o sus equivalentes, en pago del precio de las deudas contributivas morosas transferibles.

(i) El Centro, en consulta con y previa aprobación del Banco Gubernamental, podrá realizar todas las gestiones necesarias para la venta de deudas contributivas morosas transferibles, incluyendo analizar y depurar los expedientes, entrar en negociaciones, suscribir contratos y expedir Certificados de Venta de deudas contributivas morosas transferibles.

(j) Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la venta de deudas contributivas morosas transferibles constituye un préstamo al Centro, a los Municipios o al Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades, subdivisiones o agencias.

(k) El Centro, con la previa aprobación del Banco Gubernamental, podrá obligarse por contrato a ofrecer a los compradores de deudas contributivas morosas transferibles la primera opción de compra sobre otras deudas contributivas morosas transferibles que recaigan sobre las mismas propiedades objeto de los créditos por deudas contributivas adquiridos por éstos.

Artículo 6. - Continuación del Gravamen Fiscal. -

(a) No obstante cualquier disposición legal en contrario, el gravamen fiscal existente a la fecha de aprobación de esta Ley correspondiente a los años económicos 1991-1992 y 1992-1993, quedará fijado permanentemente hasta que se satisfaga la totalidad de las deudas contributivas sobre la propiedad inmueble correspondiente a dichos años.

(b) Además de lo dispuesto en el inciso (a) de este Artículo, el gravamen fiscal existente a la fecha de la venta de las deudas contributivas morosas transferibles constituirá el primer gravamen sobre la propiedad hasta que dichas deudas contributivas morosas sean satisfechas en su totalidad.

(c) Mientras subsistan los gravámenes fiscales de los incisos (a) y (b) de este Artículo, las contribuciones sobre la propiedad inmueble para años económicos posteriores a los cubiertos por dichos gravámenes constituirán un gravamen fiscal preferente a cualquier otro, excepto por: (1) los gravámenes fiscales mencionados en los incisos (a) y (b) de este Artículo; y (2) cualesquiera gravámenes constituidos antes de la vigencia de esta Ley.

Artículo 7.- Personas Elegibles para Comprar las Deudas Contributivas Morosas Transferibles.-

(a) El Banco Gubernamental establecerá por reglamento los requisitos de elegibilidad que debe cumplir cualquier persona interesada en comprar deudas contributivas morosas transferibles, incluyendo las siguientes condiciones:

(1) No será elegible persona alguna que adeude cualquier contribución al Gobierno de Puerto Rico, a los municipios, a sus agencias o instrumentalidades.

(2) No será elegible persona alguna que aparezca como dueño de las propiedades sujetas a las deudas contributivas morosas transferibles en los expedientes del Centro o en el Registro de la Propiedad incluyendo a cualquier familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. Tampoco será elegible cualquier persona que tenga control, según dicho término se defina por reglamento, sobre la corporación deudora.

(3) Cualquier persona que desee ser declarada elegible para comprar deudas contributivas morosas transferibles deberá presentar ante el Centro: (i) una declaración jurada a los efectos de que cumple con todos los criterios de elegibilidad establecidos por ley y por el reglamento del Banco Gubernamental; y (ii) todos los documentos necesarios para probar que dicha persona es elegible.

(b) Ningún comprador de deudas contributivas morosas transferibles podrá transferir o ceder de forma alguna las mismas a las personas identificadas en los párrafos anteriores. Dicho comprador hará una representación en el contrato de venta de las deudas contributivas morosas transferibles a los efectos de que no planifica vender el crédito por deuda contributiva transferida por dicho contrato a tercera persona alguna que no sea elegible.

(c) En el caso de que cualquier venta sea realizada en violación de las disposiciones de este Artículo, el crédito por deuda contributiva transferida, revertirá al Centro, sin que el comprador tenga derecho al reembolso de las cantidades pagadas. El comprador, además, devolverá al Centro cualquier cantidad que haya recibido del contribuyente como pago del crédito por deuda contributiva transferida.

Artículo 8.- Notificaciones Previas a la Venta de Deudas Contributivas Morosas Transferibles.-

(a) Ninguna deuda contributiva morosa transferible podrá ser vendida a menos que el Centro haya notificado la intención de venderla mediante publicación en un periódico de circulación general en Puerto Rico, al menos quince (15) días antes de la fecha señalada por el Centro para, presentar l licitaciones u ofertas de negociación privadas, según sea el caso, y al menos sesenta (60) días antes de la fecha señalada para la venta. Dicha notificación identificará de forma general los contribuyentes deudores, y las propiedades sujetas a las deudas contributivas morosas transferibles que se pretenden vender e informará que la lista de propiedades sujetas a dichas deudas contributivas morosas transferibles estará disponible en las oficinas del Centro para inspección del público.

(1) En el caso de que la venta se vaya a realizar por pública subasta, la notificación especificará los términos y condiciones de la venta y los criterios que debe cumplir toda persona que esté interesada en licitar. El Centro podrá rechazar a uno, varios, o a todos los licitadores en una subasta.

(2) Si la venta habrá de realizarse por medio de negociación privada, la notificación deberá mencionar los documentos e información que los posibles compradores deberán presentar con su oferta de compra. En el caso de que el Centro ya haya identificado a un posible comprador, la notificación así lo indicará.

(b) Además de lo dispuesto en el inciso (a) de este Artículo el Centro no podrá vender deuda contributiva morosa transferible alguna sin que haya notificado la intención de vender dicha deuda contributiva morosa transferible al contribuyente deudor y al dueño de la propiedad objeto de la deuda contributiva morosa transferible, si fuera otra persona, mediante carta enviada por correo certificado, dirigida a su última dirección conocida. Dicha notificación deberá enviarse no menos de treinta (30) días antes de la fecha prevista para la venta e incluirá: (1)una identificación de la propiedad inmueble sujeta al gravamen fiscal, si aplica; (2)la cantidad de las deudas contributivas morosas transferibles, incluyendo un desglose del monto de la contribución, intereses, recargos y penalidades y los años económicos a los que corresponden las mismas; (3)una advertencia de que si no se pagan las deudas contributivas morosas transferibles en el término de treinta (30) días a partir del envío de dicha notificación, se procederá con la venta de las mismas; y (4)una advertencia de que el comprador de la deuda contributiva morosa transferible tendrá derecho a proceder al cobro de dicha deuda, conjuntamente con el recargo adicional correspondiente a los costos de transacción a que se refiere el inciso (f) del Artículo 5 de esta Ley, el interés impuesto por el inciso (c) del Artículo 5 de esta Ley, así como cualesquiera otros cargos aplicables en caso de que se tenga que proceder al cobro por el procedimiento establecido en esta Ley. Si llegada la fecha de venta, las deudas contributivas morosas transferibles no han sido pagadas, el Centro podrá vender dichas deudas de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 9.- Cancelación o Posposición de la Venta.-

El Centro podrá cancelar o posponer cualquier venta propuesta antes de la fecha de venta. Antes de reanudar la venta, el Centro vendrá obligado a cumplir los requisitos de notificación impuestos en el Artículo 8 de esta Ley.

Artículo 10.- Continuación de Venta.-

A menos que haya sido cancelada o pospuesta de acuerdo con el Artículo 9 de esta Ley, la venta de las deudas contributivas morosas transferibles podrá, a discreción del Centro, continuarse o reanudarse de día a día, sin necesidad de emitirse nuevas notificaciones, hasta que todas las deudas contributivas morosas transferibles sujetas a las notificaciones mencionadas en el Artículo 8 de esta Ley, hayan sido vendidas.

Artículo 11.- Certificado de Venta de Deudas Contributivas Morosas Transferibles.-

(a) El Centro entregará al comprador de las deudas contributivas morosas transferibles un Certificado de Venta por cada propiedad o deudor, según sea el caso, al recibir el pago por las mismas. Cada Certificado de Venta identificará al contribuyente deudor, incluyendo su número de seguro social y la propiedad sujeta a los créditos por deudas contributivas transferidas, el comprador de las mismas, la cantidad del crédito por deudas contributivas morosas transferidas, los años económicos a los que las mismas corresponden, la cantidad sujeta al gravamen fiscal, si alguna, y cualquier otra información que el Centro disponga por reglamento. El Certificado de Venta indicará, además, que bajo ninguna circunstancia se entenderá que la venta de deudas contributivas morosas transferibles constituye un préstamo al Centro, a los municipios, al Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades, subdivisiones o agencias.